La Vicepresidencia recibió este miércoles el proyecto de “Ley de distribución de Escaños entre departamentos” para su tratamiento, luego que el Tribunal Supremo Electoral revelara que Chuquisaca perdió un diputado plurinominal y Santa Cruz ganó otro, tras la evaluación y análisis de los datos del Censo de Población y Vivienda 2024.

El documento, dirigido al presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, fue recibido a las 15.00 de este miércoles para su respectivo tratamiento. 

La norma tiene un único artículo con modificación de los artículos 56, parágrafo I y del artículo 57 parágrafo I de la Ley 026 de Régimen Electoral, además de una disposición derogatoria que “deroga todas las disposiciones contrarias a la presente ley”.

De acuerdo con la propuesta del TSE, se definió de acuerdo a una fórmula matemática que los departamentos tengan la siguiente distribución. La Paz y Santa Cruz 29 escaños, respectivamente, le sigue Cochabamba, con 19; Potosí, con 13; Chuquisaca, con 9; Oruro con 9; Tarija con 9; Beni, con 8 y Pando con 5.

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El proyecto de ley también, modifica el artículo 57 sobre “la distribución de escaños uninominales, plurinacionales y especiales en cada departamento del país”. Principalmente, de Santa Cruz y Chuquisaca que pierde un escaño plurinominal y la región oriental gana uno. Los demás departamentos mantienen su distribución. 

Asambleítas de oposición, principalmente de Santa Cruz, rechazan esta nueva redistribución y consideran que los datos del Censo de Población y Vivienda fueron un “robo” para esa región.

En tanto, el senador por Comunidad Ciudadana, Santiago Ticona, rechazó ese resultado y anunció que su brigada no aprobará ninguna ley que perjudique a su departamento, cuando llegue a la Asamblea Legislativa.

El 16 de agosto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi Quispe, advirtió que si hasta diciembre no se aprueba el proyecto de redistribución de escaños, este no se aplicará para las elecciones generales del 2025.

“Si la Asamblea no aprueba por ley esta nueva distribución de escaños hasta diciembre, el Órgano Electoral no garantiza la implementación de los resultados del nuevo Censo en el venidero proceso electoral presidencial 2025”.

Ante la denuncia de inicio de acciones judiciales para paralizar las elecciones judiciales, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, pidió este miércoles a las autoridades del Órgano Judicial cumplir con el principio de preclusión.

“No tenemos conocimiento de ningún amparo que se hubiera presentado contra el Tribunal Supremo Electoral. Lo que debe entender la ciudadanía y los actores políticos es que un proceso electoral se rige bajo un principio y es el principio de preclusión. Qué significa este principio, que ninguna etapa del proceso electoral se puede revisar ni repetir”, indicó.

Añadió que ya se está en etapa de proceso electoral y se tiene que ser respetuosos de la norma, por lo que “cualquier elemento que atente contra este proceso (electoral) no le está haciendo daño al Órgano Electoral, sino le está haciendo daño a la democracia”.

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“Les pediría a las autoridades judiciales que tomen en cuenta este principio, el principio de preclusión es categórico y se debe cumplir, ninguna etapa del proceso electoral se puede revisar, ni se puede rebatir”, sentenció Ávila.

La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos denunció que magistrados de Beni y Pando presentaron tres amparos contra el TSE para bloquear las elecciones judiciales.

“Se han presentado ya tres amparos en contra el Tribunal Supremo Electoral, dos de ellos en una sala de Pando que controla el magistrado René Espada y uno de ellos está en Beni, sala controlada por el magistrado autoprorrogado Gonzalo Hurtado. Esa situación nos está poniendo en riesgo la elección judicial”, denunció la legisladora. 

Barrientos advirtió a los magistrados “autoprorrogados” que si siguen con la idea de paralizar la elección, iniciarán las medidas legales, jurídicas y legislativas para su inmediata cesación de funciones.

El Gobierno de Javier Milei resolvió quitarle el estatus de refugiado político en Argentina al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, debido a que dicho beneficio fue utilizado “indebidamente” como herramienta política por el expresidente Alberto Fernández.

“El Ministerio de Justicia informa que cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma. Dicho beneficio fue utilizado indebidamente como herramienta política para por el presidente Alberto Fernández, omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley N° 21.165”, señala parte del comunicado del Ministerio de Justicia de Argentina.

Morales retornó al país el 9 de noviembre de 2020 tras su abrupta salida del país después de su renuncia a la presidencia, el 11 de noviembre de 2019, tras las denuncias de un supuesto fraude electoral y asediado por las protestas de sectores afines a la oposición.

El exmandatario regresó a Bolivia después de que el MAS, con Luis Arce y David Choquehuanca, ganó las elecciones de octubre de 2020 con más del 55%.

