A cinco días de la apertura de libros para el proceso de inscripción para la selección y designación del nuevo Fiscal General del Estado, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa informó este lunes que hasta el momento no existe ningún postulante al cargo. El plazo para la presentación de la documentación vence el 18 de septiembres.

Alex Blacutt, miembro del equipo técnico de la comisión, informó este lunes que “muy poca” gente vino a hacer consultas, por lo que a la fecha “no hay un solo postulante registrado”.

“Tenemos experiencia del anterior proceso de que los postulantes no vienen a un principio. En su mayoría creemos que va a venir a partir de media semana o al finalizar la semana. Creemos que los últimos días y los últimos minutos va a ser donde la mayor cantidad de postulantes van a acercarse para registrar su postulación”, dijo el funcionario a radio Kawsachun Coca.

Además, indicó que como comisión mixta se mandó las notas respectivas a las instituciones, como el caso de la Contraloría General del Estado, y otras para que emitan las certificaciones requeridas por los postulantes. “Pese a eso ello, los postulantes tienen el cuidado de revisar la documentación y eso involucra más de tiempo”.

Añadió que una vez estén seguros de tener la documentación completa, recién vendrán a registrarse. Mencionó que los horarios para la recepción de la documentación son de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.30.  En tanto, sábados y domingos es desde las 80.30 hasta las 12.00.

Blacut señaló también que existe la posibilidad que los postulantes puedan enviar vía courier su documentación, el cual también será registrado para su participación de este proceso. 

El 2 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la convocatoria para el fiscal general del Estado. La Comisión Mixta de la Justicia Plural tiene 45 días para realizar todo el proceso de preselección de postulantes.

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Entre las etapas a este proceso están la publicación de la convocatoria; presentación de postulantes (15 días); verificación de requisitos (tres días); publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (un día); impugnaciones (dos días); resolución de impugnaciones (cuatro días); y publicación de la lista de postulantes habilitados (un día).

Habiendo cursado esta fase, la comisión realizará la evaluación de méritos (cuatro días); recursos de revisión de méritos (dos días); resolución del recurso de revisión de méritos (cuatro días); respuesta del recurso de revisión de méritos (un día); exámenes orales y exposición de plan de trabajo (cinco días); y aprobación de los informes finales y remisión a la Asamblea (dos días).

Posteriormente, la Asamblea Legislativa designará por dos tercios de los votos al próximo Fiscal General del Estado, máxima autoridad del Ministerio Público, quien ocupará su cargo por seis años, sin posibilidad de reelección, como establece la Constitución.

El actual fiscal general, Juan Lanchipa, concluye su gestión el próximo 23 de octubre, por lo que el proyecto plantea la designación de uno nuevo, como fecha límite, el 22 de ese mes.

El Tribunal Décimo Anticorrupción de El Alto dejó sin efecto las observaciones del Tribunal Cuarto de Sentencia que paralizó el juicio oral en el caso Masacre de Senkata y ordenó que en 24 horas se señale día y hora para reactivar el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros 17 imputados.

“El Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) ha presentado una acción de libertad, en sentido de que había una retardación indebida del Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto. En ese entendido, el Juzgado Décimo de Sentencia Anticorrupción de El Alto se ha constituido en Tribunal de Garantías, en la que habiendo escuchado a los accionados y accionantes, ha decidido dejar sin efecto la observación a la acusación formal que se había emitido en contra de la acusación del Ministerio Público y Sepdavi”, informó el abogado Jorge Nina a la red DTV.

El jurista también indicó que además se conminó a que, en el término de 24 horas, el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto señale inicio a la continuidad del juicio oral por este caso. “También ha ordenado que se remitan obrados al Ministerio Público. En ese entendido se va a conocer hoy cuándo se va a dar inicio al juicio”.

Fallo

El juicio oral fue paralizado por 10 días para que se hagan las correcciones, debido a que el Tribunal de Sentencia advirtió de erros en las acusaciones formuladas contra los investigados, porque no “habrían” identificado el grado de participación de cada uno de los imputados por los hechos del 19 de noviembre de 2019.

Jorge Valda, defensa del teniente coronel Miguel Santiesteban, denunció que la acción de libertad que se llevó el domingo no le fue notificada ni a sus colegas copatrocinantes de ninguno de los imputados. Sin embargo, dijo que estaban presentes las carteras de Estado de los ministerios de Justicia, de Gobierno y la Procuraduría General del Estado.

