Frente al desastre ambiental en el país, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez planteó una “ley única e integral” con el fin de evitar incendios forestales y establecer políticas ambientales.

Hace más de tres meses, el fuego arrasa con millones de hectáreas de flora y fauna de la Chiquitania y Amazonía del país. Muchos de los incendios son provocados y a eso se suma la sequía de los municipios afectados.

Ante ello, el Gobierno declaró pausa ambiental, a través del Decreto Supremo 5225, que prohíbe las quemas en adelante y que, además, frena las autorizaciones extendidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Incluso, se presentó un proyecto de ley para que las penas privativas de libertad para quienes provoquen incendios contemplen sanciones entre seis y 12 años.

En entrevista con La Razón Radio, Torrez cuestionó la propuesta de proyecto de ley con el argumento de que el endurecimiento de penas y sanciones no implica una reforma estructural. “La solución a este problema no está en endurecer las penas; el endurecimiento no es la respuesta”.

De ese modo, urgió la aprobación de una ley única e integral para establecer un marco normativo con sanciones y prohibiciones con el fin de preservar el medio ambiente y el bienestar de la Madre Tierra.

“Primero hay que trabajar en un proyecto de ley, antes de abrogar (las leyes denominadas incendiarias) porque, de otro modo, no habrá un marco normativo”, añadió.

Desde 2013, el gobierno de Evo Morales promulgó al menos ocho leyes a las que ahora se denominan “incendiarias”, que autorizan supuestas “quemas controladas” y, ante desmontes sin autorización, plantean sanciones muy bajas.

Torrez manifestó estar de acuerdo con la abrogación de dichas leyes, pero insistió en la necesidad de analizarlas con responsabilidad.

Sugirió establecer políticas públicas integrales a sus colegas. Reclamó que muchos parlamentarios, “al calor del momento”, presentan proyectos “no integrales ni estructurales” y por esos son rechazados.

No obstante, es complicado inferir que las fuerzas políticas encuentren consenso para desarrollar una ley, tomando en cuenta las implosiones de las bancadas en la Asamblea Legislativa.

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La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió a la Asamblea Legislativa tratar rápidamente el proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes originan los incendios forestales.

“No interesan los partidos políticos, no interesan otros temas, sino cuidar a nuestro medio ambiente. Este proyecto de ley ya ha sido emitido para que (en) la Asamblea pueda ser tratado (…), esperemos que se trate lo antes posible”, dijo a los periodistas, a su llegada a Santa Cruz, donde se reunirá el gabinete ministerial comandado por el presidente Luis Arce.

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Proyecto

El proyecto fue presentado por los ministros de Salud, María Renée Castro; de Desarrollo Rural, Juan Flores; de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, y Obras Públicas, Édgar Montaño.

La iniciativa plantea la modificación de las sanciones contra las personas responsables de los incendios forestales. En el proyecto se propone una sanción de entre cinco y 12 años de prisión para los acusados.

“Tienen que ser sanciones que de verdad se tomen en relación con el daño que están realizando”, afirmó Alcón.

En su criterio, las penas no deben ser “saludo a la bandera”, sino que muestren inflexibilidad en estos delitos.

Insistió en que el trabajo con la Asamblea Legislativa debe ser “coordinado y rápido”, para responder a la emergencia nacional que atraviesa Bolivia, a causa de los incendios forestales en el oriente boliviano.

Medidas

El Gobierno, además, aprobó el Decreto Supremo 5225, que establece una “pausa ambiental”, por lo que las autorizaciones para realizar se suspendan de forma indefinida.

Asimismo, Alcón recordó otras medidas que tomó el presidente Arce, como la implementación de la tecnología ‘Guardián’ para sofocar los incendios y la militarización de algunas zonas afectadas, para controlar el tránsito y evitar que “malintencionados” reactiven los fuegos.

El gabinete ministerial se reunirá a las 14.00 de este jueves, en el Aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz, para coordinar las acciones que realizarán.

Una facción de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, los Ponchos Rojos, determinó la instalación de nueve puntos de bloqueo a partir del 16 de septiembre.

Entre sus principales demandas, plantea la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca y el adelanto de las elecciones generales. 

“Instruye: a los 20 ejecutivos provinciales… y a todas las organizaciones sociales y vivas del departamento de La Paz y los 9 departamentos que a partir de cero horas del del lunes 16 de septiembre, deben entrar de forma organizada y planificada con paro general indefinido y el bloque de caminos a nivel departamento de La Paz y nacional”, señala parte del instructivo de los Túpac Katari.

Los puntos de bloqueo determinados por los Ponchos Rojos están ubicados en las rutas, principalmente, interprovinciales y la carretera entre La Paz y Oruro.

De acuerdo con el instructivo, las vías cerradas serán las carreteras a Oruro, Copacabana, Achacachi y Sorata, Desaguadero, Viacha, Río Abajo, Palca, Zongo y Yungas.

