El Gobierno de Javier Milei resolvió quitarle el estatus de refugiado político en Argentina al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, debido a que dicho beneficio fue utilizado “indebidamente” como herramienta política por el expresidente Alberto Fernández.

“El Ministerio de Justicia informa que cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma. Dicho beneficio fue utilizado indebidamente como herramienta política para por el presidente Alberto Fernández, omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley N° 21.165”, señala parte del comunicado del Ministerio de Justicia de Argentina.

Morales retornó al país el 9 de noviembre de 2020 tras su abrupta salida del país después de su renuncia a la presidencia, el 11 de noviembre de 2019, tras las denuncias de un supuesto fraude electoral y asediado por las protestas de sectores afines a la oposición.

El exmandatario regresó a Bolivia después de que el MAS, con Luis Arce y David Choquehuanca, ganó las elecciones de octubre de 2020 con más del 55%.

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Morales cruzó desde Argentina, en la frontera de Villazón, acompañado por quien fue su vicepresidente Álvaro García Linera y varios de sus exministros. Hasta el límite con Bolivia, en La Quiaca, fue acompañado por el entonces presidente argentino Alberto Fernández.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto otorgó asilo a Morales y a cuatro ex ministros el 12 diciembre de 2019. Días más tarde, el expresidente empezó los trámites con los que consiguió el estatus definitivo de refugiado.

En el documento del Ministerio de Justicia de Argentina, se recuerda que Morales llegó a Argentina “tras huir” de Bolivia en 2019 luego de intentar “perpetuase en el pode mediante un fraude electoral”. “Fue recibido con privilegios injustificados, pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él, entre ellas corrupción, fraude electoral y persecución política de opositores”.

Añade que desde entonces retomó su liderazgo en la política boliviana y viajó libremente a su país, lo cual demuestra que no enfrenta “los peligros” que justificaba la protección humanitaria del refugio. Aclara que el estatus de refugio es un derecho que de ser otorgado con seriedad y “no como herramienta de conveniencia política”.

“Este Gobierno de ninguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales, terroristas o intento de dictadores. No ayudamos a quienes siembran el terror y atentan contra la democracia”.

En el reinicio del caso Masacre de Senkata, la expresidenta Jeanine Áñez planteó en audiencia poner fin el proceso, luego que el exministro de Justicia Iván Lima señalara que este juicio ordinario es por “capricho” del expresidente Evo Morales. Sin embargo, el juez David Kasa rechazó la solicitud e indicó que las declaraciones de terceras personas no son vinculantes.

“Quiero plantearles a ustedes que pongan punto final a esta tortura confesada por el exministro Iván Lima. Él ha confesado que estas audiencias inhumanas que son de doce horas, a veces más de doce horas diarias, son por presión de Evo Morales. Él ha confesado que 18 ciudadanos somos acusados por capricho y sometidos a un proceso ilegal”, dijo Áñez en audiencia.

Señaló también que el tribunal no tiene competencia para juzgar a una expresidenta y que la justicia es víctima de presión del propio Iván Lima, el procurador del Estado, el ministro de Gobierno y del fiscal general del Estado. 

“(Lima) ha confesado que hagan lo que hagan, este juicio será nulo y llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo he manifestado desde el comienzo”.

El juez Kasa también indicó, en audiencia, que las declaraciones de terceras personas que no son parte de este proceso “no son vinculantes”, ya que éstas son libres de poder expresar “lo que les parezca”.

“Por esa razón no es posible que este tribunal pueda aplicar estas circunstancias”, dijo.

El sábado, Lima señaló que el caso Senkata, por la que son procesadas Áñez y otras 17 personas, terminará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), debido a que fue llevado a juicio ordinario por un “capricho” de Morales.

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La exautoridad recordó que cuando presentó esta propuesta a la Asamblea “había los dos tercios y la voluntad de llevar adelante un juicio de responsabilidades”, pero en el escenario entró Evo Morales para “terminar de conflictuar al país con este debate sobre juicios de responsabilidades o juicio ordinario”.

“Este tema sigue en tribunales y es un tema que va a terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en algún momento, y ahí se terminará de definir la situación”, señaló Lima a la red Erbol.

El 2 de septiembre inició el juicio oral contra Áñez y 17 otras exautoridades que son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, La Paz.

Entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

El expresidente Jorge Quiroga Ramírez visitó este martes al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho en el penal de Chonchocoro, en el que hablaron de una “alternativa” política rumbo a las elecciones generales de 2025.

“De mucho tiempo que no lo veía. Es admirable su templanza, su serenidad, su entereza, en un lugar que no es fácil, considerando que era el gobernador electo de Santa Cruz y fue trasladado acá de forma torpe e ilegal… Lo que estamos hablando es de una alternativa política para salvar Bolivia del desastre del Movimiento Al Socialismo (MAS)”, indicó Quiroga a la Cadena A. 

Criticó la marcha liderada por Evo Morales que inició el 17 de septiembre y culminó en la sede de Gobierno, el cual manejaba la consigna de salvar Bolivia, sin embargo, señaló que era “para terminar de liquidar la economía que destrozó”.