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Morales cruzó desde Argentina, en la frontera de Villazón, acompañado por quien fue su vicepresidente Álvaro García Linera y varios de sus exministros. Hasta el límite con Bolivia, en La Quiaca, fue acompañado por el entonces presidente argentino Alberto Fernández.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto otorgó asilo a Morales y a cuatro ex ministros el 12 diciembre de 2019. Días más tarde, el expresidente empezó los trámites con los que consiguió el estatus definitivo de refugiado.

En el documento del Ministerio de Justicia de Argentina, se recuerda que Morales llegó a Argentina “tras huir” de Bolivia en 2019 luego de intentar “perpetuase en el pode mediante un fraude electoral”. “Fue recibido con privilegios injustificados, pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él, entre ellas corrupción, fraude electoral y persecución política de opositores”.

Añade que desde entonces retomó su liderazgo en la política boliviana y viajó libremente a su país, lo cual demuestra que no enfrenta “los peligros” que justificaba la protección humanitaria del refugio. Aclara que el estatus de refugio es un derecho que de ser otorgado con seriedad y “no como herramienta de conveniencia política”.

“Este Gobierno de ninguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales, terroristas o intento de dictadores. No ayudamos a quienes siembran el terror y atentan contra la democracia”.

En el reinicio del caso Masacre de Senkata, la expresidenta Jeanine Áñez planteó en audiencia poner fin el proceso, luego que el exministro de Justicia Iván Lima señalara que este juicio ordinario es por “capricho” del expresidente Evo Morales. Sin embargo, el juez David Kasa rechazó la solicitud e indicó que las declaraciones de terceras personas no son vinculantes.

“Quiero plantearles a ustedes que pongan punto final a esta tortura confesada por el exministro Iván Lima. Él ha confesado que estas audiencias inhumanas que son de doce horas, a veces más de doce horas diarias, son por presión de Evo Morales. Él ha confesado que 18 ciudadanos somos acusados por capricho y sometidos a un proceso ilegal”, dijo Áñez en audiencia.

Señaló también que el tribunal no tiene competencia para juzgar a una expresidenta y que la justicia es víctima de presión del propio Iván Lima, el procurador del Estado, el ministro de Gobierno y del fiscal general del Estado. 

“(Lima) ha confesado que hagan lo que hagan, este juicio será nulo y llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo he manifestado desde el comienzo”.

El juez Kasa también indicó, en audiencia, que las declaraciones de terceras personas que no son parte de este proceso “no son vinculantes”, ya que éstas son libres de poder expresar “lo que les parezca”.

“Por esa razón no es posible que este tribunal pueda aplicar estas circunstancias”, dijo.

El sábado, Lima señaló que el caso Senkata, por la que son procesadas Áñez y otras 17 personas, terminará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), debido a que fue llevado a juicio ordinario por un “capricho” de Morales.

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La exautoridad recordó que cuando presentó esta propuesta a la Asamblea “había los dos tercios y la voluntad de llevar adelante un juicio de responsabilidades”, pero en el escenario entró Evo Morales para “terminar de conflictuar al país con este debate sobre juicios de responsabilidades o juicio ordinario”.

“Este tema sigue en tribunales y es un tema que va a terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en algún momento, y ahí se terminará de definir la situación”, señaló Lima a la red Erbol.

El 2 de septiembre inició el juicio oral contra Áñez y 17 otras exautoridades que son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, La Paz.

Entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

El expresidente Jorge Quiroga Ramírez visitó este martes al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho en el penal de Chonchocoro, en el que hablaron de una “alternativa” política rumbo a las elecciones generales de 2025.

“De mucho tiempo que no lo veía. Es admirable su templanza, su serenidad, su entereza, en un lugar que no es fácil, considerando que era el gobernador electo de Santa Cruz y fue trasladado acá de forma torpe e ilegal… Lo que estamos hablando es de una alternativa política para salvar Bolivia del desastre del Movimiento Al Socialismo (MAS)”, indicó Quiroga a la Cadena A. 

Criticó la marcha liderada por Evo Morales que inició el 17 de septiembre y culminó en la sede de Gobierno, el cual manejaba la consigna de salvar Bolivia, sin embargo, señaló que era “para terminar de liquidar la economía que destrozó”.

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“(Cuando era presidente) él se farreo el gas, derrochó los dólares e hizo las normas ecocidas que tienen al oriente para poder respirar. El buscó quedarse en tu tercer mandato, buscó el cuarto y pulverizó a nuestra democracia boliviana”, cuestionó.

Sobre el encuentro con Camacho reiteró que habló de “un proyecto” político, sin embargo, dijo que también está hablando con “mucha” gente y que no especulará sobre esa materia.

“Yo trabajo para generar la máxima unidad opositora. Sabemos quiénes vamos a ser una alternativa opositora democrática con la máxima unidad posible, vamos a seguir trabajando en ello y cuando haya un anuncio que hacer lo haremos”.

El tablero político comienza a reconfigurarse luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmara que las elecciones generales se desarrollarán el domingo 17 de agosto de 2025, por lo que la convocatoria oficial será publicada el 19 de abril.

El gobernador de Santa Cruz cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022.

Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.