Dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos De La Paz ‘Tupac Katari’, de la facción de David Mamani, denunciaron que otro líder campesino fue agredido cerca a su domicilio por la zona de Río de Seco, de la ciudad de El Alto.

“Ha sido atentado nuestro hermano Pablo Merma que era el presidente del comité de bloqueos de las 20 provincias. Este hermano se encuentra en este momento en estado de coma, ayer (fue agredido) aproximadamente a las 07.00 a 07.30 de la noche”, denunció el dirigente campesino.

Según el dirigente, Merma se dirigía a su domicilio y cerca a su domicilio fue agredido desde atrás y lo “botaron”. “Ni a un animal no se bota, cualquier objeto a botado camino a Laja altura Franz Tamayo. Eso es lo que recuerda este hermano Pablo Merma”.

La dirigencia de los campesinos acusó al Gobierno de esta agresión, así como al dirigente Javier Alejo de la otra facción de los Tupac Katari. “Ellos son directos autores intelectuales y materiales para que ocurra esto, simplemente nuestro líder y nosotros hemos luchado por nuestras reivindicaciones”.

El lunes los campesinos también denunciaron que el dirigente David Mamani sufrió un presunto atentando en la zona de Río Seco, de El Alto.

“Ha sufrido un atentado. Tres a cuatro personas lo han agarrado y querían acallar su vida. Gracias a los hermanos que transitaban por ese lugar, han podido auxiliar. Por eso nuestro ejecutivo David Mamani se encuentra mal de salud”, dijo uno de los dirigentes en conferencia de prensa.

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Los campesinos señalaron que Mamani fue atendido por un médico particular y se puso a buen recaudo ante el temor de que se vuelva a ocasionar alguno otro daño. También apuntaron al Gobierno, debido a que son “contestatarios”.

Una facción de los campesinos afines a Mamani inició el 16 de septiembre un bloqueo de caminos, principalmente, en la ruta El Alto – Copacabana, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

Entonces también pedían que se regule el aumento de los precios de la canasta familiar y así como el reclamo de haber dividido a las organizaciones sociales.

El 25 de septiembre, esta facción realizó una marcha desde la ciudad de El Alto hacia la sede de Gobierno con el fin de recuperar su sede sindical campesino, sin embargo, tras un acuerdo con la Policías se permitió el repliegue de los marchistas.

El ministro de Justicia, César Siles, calificó este jueves de “ilegal y arbitraria” la destitución de la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, luego que denunciara la protección del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en favor de Evo Morales tras dejar sin efecto la orden de aprehensión por los delitos de estupro y tráfico de personas.

“Tenemos que mostrar nuestra indignación respecto a la apresurada, arbitraria e ilegal decisión de cese de funciones de dos fiscales y la fiscal departamental de Tarija. Lamentamos en este caso, sí, la vulneración del debido proceso”, indicó el ministro Siles.

La destitución de Gutiérrez se da luego que se emitiera una orden de aprehensión contra Morales y ésta quedara sin efecto tras la determinación de una juez de Santa Cruz. La exfiscal denunció que llegó una nota de Lanchipa en el que se la ordena que “deje este caso” y deje también sin efecto la comisión de fiscales que conformó para investigar a líder cocalero.

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“(Dijo) que quien se haría cargo de esta investigación sería la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, que es la directora general, de la Fiscalía General del Estado. Qué es lo que me dice en este instructivo, debe dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga la presente instructiva”, denunció Gutiérrez.

El ministro Siles lamentó el ejercicio de violencia contra la exautoridad e indicó que el Ministerio de Justicia tiene la potestad de reaccionar frente a “las vulneraciones a los derechos de las mujeres” y ante cualquier forma de violencia contra las mujeres y en este caso “por el inmediato superior” que es el fiscal general del Estado.

“Se están analizando las acciones a seguir respecto a esta destitución que a juicio del Ministerio de Justicia es ilegal, arbitraria y además carece del debido fundamento que quedará demostrado frente a las acciones que presentemos”.

El ministro de Justicia, Cesar Siles, pidió este jueves una investigación contra la juez que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, quien es acusado por los delitos de trata y tráfico de personas.

“Debemos mostrar nuestra indignación con lo sucedido el día de ayer, que frente a un proceso penal iniciado la pasada semana, una acción de libertad presentado en Santa Cruz (dejó sin efecto la orden de aprehensión). Estamos pidiendo una investigación seria y responsable contra la juez que dictó ese fallo y concedió la tutela y la acción de libertad”, señaló.

Además, Siles informó que la decisión de la juez fue derivada al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su respectiva revisión y sea éste quien establezca si la autoridad jurisdiccional de Santa Cruz tenía la facultad de dictaminar un caso que sucedió en Tarija y el accionante vive en Cochabamba. “Será el Tribunal Constitucional que determine la validez de este fallo, que se ha dictado en Santa Cruz. Por nuestra parte, iniciaremos a las acciones que correspondan contra esta autoridad”.

Por su parte, la jueza Lilian Moreno, en breve contacto con Unitel, indicó que hubo errores del Ministerio Público al emitir el mandamiento de aprehensión contra Morales.

“Uno de los grandes, podría decirse errores, que yo he detectado en ese mandamiento de aprehensión, es que se emitió sin el respectivo control jurisdiccional”, señaló.

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Siles expresó su indignación por el comportamiento de la Justicia y por aquellos delitos que pueden quedar en la impunidad. “Me refiero concretamente a una niña violada a sus 15 años, a sus 16 años producto de esa violación, engendró otra niña. El padre reconocido en el certificado de nacimiento (es) el señor Evo Morales”, señaló. 

