David Mamani, que se atribuye la secretaría ejecutiva de la Federación de Campesinos “Túpac Katari” de La Paz, admitió que pidió puestos laborales al presidente Luis Arce, aunque “eran para profesionales” de su organización.

“Nosotros, como autoridades originarias, hemos ido a solicitar trabajo para nuestro pueblo, para nuestros jóvenes profesionales que están en la calle”, dijo el dirigente campesino en entrevista con la red Erbol.

Mamani lamentó que varios jóvenes, entre profesionales y egresados de universidades públicas y privadas, estén desempleados.

“Yo estoy luchando para que el presidente (Arce) genere políticas de empleo, para que plantee políticas y programas el gobierno central”, agregó.

David Mamani

Así, Mamani, que lidera la facción evista de la “Túpac Katari”, respondió a la declaración del dirigente Javier Alejo, del bloque arcista de esa organización, que develó una solicitud para que el Mandatario disponga de direcciones departamentales y nacionales y hasta ministerios para los miembros de su sector.

“David Mamani no solo pidió ministerios, viceministerios y direcciones, sino también la administración de la autopista y el teleférico, porque su fin es satisfacer apetitos personales”, dijo el dirigente campesino en entrevista con Bolivia Tv.

Incluso, expuso un video en el que se ve a Mamani y otros Ponchos Rojos reunidos en un ambiente de la Casa Grande del Pueblo. Según el audio, se dirige al presidente Arce, a quien reclama al menos 20 direcciones departamentales y otras 20 nacionales. Pero también le pide “oportunidad” para que sus compañeros asuman los ministerios de Obras Públicas, de Educación y de Salud. “Caso contrario, este pueblo va a ser la primera organización social que se va a movilizar”, amenaza Mamani en ese video.

Conflictos

La anterior semana, la facción que lidera Mamani se enfrentó con miembros de la Policía Boliviana, cuando pretendía tomar por la fuerza la sede de esa organización, cuya oficina se encuentra en la zona de San Pedro. Liderada por David Mamani, esa facción anunció el fin de semana un bloque de caminos. Exigen la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

El juez de instrucción en lo penal anticorrupción de La Paz, Juan Carlos Montalbán, emitió el mandamiento de libertad para el capitán de Ejército, Marco Caviedes, sentenciado por su participación en la asonada militar del 26 de junio.

Tras someterse a un proceso abreviado en el que aceptó su culpabilidad por la comisión del delito de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, el militar pudo acogerse al perdón judicial y recuperar su libertad.

Caviedes era ayudante del excomandante general del Ejército, general Juan José Zúñiga, que lideró la toma militar de la Plaza Murillo, acompañado de militares fuertemente armados y vehículos blindados de asalto.

Asonada militar

La información fue confirmada por el abogado Eusebio Vera a Erbol. Ahora. El uniformado saldrá de la cárcel de San Pedro, donde guardaba detención preventiva.

Según Vera, el día del hecho su defendido no sabía de los planes del general Zúñiga y se limitó a asistirle llevando su maletín.

El jurista explicó que su defendido, de 35 años, está a cargo de sus hijas y sus padres de la tercera edad, por lo que “no debería estar detenido”.

El caso del golpe de Estado fallido, como lo calificó el Gobierno, sigue en su etapa investigativa. En ese proceso ya se indagó a más de 100 personas: 26 de ellas están cauteladas, según el último reporte del Ministerio de Gobierno.

Sentencia

El viernes, luego de un proceso abreviado, la Justicia condenó al ayudante de Zúñiga, el capitán Marco Caviedes, a tres años de cárcel por la asonada militar.

Entretanto, el Ministerio Público, que inició una investigación de oficio, sigue con las indagaciones de aquella jornada, cuando Zúñiga se insubordinó ante el presidente Luis Arce, en el ingreso al Palacio Quemado. Ese día, el mandatario le ordenó que retire sus hombres y tanquetas, pero éste se negó.

Inmediatamente, Arce cambió al Alto Mando Militar y fueron los nuevos jefes militares que ordenaron el repliegue de los uniformados.

A las 19.02, Zúñiga fue aprehendido, no sin antes denunciar que Arce le ordenó sacar los “blindados” para “levantar” su popularidad.

El 1 de agosto, un tribunal militar dictó las bajas de Zúñiga, excomandante del Ejército; Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Juan Mario Ponce Sandi, que pertenecía al grupo de inteligencia de Zúñiga; Franz Ordóñez Menacho; y el almirante Juan Arnez, excomandante de la Armada Boliviana.

Este miércoles se reinstalará la audiencia de inicio de juicio oral por la masacre de Senkata contra la expresidenta Jeanine Áñez y otras 17 personas, luego de que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) presentara el sábado la acción de libertad en contra del Tribunal Cuarto de Sentencia.

Antes, ese tribunal había paralizado ese proceso por 10 días, para que se hagan las correcciones, debido a que el Tribunal de Sentencia advirtió de erros en las acusaciones formuladas contra los investigados, porque no “habrían” identificado el grado de participación de cada uno de los imputados por los hechos del 19 de noviembre de 2019.

“Lo que necesitamos es evidente, que estos jueces actúen con imparcialidad y cuiden su propia independencia. Ellos tienen en una primera instancia que está en obligación de cuidar sus propias decisiones judiciales y de actuar apegados a la ley. Si bajo pretexto de estas presiones, bajo pretexto de estas inclinaciones no lo están haciendo, quiere decir que se están volviendo cómplices de actuaciones, porque las están avalando”, cuestionó Luis Guillén, abogado defensor de la exmandataria, en una entrevista con Cadena A.

