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Monday 7 Oct 2024 | Actualizado a 10:58 AM

Arce entrega ayuda humanitaria a Beni y promete reposición de daños por incendios

El primer Mandatario se reunió este sábado con el gobernador Alejandro Unzueta y alcaldes de ese departamento para evaluar los daños por las quemas.

El presidente Luis Arce entrega ayuda humanitaria en Beni.

Por Rosío Flores

/ 14 de septiembre de 2024 / 13:16

El presidente Luis Arce arribó este sábado a Trinidad, Beni, donde entregó 30 toneladas de ayuda humanitaria para las familias afectadas por los incendios forestales y anunció que el Gobierno realizará la reposición de daños causados por el fuego.

Acompañado de los ministros de Medio Ambiente, Alan Lisperguer; de Planificación, Sergio Cusicanqui; de Salud, María Renée Castro; y de Defensa, Edmundo Novillo, el jefe de Estado sostuvo una reunión con el gobernador Alejandro Unzueta y los alcaldes de esa región para evaluar la situación de ese departamento y de los municipios declarados en desastre por los incendios.

“Hemos conversado con los alcaldes y el gobernador sobre los efectos que tiene esto (incendios) sobre la población en del departamento de Beni (…) Están programas que pondremos en marcha para reponer todo lo que se dañó. Las viviendas afectadas por los incendios vamos a reponer y construir viviendas para los que se quedaron sin vivienda”, señaló el Presidente en conferencia de prensa desde el aeropuerto de Trinidad Teniente Jorge Henrich Arauz.

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Arce afirmó que se hará una evaluación para apoyar, también, al sector ganadero y productivo, entre otros.

En Beni, son ocho municipios benianos que se declararon en desastre. Entre ellos: Riberalta, Puerto Siles, San Javier, Guayará y San Ramón.

La Gobernación de Beni emitió el Decreto Departamental 13/2024 que declara una situación de desastre debido a la extrema sequía e incendios forestales que afecta a sus habitantes.

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Democracia en vilo: En 42 años, el país sufrió al menos 14 crisis políticas

La interrupción democrática de 2019 fue el hecho reciente más grave.

Policías golpean a un integrante de la VIII marcha indígena del TIPNIS en Chaparina el 25 de septiembre de 2011.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 7 de octubre de 2024 / 09:42

Desde el retorno a la democracia en 1982, hace 42 años, Bolivia vivió al menos 14 crisis que pusieron en vilo su sistema político. Tras casi dos décadas de dictaduras militares, el país recuperó la democracia con la llegada al poder de Hernán Siles Zuazo.

Sin embargo, en medio de esas crisis, hubo otros hechos políticos que tuvieron también su importancia en la situación del país.

El 10 de octubre de 1982, en un acto en el entonces Congreso Nacional, el general Guido Vildoso Calderón devolvió el poder a Siles Zuazo, ganador de las elecciones de 1980. Éste fue acompañado por el vicepresidente electo, Jaime Paz Zamora.

Si bien Siles, de Unidad Democrática y Popular (UDP), había ganado las elecciones presidenciales del 29 de junio de 1980 con el 38,7% de los votos, no pudo asumir la presidencia debido a que, días antes de su juramento, su predecesora, Lidia Gueiler, sufrió un golpe de Estado el 17 de julio de parte del general Luis García Meza.

Elecciones

Siles Zuazo no pudo asumir el cargo sino ese 10 de octubre, más de dos años después de su victoria electoral. Sin embargo, ante una grave crisis económica y la presión de la Central Obrera Boliviana (COB), decidió acortar su mandato y llamar a elecciones para el 6 de agosto de 1985.

Ganó las elecciones Víctor Paz Estenssoro, del MNR, y su política de shock ante la crisis fue la promulgación del Decreto Supremo 21060, del 29 de agosto de 1985, a las semanas de haber llagado a su cuarto mandato.

La medida supuso reformas neoliberales para estabilizar la economía. Miles de trabajadores, especialmente mineros, fueron despedidos y “relocalizados”.

Un año después, el 21 de agosto de 1986, los trabajadores iniciaron la llamada “Marcha por la Vida”, que el 28 de ese mes fue interceptada con violencia estatal en Calamarca.

Otro hecho que marcó la democracia fue la “Marcha por el Territorio y la Dignidad”, propiciada por indígenas del oriente del país entre agosto y septiembre de 1990. Fue el propio presidente de entonces, Jaime Paz Zamora, que alcanzó a los manifestantes en plena carretera para atenuar la situación de crisis.