Proceso

“El Ministerio de Justicia ha preferido presenta una acción de libertad ante un juez de turno y también ha remitido antecedente del Tribunal de Sentencia Cuarto para que el fiscal departamental decida qué delitos los va a investigar, ni siquiera señalando que hubieran cometido prevaricado o incumplimiento de deberes o retardación de Justicia; además ante el Consejo de la Magistratura por falta disciplinarias para ordenar su procesamiento”.

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El jurista denunció que el Ministerio de Justicia “hace lo que quiere”; debido a que lleva audiencias “entre gallos de media noche”, sin presencia de los coimputados.

La expresidenta y otras 17 personas son acusadas por el delito de genocidio; esto debido a los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, La Paz.

Entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares; amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximia de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

En noviembre de 2019, el país vivió un escenario de conflictividad persistente en todo el país. La población realizó manifestaciones y bloqueo de vías que se incrementaron a partir del 10 de noviembre de 2019.

Antecedentes

El hecho ocurrió a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta, luego de la renuncia del presidente Evo Morales; que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social; un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.

Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios de votos.

La exmandataria cumple una pena de 10 años de cárcel en el penal de Miraflores por el caso Golpe de Estado II; en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Tras la conclusión del paro cívico en Santa Cruz, el Comité pro Santa Cruz señaló este viernes que se buscará unificar las demandas del censo con otros departamentos y municipios.

“A partir de ahora, el Comité pro Santa cruz se dedica a trabajar los puntos establecidos en la Asamblea de la cruceñidad, vale decir, los estudios técnicos (del censo) junto a la comisión conformada, el impulso de leyes que están señaladas en la misma resolución, además de buscar la coordinación con alcaldes y gobernadores de otros departamentos a afectos de lograr sinergia para unificar la demanda”, dijo Fernando Larch, presidente cívico cruceño.

Este viernes Santa Cruz cumplió con un paro cívico en protesta por los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, que compartió el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado jueves.

Datos

El jueves 29 de agosto, el Institucional Nacional de Estadísticia (INE) presentó los resultados del Censo, el cual reveló que Bolivia tiene 11.312.620 habitantes, de los cuales 3.115.386 se encuentran en Santa Cruz, siendo éste el departamento más poblado del país.

Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones del propio INE, Santa Cruz tendría una población de aproximadamente 3.500.000 habitantes. Más aún, en base a una encuesta del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), actores cruceños insisten en que superan los 4 millones de habitantes.

Cerca al mediodía, el primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró que la medida se cumple en la ciudad y en las provincias.

“El acatamiento que está teniendo la gente es bastante responsable y a conciencia, ya que el que no está en la calle está en su casa”, sostuvo.

La medida se inició a la medianoche con la entonación del himno a Santa Cruz a los pies del Cristo Redentor, en el segundo anillo de la capital. 

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Larach agradeció el compromiso de la población y sus diferentes sectores por acatar la determinación de la Asamblea de la Cruceñidad.

El cívico calificó el paro de «contundente», esto en razón de que la gente se quedó en su casa y los que salieron a bloquear, “llevaron adelante (su medida) sin conflicto y confrontación”.

“El pueblo cruceño ha mostrado su voluntad y dedicación, en protestar cuando sus derechos (y) sus libertades se ven vulneradas, y hoy ante el robo a mano armada que el INE está pretendiendo realizar a la ciudadanía boliviana no fue la excepción y los cruceños hemos levantado la voz con el paro cívico”.

Positiva

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, calificó de positiva la jornada del paro e indicó que el reclamo por el Censo no es solo de una región, sino que debe ser de todo el país.

“Acatamos esta jornada de paro, reclamando un derecho que tenemos, porque mañana va a faltar los recursos económicos (porque) siguen creciendo los habientes y vamos a necesitar más hospitales, escuelas y servicios, de aquí a 10 años recién nos van a contar otra vez”, dijo el burgomaestre.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló este viernes que aún no se notificó a la institución sobre la sentencia a 11 años de cárcel que recibió el expolicía y exboxeador Franklin “Matador” Mamani dentro el caso Pedregal.

“Esta es una sentencia en primera instancia, hay pasos que hay que seguir, y la Justicia va a determinar, respecto a si vuelve a la privación de libertad. Todavía no hemos sido notificados ni con la sentencia en primera instancia ni con ninguna revocatoria”, dijo Limpias.

