El embajador de México en Bolivia, Eduardo Sosa, develó que el presidente Luis Arce era un invitado “de primer orden”, por la cercanía ideológica, a la investidura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

El mandatario boliviano no asiste a la posesión de la sucesora de Andrés Manuel López Obrador debido a que asumió el mando de las gestiones ante la cooperación internacional por la declaratoria de desastre nacional, producto de los incendios forestales en la Chiquitania. En su lugar asiste al acto la canciller Celinda Sosa.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el embajador Sosa lamentó la ausencia del presidente Arce en el acto de posesión de la primera presidenta mujer del México. “Él era un invitado de primer orden, pero la situación de emergencia impidió su asistencia. Era parte del grupo selecto por cercanía ideológica”. 

“Su visita estaba programada hace meses atrás y ya teníamos la confirmación, pero esta situación de emergencia (se presentó)”, añadió.

El lunes, el Gobierno se reunió con representantes del cuerpo diplomático para explicar la magnitud de la situación. Sosa contó que, en dicho encuentro, Arce le pidió transmitir las disculpas correspondientes a los refrendantes de su país.

“Ayer, Arce tuvo palabras, en particular, hacia mí para disculparse. Me pidió transmitir las disculpas”, indicó.

México está preparado para recibir, este martes, a su primera presidenta en los 200 años de independencia del país latinoamericano, una mujer de izquierda, científica y con una larga trayectoria política.

“Estamos convencidos de que lo siente mucho, pero se entiende”, aseveró Eduardo Sosa.

A la ceremonia, Sheinbaum invitó a los principales líderes izquierdistas latinoamericanos, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric, entre otros.

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En medio de la tragedia ambiental por los incendios forestales en el oriente, el director ejecutivo de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, sugirió un ajuste estructural en el marco normativo ambiental que pase por un endurecimiento de sanciones a personas que causen incendios en zonas boscosas.

El lunes, el Gobierno informó que, hasta el 22 de septiembre de esta gestión, el fuego que azota al oriente boliviano consumió a casi 7 millones de hectáreas. El departamento más afectado es Santa Cruz, particularmente, la región de la Chiquitania y la frontera con Brasil.

En entrevista con La Razón Radio, Chumacero afirmó que, en primera instancia, se debe cambiar la normativa con respecto al uso de fuego, endurecer las sanciones y abrogar el paquete de “leyes incendiarias”.

Indicó que, además, se debe identificar a los responsables que causan los incendios y aplicar sanciones. “Tiene que haber un cambio radical en las políticas y se deben prohibir los incendios”.

Respecto al origen del fuego, afirmó que el fenómeno está vinculado a la ampliación de la frontera agrícola y ganadera debido a que los cultivos de soya han incrementado en los últimos años que se han registrado más incendios.

“Hay una correlación directa”, aseguró.

Consultado sobre los puntos donde se han identificado más incendios, aseguró que, según estudios de la Fundación Tierra, un 35% están en zonas de medianas y grandes industrias; 30%, en tierras fiscales; y un 15, en zonas de comunidades indígenas.

Hace cuatro meses, el oriente del país está ardiendo en llamas por incendios provocados. Los bomberos y comunarios han trabajado en la mitigación de fuego; no obstante, los esfuerzos no han sido suficientes. Por ello, el Gobierno ha declarado desastre nacional, a través de un decreto supremo.

Los incendios forestales siguen activos en 17 municipios de Santa Cruz. Entre los más afectados están Concepción, San Ignacio de Velasco, San Rafael y Ascensión de Guarayos.

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El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, espera que, bajo consenso, la Asamblea Legislativa elija al postulante más “idóneo, con trayectoria intachable y que garantice su independencia política”, como Fiscal General del Estado.

En medio de las tres fuerzas políticas con representación legislativa implosionadas, los parlamentarios tuvieron dificultades para aprobar proyectos de ley y créditos. No obstante, Urquidi garantizó que su bancada hará lo posible para consensuar la designación del Fiscal.

“Por supuesto, desde CC, creemos que debemos agotar todos los mecanismos para construir un consenso y permitir que, hasta finales de octubre, tengamos una nueva autoridad titular en la Fiscalía General”, aseguró en entrevista con La Razón Radio.

La Comisión Mixta de Justicia Plural está desarrollando las tareas del cronograma. Este martes comenzó la evaluación de méritos de los postulantes.