Democracia

La Guerra del Agua, en 2000, bajo el gobierno de Hugo Banzer, surgió tras la privatización del servicio de agua en Cochabamba. Las protestas masivas obligaron al gobierno a revertir la medida, marcando un hito en la resistencia social boliviana y evidenciando el descontento con las políticas neoliberales.

Jorge Quiroga Ramírez asumió la presidencia tras la renuncia de Hugo Banzer en 2001.

En 2003, Bolivia vivió la Guerra del Gas, cuando el plan de exportar gas natural a través de Chile provocó violentas protestas que culminaron con la renuncia, el 17 de octubre, de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Carlos Mesa, entonces vicepresidente, asumió el poder, pero las tensiones sociales persistieron. En 2005, ante la creciente presión social y política, renunció; y Eduardo Rodríguez Veltzé llegó a la presidencia del país en su condición de titular de la Corte Suprema. Organizó las elecciones del 18 de diciembre de ese año, que ganó por primera vez Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Gobierno y democrcia

Aquel asumió la presidencia el 22 de enero de 2006. Sin embargo, meses después sufrió la presión política, que se decantó en 2008 con conflictos regionales y el ataque a indígenas en Sucre, que rayó en racismo. Un referéndum revocatorio reordenó la situación de polarización.

Instalada la Asamblea Constituyente, no terminó la crisis. Un episodio grave envolvió la redacción de la nueva Constitución: la represión de la Calancha, en noviembre de 2007, terminó con tres muertes.

Los desacuerdos políticos terminaron con un cabildeo en el Congreso Nacional, que permitió la redacción final de la Constitución, aprobada luego en un referéndum nacional en 2009.

En 2011, la represión en Chaparina puso en vilo la democracia y al gobierno de Morales.

Sin embargo, la crisis política se acrecentó con el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando Morales y el MAS buscaron respaldo para la modificación de la Constitución y su eventual segunda repostulación. El No ganó, pero el MAS persistió hasta lograr que el Tribunal Constitucional, a través de su Sentencia 084/2017, permitió su habilitación electoral en 2019.

Ruptura

Para entonces, el país se polarizó entre adherentes de Morales y sus detractores, que calificaban de ilegal la candidatura del líder del MAS. La situación se degeneró con la crisis poselectoral —las elecciones fueron consideradas fraudulentas— que derivó en la renuncia del mandatario el 10 de noviembre de ese año y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez el 12.

 La llegada al poder de ésta fue calificada de “golpe de Estado” por parte del MAS. Las masacres de Sacaba y Senkata, con una veintena de muertos, sellaron la grave crisis entonces.

 Las elecciones del 18 de octubre de 2020 reencauzaron la situación. Luis Arce ganó los comicios con el 55,1% de votos.

 Sin embargo, en 2022, por sus idas y venidas sobre la convocatoria al Censo de Población y Vivienda, padeció un paro violento de 30 días propiciado por la institucionalidad cruceña y el gobernador Luis Fernando Camacho.

El 26 de junio de este año, un intento de golpe militar puso otra vez en riesgo la democracia. Lideró la asonada el general Juan José Zúñiga, ahora encarcelado.

A pocos más de un año del final de su mandato, Arce sufre la presión de la crisis del MAS y de la economía. A finales de septiembre, Morales lideró una marcha cuyas demandas están en pausa.

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Un juez de Garantías instruye la restitución del cargo a favor de la exfiscal Sandra Gutiérrez

Sandra Gutiérrez acusó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de instruir la anulación de la orden de aprehensión contra Evo Morales y, además, su destitución.

La otrora fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 6 de octubre de 2024 / 13:20

El juez de Instrucción Penal anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Iván Córdova, instruyó la restitución de la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez en el cargo que ocupaba hasta la anterior semana.

La autoridad consideró que la destitución de la fiscal, firmada por el fiscal interino Mauricio Nava, fue “un acto arbitrario”, por lo que ordenó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a restituirla como fiscal departamental.

La decisión de Córdova responde a una “tutela solicitada por parte única y exclusivamente”, según citó Unitel. Por lo tanto, instruyó a Lanchipa corregir este accionar, insisto, apegado a lo que la propia ley establece, la Ley Orgánica del Ministerio Público”.

Sandra Gutiérrez

La anterior semana, en medio del escándalo de un caso de presuntos delitos de trata y estupro agravado que involucra al expresidente Evo Morales, se conoció de una orden de aprehensión contra el exmandatario, pero también, ese día, una jueza de garantías de Santa Cruz dejó sin efecto la captura.

