Ante la vigilia permanente de la Central Obrera Boliviana (COB) en la Asamblea Legislativa, la Cámara de Senadores instaló este jueves la sesión en el salar de Uyuni, Potosí, donde prevé aprobar el crédito para la construcción de la carretera Uyuni-Hito 60 con una inversión de $us 223 millones.

La sesión estaba prevista para el miércoles; sin embargo, fue traslada fuera de la sede de gobierno, a Uyuni. Se tomó esa decisión “ante los enfrentamientos suscitados en puertas de la Asamblea Legislativa el día martes 10 de septiembre”, señalaba el comunicado institucional, el miércoles.

Además, justificaba el traslado “ante las amenazas” de toma de la Asamblea Legislativa anunciada por el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El martes, la COB determinó una “vigilia permanente” en demanda de la aprobación de los proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa.

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Están pendientes de aprobación 12 créditos externos por un valor de $us 1.076 millones y “leyes sociales”, como la modificación de la Ley de Pensiones a través del Proyecto de Ley 035.

El miércoles, un ampliado de emergencia de la COB determinó la “vigilia permanente” de sus afiliados y “medidas escalonadas” hasta que la Asamblea apruebe los proyectos de ley de financiamiento externo.

“De manera escalonada, vamos a sumir las nuevas medidas. Serán (de) 24, 48, 72 horas, y llegar hasta la última instancia si no hay respuestas positivas al pedido de la COB, los trabajadores y el pueblo boliviano”, dijo Huarachi.

A diferencia del Senado, la Cámara de Diputados sesiona este jueves en su hemiciclo, donde prevé aprobar dos créditos por un montó de $us 140 millones.

Luego de la lluvia en varios puntos de Santa Cruz, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó este jueves de un nuevo frente frío con precipitaciones “muy localizadas”.

“Indicar que se han generado en el transcurso de la noche y al amanecer de hoy bastante lluvia, pero muy localizada. Estamos hablando del Norte Integrado en Santa Cruz, así como el norte de la Chiquitania, en San Javier y San Ramón, con un aproximado de 20 mililitros”, informó Jaime Llanque, pronosticador del Senamhi, a red la Unitel.

Además, indicó que en el transcurso del día habrá “un poco” más de lluvia, empero, dijo que se prevé que en los próximos días haya una mayor actividad.

“En este caso, indicar se ha previsto un frente frío para este sector; evidentemente, ha entrado el día de ayer con inestabilidad, lo que ha formado esta gran precipitación”.

Añadió también que hasta el domingo se pronostica del ingreso de otro frente frío “de características muy débiles, con lluvias de corta duración”.

El miércoles, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que en el país que hay 29 municipios de cuatro departamentos en los que aún persisten los incendios.

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Con relación a los departamentos de Beni y Pando, donde también hay incendios forestales, Llanque señaló que, pese a que existe un sistema que podría traer de la Amazonía algo de humedad. “Lamentablemente, no está para indicar de que esté lloviendo”.

Indicó que estas regiones van a estar con los cielos poco nubosos y con una visibilidad reducida de por lo menos 500 metros.

Respecto al occidente del país, dijo que no se prevé aún que vaya a llover, pese a que podría, caer precipitaciones dispersas en el altiplano norte y los valles de La Paz.

Llanque también informó que hasta la mañana del miércoles había 31.000 focos de calor en el país. “No hubo el informe de la Autoridad Forestal (y) no sabemos si ha aumentado o disminuido”. 

El Gobierno declaró el miércoles una pausa ecológica a través del Decreto Supremo 5225 para frenar las quemas que causaron los incendios que afectan Beni, Pando y Santa Cruz. Además, remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca el incremento de penas contra las personas que provoquen incendios forestales en el país.

La norma sugiere subir los años de prisión de cinco a ochos años de prisión y, en el caso de los que ocasionen incendios forestales, de seis a 12 años.

En medio de la vigilia de la Central Obrera Boliviana (COB) en la Asamblea, con el cuórum reglamentario, la Cámara de Diputados instaló este martes la sesión para analizar dos proyectos de préstamos por $us 140 millones.

La sesión fue instalada a pesar de la presión de la dirigencia de la COB, que exige la aprobación de créditos y “leyes sociales” pendientes de aprobación.

El orden del día de la sesión de Diputados consigna siete puntos, en dos de los cuales se trata de proyectos de ley para autorizar el desembolso de créditos externos.

El punto 4 de la convocatoria indica que se analizará el “proyecto de Ley 449/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo 5865/OC-BO para el programa de administración de tierras para el desarrollo rural sustentable”. Fue suscrito el 23 de mayo de 2024 entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 40 millones.

El punto 5 se trata del “Proyecto de Ley 450/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo Bol38/2024 para el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, fase II”. El contrato fue suscrito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por $us 100 millones.

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Respecto de la seguridad física en la Asamblea Legislativa, el coronel Jesús Silva informó que, por disposición general y del Comando Departamental de la Policía de La Paz, se dispuso de “una cantidad” de efectivos policiales necesarios para resguardar el edificio y a los legisladores.

Luego de la marcha de la COB del martes, la dirigencia determinó instalar una vigilia permanente en las puertas de ingreso de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, tanto del nuevo como del antiguo edificio.

