La analista argentina Emilia Trabucco aseguró que los adjetivos en el comunicado del Ministerio de Justicia de Argentina sobre el retiro de refugio del expresidente Evo Morales en el vecino país deben “encender las alarmas”.

La administración de Argentina se expresó en un duro mensaje el miércoles.

El último párrafo señala: “Este Gobierno de ninguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales, terroristas o intento de dictadores. No ayudamos a quienes siembran terror y atentan contra la democracia”.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Trabucco indicó que llama la atención el último párrafo del comunicado por la forma en la que el gobierno argentino utiliza los adjetivos.

“Esto debería prendernos las alarmas porque esta categoría de terroristas es grave. No sé qué accionar puede ser tachado de terrorista o de intento de dictador”, dijo.

En el documento del Ministerio de Justicia de Argentina, se recuerda que Morales llegó a ese país “tras huir” de Bolivia en 2019 luego de intentar “perpetuase en el pode mediante un fraude electoral”.

Hasta el momento, la Cancillería de Bolivia no se ha manifestado al respecto.

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Los diputados opositores Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana (CC), y María René Álvarez, de Creemos, ratificaron su rechazo al proyecto de ley de redistribución de escaños remitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Asamblea Legislativa.

El miércoles, el TSE confirmó que el departamento de Santa Cruz ganó un escaño parlamentario, mientras que Chuquisaca perdió uno. De acuerdo al cálculo, Santa Cruz tendrá 29 escaños y Chuquisaca se quedará con nueve de los 10 que posee actualmente.

Al conocerse la noticia, legisladores de Chuquisaca advirtieron que no permitirán la aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda. Mientras que los de Santa Cruz aseguraron que no tienen nada qué festejar por el escaño “ganado”.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Pedrazas y Álvarez indicaron que no aprobarán el proyecto de ley, debido a que —en su criterio— los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda no son legítimos ni transparentes.

“Los chuquisaqueños no vamos a respaldar porque se trata de un censo cuestionado que no tiene legitimidad. Hasta se habla de un fraude censal”, lamentó Pedrazas.

Indicó que la posición de los parlamentarios chuquisaqueños se basa en no permitir la modificación hasta que los resultados sean legítimos. 

Por su parte, Álvarez coincidió en que, más allá de la redistribución de escaños, el problema de fondo es que el Censo se desarrolló de forma “política”. “No se podría aprobar un proyecto de ley en base a los resultados del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha cometido un fraude censal”.

La parlamentaria recordó que, en mayo de 2023, el Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE) presentó su reporte Levantamiento Estadístico Departamental, Resultados del Conteo Poblacional. Dicho informe estableció que Santa Cruz cuenta con un total de 4.000.143 habitantes.

“Si bien no tiene un resultado vinculante, ya era un reflejo de un parámetro de la cantidad de habitantes”, consideró.

En la misma línea, Pedrazas aseguró que no solo son curules, sino que, si la Asamblea aprueba la redistribución, se legitimarán los resultados.

El Censo se ha visto politizado desde 2023, cuando un sector de Santa Cruz pedía el conteo poblacional para esa gestión. Incluso, se instauró un paro de 36 días que no tuvo resultados más que violencia, ya que el Censo se desarrolló en marzo de 2024.

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El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia Lucio Gómez aclaró que no hay plazos para la “nivelación” de pasajes del transporte público; sin embrago, espera que las alcaldías presenten los estudios de costo sobre la materia.

El martes, dicha organización dio un plazo de 15 días para que, en diferentes ciudades, se logre concertar una “nivelación” de pasajes mediante el diálogo; caso contrario, convocará a un ampliado nacional para abordar el tema.

No obstante, en entrevista con La Razón Radio, Gómez aclaró que no existen plazos para el incremento. Pero, solicitó que las alcaldías que entreguen su estudio de costos con el objetivo de que los gobiernos municipales, departamentales y nacional vean que los ingresos de los choferes ya no son sustentables.

Por ello, el dirigente afirmó que es necesario hablar de la “nivelación” de tarifas debido, en su criterio, al incremento de costos de la canasta familiar y el incremento de precios de los repuestos de vehículos.

