Desde el 4 de septiembre, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa abrió el registro para postulantes al cargo de Fiscal General del Estado. A nueve días, es poco el interés por conseguir esa designación.

Hasta la tarde de este viernes solo hubo tres registros en la oficina habilitada para el proceso, en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, en La Paz. Son dos mujeres y un varón que presentaron sus requisitos.

Se trata de Lizzie Mónica Riera, que ejerció como fiscal de provincia, jueza de coactiva administrativa fiscal y tributaria, jueza de la niñez y adolescencia, fiscal de justicia penal juvenil y trata y tráfico en Tarija.

Fiscal General

Asimismo, cuenta, según informó, con varios diplomados y especialidades.

“Lo que me anima a postularme es que tengo un plan de trabajo con perspectiva de género (…). He venido confiada, porque soy una mujer de fe”, dijo a los periodistas al presentar sus documentos.

El segundo fue el abogado paceño Jorge Morón, que cuenta con 10 años de experiencia profesional. “Lo que preocupa es (atender) la retardación de justicia. Es prioritario”, dijo.

Otro tema “relevante” que, según el jurista, se debe atender con prioridad es la corrupción en la Justicia.

La tercera profesional que presentó sus documentos para el proceso es la administradora de empresas Soledad Torrico Morales, aunque explicó que tiene estudios inconclusos en derecho.

Postulantes

“He visto muchas falencias en la atención al público. Es un ministerio que tiene que brindar acceso a la Justicia a todos”, dijo a los periodistas.

La Comisión Mixta de Justicia Plural tiene 45 días para realizar todo el proceso de preselección de postulantes.

Precisamente, la primera etapa es la presentación de los documentos de las y los postulantes. Esta fase concluirá el 18 de septiembre.

Los horarios para la recepción de la documentación son de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.30. En tanto, sábados y domingos son de 80.30 a 12.00.

Terminado el proceso, la Asamblea Legislativa designará por dos tercios de votos a quien reemplazará al actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, que terminará su gestión de seis años constitucionales el 23 de septiembre.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, advirtió este viernes de una supuesta “ruptura” entre el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y los senadores de su facción.

Según informó, el quiebre de ese bloque se evidenció en la sesión camaral del jueves, celebrada en Uyuni. Dijo que había una orden de “no tocar” las “leyes incendiarias”, pero, al final, los dos proyectos de ley que impulsan su abrogación tuvieron el respaldo de más de dos tercios de sus miembros.

Gustavo Torrico

Senadores aprobó la abrogación de las leyes 1171, del 25 de abril de 2019, y Ley 337, del 11 de enero de 2013. Ambas formas fueron promulgadas por el entonces presidente Morales.

“Nos han comunicado que hay una ruptura entre Andrónico (Rodríguez) y el grupo de senadores y lo que piensan de (Evo) Morales y su grupo más cercano de colaboradores”, dijo Torrico en conferencia de prensa.

El funcionario atribuyó la información, como suele hacer Morales respecto de sus denuncias contra el gobierno de Luis Arce, a “diputados patriotas que se quieren pasar al arcismo”.

Evo Morales

“Entonces, hay un irrespeto, hay un cruce, hay una ruptura, ya no controla Evo (a su facción); o sea, ¿cuál es la cosa?”, preguntó Torrico.

La sesión del Senado en Uyuni no solo aprobó los dos decretos contra las normas “incendiarias”. También dio luz verde a un crédito de $us 223 millones, entre Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a la construcción de los tramos 1 al 3 de la carretera Uyuni-Hito 60.

Ese órgano sesionó en Uyuni luego de que se instaló la vigilia de la Central Obrera Boliviana (COB) en los alrededores del edificio de la Asamblea Legislativa en La Paz, pues en esa infraestructura se encuentra el hemiciclo de la Cámara de Senadores.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que existen dos hipótesis sobre el caso de paquetes de droga encontrados en un avión de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a España.

La primera versión planteada por los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y el Ministerio Público es que los 12 paquetes de cocaína que fueron hallados en la aeronave que partía de Santa Cruz, Bolivia, a Madrid, España, han sido introducidos por el personal de limpieza.

Droga

La segunda hipótesis es que la sustancia controlada fue introducida a la aeronave en el aeropuerto de Cochabamba, de donde, según informó, llegó al de Viru Viru, en Santa Cruz, a las 18.56 del jueves.