Indicó que el certificado de nacimiento de la niña que cursa en el cuaderno de investigaciones “evidencia” que existe una investigación contra el líder cocalero. Dijo que el delito involucra en el momento de los hechos “a una menor de edad de 15 y 16 años que fue abusada, obligada por los padres para recibir específicos, es trata de personas”.

Mencionó que el Código Penal sanciona este delito con una pena de 15 a 20 años de privación de libertad cuando la víctima fuera niña, niño o adolescente.

De igual forma, señaló que se convocó para el próximo jueves a una sesión extraordinaria al Consejo Plurinacional Contra la Trata de Personas en el que se sugerirá la intervención en este y otros casos que involucren a niños, niñas y adolescentes en casos de trata.

“El Misterio de Justicia preside el Consejo Plurinacional Contra la Trata de Personas, eso implica generar políticas públicas para prevenir este delito, también implica generar intervenciones, reacciones inmediatas cuando se cometen este tipo de delitos”.

La autoridad también pidió a la Asamblea Legislativa tratar el Proyecto de Ley de Imprescriptibilidad a Delitos Sexuales contra Menores que fue presentado en 2022, precisamente para “que muchos hechos de esta naturaleza no queden en la impunidad por su prescripción”.

El presidente Luis Arce señaló este jueves que se pedirá al Ministerio Público que el caso de estupro y trata de personas que se le sigue a Evo Morales se declare en reserva para que no sea politizado. Indicó que se buscará que nadie quede en la impunidad, “sea quien sea”.

“Declaro a la población que el Gobierno nunca va a utilizar un caso tan delicado como este, que tiene varias implicaciones para la sociedad y la población como un tema político. Este es un tema que desde nuestro punto de vista requiere la investigación correspondiente y para la protección de la menor y la familia que están involucrados en estos temas, vamos a solicitar que esto sea declarado en reserva”, dijo el mandatario.

El miércoles se conoció sobre una orden de aprehensión contra el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que quedó sin efecto tras la determinación de una juez de Santa Cruz. En ella, se conoció que el líder cocalero es investigado por los delitos de estupro y tráfico de personas.

El polémico caso subió de nivel cuando la ahora exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció la protección del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en favor de Morales luego que se dejara sin efecto la orden de aprehensión y se la destituyera del cargo.

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El mandatario dijo que “no puede” ser que se politice este tema tan delicado y que incluso afecte la conciencia de los bolivianos. “Desde un principio hemos sido claros. Nuestro Gobierno va a cuidar la niñez, que es el mayor tesoro que tenemos, y la vamos a proteger”.

Arce cuestionó también el trabajo de los legisladores que no dan respuesta a las normas presentadas contra la niñez en la Asamblea Legislativa. “Ahora entenderán por qué enviamos (la ley de) imprescriptibilidad que teníamos hacia cualquier tipo de abuso hacia los niños y niñas”.

Indicó que “no está de acuerdo” con ese tipo de situaciones y no “puede ser” que nadie salga impune cuando hay una investigación y se encuentre la culpabilidad correspondiente “sea quien sea”. “A los niños no se toca, esa es la posición, pero no queremos que este tema se politice, ni menos sea utilizado para resolver un tema de diferencias políticas que pudiera haber. Eso no se puede resolver de esa manera”.

Además mencionó que se pedirá al Ministerio de Justicia que se apersone “a este caso” porque requiere la atención del Gobierno.

Dina Chuquimia, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó este jueves que presentó un amparo constitucional contra el presidente Luis Arce y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para que dejen sin efecto el Decreto Presidencial 5141 y pueda ser restituida al cargo de vocal del Órgano Electoral.

“En estas jornadas pasadas se ha presentado un amparo constitucional contra el presidente Luis Arce, pidiendo a la Justicia, esta vez, ya no directamente a él que resuelva la situación en la que me han colocado el pasado 4 de abril, cuando un decreto presidencial, totalmente inconstitucional me ha sustituido en mi cargo en el Tribunal Supremo Electoral”, dijo.

Chuquimia entonces delegada por el presidente Arce al TSE fue destituida por un decreto presidencial el 4 de abril y en su lugar se designó a Gustavo Ávila como nuevo delegado presidencial ante el Órgano Electoral.

Tras su destitución, el Gobierno señaló que Chuquimia asumiría otras funciones. Al respecto, Chuquimia indicó que recibió una llamada de Cancillería, pero que no asistió a ninguna reunión con esta entidad, debido a que ya había hecho llegar una queja formal al presidente Arce.

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Chuquimia reiteró que el amparo constitucional fue presentado al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, además contra el acto “de suspensión o acortamiento” de mandato constitucional. “Este decreto me ha acortado el mandato constitucional dado por la Constitución Política del Estado que es de seis años inamovible a todos los vocales del Órgano Electoral”.

“Yo desde abril pasado he ido presentado los reclamos en antecedente, lo que estaba pasando tanto el presidente del Estado como a los vocales del Tribunal Supremo Electoral”.

Indicó que el decreto es inconstitucional y que no existe la figura de sustitución que utilizó el Gobierno el 4 de abril.  “Estoy pidiendo que los vocales o jueces ordenen para que los servidores recurridos, es decir, el Presidente y la Ministra de la Presidencia, en un plazo de 48 horas, abroguen y dejen sin efecto legal el Decreto Presidencial 5141, que prácticamente ha designado al vocal Antonio Ávila. O, en su caso, el tribunal de garantías anule o deje sin efecto el decreto supremo”.