El Gobierno, a través del viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, denunció la llegada de colombianos a la región del Trópico de Cochabamba, con el fin de proteger al expresidente Evo Morales.

“Se ha recibido información de que algunos ciudadanos están brindando cierta protección a quien está siendo buscado por la ley. Se ha conocido la presencia fundamental de colombianos”, señaló la autoridad a BTV.

A ello, añadió que el sábado en un operativo policial se detectó a 17 ciudadanos colombianos hospedados en un alojamiento sin la documentación respectiva.

 “Hemos intervenido un alojamiento donde había 17 ciudadanos extranjeros, todos indocumentados, además de un importante número de connacionales”, dijo.

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Asimismo, pidió a aquellos hospedajes que brindan el servicio cumplir con las normas administrativas e indicó que “ningún” ciudadano que no presente su documentación puede ingresar a estos sitios de albergue, porque coloca en riesgo su seguridad.

El expresidente está atrincherado desde octubre de 2024 en la localidad de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, luego que el Ministerio Público lo acusara por el delito de trata de personas con agravantes.

La Fiscalía lo investiga en relación a un presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando él era jefe de Estado, en 2016. Sobre el líder cocalero pesa una orden de aprehensión emitida por la justicia y la anotación de sus bienes y su arraigo.

Seguidores de Morales instalaron anillos de seguridad y puntos de control ante una posible intervención policial para su aprehensión. Dirigentes evistas incluso indicaron que unas 10.000 personas resguardaban la integridad del líder cocalero.

Sobre el expresidente, Aguilera señaló que recientemente se lo volvió a declarar en rebeldía y se renovaron los mandamientos de aprehensión, los “cuales no solo tienen que ser evaluados, sino ejecutados por la Policía”.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, reveló que la Policía Boliviana armó un anillo de seguridad alrededor de los nueve manzanos que fueron tomados por seguidores del expresidente Evo Morales para evitar su aprehensión.

“La Policía también ha efectuado un anillo concéntrico de seguridad alrededor de estos nueve manzanos que fueron tomados por los comunarios. Hay tres anillos que ellos han construido, dentro de un fortín entre comillas, el cual impide que la personas que no sea registrada ingrese hasta esa área”, dijo la autoridad.

El expresidente está atrincherado desde octubre de 2024 en la localidad de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, luego que el Ministerio Público lo acusara por el delito de trata de personas con agravantes. La Fiscalía lo investiga en relación a un presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando él era jefe de Estado, en 2016.

Sobre el líder cocalero pesa una orden de aprehensión emitida por la justicia y la anotación de sus bienes y su arraigo.

Seguidores de Morales instalaron anillos de seguridad y puntos de control ante una posible intervención policial para su aprehensión. Dirigentes evistas incluso indicaron que unas 10.000 personas resguardaban la integridad del líder cocalero. 

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Esta situación ha impedido hasta el momento que se realice algún operativo policial para efectuar su aprehensión y captura.

Respecto al relevo de los comunarios, Aguilera señaló que esas personas van alternando a cambio de que no les quiten sus catos de coca o les multen.

Además, señaló que independientemente de ese punto de resguardo, las actividades en el Trópico se desarrollan con normalidad.

La autoridad también denunció sobre la presencia de colombianos en la región del Trópico, esto con el fin de resguardar la seguridad del líder cocalero.

“Se ha recibido la información que algunos ciudadanos se están brindando o pretendiendo brindar cierta protección a quien está siendo buscado por la ley”, aseveró.

Dijo que se conoció, fundamentalmente, de colombianos en esa región. Mencionó que un operativo que se realizó en aquello región se identificó a 17 colombianos en un alojamiento, todos ellos indocumentados.

La agenda de los próximos días del Tribunal Supremo Electoral (TSE) estará marcada por tres decisiones: la verificación del cumplimiento en la renovación de directivas de partidos políticos, la posible suspensión del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), y la elección de la nueva directiva del Órgano Electoral.

Renovación de directivas

En entrevista con La Razón Radio el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe informó que el plazo para la renovación de directivas partidarias venció el 20 de marzo y que en los próximos días la Sala Plena emitirá un pronunciamiento.

“Estamos haciendo el acopio de la información técnica para que nos digan que partidos políticos no cumplieron con ese plazo en la renovación de sus directivas. Va a haber un pronunciamiento de la Sala Plena en los próximos días”, dijo.

Según el vocal, los partidos que serían afectados son: Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Frente Para la Victoria (FPV), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), además de agrupaciones municipales y departamentales.

FPV y PAN-BOL

Tahuichi explicó que el FPV y PANBOL podrían perder su personería jurídica por no haber alcanzado el 3% de votos en las elecciones de 2020, según el artículo 58 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. El caso está en fase probatoria.

La denuncia, presentada por el ciudadano Peter Erlwein Beckhauser, está referida a la pérdida de personería jurídica una vez que un partido no alcanzó el 3% de votos en la elección general.

