El Gobierno, a través de un decreto supremo, amplío en Bs 2.500 millones el fideicomiso del crédito SIBolivia para empresas exportadoras, naturales o jurídicas, destinados a apoyar e impulsar las exportaciones de la producción nacional.

La información fue brindada por el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

“Se ha aprobado un decreto supremo que amplía la finalidad del crédito del fideicomiso que establecía el crédito SIBolivia, que ahora va a tener un fondo de Bs 2.500 millones destinados a apoyar e impulsar las exportaciones de producción nacional, financiando recursos para el capital de operaciones a empresas exportadores, naturales o jurídicas”, indicó la autoridad.

Exportadores

Asimismo, explicó que esos recursos estás destinados a empresas nacionales privadas y estatales, previa presentación de contratos de venta o de exportación.

Huanca calificó la medida de “histórica”, pues el interés al que accederán los productores exportadores es de 3,5% anual.

“Invitamos al sector productivo nacional exportador a acceder y utilizar estos recursos que estamos disponiendo a través del SIBolivia y este fideicomiso, e incrementar las exportaciones, de tal manera que las divisas generadas retornen en beneficio del sector productivo del país”, mencionó.

Esa ampliación, según explicó el ministro Huanca, es uno de los acuerdos del diálogo entre el Gobierno y el sector empresarial privado, con el finde paliar la crisis por la escasez de dólares en el mercado nacional.

Créditos

En marzo de este año, el Gobierno también hizo una ampliación de Bs 1.350 millones, aunque estaba destinados a productores de materia prima para biodiésel.

El crédito SIBolivia fue creado mediante Decreto Supremo 4424, el 17 de diciembre de 2020. El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y el Banco Unión canalizan el crédito a una tasa de interés anual fija del 0,5%; una de las más bajas del mercado para la elaboración de materias primas, insumos y/o manufacturas que sustituyan importaciones.

Inició sus operaciones con un capital de Bs 911 millones y se incrementó a Bs 2.393 millones, de los cuales, a la fecha, desembolsó más de $us 1.611 millones.

La Cámara de Diputados fue convocada a sesión plenaria para el jueves 3 de octubre a las 10.00. En el orden del día hay seis puntos y no incluye los créditos, cuya aprobación fue exigida por el Gobierno para la atención de incendios en el país.

Aparte de la tradicional “correspondencia” y los “asuntos en mesa”, está previsto el debate por límites departamentales en Chuquisaca, la declaración de patrimonio de una danza folklórica, la transferencia de una propiedad de la Alcaldía de El Alto a la Policía Boliviana y una declaratoria de patrimonio cultural de una iglesia colonial en Oruro.

La convocatoria se publicó en las redes sociales de ese órgano camaral.

Cámara de Diputados

El lunes, cuando el presidente Luis Arce declaró, a través del Decreto Supremo 5235, desastre nacional por incendios, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de dos créditos, por un monto de $us 325 millones, para reforzar la lucha contra el fuego que arrasa varias regiones en el oriente del país.

Se trata de un crédito de $us 75 millones, proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), y otro, de $us 250 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El mandatario explicó que esos recursos se invertirán en la contratación de más aviones —que “están siendo efectivos en la lucha contra incendios”—, cajas guardián, también para adaptar un helicóptero para ambulancia, aumentar las atenciones en salud, la reconstrucción de viviendas dañadas y movilizar tropas, por ejemplo, de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas para el combate contra los incendios.

Créditos

Tampoco está en la agenda de Diputados el debate por la abrogación de la Ley 741 (de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias), considerada una de las normas “incendiarias” y que fue derivada por Senadores para su sanción.

El debate sobre los incendios creció en los últimos días, pues algunos sectores consideraron que la declaratoria de desastre nacional es “tardía”, pues fue asumida luego de que el fuego consumió más de 7 millones de hectáreas.

Incluso, el Gobierno declaró el 11 de septiembre una pausa ambiental para frenar las quemas que causaron los devastadores incendios que afectan, principalmente, a los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, informó este miércoles que el proyecto de ley de redistribución escaños parlamentarios se establece que el departamento de Chuquisaca perderá un diputado plurinominal y Santa Cruz ganará otro.

El vocal respondió así a la consulta de una periodista en el acto de presentación de la boleta electoral para las elecciones judiciales que se celebrarán el 1 de diciembre.

El TSE alista el proyecto de ley para su presentación a la Asamblea Legislativa. El documento tiene base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.

De acuerdo con las cifras de población conocidas el 29 de agosto, Chuquisaca cuenta con 600.132 habitantes, que implica un crecimiento de apenas 3,2% respecto del Censo de 2012. En el extremo superior, Santa Cruz tiene 3.115.386, un incremento de 17,2%.

«Un departamento gana un escaño, es el departamento de Santa Cruz y sería el departamento de Chuquisaca que perdería un escaño», dijo Vargas.

El vocal basó su respuesta en el informe de una comisión técnica que fue aprobada por la Sala Plena del TSE.

Asimismo, indicó que el proyecto de ley de redistribución de escaños parlamentarios será entregado a la Asamblea Legislativa en el transcurso de este miércoles.

Con esa nueva distribución, los departamentos de La Paz y Santa Cruz tendrán la mayor representatividad legislativa, con 29 diputados cada uno. Cochabamba mantendrá sus 19 escaños; Potosí ocho, Chuquisaca quedará con cinco, al igual que Oruro y Tarija. Beni tendrá cuatro y Pando uno.