“Es una necesidad porque (los productos de) la canasta familiar subió. Los repuestos han subido exageradamente”, acotó.

Señaló que en ciudades como Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y otras ya se están estableciendo mesas de trabajo, de las cuales se esperará resultados en las próximas semanas.

A su vez, el dirigente pidió compresión a la población, ya que los transportistas no pueden ser “discriminados”, mientras los artículos de primera necesidad y otros están subiendo de precios.

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Luego del comunicado del gobierno de Argentina sobre el cese de estatus de refugiado de Evo Morales, el abogado y militante de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriel Villalba aseguró que es una “opinión” que incurre en una injerencia directa en asuntos internos del Estado boliviano.

El miércoles, el Ministerio de Justicia, del gobierno de Javier Milei, informó sobre el retiro del beneficio a Morales debido a que, en su criterio, aquel fue utilizado “indebidamente” como herramienta política por el expresidente Alberto Fernández.

Morales se refugió en Argentina el 12 de diciembre de 2019, dos días después de que asumiera el gobierno de Alberto Fernández, luego de su breve asilo en México, adonde llegó el 12 de noviembre, luego de su renuncia y su derrocamiento en Bolivia. 

En entrevista con La Razón Radio, Villalba aseguró que de trata de una injerencia directa en asuntos internos. “Cancillería, si tuviera un mínimo de dignidad, tendría que presentar los reclamos correspondientes a la delegación diplomática acreditada en Bolivia”.

Indicó que el Estado puede realizar una protesta diplomática, ya que el comunicado hace referencia a un expresidente. “Deben llamar en consulta al embajador para saber qué está pasando”.

No obstante, lamentó que hacer el reclamo es “pedirle mucho” a la Cancillería. “No lo hará y tratará de utilizar esto para el perjuicio a la imagen internacional de Evo Morales”.

En el documento del Ministerio de Justicia de Argentina, se recuerda que Morales llegó a ese país “tras huir” de Bolivia en 2019 luego de intentar “perpetuase en el pode mediante un fraude electoral”.

Hasta el momento, la Cancillería de Bolivia no se ha manifestado al respecto.

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El abogado y militante de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriel Villalba denunció una estrategia política similar a ‘lawfare’ en contra del expresidente Evo Morales con el objetivo de dañar su imagen como líder político.

La definición actual de lawfare es el «uso de acciones legales para causar problemas a un oponente». Aunque se traduce del inglés como «guerra jurídica», desde la Fundéu proponen el uso de otras expresiones, como «persecución judicial», «instrumentalización de la justicia» o «judicialización de la política».

En entrevista con La Razón Radio, Villalba afirmó que existe una judicialización de la política que busca manchar la imagen de Morales y, posteriormente, llevarlo a la cárcel. “Buscan aprehenderlo”.

“Es una articulación mediática y jurídica. Es una estrategia política parecida a lawfare”, añadió.

En su criterio, dicha estrategia es impulsada por el gobierno del presidente Luis Arce y los “pititas” (opositores tradicionales). Explicó que la maniobra se basa en instaurar un proceso judicial en contra de Morales y, de ese modo, mover el aparato mediático en desmedro de la imagen del exmandatario.

“No importa si estos procesos no avanzan”, acotó.

No obstante, aseguró que este fenómeno no ocurre solo en Bolivia y recordó los casos de la exvicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Hubo persecución a Kirchner y Lula”, recordó.

Un tribunal penal en Argentina condenó, en 2022, a Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015).

Sin embargo, la otrora vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita. Fernández negó los cargos y afirmó ser víctima del «lawfare» o guerra jurídica.

En noviembre de 2019, Lula fue liberado tras pasar 580 días en prisión y no poder participar en las elecciones presidenciales de 2018, la justicia brasileña le revocó al ahora presidente las condenas que había recibido por la llamada Operación Lava Jato.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) había sido declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero en 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó estas condenas al entender que a Lula no se le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por Sergio Moro.

En 2019, Moro fue nombrado ministro de Justicia por el ganador de los comicios de 2018, Jair Bolsonaro.