El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz declaró culpables a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López y los sentenció a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.

En tanto, otros tres acusados también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad y uno fue absuelto de culpa. 

“Los miembros del Tribunal ingresaron a deliberar y emitieron la Resolución Sentencia N°20 /2024, declarando: culpables a Arturo Carlos Murillo Prijic por el delito Negociaciones Incompatibles con una pena privativa de libertad de ocho años, a Luis Fernando López Julio por el delito Contratos Lesivos al Estado con una pena privativa de libertad de ocho años”, señala el comunicado del Ministerio de Justicia.

Además, fueron sentenciados la exdirectora general de Asuntos Administrativos Ruth Palomeque Ríos a cinco años de privación de libertad. En tanto, el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno Sergio Zamora Bascopé recibió tres años de privación de libertad y el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions (TBS) Bryan Samuel Berkman recibió una condena de siete años.

Así también, el Ministerio de Justicia señaló que el exresponsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa Dennis Vera Rada fue absuelto de los cargos.

Los sentenciados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.

“El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, reitera su firme compromiso con la ‘Cero tolerancia a la Corrupción’ y asegura que este caso enviará un mensaje contundente contra los hechos de corrupción que ocurrieron en el gobierno de facto de Jeanine Añez, durante el último trimestre del 2019” señala la cartera de Estado.

De acuerdo con los antecedentes, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez en 2019, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

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Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.

En 2019, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.

La adquisición se hizo en tiempo récord a través de la empresa intermediaria BTS. Si bien el Ministerio Público comenzó a investigar en mayo de 2020 el ilícito, el caso fue más visible a raíz de la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos, en mayo de 2021.

En un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que involucra a Murillo y otros funcionarios del régimen de Áñez en delitos de conspiración, soborno e intento de lavado de dinero, se señala que el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno Sergio Méndez ya había comenzado con las cotizaciones con la intermediaria BTS el 16 de noviembre de 2019.

En abril de este año, un tribunal de Estados Unidos dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar ese dinero. Luego de varios recursos, presentó una tercera enmienda el 17 de febrero de 2023. Los últimos argumentos del Estado fueron presentados el 24 de marzo de 2024, señala la traducción del documento.

Ante esa información, el tribunal de Miami decidió que Murillo pague esa indemnización, que se desglosa así: $us 2.291.402,00 por daños reales; $us 443.319.42 por intereses previos al juicio devengados desde el 8 de abril de 2020 al 27 de marzo de 2024; $us 569,09 de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y $us 1.030.000 por otras fuentes relativas al litigio.

Murillo fue acusado en Estados Unidos con delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo y demanda constructiva.

En enero de 2023, la Corte de Distrito de los Estados Unidos (EEUU) al sur de Florida, Miami, condenó al exministro a cinco años y ocho meses de prisión.

Luego que el Grupo de Puebla expresara su preocupación por la campaña de “lawfare” contra Evo Morales, el Foro Madrid acusó este viernes a este grupo de políticos y académicos de doble moral y dijo que “cuando sus miembros cometen delitos son automáticamente exonerados y apoyados”.

“Tampoco es la primera vez que el Grupo de Puebla avala los crímenes del también padrino e impulsor de la llamada ‘CELAC Social’, Evo Morales. El Grupo de Pueblo también respaldó el fraude perpetrado por Morales en 2019. Avalar los crímenes de sus miembros ratifica como una organización criminal”, señala el pronunciamiento del Foro Madrid.

También indica que las graves acusaciones hechas por una fiscal boliviana en contra del líder cocalero “por pedofilia, trata y tráfico de personas deben seguir su curso legal y juicio”.

“No es la primera vez que Morales ha sido acusado de cometer estupro, pervertir a menores de edad y hasta embarazarlas. Evo Morales debe ser enjuiciado por todos los crímenes cometidos, los cuales incluyen: pedofilia, estar al frente de una red de trata y tráfico de personas, tener nexos con el narcotráfico, promover la violencia en el Perú, perpetrar un fraude electoral”.

El Foro recordó que, en 2020, el entonces viceministro de Transparencia, Guido Melgar, aseguró que Morales “era padre de una niña nacida en 2016, cuando su madre tenía 16 años”. La autoridad de entonces señaló que “la menor existe, la madre existe, y la menor tiene como padre registrado a JUAN Evo Morales Ayma” (sic).

