La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en el operativo del hotel Las Américas en 2016 el Estado violó los derechos a la vida de las víctimas y exige procesar a los responsables.

Además, el organismo independiente recomendó al Estado “reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial”.

El 16 de abril de 2009, un comando policial irrumpió en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, en busca de Eduardo Rósza Flores, señalado entonces como un terrorista que pretendía una acción armada en el país.

Informe de la CIDH

El informe de la CIDH fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), señala el comunicado del organismo.

La intervención violenta terminó con la muerte de Rózsa Flores en la pieza 458 del hotel, del irlandés Dichael Dwyer en la 457 y del rumano Magyarosi Arpád en la 456. Dos miembros de la célula extranjera, Elód Tóásó (455) y Mario Tadic (454), salvaron la vida, pero fueron aprehendidos, como Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.

Entonces, el presidente Evo Morales se encontraba de viaje en Caracas, Venezuela. Cumplía las funciones de presidente en ejercicio el vicepresidente Álvaro García. Era ministro de Gobierno Alfredo Rada.

En conferencia de prensa, García dijo que los miembros de la célula de Rósza estaban “vinculados, por la documentación que pudimos, observar, a una ideología de extrema derecha fascista”.

En tanto, el entonces jefe de investigaciones de la Policía Boliviana, mayor Jhonny Aguilera (ahora viceministro de Régimen Interior), según el informe de la Cámara de Diputados, concluyó: “Han estado armados, organizados; han poseído para sí aspectos de cualquier actividad terrorista, planificación, la ejecución y el camino del delito (…) la vía del terrorismo hace conocer que tiene que existir un financiamiento (…)”.

Precisamente, Tadic y Tóásó reactivaron su denuncia en abril de este año.

Hotel Las Américas

Capturados el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, en medio de un violento operativo policial contra un grupo armado, Tóásó y Tadic cumplieron con una condena de cinco años, sanción dictada por un tribunal de La Paz, en febrero de 2015.

Ambos se sometieron a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

El documento de la CIDH describe cuatro puntos que el Estado Boliviano debe cumplir:

1.           Reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial.

2.           Implementar medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas.

3.           Realizar una investigación penal diligente y efectiva dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, de forma cumpla con los estándares de debida diligencia y el Protocolo de Estambul en casos de tortura.

4.           Adoptar medidas para prevenir futuros incidentes similares, a través de la implementación de programas permanentes de formación en derechos humanos dirigidos a la policía, el Ministerio Público y la Judicatura.

Según el comunicado de la CIDH, en su Informe de Fondo 394/21, dicho organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó la falta de investigación y esclarecimiento sobre la muerte de Michael Dwyer y “atribuyó al Estado la responsabilidad por su muerte”.

Proceso

Además, concluyó que los actos cometidos contra Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza constituyeron tortura y violaron su derecho a la integridad personal.

La CIDH también subrayó que sus detenciones fueron “ilegales y arbitrarias”, ya que no se les informó de las razones ni se les presentó ante una autoridad judicial de manera oportuna.

Adicionalmente, señaló que en el proceso penal por terrorismo contra las víctimas se violaron sus garantías judiciales.

Llamado caso Terrorismo, el proceso fue cerrado en 2020. en el gobierno de Jeanine Áñez. El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró a su despacho de la parte acusadora del caso y la Fiscalía y el Órgano Judicial actuaron en consecuencia: cerraron el caso.

El líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Johnny Fernández, anunció la ruptura de las alianzas de su partido con Creemos—del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho— y otras organizaciones.

A su vez alcalde de Santa Cruz de la Sierra, el dirigente informó que su fuerza política evaluará posibles nuevos acercamientos con otras para las elecciones generales de 2025.

“Quedan sin efecto todas las alianzas firmadas en la anterior gestión y ahora nos preparamos para ver qué futuras alianzas podemos firmar para encaminarnos hacia el nuevo proceso electoral”, dijo Fernández.

La decisión fue asumida en la cuarta convención nacional extraordinaria de UCS, en la que, además, ese partido hizo un análisis de su estructura nacional presidida por Fernández.

La propuesta fue planteada por el mismo líder político, que indicó que la decisión será formalizada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Una de las alianzas “estratégicas” de UCS fue firmada entre 2019 y 2020, cuando se definió el apoyo a la candidatura por Creemos de Camacho y Marco Antonio Pumari —ambos líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí respectivamente— a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia.

En las elecciones nacionales del 18 de octubre de 2020, el partido ganador fue el Movimiento AL Socialismo (MAS), con el 55,11% de votos, mientras que Creemos logró el 14% de la votación nacional.

Más adelante, en 2021, Fernández ganó las elecciones subnacionales en Santa Cruz de la Sierra con el 35,4% de la votación, a tan solo 6.277 votos por encima de su contendor, Gary Áñez.

Por su parte, Camacho ganó en urnas la Gobernación cruceña, cuando obtuvo el 55,64% de la votación departamental.

El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz declaró culpables a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López y los sentenció a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.

En tanto, otros tres acusados también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad y uno fue absuelto de culpa. 