Por su parte, el activista y asesor de las víctimas de la trágica jornada del 19 de noviembre de 2019, David Inca, consideró que con la intervención del Sepdavi, “les están dando más argumentos a los acusados para que se puedan ir a quejarse ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la CIDH va a llegar en octubre”.

“Este caso puede ser utilizado por la parte de los acusados, argumentando que hay una intromisión del Gobierno, del Ministerio de Justicia, (diciendo) que están presionando para que los jueces tengan resoluciones o resuelvan algunas acciones en contra el mismo Código de Procedimiento y del artículo 8 de la Convención Interamericana”, dijo Inca al mismo medio.

La masacre de Senkata es uno de los hechos luctuosos de noviembre de 2019, cuando militares y policías hicieron uso excesivo de la fuerza, amparados por el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a los uniformados por ejercer violencia excesiva.

El primer hecho ocurrió el 15 de ese mes, en el puente de Huayllani, Sacaba-Cochabamba. Una columna de manifestantes exigía el “respeto a la democracia”. Un contingente militar y policial apostado en ese puente, usó gases y balas para reprimir a los movilizados.

El resultado dejó en total 10 personas muertas, algunas a causa de ejecuciones extrajudiciales, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La segunda represión violenta ocurrió en El Alto, cuatro días después, el 19. Ese día, otra decena de personas perdió la vida luego de la violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía que usaron material letal.

El presidente Luis Arce se refirió este martes a los anuncios de movilizaciones de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y dijo que esos anuncios responden a “caprichos” de una sola persona.

“No estamos para estar violando la Constitución, ya no estamos para estar peleando. Ya no estamos para estar movilizándonos simplemente por caprichos de nadie. Aquí se tiene que respetar la Constitución Política del Estado y la voluntad del pueblo boliviano”, dijo el mandatario en un acto de entrega de viviendas sociales en Cochabamba.

Las declaraciones del Jefe de Estado coinciden con la marcha anunciada por el evismo en un ampliado nacional la semana pasada; y en la que se determinó iniciar una marcha el 17 de septiembre desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz.

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También se dejó abierta la posibilidad de un bloqueo de caminos, determinación que fue asumida días atrás por una facción de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” de La Paz.

El Gobierno atribuyó esas movilizaciones al expresidente y líder del MAS, Evo Morales, a quien, por su postulación a las elecciones presidenciales de 2025, fue calificado de “caprichoso”.

En el último tiempo, Morales criticó duramente la gestión de su otrora ministro de Economía y actual presidente Luis Arce; al que incluso calificó de “traidor” del MAS y del denominado “proceso de cambio”.

Incluso, lo acusó de buscar “a toda costa” su inhabilitación como candidato y la proscripción de la sigla de su partido.

Precisamente ese alejamiento entre Arce y Morales condujo a que la militancia; y hasta las organizaciones sociales del MAS dividan su apoyo entre ambos líderes.

El presidente Luis Arce afirmó este martes que “hay gente que no quiere vivir en democracia”, luego del intento de toma del edificio de la Central Obrera Boliviana (COB) por parte de organizaciones afines al expresidente Evo Morales.

“Lamentamos que haya gente que no quiera vivir en democracia y que no la respete. Ayer, en Cochabamba, nos informábamos de ese intento de golpe sindical. Nosotros no compartimos con actos de violencia”, dijo el Mandatario en una entrega de obras en la localidad de Arani, en Cochabamba.

La tarde del lunes, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala “evista”, Humberto Claros, lideró el grupo que intentó, con violencia, ingresar a la sede de la COB, ubicado en la calle Pisagua de La Paz.

Luis Arce

Los movilizados exigieron la renuncia del secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, a quien tildaron de “traidor”.

“Huarachi traidor, Huarachi vendido”, gritaban, según se escuchó en videos que circularon en redes sociales. Incluso, amenazaron: “esta es una advertencia, en otra lo vamos a sacar a patadas”.

Al respecto, el presidente Arce reflexionó: “Con violencia no se resuelven los problemas, sino conversando, dialogando, no tomando cosas a la fuerza”.

El principal reclamo de los movilizados es que Huarachi haya llamado a una marcha en defensa del Gobierno, y calificaron de “política” esa convocatoria.

Luego, más tarde, Huarachi denunció, en una conferencia de prensa, un “intento de golpe sindical” a la casa matriz de los trabajadores. Además, indicó que recibió amenazas contra su vida y la de su familia.

COB

“Quiero hacer una denuncia a la comunidad internacional y a todo el país. Este golpe sindical tiene un fin político. Este comité ejecutivo tiene respaldo de las organizaciones sindicales afiliadas y no afiliadas, porque esta institución matriz no es sectorial, es para todo el pueblo boliviano”, dijo el máximo dirigente de los trabajadores.

Asimismo, indicó que las “amenazas” que recibe “no son de ahora”.

“Me he callado, he aguantado, pero hoy estoy haciendo conocer públicamente de amenazas contra mi persona y contra mi familia. Aquí hay un responsable (y), como máximo ejecutivo de los trabajadores, denuncio a la comunidad internacional por mi vida, (por la de) de mi familia”, apuntó el líder sindical.

La COB fue cuestionada por las organizaciones que defienden al expresidente Evo Morales, pues consideran que el ente de los trabajadores “es un aliado más del Gobierno” y advirtieron que “ha perdido el norte de la representatividad de los intereses de los trabajadores”.