Así también instruye a las organizaciones sociales de La Paz y del país a sumarse entrar de forma planificada al paro general e indefinido “para lograr la renuncia del Gobierno incapaz y corrupto de Luis Arce y David Choquehuanca y se convoque a nuevas elecciones nacional lo más antes posible y el nuevo gobierno pueda plantear políticas de desarrollo sostenible para salvar la crisis económica nacional”.

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David Mamani, secretario ejecutivo de esta facción de campesinos, recomendó a la población de La Paz y el país abastecerse de productos de la canasta familiar.

“Al pueblo boliviano más humilde, más abandonado y marginado, pedimos que se abastezcan y planifiquen su trabajo. Pero sí vamos a luchar (para) que mueran de hambre estos políticos, oligarcas, que están en los 17 ministerios, porque a nosotros nos han traído a una vida trágica de hambre y pobreza durante cuatro años”, afirmó el dirigente.

Enfrentamiento

El lunes 2 de septiembre, la facción Ponchos Rojos, liderada por Mamani, intentó retomar su sede sindical, en la zona San Pedro de La Paz; sin embargo, el lugar se encontraba bajo resguardo policial que impidió el ingreso al lugar.

Esto originó que ambos bandos se enfrenten con piedras y agentes químicos. La trifulca terminó con varios heridos, entre dirigentes campesinos y efectivos policiales.

Preocupado por los incendios forestales en el oriente boliviano, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó que ese órgano legislativo promoverá una “reforma normativa ambiental” en Bolivia.

“El medio ambiente es la fuente de vida, y hoy el daño a la Madre Tierra es irreparable. Todo incendio es provocado como efecto de la deforestación sin control estatal, por ello desde el Senado tomamos la decisión de promover una reforma normativa ambiental”, informó en sus redes sociales.

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Leyes

De acuerdo con el presidente del Senado, en el país existen “normas que alimentan el fuego”. Por ello, en defensa de la “diversidad biológica”, Rodríguez considera que se deben revisar estas leyes.

“Consideramos importante la revisión minuciosa de varias normativas y, de manera concreta, la modificación de las leyes 337, 740 y 1171”, sugirió.

Las dos primeras están relacionadas con el permiso de utilizar predios, “que hubieran sido objetos de desmontes sin autorización”, para la producción de alimentos. De acuerdo con la opinión pública, esta ley permite los chaqueos desenfrenados y la no restitución de los bosques afectados.

La Ley 1171, De Uso y Manejo Racional de Quemas, es mucho más específica. Establece los lineamientos para obtener permisos de iniciar fuegos controlados en algunos predios, con el objetivo de realizar actividades agrícolas o ganaderas.

Así, el titular de Senadores se sumó al pedido de abrogación de leyes que son consideradas como “incendiarias”.

Gobierno

El Gobierno, por su parte, declaró una “pausa ambiental”, por lo que los permisos para realizar quemas ‘autorizadas’ quedan suspendidos de forma indefinida.

De acuerdo a la Ley 1171, los permisos, emitidos por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), tienen vigencia de tres años en predios con actividad agrícola y de hasta cinco años en predios con actividad ganadera.

Adicionalmente, el Gobierno planteó sanciones más duras, hasta 12 años de cárcel, contra las personas que realicen incendios forestales ilegales.

La Fiscalía admitió la denuncia en contra de dirigentes de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el intento de toma de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), el lunes.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, confirmó el inicio de la investigación.

“Se ha aperturado (abierto) la causa por lesiones. El caso está en la unidad de Integridad Corporal y se convocará a las personas denunciadas”, dijo este miércoles el fiscal en conferencia de prensa.

COB

Explicó que “no se tienen nombres” de los denunciados y que el tenor es “contra los autores”.

En la documentación presentada por la parte denunciante existen dos certificados médicos que contemplan dos días de impedimento. “Estamos a la espera de que nos puedan ampliar la información”, añadió.

SI bien la denuncia es por “lesiones”, Alave no descartó que se amplié la investigación a la supuesta comisión de otros delitos.

La denuncia había sido adelantada por el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, en una conferencia, la tarde del lunes. Entonces denunció un intento de golpe sindical por las acciones de evistas que intentaron ingresar con violencia al edificio de la COB.

“Huarachi traidor, Huarachi vendido” gritaban los movilizados que llegaron hasta la sede de los trabajadores, ubicada en la calle Pisagua, en La Paz.

Reclamo

Reclamaban que Huarachi, en su calidad de líder de esa organización, se haya “aliado” con el Gobierno y haya dejado de lado la “lucha sindical de los trabajadores”.

Precisamente, la COB marchó el martes en apoyo al Gobierno y con la exigencia de que la Asamblea Legislativa apruebe los 11 créditos que “duermen en ese órgano”, cuyo monto alcanza los $us 1.076 millones.

La presión se extendió con una vigilia en inmediaciones del edificio legislativo. Incluso, el ampliado de emergencia de la COB, celebrado este miércoles, determinó que la vigilia será permanente yq eu se realizarán movilizaciones “escalonadas” hasta lograr sus demandas.

Entretanto, por la vigila la Asamblea Legislativa anunció que sesionará en Uyuni, Potosí, el jueves a las 10.30.