El excívico Marco Pumari señaló este viernes que el caso Golpe I es una medida política contra aquellas personas que se movilizaron por el “fraude” electoral que se realizó en 2019. Indicó también que “todos” los juicios y procesos que se armaron “ya están con sentencia”.

Pumari, la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de exaltos mandos militares y policiales, se volverán a reunir nuevamente en el inicio del juicio oral y presencial programado para el lunes 14, a las 09.00, en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz.

El excívico indicó que la “intención” de trasladarlo se lo va a ejecutar, puesto que el Gobierno “no se hacen ningún problema”. Sin embargo, dijo también que “el tiempo para ellos está corto”.

Cambio

“Se ve claramente que va a existir un cambio de gobierno y ahí vamos a poder demostrar todas las vulneraciones de nuestros derechos hasta este momento”, dijo Pumari a Continental Potosí.

Desde sus redes sociales, también escribió que en “2020 los muy valientes tuvieron que mandar más de dos mil policías a mi pueblo para secuestrarme, porque ni orden de detención tenían contra mí, y hoy el cobarde Evo Morales escapa de su propia justicia corrupta” (sic).

Dijo que no “se escapa ni se corre” y que los muy “valientes que metieron a inocentes a la cárcel no se atreven a hacer lo mismo con un verdadero criminal que es su exjefe”.

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“Ya seremos libres porque se termina su tiempo, la verdad sale a luz porque es algo imparable. Sin revanchas ni resentimiento señores, solo con el espíritu más fuerte para cambiar nuestra Bolivia y decirles a mis secuestradores que sus acciones en contra mía fortalecen más mis convicciones”.

El excívico cumple la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca de Potosí, es acusado por la quema del Tribunal Electoral Departamental durante la crisis de noviembre de 2019.

Querella

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

El caso refiere a los hechos ocurridos en 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Dentro de este caso se encuentran Camacho, Áñez, además de exjefes militares.

Según la denuncia, la exlegisladora llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, y representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica. Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado.

Cuatro exaltos jefes militares ya fueron condenados a dos y tres años de presidio por cumplir en las cárceles de San Pedro de La Paz y Palmasola de Santa Cruz, así como los exministros de Justicia y de Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente. Ambas exautoridades recibieron una pena de dos años, bajo los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa.

En el ejercicio de su derecho a la libre determinación, el territorio indígena originario campesino de los Ayllus de Totora I de Potosí aprobó la conversión a autonomía indígena originaria campesina.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), del Órgano Electoral, supervisó el cabildo de consulta de acceso a la autonomía indígena originaria campesina mediante normas y procedimientos propios.

La comunidad de Totora I, ubicada en el municipio de Cotagaita, Potosí, fue el epicentro para dar lugar a este cabildo qué albergó a más de 500 comunarios de los Ayllus: Arasaya Grande, Manqhasaya Grande, Manqhasaya Chico y el Ayllu Kellaja Grande.

Durante este encuentro, las autoridades dieron lectura a su convocatoria y el orden del día, a tiempo de dar la bienvenida a la comisión del Órgano Electoral que informó sobre su función de supervisión al cumplimiento de las normas y procedimientos propios en el cabildo en el marco del Reglamento para la Supervisión al Proceso de Autonomías Indígena Originario Campesinas.

Ayllus

Los cuatro ayllus se reunieron por separado y bajo la conducción de sus kurakas discutieron la pregunta correspondiente de la jornada ¿Estás de acuerdo o no, que los ayllus de Totora I se constituyan en Autonomía Indígena Originaria Campesina? Cada ayllu debía lograr una resolución por consenso o por mayoría de las comunidades que la conforman.

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Tras la reunión interna, el kuraka de cada ayllu informó en la plenaria la decisión que se tomó en cada uno de ellos, donde aceptaron acceder a la autonomía indígena concluyendo sus reuniones con la firma del acta por cada uno de los comunarios y las autoridades correspondientes.

En la plenaria se realizó nuevamente la pregunta para acceder a la autonomía indígena y la respuesta de las comunidades que conforman los cuatro ayllus de Totora I fue un contundente “Sí”.

Norma

La Ley 026 del Régimen Electoral establece que “en el marco de la democracia intercultural, las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercen sus derechos políticos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, en una relación de complementariedad con otras formas de democracia”.

Añade que “las instituciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos forman parte del Estado Plurinacional, por lo que se reconocen sus autoridades y sus normas y procedimientos mediante los que ejercen su derecho al autogobierno”.

El proceso fue registrado en un material audiovisual del Órgano Electoral que servirá para la elaboración del informe técnico que deberá ser presentado a sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La comisión Técnica responsable del proceso de supervisión deberá elaborar el informe de actuación en campo en un plazo no mayor a los cinco días hábiles.