Asimismo, Del Castillo confirmó la aprehensión de 37 personas con fines investigativos. De ellas, 26 corresponden a la tripulación que llegó desde Cochabamba y a la que se aprestaba a partir a Madrid, y 11 que son parte del personal de limpieza.

Por otro lado, el titular de Gobierno indicó que ese hallazgo significa una afectación de al menos $us 286.000, tomando en cuenta que cada paquete tiene un valor estimado de $us 22.000 en su destino, España.

‘Mano dura’

En la misma conferencia de prensa, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, exigió al gerente nacional de BoA, Ronald Casso, y al director general ejecutivo de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, “mano dura” con los que estuvieran implicados en el ilícito.

El hecho generó una serie de repercusiones en varios sectores, principalmente en el bloque de oposición y el evismo del Movimiento Al Socialismo (MAS), respecto de los controles en los aeropuertos del país.

A tres días de instalarse un bloqueo de caminos anunciado por sectores campesinos evistas, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que “no tienen el músculo para cercar La Paz”.

“Yo no creo, primero, que tengan el músculo necesario para hacerlo, porque, para cercar una ciudad, necesitas por lo menos 500.000 hombres y no creo que los tengan”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Así, se refirió a la protesta anunciada por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que amenazó con un bloqueo a La Paz desde el 16 de septiembre, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

Gustavo Torrico

Además, la protesta coincide con la marcha del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), que comenzará el 17 de este mes y que exige la validación del congreso de Lauca Ñ, celebrado en octubre del año pasado en Cochabamba, entre otras demandas.

Torrico defendió el derecho constitucional a la marcha y a la protesta; sin embargo, fustigó que el motivo de esa movilización responda a un interés individual.

“Otra cosa es que nos amenacen con que nos van a cercar y bloquear, como si fuera un tema de interés nacional, cuando es el tema de una persona en particular y su habilitación a una candidatura (a las elecciones de 2025)”, dijo en alusión al líder del MAS.

Consideró, además, que las pretensiones electorales de Morales son un “capricho” al que “nadie se va a someter.

Movilizaciones

“Si fuera un tema (de interés) nacional, estoy muy de acuerdo; pero éste es un tema de una tozudez de una persona, que insiste en ser candidato, pero no puede y quiere someter a todo un país”, reclamó.

Varias autoridades calificaron las protestas anunciadas como un “intento de desestabilización del Gobierno” y afirmaron que buscan “acortar el periodo de mandato” del presidente Luis Arce.

La marcha del 17 de septiembre desde Caracollo fue aprobada en el ampliado del MAS evista de Villa Tunari, el 3 de septiembre, que, además, expulsó de las filas de ese partido a Arce y al vicepresidente David Choquehuanca.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) intervinieron la noche del jueves un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) en el que hallaron paquetes de droga.

El avión partía de Santa Cruz, Bolivia, hacia Madrid, España.

La Policía Boliviana, a través de sus redes sociales, confirmó el hallazgo de “12 paquetes de clorhidrato de cocaína”.

Además, la institución del orden reportó el arresto de 35 personas “que tuvieron contacto con el personal de limpieza y la aeronave”.

Por su parte, la empresa estatal de aviación aclaró que son “dos paquetes sospechosos” los que se encontraron en la aeronave.

“Luego de las inspecciones, y habiéndose tomado conocimiento del posible acto ilícito de tráfico de sustancias controladas, nuestra empresa está prestando toda la colaboración requerida y necesaria con las autoridades designadas para el esclarecimiento de este hecho”, dice el comunicado del BoA, publicado este viernes en sus redes sociales.

En el mismo documento, aclara que, debido a la aplicación de protocolos en este tipo de casos, se tuvo una demora en las operaciones internacionales a los destinos de Miami, Estados Unidos y Madrid, España.

Las repercusiones de ese hecho no se dejaron esperar.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Hernán Hinojosa adelantó una petición de informe al gerente nacional de BoA, Ronald Casso; al director general ejecutivo de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo; y al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, sobre ese hecho. “Ellos deben explicar quién autorizó ese cargamento”, dijo a los medios.

Además, el legislador pidió que se investigue el hecho, para dar con “las cabezas” y no se detenga a “simples funcionarios”.