En medio de la polémica por las declaraciones del exministro Iván Lima respecto del caso Senkata, las víctimas de la masacre, representadas por David Inca, recordaron que el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez fue decisión política del Movimiento Al Socialismo (MAS) antes de su fractura interna.

“El MAS ya había definido la ruta jurídica por la cual tenía que ser procesada Áñez y sus colaboradores. Se había definido ir por un juicio ordinario”, develó el activista de derechos humanos en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

El panorama sobre el caso Senkata cambió cuando, el domingo, Lima calificó el juicio ordinario contra Áñez como un “capricho” del expresidente Evo Morales y sugirió que el caso podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Consultado sobre las declaraciones del exministro Lima, Inca dijo: “No creo que haya sido capricho (de Evo Morales), sino que fue una decisión del MAS; es una decisión político-partidaria”.

De ese modo, denunció que, con la división del MAS, cada facción quiere sacar provecho sobre el tema. 

El abogado Aldo Michel afirmó, en La Razón Radio, que Lima hace declaraciones en desmedro de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba debido a que, en su criterio, está “presionado” por su “pacto con los promotores del golpe” de 2019.

Al ser consultado sobre su opinión acerca de las declaraciones de Michel, Inca develó que las víctimas no conocen al hombre porque, en su criterio, nunca se apersonó ni forma parte, actualmente, del juicio contra Áñez.

Indicó que Michel es un operador del evismo que, ahora, actúa de la mano del exministro Juan Ramón Quintana, en desmedro del Gobierno.

“Fue una decisión del MAS y ahí estaba metido el señor Michel cuando eran hermanitos. Nosotros tenemos clara la situación; ahora que están divididos, ellos quieren jalar agua para su molino y nos dejan en indefensión”, lamentó Inca.

El 2 de septiembre comenzó el juicio oral contra Áñez y 17 otras exautoridades que son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, La Paz.

Entonces, 10 personas fallecieron, todas por impacto de bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

Tras comenzarse el juicio, hubo polémica por la ruta jurídica. La oposición quería que Áñez sea procesada en un juicio de responsabilidades por su condición de exmandataria. Mientras que, el oficialismo impulsó un juicio por la vía ordinaria y penal.  

Inca contó que, tras las declaraciones de Lima, las víctimas de Senkata se reunieron el fin de semana de manera virtual. “Hemos sacado conclusiones. Es una actitud cobarde por parte del exministro. Si él tenía esa posición porque no la defendió cuando era ministro, podía corregir lo que, según él, ahora tendría que corregirse”.

Además, lamentó que el Gobierno no haya respondido sus cartas, notas y peticiones para seguir con los procesos, y que se cumpla, por ejemplo, el resarcimiento para las víctimas de la masacre de Sacaba, Cochabamba.

“Hemos mandado notas a los ministros de la Presidencia, Gobierno, Defensa, Economía, Salud, Educación. Ninguno de ellos nos contesta”, afirmó.

Contó que, en 2023, se presentó un libro de testimonios escrito por las víctimas de las masacres que, incluso, está registrado con derechos de autor y para su presentación invitaron al presidente Luis Arce para que lo comente. “Hasta ahora estamos esperando la respuesta”. 

Inca aseguró que, con las declaraciones de Lima, a las víctimas “les queda claro” que se tomó la decisión de hacer caso omiso a las demandas de las víctimas. “Las víctimas somos objeto y no sujeto”.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Senadores, Guillermo Seoane, anunció que su alianza pedirá que el exministro de Justicia Iván Lima sea parte de las investigaciones en los juicios contra la expresidenta Jeanine Áñez.

Todo ello surgió a raíz de que las declaraciones de Lima, que calificó el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez por la masacre de Senkata como un “capricho” del expresidente Evo Morales y sugirió que el caso podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Al respeccto, el expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, pidió anular los juicios contra Áñez y, al contrario, procesar a Evo Morales, Lima y otros.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Seoane secundó la petición de Mesa y solicitó la anulación del juicio y, posteriormente, hacer una investigación “adecuada”, es decir, establecer un juicio de responsabilidades.

“Manos a la obra, pongamos las cosas en serio y esperemos que el exministro Lima siga dándonos mayor información. Él también tendrá que ser parte de la investigación pertinente”, añadió.

Consultado sobre las acciones concretas de su alianza sobre las declaraciones, informó que pondrán el tema en agenda parlamentaria. “Por el lado legal, se está presentado una demanda especifica respecto al tema”.

“Lo que pasó en Senkata tendrá que investigarse, pero enjuiciar a Áñez por la vía ordinaria me parece una injusticia”, aseveró.

De ese modo, indicó que su alianza esta “profundamente” preocupada por las declaraciones de Lima. “Queda claro que hubo un personaje que quiso cambiar la historia de Bolivia: el señor Evo Morales”.

El 2 de septiembre comenzó el juicio oral contra Áñez y 17 otras exautoridades que son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, La Paz.

Esa vez, 10 manifestantes murieron con impacto de bala, luego de la intervención militar y policial al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los efectivos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificaron el hecho como una masacre.

Lea: Michel: Lima hace declaraciones presionado por su pacto con los ‘promotores del golpe’

El abogado Aldo Michel acusó al exministro de Justicia Iván Lima de obstruir los juicios contra la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de Senkata y Sacaba que se produjeron en la crisis poselectoral de 2019.