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“(Cuando era presidente) él se farreo el gas, derrochó los dólares e hizo las normas ecocidas que tienen al oriente para poder respirar. El buscó quedarse en tu tercer mandato, buscó el cuarto y pulverizó a nuestra democracia boliviana”, cuestionó.

Sobre el encuentro con Camacho reiteró que habló de “un proyecto” político, sin embargo, dijo que también está hablando con “mucha” gente y que no especulará sobre esa materia.

“Yo trabajo para generar la máxima unidad opositora. Sabemos quiénes vamos a ser una alternativa opositora democrática con la máxima unidad posible, vamos a seguir trabajando en ello y cuando haya un anuncio que hacer lo haremos”.

El tablero político comienza a reconfigurarse luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmara que las elecciones generales se desarrollarán el domingo 17 de agosto de 2025, por lo que la convocatoria oficial será publicada el 19 de abril.

El gobernador de Santa Cruz cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022.

Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

Frank Campero, defensa legal de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, informó este martes que se formalizó la solicitud de mandamiento de aprehensión contra el dirigente campesino Ponciano Santos por la denuncia de acoso y violencia política. 

“En estos próximos días estaremos teniendo ya el mandamiento de aprehensión para poder ejecutar a nivel nacional contra Ponciano Santos y el asumir su defensa y presentarse ante el Ministerio Público de la ciudad de El Alto”, dijo el jurista.

Campero recordó que, bajo su lógica de agredir al Estado y al Gobierno, en la marcha desarrollada por el evismo desde Caracollo, Oruro, a la sede de Gobierno, el dirigente campesino utilizó “diferentes” adjetivos peyorativos en contra de la alcaldesa Copa.

“No solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades. Vamos a ir al juicio oral, a una imputación formal y tener una sentencia condenatoria ejecutoriada”.

Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín al expresidente Evo Morales, en una conferencia de prensa el 19 de septiembre calificó de “mujerzuela” a la alcaldesa Copa.

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“No puede impedirnos a nosotros, si bloquea o no bloquea, igual pasaremos con la marcha entonces no nos afecta en nada, incluso yo no quiero hablar de Eva Copa, esa mujerzuela no sabe lo que está haciendo en la ciudad de El Alto”, declaró Santos, entonces.

Las declaraciones de Santos surgieron a raíz de la advertencia de Copa a la marcha evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), de que no pasaría por ese municipio. Incluso señaló que “nadie va a entrar a convulsionar y matar a los alteños”.

Luego de las declaraciones del campesino, Copa le respondió “que se lave la boca” antes de hablar de ella y le dijo que “no se escapará”, aunque la marcha convocada por Evo Morales llegue a esa ciudad.

Campero también indicó que se solicitó al Ministerio Público que se declare día y hora para la declaración de Santos, oportunidad para que la alcaldesa de El Alto “formalice y ratifique” la denuncia correspondiente. 

“Se solicitó requerimientos fiscales para que a nivel nacional se establezca el domicilio y ubicarlos y pueda todo el aparado del Ministerio público citar o aprehender, para que sea conducido a la ciudad de El Alto para que preste su declaración”.

La Fiscalía de La Paz admitió la denuncia en contra del exprocurador del Estado Wilfredo Chávez por los delitos de conducta económica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

“Ha sido admitida la denuncia y va a seguir el procedimiento correspondiente. De inicio de investigación se convocará a la exautoridad para que preste su declaración respecto a la denuncia”, indicó William Alave, fiscal departamental de La Paz a Cadena A.

El exprocurador César Siles informó la semana pasada que en el periodo 2020-2023, en la gestión de Wilfredo Chávez, se incrementó el monto de recursos para contratación de abogados internos y externos.

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“Aproximadamente se destinaron 93 millones de bolivianos, de los cuales los 10 contratos que estamos denunciando de irregulares y lesivos al Estado, se ha logrado ejecutar 5,4 millones de bolivianos y comprometer casi 12 millones de bolivianos”, indicó.

Más allá del monto, dijo que esto implica que la Procuraduría no estaba cumpliendo su trabajo, sino estaba tercerizando y privatizando el trabajo en abogados externos. “Esta revisión que termina con una denuncia, sustentada en informes técnicos y legales de auditoría es solo el inicio de la punta del ovillo, porque existen otros contratos que todavía están en análisis”.

Siles señaló que por ahora son 10 contratos denunciados en el que hay una responsabilidad penal y un daño económico al Estado.

Tras la denuncia de Siles, Chávez respondió sobre las acusaciones y mostró su predisposición de presentar sus descargos ante el Ministerio Público cuando sea convocado para enfrentar las denuncias.

“Vamos a acudir al Ministerio Público con el equipo que me acompañó en la Procuraduría”.

Además, indicó que durante se gestión se siguieron prácticas estatales habituales debido a que los bufetes internacionales tienen sede en lugares donde se desarrollan los litigios.