El senador Roberto Padilla informó que están habilitados 42 postulantes para la fase de evaluación de méritos. De los 72 postulantes que presentaron su documentación, 33 varones y nueve mujeres continúan en carrera y 34 fueron inhabilitados.

Al respecto, Urquidi informó que, este martes, la Comisión Mixta de Justicia Plural se reunirá para continuar con la fase de evaluación de méritos. “Hay 42 postulantes que han entrado en esta fase y hay que comenzar a revisar la documentación”.

El 23 de octubre, el actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, concluirá su gestión, por lo que la Asamblea pretende designar a una nueva máxima autoridad del Ministerio Público antes de esa fecha.

En caso de no hacerlo, por reglamento y prelación, el fiscal departamental de Chuquisaca asumirá el rol de Fiscal General.

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Pese a que todavía no hay convocatoria a plenaria para tratar dos créditos contra incendios, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, informó que su alianza analizará, entre este martes y el miércoles, los proyectos de ley en comisiones y comités.

El lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, informó que los proyectos de ley de créditos para combatir incendios forestales recién fueron remitidos en horas de la tarde.

La mañana del lunes, a través del Decreto Supremo 5235, el Gobierno declaró desastre nacional por los incendios y exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar dos proyectos de créditos por $us 325 millones para atender la situación ambiental.

Son $us 75 millones, provenientes de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y, el otro, de $us 250 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En entrevista con La Razón Radio, Urquidi afirmó que su bancada está trabajando en las gestiones y los mecanismos para conocer el detalle de los proyectos y su alcance, y, posteriormente, asumir una posición tomando en cuenta el contexto de la urgencia.

“Espero que podamos generar su tratamiento de la manera más rápida”, añadió.

No obstante, reclamó que los dos créditos contra incendios llegaron a la Cámara Baja después de la declaratoria de desastre nacional. “El presidente Arce miente cuando manifiesta que esos créditos estaban en la Asamblea, cuando el 30 de septiembre recién mandó los proyectos”.

“Esos proyectos recién ingresaron ayer”, insistió.

Consultado sobre una convocatoria camaral para abordar los proyectos de ley, afirmó que, hasta el momento, Huaytari no ha convocado a los parlamentarios de las tres fuerzas políticas. “No hay convocatoria ni orden del día”. 

Entretanto, los proyectos serán remitidos a una comisión que deberá realizar la evaluación. Sin embargo, debido a la importancia y la declaratoria de desastre nacional, Huaytari explicó que se podría priorizar su tratamiento mediante la dispensación de trámites.

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En medio del debate por la reelección presidencial indefinida, el exprocurador Wilfredo Chávez aclaró que el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que los presidentes no pueden reelegirse indefinidamente solo cuando se trata de forma continua.

“El alegato sobre la reelección solo se refiere a la reelección indefinida cuando es continua. La CIDH es clara. Nunca se refirió a la forma de ser elegido de manera discontinua; se refiere a la continuidad”, detalló en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Chávez recordó que la Constitución establece, “con precisión”, que los presidentes en ejercicio tienen derecho a una sola reelección de manera continua.

El artículo 168 de la Constitución dice: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

Aclaro que, para la CIDH, la continuidad en el poder no es un derecho humano. “Todos estamos de acuerdo, pero no dice nada sobre la discontinuidad”. “Yo me amparo en este informe”, justificó.

Explicó que el punto 36 del pronunciamiento de la CIDH indica que la prohibición se hace a quien está en el cargo de presidente. “Evo Morales no está en ejercicio. La regla de la Corte es que no hay relección indefinida de manera continua”.

Por ello, aseveró que no hay ningún impedimento constitucional para que Evo Morales sea candidato en las elecciones generales de 2025.

El domingo, Morales ratificó, en su programa en radio Kawsachun Coca, que está habilitado para participar en las elecciones generales de 2025, pese al pronunciamiento de CIDH que, según el Gobierno, inhabilita definitivamente al exmandatario.

La semana pasada, se conoció que la CIDH “tomó nota” de la Sentencia Constitucional 1010/2023, emitida en el país, y la Opinión Consultiva 28/21, de la Corte-IDH.

Ambas se centran en el tema de la reelección presidencial; la opinión consultiva concluye en que no es un derecho humano que esté protegido y se prohíbe su práctica con el fin de que una persona no se perpetúe en el poder.

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