El miércoles, un ampliado de emergencia de la COB determinó la “vigilia permanente” de sus afiliados y “medidas escalonadas” hasta que la Asamblea apruebe los proyectos de ley de financiamiento externo.

“De manera escalonada, vamos a sumir las nuevas medidas. Serán (de) 24, 48, 72 horas, y llegar hasta la última instancia si no hay respuestas positivas al pedido de la COB, los trabajadores y el pueblo boliviano”, dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

Una facción de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, los Ponchos Rojos, determinó la instalación de nueve puntos de bloqueo a partir del 16 de septiembre.

Entre sus principales demandas, plantea la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca y el adelanto de las elecciones generales. 

“Instruye: a los 20 ejecutivos provinciales… y a todas las organizaciones sociales y vivas del departamento de La Paz y los 9 departamentos que a partir de cero horas del del lunes 16 de septiembre, deben entrar de forma organizada y planificada con paro general indefinido y el bloque de caminos a nivel departamento de La Paz y nacional”, señala parte del instructivo de los Túpac Katari.

Los puntos de bloqueo determinados por los Ponchos Rojos están ubicados en las rutas, principalmente, interprovinciales y la carretera entre La Paz y Oruro.

De acuerdo con el instructivo, las vías cerradas serán las carreteras a Oruro, Copacabana, Achacachi y Sorata, Desaguadero, Viacha, Río Abajo, Palca, Zongo y Yungas.

Así también instruye a las organizaciones sociales de La Paz y del país a sumarse entrar de forma planificada al paro general e indefinido “para lograr la renuncia del Gobierno incapaz y corrupto de Luis Arce y David Choquehuanca y se convoque a nuevas elecciones nacional lo más antes posible y el nuevo gobierno pueda plantear políticas de desarrollo sostenible para salvar la crisis económica nacional”.

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David Mamani, secretario ejecutivo de esta facción de campesinos, recomendó a la población de La Paz y el país abastecerse de productos de la canasta familiar.

“Al pueblo boliviano más humilde, más abandonado y marginado, pedimos que se abastezcan y planifiquen su trabajo. Pero sí vamos a luchar (para) que mueran de hambre estos políticos, oligarcas, que están en los 17 ministerios, porque a nosotros nos han traído a una vida trágica de hambre y pobreza durante cuatro años”, afirmó el dirigente.

Enfrentamiento

El lunes 2 de septiembre, la facción Ponchos Rojos, liderada por Mamani, intentó retomar su sede sindical, en la zona San Pedro de La Paz; sin embargo, el lugar se encontraba bajo resguardo policial que impidió el ingreso al lugar.

Esto originó que ambos bandos se enfrenten con piedras y agentes químicos. La trifulca terminó con varios heridos, entre dirigentes campesinos y efectivos policiales.

El abogado Jorge Valda, defensa del teniente coronel Miguel Santiesteban, informó este miércoles que el juicio oral seguido contra Jeanine Áñez y otras 17 personas dentro el caso Senkata fue suspendido hasta el lunes 16 de septiembre debido a la recusación de los miembros del Tribunal de Sentencia Cuarto y a la falta de notificación de los imputados.

“Luego de haber llamado la lista a todas las víctimas (y) a los imputados, de pronto se dio cuenta el secretario que no notificó a ninguno de los imputados. Ninguno de los imputados se hizo presente en audiencia, porque no los condujeron en el penal de San Pedro a la sala de computadoras”, informó el jurista.

Además, indicó que el secretario de sala informó que los acusadores particulares, entre ellos, los ministerios de Justicia y de Gobierno, y la Procuraduría General del Estado presentaron una recusación contra los miembros del tribunal. 

Recusación

“Por razón, el día de hoy se ha suspendido la audiencia del caso Senkata, señalándose día y hora para el 16 de septiembre a las 09.30. Habrá que ver si los miembros del tribunal se excusan y se apartan del proceso y remiten al tribunal siguiente, producto de las acciones intimidatorias que está realizando las distintas carteras de estado en contra de este tribunal”.

El domingo, el Tribunal Décimo Anticorrupción de El Alto dejó sin efecto las observaciones del Tribunal de Sentencia Cuarto que paralizó el juicio oral en el caso Senkata y ordenó que en 24 horas se señale día y hora para la reactivación del juicio contra Áñez y otros los imputados.

Además, ordenó la remisión de obrados al Ministerio Público para que se investigue a los miembros de este tribunal.

La semana pasada, el juicio oral fue paralizado por 10 días para que se hagan las correcciones, debido a que el Tribunal de Sentencia advirtió de “errores” en las acusaciones formuladas contra los investigados. Esto, porque no “habrían” identificado el grado de participación de cada uno de los imputados, por los hechos del 19 de noviembre de 2019.

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Añez y otras 17 personas son acusadas por el delito de genocidio por la masacre de Senkata de 2019, como llamaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El 19 de noviembre de 2019, efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana intervinieron la movilización de manifestantes que bloqueaban el ingreso y salida de combustibles en la planta de Senkata, en El Alto.

Entonces, 10 personas fallecieron por impactos de bala, en una operación amparada en el Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de ese año, que eximia a los militares y policías de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

Proclamación

El hecho ocurrió a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta; luego de la renuncia del presidente Evo Morales, que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.

Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios de votos.

La exmandataria cumple una pena de 10 años en el penal de Miraflores por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.