Horas después de que el Ministerio de Justicia de Argentina anunciara el retiro del refugio del expresidente Evo Morales, éste aclaró que ese beneficio estuvo vigente hasta noviembre de 2020 y que no lo necesitó después.

Así respondió el exmandatario boliviano al duro comunicado que el gobierno de Javier Milei emitió el miércoles, a casi cuatro años del retorno al país del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“El gobierno de Javier Milei, enemigo de los pueblos y de la integración latinoamericana, intenta distraer de la grave crisis económica a la que llevó a la Argentina con un comunicado sobre el refugio que ese hermano país me concedió desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 2020”, escribió Morales en sus redes sociales.

Refugio

El miércoles el Ministerio de Justicia argentino informó del retiro de refugio de Morales, de quien señaló que “llegó a Argentina tras huir de Bolivia en 2019 luego de intentar perpetuarse en el poder mediante un fraude electoral”.

“Dicho beneficio (NdR: el refugio) fue utilizado indebidamente como herramienta política por el presidente Alberto Fernández”, cuestionó el despacho de la administración de Milei.

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“No ayudamos a quienes siembran el terror y atentan contra la democracia”, justificó.

El 12 de noviembre de 2019, dos días de su renuncia obligada por una movilización política, un motín policial y la sugerencia de dimisión de parte de las Fuerzas Armadas, Morales llegó en condición de asilado a México.

Un mes después, el 12 de noviembre, llegó a Buenos Aires, Argentina, refugiado por el gobierno de apenas dos días de Alberto Fernández. “Tengo un agradecimiento profundo a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y al pueblo argentino por su infinita solidaridad”, dijo el exmandatario.

Retorno de Morales

Meses después, al día siguiente de la asunción de Luis Arce, que ganó las elecciones del 18 de octubre de 2020 con el 55,1% de los votos, Morales retornó a Bolivia. El 9 de noviembre de 2020 fue despedido por el mismo Fernández en La Quiaca, localidad fronteriza de Argentina.

Desde esa fecha, Morales se encuentra en Bolivia y se instaló en su estancia de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba.

El miércoles, el exmandatario desahució la medida en su contra asumida por el gobierno de Milei. “Por supuesto, desde mi retorno a Bolivia no necesité de esa protección”, escribió.

Al contrario, cuestionó una vez más al gobierno del ultraderechista. “Finalmente, cada insulto que viene de gente como Milei es solo una señal de que estamos por el camino correcto, al lado de nuestros pueblos”.

Morales fue elegido por primera vez en 2005. Asumió la presidencia de Bolivia el 22 de enero de 2006. A partir de entonces fue reelegido en distintas elecciones, hasta que fue derrocado en 2019. En su lugar, la otrora senadora Jeanine Áñez se proclamó mandataria en una Asamblea Legislativa sin quorum ni presencia del MAS, entonces la bancada de dos tercios.

El abogado y militante de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriel Villalba denunció una estrategia política similar a ‘lawfare’ en contra del expresidente Evo Morales con el objetivo de dañar su imagen como líder político.

La definición actual de lawfare es el «uso de acciones legales para causar problemas a un oponente». Aunque se traduce del inglés como «guerra jurídica», desde la Fundéu proponen el uso de otras expresiones, como «persecución judicial», «instrumentalización de la justicia» o «judicialización de la política».

En entrevista con La Razón Radio, Villalba afirmó que existe una judicialización de la política que busca manchar la imagen de Morales y, posteriormente, llevarlo a la cárcel. “Buscan aprehenderlo”.

“Es una articulación mediática y jurídica. Es una estrategia política parecida a lawfare”, añadió.

En su criterio, dicha estrategia es impulsada por el gobierno del presidente Luis Arce y los “pititas” (opositores tradicionales). Explicó que la maniobra se basa en instaurar un proceso judicial en contra de Morales y, de ese modo, mover el aparato mediático en desmedro de la imagen del exmandatario.

“No importa si estos procesos no avanzan”, acotó.

No obstante, aseguró que este fenómeno no ocurre solo en Bolivia y recordó los casos de la exvicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Hubo persecución a Kirchner y Lula”, recordó.

Un tribunal penal en Argentina condenó, en 2022, a Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015).

Sin embargo, la otrora vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita. Fernández negó los cargos y afirmó ser víctima del «lawfare» o guerra jurídica.

En noviembre de 2019, Lula fue liberado tras pasar 580 días en prisión y no poder participar en las elecciones presidenciales de 2018, la justicia brasileña le revocó al ahora presidente las condenas que había recibido por la llamada Operación Lava Jato.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) había sido declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero en 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó estas condenas al entender que a Lula no se le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por Sergio Moro.

En 2019, Moro fue nombrado ministro de Justicia por el ganador de los comicios de 2018, Jair Bolsonaro.

El exministro Carlos Romero afirmó que los seguidores del expresidente del Estado y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, en el Trópico de Cochabamba se convirtieron en “guardaespaldas” de su líder luego de conocerse una orden de aprehensión en su contra.

“Sabemos que los hermanos del Trópico se han movilizado clandestinamente, se han constituido en los celestinos, en los guardaespaldas, los protectores de la vida de Evo Morales”, dijo el exministro a la red Unitel.

Romero no reveló dónde se encuentra actualmente el exmandatario; sin embargo, la noche del miércoles, el entorno del exjefe de Estado brindó una conferencia de prensa por la conocida orden de aprehensión.

El miércoles, la ahora exfiscal de Tarija Sandra Gutiérrez develó que existe una investigación en contra de Morales por la supuesta comisión del delito de estupro y trata y tráfico de personas.

