Pese a los incendios forestales, el expresidente Evo Morales ratificó la «marcha histórica por la democracia, la vida y salvar a Bolivia» a partir del 16 de septiembre, dispuesta en el ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Villa Tunari.

Al ser cuestionado en La Razón Radio sobre la persistencia de la movilización en plena ola de incendios en el país, que afectan a 29 municipios de cuatro departamentos, el senador evista William Torrez respondió: “No somos ajenos a esta situación; no se descarta absolutamente nada. Todo es posible porque seguimos trabajando en este tema”.

El 3 de septiembre, además de la expulsión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, el ampliado del MAS evista aprobó el inicio de la marcha desde Caracollo (Oruro) a partir del 17 de septiembre.

Según resumió Morales el día del ampliado, la marcha prevé llegar a La Paz el 23 de septiembre. Dijo que, en caso de que el Gobierno y el TSE no atienden las demandas, desde ese día se declarará bloqueo nacional de caminos.

Entre las demandas, exigió garantías para la provisión de dólares y combustibles, además de la validación, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del no registrado congreso del MAS de Lauca Ñ, del 3 y 4 de octubre de 2023.

En coincidencia con esa movilización, una facción de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, los Ponchos Rojos, determinó la instalación de nueve puntos de bloqueo a partir del lunes, 16 de septiembre.

Entre sus principales demandas, plantea la renuncia del presidente Arce y del vicepresidente Choquehuanca, y el adelanto de las elecciones generales. Aunque, Morales aseguró que una de las principales premisas es la búsqueda de soluciones a la crisis por la escasez de dólares y carburantes.

Los puntos de bloqueo determinados están ubicados en las rutas, principalmente, interprovinciales y la carretera entre La Paz y Oruro. Las vías cerradas serán las carreteras a Oruro, Copacabana, Achacachi y Sorata, Desaguadero, Viacha, Río Abajo, Palca, Zongo y Yungas.

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En medio del desastre ambiental por los incendios forestales en el país, el periodista de La Razón Rubén Atahuichi planteó un “acuerdo nacional por la vida” para la atención del problema. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez se avino a la propuesta.

En La Razón Radio, el periodista lamentó que no haya una acción posible de resolver la crisis que deja millones de hectáreas de bosques y pastizales, y miles de animales afectados por el fuego. Además, advirtió que, con las fuerzas políticas divididas, es complicada la aprobación de cualquier norma en la Asamblea Legislativa.

¿No cree usted, ante estas circunstancias que está sufriendo el país, Bolivia necesita un acuerdo nacional por la vida?, preguntó al senador.

“Me parece una iniciativa excepcionalmente interesante la que plantea. Lo primero que deberíamos hacer todos los bolivianos afectados es reflexionar”, respondió Torrez.

Además, aseguró que éste es el momento de que los políticos y población se despojen de ideologías, posturas políticas, colores y pensar en la vida y el futuro de las nuevas generaciones. “¿Qué va a ser de nuestros hijos con un medio ambiente tan lastimando y golpeado por nosotros mismos?”.

Torrez urgió un encuentro, donde los políticos se sienten, sin posturas ideológicas, para pensar en el futuro. “Si, por lo menos, asumimos conciencia, podemos superar todos aquellos complejos entramados que rodean nuestros pensamiento y sentimientos”. 

Pidió que en un acto de reflexión se depongan prácticas políticas amañadas para tener resultados, debido a que toda la población está sufriendo las primeras consecuencias de un desastre que puede acabar con la humanidad.

“Podríamos partir con una iniciativa sensata, en el marco de la lealtad, y trabajar un proyecto de ley estructural. Nos hará bien a todos”, auguró.

Millones de hectáreas en la Chiquitania y Amazonía boliviana se queman hace más de tres meses. Las principales víctimas son los animales, entre monos, lagartijas, víboras, capibaras y una infinidad de seres vivos.

Sus restos se convierten en cenizas que son trasladadas por los vientos a los nueve departamentos del país, donde se ha visto una intensa humareda que afecta la salud de niños, adultos, ancianos y hasta mascotas.

Las comunidades de las zonas afectadas solo esperan lluvias para mitigar el fuego.

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Frente al desastre ambiental en el país, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez planteó una “ley única e integral” con el fin de evitar incendios forestales y establecer políticas ambientales.

Hace más de tres meses, el fuego arrasa con millones de hectáreas de flora y fauna de la Chiquitania y Amazonía del país. Muchos de los incendios son provocados y a eso se suma la sequía de los municipios afectados.

Ante ello, el Gobierno declaró pausa ambiental, a través del Decreto Supremo 5225, que prohíbe las quemas en adelante y que, además, frena las autorizaciones extendidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Incluso, se presentó un proyecto de ley para que las penas privativas de libertad para quienes provoquen incendios contemplen sanciones entre seis y 12 años.

En entrevista con La Razón Radio, Torrez cuestionó la propuesta de proyecto de ley con el argumento de que el endurecimiento de penas y sanciones no implica una reforma estructural. “La solución a este problema no está en endurecer las penas; el endurecimiento no es la respuesta”.

De ese modo, urgió la aprobación de una ley única e integral para establecer un marco normativo con sanciones y prohibiciones con el fin de preservar el medio ambiente y el bienestar de la Madre Tierra.

“Primero hay que trabajar en un proyecto de ley, antes de abrogar (las leyes denominadas incendiarias) porque, de otro modo, no habrá un marco normativo”, añadió.