Según los datos del Instituto nacional de Estadística (INE), Bolivia tiene 11.312.620 habitantes y que el departamento con más crecimiento poblacional fue Santa Cruz.

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa concluyó la fase de evaluación de méritos de los postulantes a Fiscal General del Estado.

“Teníamos plazo hasta el día jueves, y ahora corresponden los recursos de revisión (que deben ser presentados entre el viernes y sábado) y, luego, a partir del día domingo hasta el miércoles, vamos a tener la etapa de la resolución de los recursos de revisión», dijo en conferencia de prensa el presidente de esa comisión, Roberto Padilla.

El senador del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) resaltó que los 42 postulantes que llegaron a esta instancia lograron puntajes que habilita su participación en la fase de exámenes orales.

Comisión

“Ahora, nos corresponde que nos presenten recursos de revisión los postulantes que hemos calificado y después de eso a partir del día domingo hasta el día miércoles vamos a tener la etapa de resolución”, explicó.

La evaluación de méritos tuvo una puntuación máxima de 120.

Ante la consulta, indicó que uno de los aspirantes con mejor puntuación es el actual fiscal departamental de La Paz, William Alave, con una calificación de 113 puntos. Otro de los postulantes que destacó en esta fase es el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Olvis Egüez Oliva, quien obtuvo 108 sobre 120 puntos.}

Méritos

Padilla indicó que una de las observaciones más recurrentes es relativa al requisito específico de ocho años de experiencia profesional, pero “muchos asambleístas también han interpretado de otra manera, entonces por ese motivo siempre es bueno tener reuniones internas”.

La Comisión Mixta de Justicia Plural debe remitir a la Asamblea Legislativa el informe con los postulantes que llegaron al final de la preselección, hasta el 17 de octubre.

Luego, ese órgano deberá designar y posesionar a la máxima autoridad del Ministerio Público hasta el 23 de octubre de este año, día en que terminará su mandato de seis años el fiscal general Juan Lanchipa.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, abrió la posibilidad de que el expresidente Evo Morales sea citado a declarar por el caso del golpe de Estado “fallido” del 26 de junio.

“Tenemos que ver la necesidad, si nos corresponde para la investigación, y la pertinencia en función a la actuación que hubiera tenido dentro de este aspecto; eso lo tiene que evaluar la comisión de fiscales para ver la posibilidad si se convoca o no (a Morales)”, indicó.

De esa manera respondió a la pregunta de una periodista.

Según afirmó Alave, se espera un informe de la comisión policial que “sustente” la posible convocatoria.

Además, el fiscal no descartó la posibilidad de incluir en el llamado al exministro Juan Ramón Quintana. “Se está evaluando aquello (las posibles citaciones) con los fiscales; en la semana nos vamos a reunir a efectos de ver qué otras actividades podemos agotar e ingresar al aspecto que sería realizar una acusación o una acusación conclusiva”, añadió.

Golpe de Estado «fallido»

¿Por qué suena el nombre del expresidente en ese caso? El 26 de junio, antes que el excomandante del Ejército y exgeneral Juan José Zúñiga ingrese a la plaza Murillo con militares fuertemente armados y vehículos blindados, el exmandatario advirtió de “movimientos irregulares”.

Entonces, en un primer mensaje en su cuenta de X, a las 13.00, publicó: «Desde hace una hora, comandantes de divisiones, instruyen a comandantes de regimientos a retornar inmediatamente a sus cuarteles para esperar nuevas disposiciones (acuartelamiento). Esto levanta muchas sospechas del movimiento militar en Bolivia».

Entonces, atribuyó la información a “militares leales y patriotas”. Aseguró que “se gesta el golpe de Estado”, y dio detalles de que ese día “convocaron a las 15.00 a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate».

Evo Morales

Incluso, en otro mensaje, convocó a las bases del Movimiento Al Socialismo (MAS), organizaciones sociales y a la población a “defender la democracia”.

Por esas publicaciones, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, fue la primera en pedir que se convoque a Morales por la asonada militar. “Él (Morales) ha sido el primero que ha sacado el Twitter de que decía que había movimientos irregulares”, dijo en un acto el 2 de julio.

“Queremos que se aclare este tema, queremos saber la verdad; tiene que ir a declarar, él nos tiene que decir quién le ha llamado, cómo sabía que estas cosas estaban pasando”, insistió.

El Gobierno calificó de golpe de Estado “fallido” al intento de Zúñiga de ingresar al Palacio de Gobierno. El presidente Luis Arce lo increpó en la puerta de ese edificio y le ordenó retirar al personal movilizado; éste se insubordinó.

Militares

Inmediatamente, el mandatario cambió al Alto Mando Militar y la primera instrucción fue ordenar el repliegue de los militares y los vehículos de asalto.

Hasta el último reporte del Ministerio de Gobierno, existen 100 personas investigadas y al menos 26 con medidas cautelares.

Por ese hecho, el 1 de agosto, un tribunal militar decidió la baja definitiva de cinco generales de las Fuerzas Armada por su participación en la asonada golpista del 26 de junio.

La baja fue dictada contra los ahora exgenerales Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército; Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Juan Mario Ponce Sandi, que pertenecía al grupo de inteligencia de Zúñiga; Franz Ordóñez Menacho y el almirante Juan Arnez, excomandante de la Armada Boliviana.