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El miércoles, la todavía fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue apartada del cargo luego que se diera a conocer una orden de aprehensión que quedó sin efecto por la justicia contra Morales por los delitos de estupro y trata de personas.

La exautoridad denunció al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de proteger a Morales luego que le ordenara apartarse del caso y dejar sin efecto la comisión de fiscales conformada para la investigación.

El jueves, el Grupo de Puebla hizo un llamado a estar atentos a la politización de la justicia boliviana, luego que “algunas” encuestas electorales favorecen a Morales.

“A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra de Morales, algunas infundadas y otras que ya fueran resueltas judicialmente en el pasado”.

El Foro Madrid indicó que la pugna entre Luis Arce y Evo Morales, que, según el Grupo de Puebla, ha derivado en la “supuesta persecución política”, no es sino “una guerra entre mafias para tomar el control. Ninguno de los dos merece gobernar Bolivia”.

El jefe de banca del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, indicó este viernes que “varios” diputados, sectores del Pacto de Unidad y de Santa Cruz le pidieron que sea “nuevamente” presidente de la Cámara Baja.

Señaló que la designación está en manos de sus colegas y que si confían en él, “va a ir con mucho gusto” y si no, también lo entenderá.

“Eso dependerá de mis compañeros. Varios diputados han venido a pedirme que yo nuevamente sea presidente de la Cámara de Diputados. Sectores del Pacto de Unidad, de Santa Cruz lo han pedido”, dijo el diputado.

El legislador añadió que es “un soldado” del proceso de cambio y este proceso donde le mande “ahí estará”. “Siempre voy a poner mi máximo esfuerzo para hacer la máxima gestión posible, hemos hecho creo la mejor que hemos tenido durante la época que fui presidente”.

Sin especificar si eran legisladores o la población, Mercado indicó que “muchos” consideran que fue la mejor gestión a cargo de la jefatura de bancada del MAS en la Cámara de Diputados.

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“Soy persona del diálogo (y) de consenso. Soy uno de los primeros que dialogó con todos los diputados. Fui el primero que abrió la Presidencia a moros y cristianos porque eso es lo que corresponde en política, estar por encima de todo el país, poner por encima al proceso de cambio”, manifestó.

Tras las declaraciones de Mercado, la diputada por el MAS evista Gladys Quispe indicó que el jueves se tenía que llevar una reunión en la Casa Grande del Pueblo entre el presidente Luis Arce y los diputados arcistas para definir las postulaciones a las ternas, misma que no se concretó debió a que sesión de Diputados se prolongó.

“Seguramente se reprogramó la sesión y Luis Arce será quien marque la línea para decir quién va a ser su próximo presidente. Aquí no les va a hacer elegir a los arcitas… y en los próximo días Luis Arce definirá quien va a ser su presidente”.  

La gestión legislativa 2023-2024, presidida por el diputado Israel Huaytar (MAS) arcista, culminará a fin de mes, por lo que las fuerzas políticas en esa instancia legislativa bajaran nombres para la nueva directiva.

Incluso, la primera secretaria de Diputados, Rosario García (MAS), planteó el martes que la nueva cabeza de esta instancia camaral debería ser una mujer, esto debido a que los varones ocuparon el cargo en cuatro años de gestión, tanto de la Cámara Baja, como del Senado.   

“Como actual directiva, me gustaría que ocupe la Presidencia una mujer, porque han sido cuatro años de gestión de un varón. Sería oportuno que se dé oportunidad a las mujeres, también en el Senado (ojalá) sea una mujer la que pueda llevar a cabo la Presidencia”, indicó la legisladora.

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, de la Fiscalía General del Estado, informó este viernes que, en el caso por trata y tráfico de personas contra el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, se descubrió que la orden de aprehensión fue emitida por la comisión de fiscales el 26 de septiembre y desde esa fecha se ocultó la documentación por la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, entre otras irregularidades que fueron detectadas.

“Ya constituidos en la Fiscalía Departamental de Tarija, no se advirtió ninguna orden de aprehensión en el cuaderno procesal; sin embargo, la fiscal a cargo del proceso informó que una vez emitidas y firmadas en recepción por la Policía, de manera inusual, las órdenes de aprehensión fueron exigidas por la exfiscal departamental quien las retuvo desde el 26 de septiembre de 2024, es decir, desde la fecha de inicio de la investigación”, sostuvo Rocha.