“Desde el Ministerio de Justicia se dilataron estos procesos durante más de tres años”, afirmó en La Razón Radio.

El domingo, Lima calificó el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez por la masacre de Senkata como un “capricho” del expresidente Evo Morales, y sugirió que el caso podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

A raíz de ello, la oposición sugirió anular los procesos contra Áñez. Incluso, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) pidió anular los juicios contra la exmandataria y, al contrario, procesar a Morales y otros.

En entrevista con La Razón Radio, Michel develó que, desde los primeros meses como titular de la cartera de Justicia, Lima se encargó de promover y posicionar la línea de juicio de responsabilidades. “No tiene asidero, ni fundamento constitucional”.

“En 2022 pretendió posicionar una competencia de un juicio de responsabilidades, pero se ratificó que el juicio ordinario y penal es el valido”, dijo Michel.

A su vez, reveló que Lima presentó una propuesta de acusación formal de procesamiento ante la Asamblea Legislativa “viciada” de errores. “En abril (de ese año), se develó que esta propuesta acusatoria tenía vicios, era ilegal”.

“El fiscal Juan Lanchipa dijo que Lima mandó, desde el Ministerio de Justicia, una propuesta que cambiaba la lista d ellos nombres de las víctimas de Senkata y Sacaba”, denunció.

En su criterio, Lima mostró varias acciones que beneficiaban la condición de los “autores del golpe de 2019, como Jorge Quiroga, Carlos Mesa y otros”. El jurista acusó a Lima de obstrucción y distracción de la justicia para “pretender” ignorar una realidad histórica.

El 2 de septiembre comenzó el juicio oral contra Áñez y 17 otras exautoridades que son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, La Paz.

En aquel entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

Lea: Michel: Lima hace declaraciones presionado por su pacto con los ‘promotores del golpe’

La Cámara de Diputados fue convocada a sesión plenaria para el jueves 3 de octubre a las 10.00. En el orden del día hay seis puntos y no incluye los créditos, cuya aprobación fue exigida por el Gobierno para la atención de incendios en el país.

Aparte de la tradicional “correspondencia” y los “asuntos en mesa”, está previsto el debate por límites departamentales en Chuquisaca, la declaración de patrimonio de una danza folklórica, la transferencia de una propiedad de la Alcaldía de El Alto a la Policía Boliviana y una declaratoria de patrimonio cultural de una iglesia colonial en Oruro.

La convocatoria se publicó en las redes sociales de ese órgano camaral.

Cámara de Diputados

El lunes, cuando el presidente Luis Arce declaró, a través del Decreto Supremo 5235, desastre nacional por incendios, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de dos créditos, por un monto de $us 325 millones, para reforzar la lucha contra el fuego que arrasa varias regiones en el oriente del país.

Se trata de un crédito de $us 75 millones, proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), y otro, de $us 250 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El mandatario explicó que esos recursos se invertirán en la contratación de más aviones —que “están siendo efectivos en la lucha contra incendios”—, cajas guardián, también para adaptar un helicóptero para ambulancia, aumentar las atenciones en salud, la reconstrucción de viviendas dañadas y movilizar tropas, por ejemplo, de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas para el combate contra los incendios.

Créditos

Tampoco está en la agenda de Diputados el debate por la abrogación de la Ley 741 (de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias), considerada una de las normas “incendiarias” y que fue derivada por Senadores para su sanción.

El debate sobre los incendios creció en los últimos días, pues algunos sectores consideraron que la declaratoria de desastre nacional es “tardía”, pues fue asumida luego de que el fuego consumió más de 7 millones de hectáreas.

Incluso, el Gobierno declaró el 11 de septiembre una pausa ambiental para frenar las quemas que causaron los devastadores incendios que afectan, principalmente, a los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, informó este miércoles que el proyecto de ley de redistribución escaños parlamentarios se establece que el departamento de Chuquisaca perderá un diputado plurinominal y Santa Cruz ganará otro.

El vocal respondió así a la consulta de una periodista en el acto de presentación de la boleta electoral para las elecciones judiciales que se celebrarán el 1 de diciembre.

El TSE alista el proyecto de ley para su presentación a la Asamblea Legislativa. El documento tiene base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.

De acuerdo con las cifras de población conocidas el 29 de agosto, Chuquisaca cuenta con 600.132 habitantes, que implica un crecimiento de apenas 3,2% respecto del Censo de 2012. En el extremo superior, Santa Cruz tiene 3.115.386, un incremento de 17,2%.

«Un departamento gana un escaño, es el departamento de Santa Cruz y sería el departamento de Chuquisaca que perdería un escaño», dijo Vargas.

El vocal basó su respuesta en el informe de una comisión técnica que fue aprobada por la Sala Plena del TSE.

Asimismo, indicó que el proyecto de ley de redistribución de escaños parlamentarios será entregado a la Asamblea Legislativa en el transcurso de este miércoles.

Con esa nueva distribución, los departamentos de La Paz y Santa Cruz tendrán la mayor representatividad legislativa, con 29 diputados cada uno. Cochabamba mantendrá sus 19 escaños; Potosí ocho, Chuquisaca quedará con cinco, al igual que Oruro y Tarija. Beni tendrá cuatro y Pando uno.

Según los datos del Instituto nacional de Estadística (INE), Bolivia tiene 11.312.620 habitantes y que el departamento con más crecimiento poblacional fue Santa Cruz.