Por su parte, Gutiérrez denunció que la anulación de la captura y su destitución fueron órdenes de Lanchipa. Ante eso, éste se defendió e indicó que la aprehensión fue anulada por “errores” en el procedimiento y que la destitución de la fiscal fue por “negligencia en su trabajo”.

Incluso, el sábado la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, aclaró que la investigación contra Morales fue abierta por el delito de trata y tráfico de personas en la ciudad de Tarija.

Sin embargo, la orden de aprehensión en su contra fue emitida por la supuesta comisión del delito de estupro. Eso, en criterio de la autoridad, motivó a la defensa jurídica del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) a presentar una acción de libertad, que finalmente fue concedida por un Tribunal de Garantías y quedó nula la orden de captura.

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¿Cómo se gestó el juicio ordinario contra Áñez? Evo Morales cuenta los detalles

Evo Morales dijo que el exministro de Justicia Iván Lima fue el único que defendió un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez.

La expresidenta Jeanine Áñez, en su audiencia de juicio oral por el caso Senkata.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 6 de octubre de 2024 / 13:11

En medio de cuestionamientos sobre la vía en que se sigue el juicio contra Jeanine Áñez, el expresidente del Estado y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, brindó detalles y develó que el único que defendió un juicio de responsabilidades para la exmandataria fue el exministro de Justicia Iván Lima.

El 19 noviembre de 2019, al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a quienes intervinieran las manifestaciones de entonces, fuerzas militares y policiales reprimieron a manifestantes de Senkata. Al final del día, 10 personas fallecieron por impactos de bala.

Por ese hecho, víctimas e instituciones del Estado abrieron un proceso contra Áñez, que promulgó el decreto, y otras autoridades gubernamentales y de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Evo Morales

La mañana de este domingo, en radio Kasachun Coca, Morales develó detalles del origen del juicio. Explicó que el caso se definió en una reunión entre el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca; la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el exministro de Justicia Iván Lima, el Pacto de Unidad y la dirigencia del MAS.

“Todos dijimos que es proceso ordinario (…). Estaban convencidos el Presidente y el Vicepresidente; solo Iván se quedó con (la idea de iniciar un) juicio de responsabilidades”, develó en su programa dominical.

Asimismo, Morales dijo que Lima lo amenazó y le advirtió: “Evo puedes tener problemas en el futuro”.

En criterio del exmandatario, Lima defiende, junto con el juicio de responsabilidades, “que no hubo golpe de Estado”, como llama el Gobierno a la proclamación de Áñez en el poder, luego de la renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019.

Así, Morales abordó las declaraciones del ahora exministro Lima, que afirmó que el juicio por la masacre de Senkata se ventila en la vía ordinaria “por un capricho d Evo Morales” y que ese caso llegará hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Jeanine Áñez

En la misma línea, el activista de derechos humanos y representante de las víctimas de la masacre de Senkata, David Inca, sostuvo que el juicio ordinario contra Áñez fue una decisión política del MAS antes de su quiebre.

“El MAS ya había definido la ruta jurídica por la cual tenía que ser procesada Áñez y sus colaboradores. Se había definido ir por un juicio ordinario”, develó en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Luego de las declaraciones de Lima, la defensa jurídica de Áñez aprovechó la ocasión para pedir que se anulen todos los procesos contra la exmandataria y otras 17 personas.

Incluso, el abogado Luis Guillén pidió que los 18 acusados ofrezcan a Lima como testigo en el juicio.

Masacre

¿Qué investiga el caso Senkata?

La masacre de Senkata es uno de los hechos luctuosos de noviembre de 2019. Entonces, militares y policías hicieron uso excesivo de la fuerza, amparados por el Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre.

El primer hecho ocurrió el 15 de ese mes, en el puente de Huayllani, Sacaba (Cochabamba). Una columna de manifestantes exigía el “respeto a la democracia”. Un contingente militar y policial apostado en ese puente usó gases y balas para reprimir a los movilizados.

El resultado fue 10 personas muertas, algunas a causa de ejecuciones extrajudiciales, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La segunda represión violenta ocurrió en El Alto, cuatro días después, el 19. Ese día, otra decena de personas perdió la vida luego de la violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía que usaron material letal.

Ambos hechos fueron calificados como masacre por el GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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‘Me siento enfurecido’ con los líderes políticos: Claure pide liberación de ‘presos políticos’

El empresario boliviano Marcelo Claure defiende los nuevos liderazgos políticos en el país y dice que es necesario un cambio de liderazgos.

El empresario Marcelo Claure en una entrevista en La Razón

/ 5 de octubre de 2024 / 20:48

El empresario boliviano Marcelo Claure reprochó la situación de los actores políticos del país, apostó por liderazgos jóvenes y reclamó por la liberación de los denominados “presos políticos”.