Una reciente investigación de Oxfam Bolivia, titulada “A Fuego y Mercurio. Crisis Ecológica y Desigualdades en Bolivia”, reveló que la gobernanza ambiental en Bolivia enfrenta serias limitaciones a pesar de contar con un marco legal que reconoce los derechos de la naturaleza y promueve el Vivir Bien.

El estudio señaló que, en la práctica, “la aplicación de estas leyes es débil, y actores clave de sectores extractivos como la minería y el agronegocio operan con pocas restricciones”.

Añadió que la influencia económica de estos sectores permite que continúen sus actividades, muchas veces al margen de las normativas, contribuyendo a la deforestación y a la contaminación.

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“Este estudio nos invita a reflexionar sobre cómo el modelo de desarrollo basado en una economía extractivista no solo ha perpetuado, sino también ampliado las desigualdades y vulnerabilidades. Nos preguntamos cómo, y en qué medida, las formas de producción y explotación, tanto legales como ilegales, están generando una crisis ecológica mientras profundizan las brechas de inequidad”, explica Lourdes Montero Justiniano, directora país de Oxfam en Bolivia.

El informe también resaltó la necesidad “urgente” de fortalecer las instituciones encargadas de la protección ambiental y de aplicar de manera efectiva las leyes que regulan el uso de los recursos naturales. “Sin una acción decidida por parte del Estado, los daños ambientales continuarán afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables del país”.

Tal como estaba programado, la Comisión Mixta de justicia Plural recibió la tarde de este viernes las preguntas de las universidades públicas y otras instituciones para el proceso del examen oral de los postulantes al cargo del Fiscal General del Estado.

“Hemos terminado la recepción de los sobres tanto de preguntas y respuesta de algunas universidades que han podido presentar en este momento. Con esto estaríamos terminando la etapa de recepción. Vamos a dar cuarto intermedio hasta mañana a las 08.00 para empezar con el tema del examen oral”, dijo el presidente de esa comisión, senador Roberto Padilla.

En esta etapa, 41 postulantes están habilitados para presentar el examen oral y exponer su plan de trabajo. De estos, se clasificarán un mínimo de 5 y un máximo de 10 candidatos.

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Esta etapa es la última del proceso de selección de postulantes para este cargo. La siguiente fase se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre, donde se aprobará el informe final de todas las etapas de trabajo de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el cual será presentado a la Asamblea Legislativa.

Padilla también explicó que, en caso de haber más de 10 postulantes con un puntaje de 130, se tomará en cuenta a los mejores calificados.

La Asamblea Legislativa debe designar y posesionar al reemplazante del actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, hasta el 23 de octubre.

La expresidenta transitoria Jeanine Áñez denunció este viernes que tras ser “martirizada” por el acoso judicial, ahora se suma el trato desigual que recibe en la cárcel de Miraflores, debido a que le restringen sus visitas y estás son limitadas, a más de tres años de encierro.

“Soy enemiga de la victimización, pero debo admitir que soy objeto de una afrenta oprobiosa de muchos frentes… Desde el frente judicial, con mis derechos limitados desde este encierro injusto, martirizada por el acoso judicial al que llamo tortura blanca; obligándome a participar de audiencias ilegales y agotadoras de 10 a 12 horas; diseñadas de manera malintencionada para desgastarme o quebrar mi salud emocional”, denunció la exautoridad. 

Permiso

La exmandataria lamentó también que hacer ingresar una visita que no apellide Áñez; “es un trámite difícil y engorroso”, pero, además, “como mujer” no le permiten “muchas” cosas en la cárcel que “sí son permitidas a los hombres”.

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“Vuelvo a preguntarme: ¿Por qué hay tanta disparidad en el tratamiento entre hombres y mujeres? Resulta hipócrita que a pesar del avance del feminismo sigamos viendo un trato desigual, pero a pesar de la desigualdad demostramos resiliencia y valentía”, escribió desde sus redes sociales.

También denunció que tener una visita del ámbito político es una misión “compleja”. “No es que la clase política esté compitiendo por venir a visitarme. Pero alguna vez que he solicitado el ingreso de un personaje conocido esa solicitud no merece ni siquiera una respuesta”.

En pasados días, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido preventivo en el penal de Chonchocoro de La Paz, recibió la visita de actores políticos opositores, entre ellos, Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

Sentencia a Áñez

La exmandataria cumple una pena de 10 años de cárcel en el penal de Miraflores por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Además, tiene cuatro procesos que se ventilan en la justicia ordinaria, entre ellos, el Caso Golpe I, que está programado para el inicio del juicio oral el 14 de octubre. También se desarrolla de manera virtual el juicio oral del caso Masacre de Senkata. A esas acusaciones se suman los casos Masacre de Sacaba y Designación en EBA.