Durante las elecciones de 2020, el FPV, logró el 1,55% (95.255) y PAN-BOL obtuvo el 0,52% (31.765 votos).

Sin embargo, el vocal recordó que el FPV participó en las elecciones subnacionales de 2021 y logró representación en algunos municipios, como Chulumani o Sacaba.

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Cambio de presidencia en el TSE

El mandato del presidente y vicepresidente del TSE concluye el 30 de abril. “Estamos en un cónclave interno y en los próximos días elegiremos a las nuevas autoridades”, anunció Tahuichi.

El presidente del ente electoral, Óscar Hassenteufel, cumplirá su mandato de dos años en mayo de este año y no podrá buscar una reelección en el cargo, pues el artículo 18 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional restringe un tercer periodo.

En diciembre de 2019, la Asamblea Legislativa eligió a Hassenteufel como vocal electoral y en abril de 2021, luego de la renuncia de Salvador Romero a la presidencia y a la vocalía electoral, asumió la titularidad del TSE.

Luego de los dos años de su primera gestión, Hassenteufel fue reelecto como presidente del TSE el 8 de mayo de 2023 por un nuevo mandato de dos años.

Sin embargo, Tahuichi acalaró que la presidencia del ente electoral es un cargo administrativo y no la “MAE” (Máxima Autoridad Ejecutiva).

Según el vocal, el 1 de abril arrancará oficialmente la elección presidencial, con un plazo de 138 días hasta la votación del 17 de agosto.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi calificó como “inaudito, inadmisible y delincuencial” el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anuló la sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio de 2024 y con ello la destitución de los magistrados prorrogados, pero validó un crédito y una ley.

“El TCP está haciendo dibujo libre con la Constitución. Esta sentencia, como tantas otras, es un engendro. El Gobierno ha generado un suprapoder, y ahora resulta que todos los órganos del Estado están tutelados por el TCP”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

El 20 de marzo, el TCP declaró nula la convocatoria a la séptima sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio de 2024, presidida por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en suplencia legal, y todo lo aprobado en esa sesión, como un proyecto de ley para cesar las funciones de los magistrados prorrogados del TCP y demás instancias del Órgano Judicial.

Sin embargo, dio por válida la aprobación del decreto presidencial de amnistía e indulto y el contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo 28 Confital-Bombeo, por $us 176 millones.

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La Sala Plena del TCP emitió la sentencia 0113/2024, el 27 de diciembre de 2024, y notificó la resolución recién el 20 de marzo.

Respecto a las declaraciones del ministro de Justicia, César Siles, Urquidi advirtió que, con esta estructura de poder, las elecciones no están garantizadas, ya que el TCP podría anular resultados.

Siles, negó que exista un “contubernio” entre el TCP y el Gobierno y que la edición obedece a “motivos de interés nacional” ya que el crédito es necesario para fortalecer la liquidez en dólares.

En Venezuela, “el Tribunal Supremo de Justicia quien reconoció finalmente al señor Maduro. Y, es ese escenario posible que se puede dar en el país. Con una sentencia te pueden voltear la elección”, añadió.

El legislador anunció que, en un futuro gobierno, se impulsarán reformas judiciales y se buscará sancionar a los responsables. “Estos señores no se van a ir a su casa, sino que rendirán cuentas ante la justicia por estos delitos”, aseguró.

Sobre la denuncia de violación que pesa contra el diputado Juan José Jáuregui, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que aún no tiene conocimiento sobre el tema, pero aclaró que cualquier denuncia debe ser procesada de manear transparente y oportuna.

“No tengo un informe al respecto, pero será el Ministerio Público quien deba determinar el grado de culpabilidad o no de las personas. Nosotros solo coadyuvamos al trabajo investigativo que efectúa el Ministerio Público cuando se realiza requerimientos fiscales”, dijo la autoridad.

La Fiscalía de Oruro inició una investigación contra Jauregui por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente.

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“Señor Juez de instrucción en lo penal de turno Oruro-Bolivia comunico Inicio de investigación (…) en contra de Juan José Jáuregui por la presunta comisión del delito de violación”, señala el documento de la Fiscalía, enviado al juez de Instrucción.

Según la denuncia de la Defensoría, el legislador transó por Bs 300 mantener relaciones sexuales con una menor en noviembre de 2024, sin embargo, “la misma en el interior del motel habría negado, pero éste le habría golpeado para consumar el hecho (sic)”.

El artículo 308 bis del Código Penal boliviano establece que la violación de un niño, niña, adolescente o infante menor de catorce años será sancionada con una privación de libertad de 20 a 25 años, así no haya existido el uso de la fuerza o intimidación.

El delito se agrava si es que el autor hubiera sometido a vejaciones a la víctima, en tal caso, la pena se incrementa a 30 años sin derecho a indulto.