La Procuraduría General del Estado señaló este lunes que hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) no haya emitido una sentencia sobre el caso Hotel Las Américas; “no corresponde señalar la existencia de una responsabilidad internacional del Estado por violación de derecho humanos”.

A ello, también añadió que “la intransigencia” de los demandantes Mario Francisco Tadic Astorga y otros, además de la complejidad de los hechos, “imposibilitó” llegar a un acuerdo aproximadamente dos años atrás; por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó pasar a la etapa contenciosa.

El sábado se conoció que la CIDH presentó ante la Corte-IDH el ‘Caso 13.546’ relacionado con violaciones a derechos humanos cometidos durante el operativo policial en el Hotel Las Américas en 2009.

Informe

Un informe de la CIDH del 21 de diciembre de 2021 determinó que ese año las fuerzas del Estado ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a cinco miembros del supuesto grupo armado.

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El caso se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, en abril de 2009. Éste terminó con tres extranjeros abatidos; entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

Entonces, también cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Y salieron con vida Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

“La Procuraduría General del Estado informa que recibió una comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando que; dicho Órgano Interamericano sometió el Caso 13.546 ‘Mario Francisco Tadic Astorga y otros’ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con los artículos 51 (1) de la Convención Americana y 45 del Reglamente de la Comisión”, señaló parte del comunicado de la Procuraduría.

Implementación

Añadió que esta institución desarrolló de forma diligente las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones al Estado Boliviano y evitar que el caso sea remitido a la Corte – IDH.

“En observancia al procedimiento de casos sometidos a la Corte Interamericana; se aguarda que el Estado Plurinacional de Bolivia sea notificado oficialmente por dicho Alto Tribunal Internacional, para posteriormente realizar la designación de agentes estatales y ulteriores gestiones procesales; como diligencias probatorias, presentación de alegatos escritos y orales, así como objeciones y recusaciones conforme a reglamento”.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló este lunes que el Gobierno espera que la sentencia de 8 años por el caso Gases Lacrimógenos contra el exministro de Gobierno, Arturo Mullo, y otras cuatro personas, entre ellas el exministro de Defensa, Fernando López, permita su extradición al país para que rinda cuentas ante la Justicia boliviana.

“Es un buen mensaje para la población. (Esperemos que) se pueda identificar todos los delitos en los cuales ha incurrido el gabinete de (Jeanine) Áñez. Todos estos elementos y antecedentes que está dando la Justicia; son acciones que nos van a permitir en lo posterior realizar la extradición del señor Murillo para que pueda venir a nuestro país y renda cuentas ante la Justicia. En este caso que ya cuenta con una sentencia pueda ser sujeta lo que corresponde en el marco de la ley”, indicó la autoridad.

Viceministro Ríos

El viernes, la Justicia declaró culpables a Murillo y López y los sentenció a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, esto por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.

Además de las exautoridades, también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad, la exdirectora general de Asuntos Administrativos; el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno y el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions (TBS).

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Ríos saludó la sentencia por este caso y ponderó el trabajo de que realizar el Gobierno; a través de los ministerios de Gobierno y de Justicia, carteras de estado que presentaron la denuncia no solo por daño al Estado sino otros delitos.

De acuerdo con los antecedentes, a la semana de irrumpir en el poder Áñez en 2019; el entonces ministro de Gobierno en coordinación el también ministro López encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS); la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

Sentencia

Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.

Murillo fue acusado en Estados Unidos con delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil; violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto; gravamen equitativo y demanda constructiva.

En enero de 2023, la Corte de Distrito de los Estados Unidos (EEUU) al sur de Florida; Miami, condenó al exministro a cinco años y ocho meses de prisión.

Régimen Penitenciario informó este lunes que se garantizará el traslado de la expresidenta Jeanine Áñez; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el excívico potosino Marco Antonio Pumari para el inicio del juicio por el caso Golpe I.

“Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para garantizar que no haya dificultad al momento, porque no solo estamos hablando de Marco Pumari, desde Potosí. Estamos hablando también del penal de Miraflores que tenemos que trasladar a una audiencia presencial y de Chonchocoro también. Lo que estamos haciendo es ver todos los aspectos para que no haya ningún tipo de riesgo en ningún sentido el momento del traslado o de que se lleve (a cabo) la audiencia”, dijo Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario.

El 30 de septiembre, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz fijó la audiencia de inicio del juicio oral y presencial, del caso Golpe de Estado I, para el lunes 14 de octubre a las 09.00. Las personas juzgadas por este caso son Añez, Pumari y Camacho y altos mandos militares y policiales.

Denuncia

El caso fue abierto por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

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Limpias recordó que Marco Antonio Pumari está saliendo en Potosí a sus audiencias de manera presencial sin ningún problema y no hubo ninguna agresión o situación que amerite otro tipo de situaciones.

“Aquí en el departamento de La Paz se va a garantizar todo lo que corresponde. Lo mismo como los otros dos privados de libertad. En el caso de La Paz, de Luis Fernando Camacho estamos cerca de una hora, lo mismo del (penal de) Miraflores”.