“Me siento enfurecido, profundamente entristecido, decepcionado e impotente al leer sobre la situación actual de nuestros líderes políticos en Bolivia, quienes están siendo acusados de pedofilia, corrupción, manipulación del sistema judicial, y de familias presidenciales acusadas de robo, entre otras cosas”, escribió el también presidente del club Bolívar en sus redes sociales.

Y añadió: “Creo que nuestro país necesita un nuevo comienzo. Un momento de reinicio, con nuevos líderes, sangre nueva. Creo que llegó la hora de liberar a los presos políticos, de abrir un diálogo sin pensar en venganzas ni revanchas”.

Marcelo Claure

Las declaraciones de Claure coinciden con el escándalo que envuelve al expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, en un caso de presuntos delitos de trata de personas y estupro agravado.

Además, la publicación del empresario surge en un fuerte debate político sobre la independencia de la Justicia, desde que los magistrados y consejeros electos en 2017 fueron favorecidos por la Declaración Constitucional 049/2023, que amplía su mandato constitucional hasta la posesión de las nuevas autoridades, que serán elegidas en urnas el 1 de diciembre.

Por otro lado, cuando Claure menciona a “presos políticos” se refiere a algunos políticos de derecha involucrados en varios casos judiciales. Por ejemplo, la expresidenta Jeanine Áñez, que se proclamó en 2019 en medio de los conflictos poselectorales que derivaron en la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales.

Política

Otro actor que se definió como preso político es el ahora gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que junto con Áñez esperan el inicio del juicio por el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la dimisión de Morales.

“Bolivia está llena de vida, de recursos, de juventud, de potencial. Tenemos todos los ingredientes para ser un país extraordinario, solo necesitamos un liderazgo adecuado. Es hora de trabajar juntos por un futuro mejor. ¡Bolivia merece un cambio real y positivo!”, reflexionó Claure.

En los últimos días, el empresario también se ofreció a “tender puentes de diálogo” entre Morales y el presidente Luis Arce, en medio de la tensión política y social por la marcha que lideró el exmandatario.

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La orden de aprehensión contra Morales señalaba un delito diferente al que se investiga

La fiscal Alejandra Rocha explicó que el proceso que involucra a Evo Morales en un caso de supuesto estupro, sigue su curso.

Morales dice que magistrados no renuncian porque buscan encubrir ‘corrupción’ del Gobierno.

/ 5 de octubre de 2024 / 18:27

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, aclaró que la investigación contra el expresidente Evo Morales fue abierta por el delito de trata y tráfico de personas en la ciudad de Tarija.

Sin embargo, la orden de aprehensión fue emitida por la supuesta comisión del delito de estupro. Eso, en criterio de la autoridad, motivó a la defensa jurídica del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) a presentar una acción de libertad, que finalmente fue concedida por un Tribunal de Garantías y quedó nula la orden de captura.

“La comisión de fiscales asignada al caso, bajo la supervisión de la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, emitió la orden de aprehensión por un delito diferente al que inicialmente se investigaba (…); éste es un hecho grave, que no debió haber ocurrido”, explicó Rocha.

Evo Morales

A pesar de las declaraciones de la funcionaria, la resolución de aprehensión firmada por la otrora directora de la Unidad de Trata y Tráfico de Tarija, Pamela Obando, además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco, describe los delitos de trata y tráfico y estupro agravado.

Una vez conocida la nulidad de la orden de aprehensión, Gutiérrez atribuyó el extremo a supuestas instrucciones del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a quien también acusó de propiciar su destitución por impulsar la captura de Morales.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Lanchipa desmintió esas declaraciones y dijo que la aprehensión se anuló debido a “errores” de procedimiento, y sobre el alejamiento de la exfiscal, sostuvo que se debe a “negligencia en su trabajo”.

Investigación

Al respecto, Rocha indicó que, al contrario, el Fiscal General dispuso la conformación de un equipo especializado para reforzar las investigaciones y corregir los errores procedimentales detectados.

“La tramitación de este proceso continúa en etapa preliminar, en ningún momento se ha detenido la investigación, tampoco se descarta la posible recalificación del delito conforme se vayan obteniendo mayores elementos probatorios dentro de este proceso penal”, explicó Rocha ante especulaciones de un supuesto “cierre” del caso.

El viernes, la misma funcionaria informó en conferencia de prensa que el caso fue declarado en reserva judicial por un lapso de 10 días, esto con el fin de precautelar los derechos de las supuestas víctimas, la madre adolescente y su hija.

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