El abogado Aldo Michel afirmó que el exministro de Justicia Iván Lima hace declaraciones en desmedro de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba debido a que, en su criterio, está “presionado” por su “pacto con los promotores del golpe” de 2019.

El domingo, Lima calificó el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez por la masacre de Senkata como un “capricho” del expresidente Evo Morales y sugirió que el caso podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“El exministro Lima hace declaraciones presionado por los pactos y compromisos con los promotores del golpe de 2019”, dijo Michel en entrevista con La Razón Radio.

Denunció que, hace dos años, Lima propuso un juicio de responsabilidades por la vía de privilegio para Jeanine Áñez y “sus cómplices”. Además, se planteaba la posibilidad de que se defienda en libertad.

“Nosotros denunciamos una acción inconstitucional que denotaba protección para los promotores del golpe. Condición que la tumbamos e impusimos juzgar a Añez por la vía ordinaria y penal”, detalló el jurista.

En su criterio, la exautoridad, en este momento, tiene la “voz embargada”, dado que se encuentra en una posición marginal. “Él está fuera del escenario de procedimiento judicial y penal”.

“Estas declaraciones temerarias tienen que ver con una accionar político y marginal. Está fagocitado (absorbido) por su inconducta porque desde el Ministerio de Justicia promovió la impunidad”, insistió.

A raíz de las declaraciones de Lima respecto del caso Senkata, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) pidió anular los juicios contra Áñez y, al contrario, procesar a Morales y otros.

“La confesión de Iván Lima evidencia que los procesos que le siguen a la expresidenta Jeanine Añez son producto de un complot, carecen de fundamento y son simple persecución política”, escribió en su cuenta de X.

Sin embrago, el 2 de septiembre comenzó el juicio oral contra Áñez y 17 otras exautoridades que son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, La Paz.

Entonces, 10 personas fallecieron, todas por impacto de bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

Michel aseguró que, en dicho caso, se está procesando a Áñez con una acusación formal sobre los delitos de masacre y genocidio. “No cabe ninguna acción. Así Lima ofrezca una declaración, no tiene asidero y no encaja en el procedimiento”.

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El embajador de México en Bolivia, Eduardo Sosa, develó que el presidente Luis Arce era un invitado “de primer orden”, por la cercanía ideológica, a la investidura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

El mandatario boliviano no asiste a la posesión de la sucesora de Andrés Manuel López Obrador debido a que asumió el mando de las gestiones ante la cooperación internacional por la declaratoria de desastre nacional, producto de los incendios forestales en la Chiquitania. En su lugar asiste al acto la canciller Celinda Sosa.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el embajador Sosa lamentó la ausencia del presidente Arce en el acto de posesión de la primera presidenta mujer del México. “Él era un invitado de primer orden, pero la situación de emergencia impidió su asistencia. Era parte del grupo selecto por cercanía ideológica”. 

“Su visita estaba programada hace meses atrás y ya teníamos la confirmación, pero esta situación de emergencia (se presentó)”, añadió.

El lunes, el Gobierno se reunió con representantes del cuerpo diplomático para explicar la magnitud de la situación. Sosa contó que, en dicho encuentro, Arce le pidió transmitir las disculpas correspondientes a los refrendantes de su país.

“Ayer, Arce tuvo palabras, en particular, hacia mí para disculparse. Me pidió transmitir las disculpas”, indicó.

México está preparado para recibir, este martes, a su primera presidenta en los 200 años de independencia del país latinoamericano, una mujer de izquierda, científica y con una larga trayectoria política.

“Estamos convencidos de que lo siente mucho, pero se entiende”, aseveró Eduardo Sosa.

A la ceremonia, Sheinbaum invitó a los principales líderes izquierdistas latinoamericanos, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric, entre otros.

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En medio de la tragedia ambiental por los incendios forestales en el oriente, el director ejecutivo de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, sugirió un ajuste estructural en el marco normativo ambiental que pase por un endurecimiento de sanciones a personas que causen incendios en zonas boscosas.

El lunes, el Gobierno informó que, hasta el 22 de septiembre de esta gestión, el fuego que azota al oriente boliviano consumió a casi 7 millones de hectáreas. El departamento más afectado es Santa Cruz, particularmente, la región de la Chiquitania y la frontera con Brasil.

En entrevista con La Razón Radio, Chumacero afirmó que, en primera instancia, se debe cambiar la normativa con respecto al uso de fuego, endurecer las sanciones y abrogar el paquete de “leyes incendiarias”.