Pero la misma noche, se conoció de una acción popular presentada en Santa Cruz que permitió la anulación del apremio. Y también se supo de la destitución de Sandra Gutiérrez, por orden del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

“Evo Morales estaba secuestrado estos días en el Trópico de Cochabamba”, aseguró Romero y explicó que conocían de la investigación desde el pasado 28 de septiembre, cuando, según dijo, apareció personal militar en el Trópico cochabambino.

El caso removió la arena política en el país. Algunos miembros de la facción evista del MAS defendieron a su líder y aseguraron su inocencia, mientras que el bloque de oposición acusó a Lanchipa de favorecer a Morales por “favores políticos”.

La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles protección del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en favor de Evo Morales, luego que se emitiera una orden de aprehensión contra el líder cocalero por los delitos de estupro y tráfico de personas.

Cerca de las 21.00, se conoció de una orden de aprehensión contra el expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. La orden fue emitida por una comisión de fiscales de Tarija. Sin embargo, la exfiscal Gutiérrez aclaró que no se había ejecutado esta instrucción, porque también se dio una acción de libertad en Santa Cruz que dejó sin efecto esta orden.

“No sabemos cómo se ha filtrado, (pero) no se ha entregado absolutamente a nadie. Sin embargo, hoy, faltando una hora, se nos notifica con una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales”.

La exautoridad indicó que el delito se cometió en una de las provincias de Tarija, pero por respeto no se iba a dar más detalles de este caso, con el fin de no vulnerar derechos, ya que “existen menores de edad”.

“Para mí es una persecución y lo denuncio de como el fiscal Juan Lanchipa, que ha jurado defender la legalidad de las normas y la sociedad, pero tratándose de un exmandatario, de Juan Evo Morales, donde existe un delito de lesa humanidad que es trata y tráfico, la directora de género ha venido a deshacer esta conformación de fiscales y a parar las investigaciones que estábamos llevando adelante”, dijo la exautoridad.

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Gutiérrez indicó que llegó una nota de Lanchipa en el que indica que “deje este caso” y deje sin efecto la comisión de fiscales que la conformaba.

“(Dijo) que quien se haría cargo de esta investigación sería la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, que es la directora general, de la Fiscalía General del Estado. Qué es lo que me dice en este instructivo, debe dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga la presente instructiva”.

Explicó que dejar sin efecto esta instructiva era cancelar la comisión conformada para este caso. “Hablé con ella y me dijo que venía a hacer una revisión del caso, hable con el fiscal general y él me dijo que solo estaban haciendo a hacer un análisis. Cuando vinieron acá, empezaron a sacar a todos y dijeron: ‘nosotros estamos a cargo del caso y no se va a hacer nada’”.

Explicó que se tenía un “montón de directrices” desde la Fiscalía General y además “del mandamiento de aprehensión contra Juan Evo Morales y otras personas”. Gutiérrez indicó que se la volvió a llamar a la directora general en Razón de Genero y esta dijo que tenía órdenes específicas del “jefe”, en alusión a Lanchipa, “de no hacer nada”.

“El señor Juan Lanchipa de la forma grosera que me ha hablado a mí, indicándome: ‘te he dicho que dejes ese caso’. Yo no puedo dejar, el Ministerio Público, como va a creer entonces la sociedad, las víctimas si va a haber una intromisión por parte del jefazo”, señaló.

Asimismo, indicó que dejó de ser fiscal departamental de Tarija, sin embargo, aclaró que «nunca» renunció, pero que le llegó un memorándum de agradecimiento, firmado por el suplente del fiscal Lanchipa, ya que el titular está fuera del país.

La Justicia determinó el arraigo del dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) Juan Enrique Mamani, afín al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado.

El mandamiento fue librado el 27 de septiembre por la juez de Instrucción Penal Noveno de la ciudad de La Paz.

“Ordena a la: Dirección General de Migración el arraigo a nivel nacional de Juan Enrique Mamani Quispe. Por tenerse así ordenado, mediante resolución N 558/2024 de fecha 27/09/2024. Seguido por el Ministerio Publico”.

El dirigente intercultural acusó al Gobierno de una persecución política a los dirigentes que lo único que hacen “es luchar por su pueblo y levantar la voz”.

“Quiero decir a este Gobierno, no tengo miedo, con esta persecución y amedrentamiento a mí me fortalece porque yo no he robado al Estado, no he sido parte de este Gobierno corrupto”, dijo en una entrevista con radio Kawsachun Coca.

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Mamani también denunció la persecución contra todo el Pacto de Unidad y dirigentes que estaban encabezando el Estado Mayor del Pueblo, que marchó junto a militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista de Caracollo hacia la ciudad de La Paz, en demanda de un pliego petitorio de 16 puntos.

Entre ellos estaba el reconocimiento del congreso de Lauca Ñ de 2023, que determinó como único candidato a Morales para las elecciones generales de 2025.

“Tengo conocimiento que este Gobierno está buscando cualquier pretexto para descabezar a las organizaciones sociales y meter presos a los dirigentes sindicales”, denunció Mamani.

La denuncia contra Mamani fue interpuesta por el ejecutivo nacional de la CSIOB, Esteban Alavi, afín al presidente Luis Arce, quien es acusado de utilizar sellos y papel membretado falsificados de la organización, así como hacer pasar por dirigente nacional.

Según la denuncia, Mamani presentó una acción legal el 26 de enero de esta gestión ante la Sala Constitucional Segunda, pero esta fue rechazada por falta de acreditación legal.

También, el 15 de febrero, el dirigente evista envió una carta al presidente Luis Arce y le invitó a un evento a nombre de los interculturales, utilizando documentos falsificados.