Desde 2013, el gobierno de Evo Morales promulgó al menos ocho leyes a las que ahora se denominan “incendiarias”, que autorizan supuestas “quemas controladas” y, ante desmontes sin autorización, plantean sanciones muy bajas.

Torrez manifestó estar de acuerdo con la abrogación de dichas leyes, pero insistió en la necesidad de analizarlas con responsabilidad.

Sugirió establecer políticas públicas integrales a sus colegas. Reclamó que muchos parlamentarios, “al calor del momento”, presentan proyectos “no integrales ni estructurales” y por esos son rechazados.

No obstante, es complicado inferir que las fuerzas políticas encuentren consenso para desarrollar una ley, tomando en cuenta las implosiones de las bancadas en la Asamblea Legislativa.

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El alcalde de San José de Chiquitos, Santa Cruz, Marbin Barbery, cuestionó la burocracia y trámites de declaratoria de desastre ambiental en municipios y departamentos. La extensión de los incendios, en muchos casos, ocurrió debido a la lentitud en la aprobación de esas declaratorias.

Ante cualquier tipo de crisis, los municipios deben declararse en emergencia y, posteriormente, en desastre para que las gobernaciones tomen acción. En caso de que los gobiernos departamentales sean rebasados, del mismo modo, deben declarar a sus departamentos en desastre.

Dicho procedimiento permite al Gobierno una intervención plena para apoyar a las alcaldías y gobernaciones en problemas por desastres naturales. No obstante, en tiempos de crisis, como los incendios, el trámite ralentiza la acción por parte de los tres niveles.

Así ocurrió el sábado pasado, luego de tres meses de incendios en la región, cuando la Gobernación de Santa Cruz declaró en desastre por incendios al departamento, en consecuencia, el Gobierno, mediante Decreto Supremo 5219, declaró situación de emergencia nacional.

En entrevista con La Razón Radio, Barbery cuestionó la burocracia del procedimiento y explicó que declarar en “emergencia” “no cuesta nada”. No obstante, para declarar desastre, se debe presentar una serie de informes y tres carpetas con evidencias, después de recorrer las zonas afectadas.

“Para declarar en desastre hay que recorrer el lugar cuando todo ya fue consumido; después de que ya pasó todo. No mejoramos el procedimiento y esperamos a que todo suceda”, lamentó.

Cuestionó que, luego de que por fin se declara el desastre departamental, el Gobierno ofrece “ayuda escasa” y envía contingentes sin logística, sin equipamiento, sin transporte y sin comida.

El miércoles, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que hay 29 municipios en cuatro departamentos en los que aún persisten los incendios y que esta jornada se incorporarán dos aviones Hércules para luchar contra el fuego.

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El alcalde de San José de Chiquitos, Santa Cruz, Marbin Barbery, informó que los incendios forestales consumieron más de 500.000 hectáreas de bosques y pastizales en su municipio. Lamentó que el fuego comenzó hace tres meses y hasta la fecha no da tregua.

El miércoles, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que hay 29 municipios en cuatro departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz) en los que aún persisten los incendios.

Hace meses, el fuego comenzó a consumir zonas boscosas y animales silvestres de la Chiquitania y diferentes zonas del oriente. Dicha catástrofe ha provocado intensas humaredas en los nueve departamentos del país.

El Gobierno ha acudido a la cooperación internacional y, actualmente, gestiona la llegada de una aeronave con la capacidad cargar 11.000 litros de agua para descargar sobre los incendios. No obstante, los bomberos, voluntarios y comunarios han sido sobrepasados por las agresivas llamas. 

En entrevista con La Razón Radio, Barbery reclamó que la mayoría de los incendios son provocados o producto de los chaqueos indiscriminados y la quema de basura por parte de los comunarios.

Admitió que los empresarios agroindustriales también son parte de los incendios porque pretenden ampliar la frontera agrícola. “Todos fueron provocados, no hubo fenómenos naturales. Son quemas de cordones. (Se trata de) personas dedicadas al agro y en nuestro caso comunarios atraídos por las tierras”.

Por ello, sugirió coordinar y unir esfuerzos entre los municipios, gobernaciones y Gobierno central para mitigar el fuego. “Se ha superado el impacto ambiental, se ha quemado una superficie de cuatro millones de hectáreas”.

Respecto del equipo de mitigación, reclamó que, si bien el segundo y tercer nivel envían contingentes, los desplazan sin equipamiento ni alimentos. Es decir, que nos existe una logística ni planificación previa para apagar las llamas.

“Tenemos Ejército, un regimiento, que dispone entre 30, 40 y 50 soldados, pero no hay logística. Hay que proveer alimentación y traslado”, añadió.

Indicó que, por ahora, cuentan con 50 efectivos militares, 10 bomberos enviado por la Gobernación de Santa Cruz y 30 voluntarios enviados desde Tiquipaya, Cochabamba. “El alcalde de Tiquipaya, apenado, ha querido colaborarnos”.

“Son 120 bomberos trabajando en zonas afectadas, pero no todas están siendo atendidas”, lamentó.

Según el Gobierno, se hicieron 1.176 descargas de helicópteros Bambi Buket y se utilizaron 1.180.760 litros de agua. Pero eso no es todo, algunos países, como Brasil, Chile Uruguay y Venezuela, se solidarizaron con el país y se sumaron para combatir el fuego.

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