El 31 de julio, la Justicia determinó la detención domiciliaria para Mamani, luego de permanecer con detención preventiva en la cárcel de San Pedro por un año y medio. Entonces, el expolicía fue trasladado a su domicilio para continuar con su arresto.

Detención domiciliaria

Limpias indicó que el privado de libertad se benefició con detención domiciliaria, pero que “seguramente” por temas del Órgano Judicial se revocará esta determinación.

Edwin Tapia, abogado del expolicía, calificó de “aberrante” la sentencia contra Mamani. Sin embargo, señaló que el voto no fue de forma unánime, sino que hubo un voto disidente.

“El voto en disidencia es de la juez presidenta de este tribunal, y los otros dos votos son de los otros dos jueces. No sabemos qué es lo que han visto a lo largo del juicio, porque hacíamos cálculos de que merecía una sentencia absolutoria”, dijo Tapia.

Indicó que presentarán una apelación por esta determinación e indicó que se espera que el caso vaya a una sala judicial donde se lleve adelante “una valoración de las pruebas que no fueron valoradas correctamente”.

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En febrero de 2023, el exteniente fue envidado a prisión por los hechos que ocurrieron el 11 de noviembre de 2019, en medio de la crisis que derivó en la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta transitoria, cuando fallecieron tres personas. El delito por el cual se acusa a Mamani es homicidio.

El Pedregal y Los Rosales, en la zona Sur paceña, fueron los escenarios de la muerte de civiles por impactos de bala, hubo heridos e incluso detenciones indebidas, tras el derrocamiento del entonces mandatario Evo Morales.

En esas zonas resultaron asesinados Percy Rómer Conde Noguera, Beltrán Paulino Condori Aruni, Juan Marín Félix Taco y Silverio Condori Tapia, según una publicación de ATB.

Renuncia

El exboxeador reveló el año pasado que tenía la orden de proteger a los cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari cuando llegaron a La Paz.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció agobiado por las denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por Camacho (hoy gobernador de Santa Cruz y detenido en el penal de Chonchocoro de La Paz) y Pumari; igualmente detenido preventivo en la cárcel de Cantumarca, en Potosí.

Además, se desencadenó un motín policial y los militares presionaron para la dimisión. Un día después ocurrieron los hechos de El Pedregal y Los Rosales. El 12 de noviembre asumía el poder la entonces senadora Jeanine Áñez.

La Justicia sentenció este viernes al capitán Marco Caviares a tres años de cárcel por la asonada militar del pasado 26 de junio. Caviares fungía entonces como ayudante del general y excomandante de Ejército, Juan José Zúñiga.

El militar se acogió al proceso abreviado y decidió aceptar la comisión de un delito a cambio de una condena reducida que le permitirá salir de presión. El uniformado se encuentra detenido en el penal de San Pedro.

Mandamiento de libertad

Eusebio Vera, defensa de Caviares, informó a Erbol que se emitió el mandamiento de libertad para su defendido y estima que se ejecutará la próxima semana tras cumplir los trámites.

El 26 de junio, un grupo de militares, a la cabeza de Zúñiga, irrumpió en la plaza Murillo y golpeó la puerta del Palacio Quemado con una tanqueta. El militar anunció a los medios que su intención era la “toma” de la Casa Grande del Pueblo.

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El militar se insubordinó ante el presidente Luis Arce, en el ingreso al Palacio Quemado. Al final, Zúñiga se retiró de la plaza Murillo y, a las 19.02, fue aprehendido, no sin antes denunciar que Arce le ordenó sacar los “blindados” para “levantar” su popularidad.

Hoy está detenido en la cárcel de El Abra en Cochabamba y este hecho es calificado por el Gobierno como un “intento fallido de golpe de Estado”.

El jueves, Vera informó que el militar tomó la decisión de acogerse a un procedimiento abreviado, toda vez que su familia “atraviesa” por una crisis.

“Ese ha sido el motivo por el que el mismo capitán ha decidido someterse a este procedimiento abreviado para atender problemas familiares muy delicados”, dijo Vera.

Indicó que de acuerdo a las tratativas que se realizó, la pena es “por tres años por el delito de alzamiento armado en grado de complicidad”.

Sentencia

“La sindicación de la pena significa que se baje al mínimo de tres años. La pena del alzamiento armado es de cinco años, pero como está en calidad de cómplice se ha bajado a tres años”

La Procuraduría también informó el martes que el Ministerio Público imputó a 27 personas por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros, relacionados con los hechos ocurrido el 26 de junio.