Indicó que, además, se debe identificar a los responsables que causan los incendios y aplicar sanciones. “Tiene que haber un cambio radical en las políticas y se deben prohibir los incendios”.

Respecto al origen del fuego, afirmó que el fenómeno está vinculado a la ampliación de la frontera agrícola y ganadera debido a que los cultivos de soya han incrementado en los últimos años que se han registrado más incendios.

“Hay una correlación directa”, aseguró.

Consultado sobre los puntos donde se han identificado más incendios, aseguró que, según estudios de la Fundación Tierra, un 35% están en zonas de medianas y grandes industrias; 30%, en tierras fiscales; y un 15, en zonas de comunidades indígenas.

Hace cuatro meses, el oriente del país está ardiendo en llamas por incendios provocados. Los bomberos y comunarios han trabajado en la mitigación de fuego; no obstante, los esfuerzos no han sido suficientes. Por ello, el Gobierno ha declarado desastre nacional, a través de un decreto supremo.

Los incendios forestales siguen activos en 17 municipios de Santa Cruz. Entre los más afectados están Concepción, San Ignacio de Velasco, San Rafael y Ascensión de Guarayos.

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El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, espera que, bajo consenso, la Asamblea Legislativa elija al postulante más “idóneo, con trayectoria intachable y que garantice su independencia política”, como Fiscal General del Estado.

En medio de las tres fuerzas políticas con representación legislativa implosionadas, los parlamentarios tuvieron dificultades para aprobar proyectos de ley y créditos. No obstante, Urquidi garantizó que su bancada hará lo posible para consensuar la designación del Fiscal.

“Por supuesto, desde CC, creemos que debemos agotar todos los mecanismos para construir un consenso y permitir que, hasta finales de octubre, tengamos una nueva autoridad titular en la Fiscalía General”, aseguró en entrevista con La Razón Radio.

La Comisión Mixta de Justicia Plural está desarrollando las tareas del cronograma. Este martes comenzó la evaluación de méritos de los postulantes.

El senador Roberto Padilla informó que están habilitados 42 postulantes para la fase de evaluación de méritos. De los 72 postulantes que presentaron su documentación, 33 varones y nueve mujeres continúan en carrera y 34 fueron inhabilitados.

Al respecto, Urquidi informó que, este martes, la Comisión Mixta de Justicia Plural se reunirá para continuar con la fase de evaluación de méritos. “Hay 42 postulantes que han entrado en esta fase y hay que comenzar a revisar la documentación”.

El 23 de octubre, el actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, concluirá su gestión, por lo que la Asamblea pretende designar a una nueva máxima autoridad del Ministerio Público antes de esa fecha.

En caso de no hacerlo, por reglamento y prelación, el fiscal departamental de Chuquisaca asumirá el rol de Fiscal General.

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Pese a que todavía no hay convocatoria a plenaria para tratar dos créditos contra incendios, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, informó que su alianza analizará, entre este martes y el miércoles, los proyectos de ley en comisiones y comités.

El lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, informó que los proyectos de ley de créditos para combatir incendios forestales recién fueron remitidos en horas de la tarde.

La mañana del lunes, a través del Decreto Supremo 5235, el Gobierno declaró desastre nacional por los incendios y exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar dos proyectos de créditos por $us 325 millones para atender la situación ambiental.

Son $us 75 millones, provenientes de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y, el otro, de $us 250 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En entrevista con La Razón Radio, Urquidi afirmó que su bancada está trabajando en las gestiones y los mecanismos para conocer el detalle de los proyectos y su alcance, y, posteriormente, asumir una posición tomando en cuenta el contexto de la urgencia.

“Espero que podamos generar su tratamiento de la manera más rápida”, añadió.

No obstante, reclamó que los dos créditos contra incendios llegaron a la Cámara Baja después de la declaratoria de desastre nacional. “El presidente Arce miente cuando manifiesta que esos créditos estaban en la Asamblea, cuando el 30 de septiembre recién mandó los proyectos”.

“Esos proyectos recién ingresaron ayer”, insistió.

Consultado sobre una convocatoria camaral para abordar los proyectos de ley, afirmó que, hasta el momento, Huaytari no ha convocado a los parlamentarios de las tres fuerzas políticas. “No hay convocatoria ni orden del día”. 

Entretanto, los proyectos serán remitidos a una comisión que deberá realizar la evaluación. Sin embargo, debido a la importancia y la declaratoria de desastre nacional, Huaytari explicó que se podría priorizar su tratamiento mediante la dispensación de trámites.

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