En su descargo, la exfiscal Gutiérrez señaló que la denuncia ingresó como cualquier otra investigación y se le dio agilidad como se las da a otras investigaciones. “Que vengan a decir acá por qué tanta agilidad en este caso, cuando este caso ha ingresado del 26 de septiembre”.

Indicó que el caso se tuvo que declarar en reserva por la “envergadura y la complejidad” que tenía, ya que no “era contra cualquier persona”.

“Para sacar el mandamiento de aprehensión, otros dicen que es ilegal, ¿por qué no se lo ha notificado? Ya hemos tenido otro caso en 2020, cuando estaba Juan Lanchipa, ese caso en qué ha terminado. Por notificaciones, con edicto, vía cooperación y al final ese caso ha terminado en rechazo”, explicó Gutiérrez.

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Dijo que con la información que se le remitió juntamente con la denuncia “queríamos que este caso no quede más en la impunidad”. 

En tanto, Rocha indicó que también se pudo advertir que uno de los primeros indicios de irregularidad fue que no se cargaron las actividades investigativas en el Ecosistema Justicia Libre.

Reveló que otro error detectado fue que la investigación se inició por el delito de trata y tráfico; sin embargo, la orden de aprehensión fue emitida por el delito de estupro, hecho que dio lugar a que la defensa del sindicado presente una acción de libertad ante la autoridad jurisdiccional.

“La orden de aprehensión fue emitida por un delito diferente al que inicialmente se investigaba, lo que generó defectos procesales y permitió que, en una audiencia Acción de Libertad, la autoridad jurisdiccional concediera tutela, declarando la nulidad de la orden de aprehensión, este es un hecho grave, que no debió haber ocurrido”, dijo

El asambleísta potosino Reinaldo Romana informó este viernes sobre la notificación de la Justicia para el traslado del excívico Marco Antonio Pumari a la ciudad de La Paz por el denominado caso Golpe de Estado II.

El legislador departamental indicó que el Juzgado de Sentencia en lo Penal Sexto de La Paz libró el mandamiento de traslado de Pumari desde la cárcel de Cantumarca al penal de San Pedro el 14 de octubre para el inicio del juicio oral por el caso Golpe II.

“Acabamos de salir de una reunión con el señor Marco Pumari, el cual nos entrega la notificación para el traslado del 14 de este mes a la ciudad de La Paz”, señaló.

Indicó que Pumari está por cumplir tres años de reclusión en el penal de Cantumarca y el único fin para este traslado es “martirizarlo”. “Se conoce, los que están dentro de este proceso como (Luis Fernando) Camacho y Jeanine (Áñez) no entran a juicio presencial si no virtual”, dijo.

El asambleísta señaló que, con esta acción, se está vulnerando el derecho al debido proceso de Pumari, esto debido a que tiene que ser juzgado por jurisdicción y el juez natural. “Él lleva otros procesos por delitos electorales y aun así se lo va a trasladar el 14 de este mes”.

Pidió al Comité Cívico Potosinista y aquellas organizaciones que “lucharon” en 2019 a pronunciarse sobre este hecho. La autoridad departamental cuestionó a la Justicia que, en su criterio, “exonera a la pedofilia y juzga a quien luchó por la democracia”.

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El caso Golpe II se refiere a la proclamación de Áñez como presidenta transitoria del Estado, el 12 de noviembre de 2019. Dos días antes, renunciaba como mandatario Evo Morales, asfixiado por las denuncias de fraude electoral, las protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho (hoy gobernador encarcelado), un motín policial y la presión militar.

Incluso en reuniones extralegislativas que se llevaron a cabo en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB) entre representantes de la oposición, los cívicos, la Iglesia Católica y diplomáticos europeos, se barajó la opción de Áñez para la sucesión. Así, el 11 de noviembre, Morales y su vicepresidente Álvaro García partían a México, donde consiguieron asilo.

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público y validada por los tribunales en primera y segunda instancia, además del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la entonces senadora opositora Áñez se proclamó mandataria sin el quorum respectivo en la Asamblea Legislativa. Y sin respetar el reglamento de debates de la Cámara de Senadores.

En junio de 2022, la Justicia condenó con 10 años de prisión a Áñez, al encontrarla culpable en este caso. La exmandataria cumple su sentencia en el penal de Miraflores.