Añadió que por responsabilidad se tiene que hacer un “estado de apreciación” de sus traslados, sin embargo, dijo que por “el momento” no se tiene ningún impedimento que no amerite el traslado de estos tres privados de libertad.

Audiencia de juicio

Reiteró que se tomarán los recaudos correspondientes con el fin de garantizar que Áñez, Pumari y Camacho estén en su audiencia presencial y puedan tener todas las garantías que necesitan de la administración penitenciaria.

El caso Golpe de Estado I tiene que ver con los hechos que derivaron en la proclamación de Áñez como presidenta, el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.

Según la denuncia, la exlegisladora llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, y representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica. Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado.

Luego que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmara la citación al jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales para que declare por los supuestos de estupro y tráfico de personas, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba no descartó una “convulsión e insurgencia” si detienen al líder cocalero.

“Lo que a suceder es grave en Bolivia. No garantizamos nada, estamos sosteniendo a las bases, (será) responsabilidad del Gobierno que haya insurgencia y convulsión. No vamos a permitir que toquen, peor que encarcelen a Evo”, advirtió Dieter Mendoza, dirigente de la Federación Bulo Bulo a Cadena A.

El cocalero indicó que “cualquier” cosa que suceda en Bolivia será responsabilidad de los jueces y fiscales; “corruptos y del Gobierno traidor”, además de los vocales de justicia que se “corrompieron”.

Fiscal

Lanchipa aseguró este lunes que Morales fue citado a declarar por una comisión de fiscales conformada desde la Fiscalía General del Estado. 

“La comisión ha dispuesto la citación de las tres personas indicadas en este caso; entre ellos el Evo Morales Ayma, para que se presenten a la oficina de la Fiscalía Departamental de Tarija el jueves 10 de octubre de este año 2024”, señaló Lanchipa.

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Luego que la Justicia anulara la orden de aprehensión contra Morales, se conoció una investigación que le sigue el Ministerio Público por una denuncia de estupro y trata de personas que data de 2019. El líder cocalero es acusado de abusar de una menor de 15 años y además tener una hija con ella.

Mendoza también denunció que se busca “cualquier” excusa para encarcelar a Morales, por lo que ya “no se cree” en la justicia que “está corrompida” y lo único que se busca es encarcelamiento.

Acusación

“Lo han acusado desde hace décadas de terroristas, de narcotraficante, corrupción, pero ¿han encontrado algo?, no y no lo van a encontrar porque es un líder que ha trabajado desde la transparencia”, justificó el dirigente.

Indicó que “ahora” se inventan este proceso, al cual lo calificó de “guerra sucia”, sin ninguna prueba. “El caso estaba cerrado, pero como hoy manipulan, como hay una injerencia en el sistema judicial buscan cualquier excusa para desprestigiarlo y tratar de encarcelarlo”.

Tras la restitución de Sandra Gutiérrez en el cargo de fiscal departamental de Tarija, el equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció este lunes que la resolución del juez Iván Córdoba es un favor al ministro de Justicia, César Siles, luego que éste haya ejercido como subprocurador en la Procuraduría General del Estado.

“Iván Córdoba ha sido subprocurador de César Siles y después de una serie de denuncias por corrupción ha sido director de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría General del Estado hasta hace poco tiempo”, denunció la abogada Cecilia Urquieta.

La jurista argumentó también que quien llevó el proceso de esta acción de libertad en favor de Gutiérrez fue el abogado Vacaflor; también exdirector de la Procuraduría en la gestión de Siles. 

Amistad

“Estas personas son muy allegadas a César Siles, son amigos de Siles; y casualmente ahora de forma irregular ha caído en este juzgado y ha salido esta resolución con justificaciones legales que desconocemos”.

El domingo, la Justicia determinó la restitución de Gutiérrez al cargo de fiscal departamental de Tarija, luego que fuera destituida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, tras emitir una orden de aprehensión contra Evo Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas.

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Uquieta también denunció que el juez Córdoba está postulando para el cargo de Fiscal General del Estado; pero además es candidato para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Está en las dos listas en este momento”.

“Esta persona con estas irregularidades, con este tipo de denuncias y que justamente ahora parecería que estaría cumpliendo algunos favores para el ministro de Justicia. Nos sorprende que justo ahora caiga en la sala (de garantías) de este señor que ha sido hasta principios de este año subprocurador o ha trabajado en la Procuraduría General del Estado”.

Fallo del juez

El domingo, el juez Córdoba justificó su decisión al considerar la destitución de “arbitraria” y que afecta la integridad personal de Gutiérrez. 

“Lo que convierte el acto en arbitrario y al ser arbitrario, entonces, consecuente con el antecedente de la presión que se habría ejercido por parte del jefe de Recursos Humanos; se convierte en un acto que afecta la integridad personal de esta ciudadana; particularmente en lo que tiene que ver con su circunstancia o aspecto psicológico vinculados con el derecho a la vida”, indicó a Unitel.