“Los miembros del Tribunal ingresaron a deliberar y emitieron la Resolución Sentencia N°20 /2024, declarando: culpables a Arturo Carlos Murillo Prijic por el delito Negociaciones Incompatibles con una pena privativa de libertad de ocho años, a Luis Fernando López Julio por el delito Contratos Lesivos al Estado con una pena privativa de libertad de ocho años”, señala el comunicado del Ministerio de Justicia.

Además, fueron sentenciados la exdirectora general de Asuntos Administrativos Ruth Palomeque Ríos a cinco años de privación de libertad. En tanto, el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno Sergio Zamora Bascopé recibió tres años de privación de libertad y el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions (TBS) Bryan Samuel Berkman recibió una condena de siete años.

Así también, el Ministerio de Justicia señaló que el exresponsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa Dennis Vera Rada fue absuelto de los cargos.

Los sentenciados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.

“El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, reitera su firme compromiso con la ‘Cero tolerancia a la Corrupción’ y asegura que este caso enviará un mensaje contundente contra los hechos de corrupción que ocurrieron en el gobierno de facto de Jeanine Añez, durante el último trimestre del 2019” señala la cartera de Estado.

De acuerdo con los antecedentes, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez en 2019, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

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Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.

En 2019, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.

La adquisición se hizo en tiempo récord a través de la empresa intermediaria BTS. Si bien el Ministerio Público comenzó a investigar en mayo de 2020 el ilícito, el caso fue más visible a raíz de la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos, en mayo de 2021.

En un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que involucra a Murillo y otros funcionarios del régimen de Áñez en delitos de conspiración, soborno e intento de lavado de dinero, se señala que el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno Sergio Méndez ya había comenzado con las cotizaciones con la intermediaria BTS el 16 de noviembre de 2019.

En abril de este año, un tribunal de Estados Unidos dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar ese dinero. Luego de varios recursos, presentó una tercera enmienda el 17 de febrero de 2023. Los últimos argumentos del Estado fueron presentados el 24 de marzo de 2024, señala la traducción del documento.

Ante esa información, el tribunal de Miami decidió que Murillo pague esa indemnización, que se desglosa así: $us 2.291.402,00 por daños reales; $us 443.319.42 por intereses previos al juicio devengados desde el 8 de abril de 2020 al 27 de marzo de 2024; $us 569,09 de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y $us 1.030.000 por otras fuentes relativas al litigio.

Murillo fue acusado en Estados Unidos con delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo y demanda constructiva.

En enero de 2023, la Corte de Distrito de los Estados Unidos (EEUU) al sur de Florida, Miami, condenó al exministro a cinco años y ocho meses de prisión.

Luego que el Grupo de Puebla expresara su preocupación por la campaña de “lawfare” contra Evo Morales, el Foro Madrid acusó este viernes a este grupo de políticos y académicos de doble moral y dijo que “cuando sus miembros cometen delitos son automáticamente exonerados y apoyados”.

“Tampoco es la primera vez que el Grupo de Puebla avala los crímenes del también padrino e impulsor de la llamada ‘CELAC Social’, Evo Morales. El Grupo de Pueblo también respaldó el fraude perpetrado por Morales en 2019. Avalar los crímenes de sus miembros ratifica como una organización criminal”, señala el pronunciamiento del Foro Madrid.

También indica que las graves acusaciones hechas por una fiscal boliviana en contra del líder cocalero “por pedofilia, trata y tráfico de personas deben seguir su curso legal y juicio”.

“No es la primera vez que Morales ha sido acusado de cometer estupro, pervertir a menores de edad y hasta embarazarlas. Evo Morales debe ser enjuiciado por todos los crímenes cometidos, los cuales incluyen: pedofilia, estar al frente de una red de trata y tráfico de personas, tener nexos con el narcotráfico, promover la violencia en el Perú, perpetrar un fraude electoral”.

El Foro recordó que, en 2020, el entonces viceministro de Transparencia, Guido Melgar, aseguró que Morales “era padre de una niña nacida en 2016, cuando su madre tenía 16 años”. La autoridad de entonces señaló que “la menor existe, la madre existe, y la menor tiene como padre registrado a JUAN Evo Morales Ayma” (sic).

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El miércoles, la todavía fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue apartada del cargo luego que se diera a conocer una orden de aprehensión que quedó sin efecto por la justicia contra Morales por los delitos de estupro y trata de personas.

La exautoridad denunció al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de proteger a Morales luego que le ordenara apartarse del caso y dejar sin efecto la comisión de fiscales conformada para la investigación.

El jueves, el Grupo de Puebla hizo un llamado a estar atentos a la politización de la justicia boliviana, luego que “algunas” encuestas electorales favorecen a Morales.

“A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra de Morales, algunas infundadas y otras que ya fueran resueltas judicialmente en el pasado”.

El Foro Madrid indicó que la pugna entre Luis Arce y Evo Morales, que, según el Grupo de Puebla, ha derivado en la “supuesta persecución política”, no es sino “una guerra entre mafias para tomar el control. Ninguno de los dos merece gobernar Bolivia”.

El jefe de banca del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, indicó este viernes que “varios” diputados, sectores del Pacto de Unidad y de Santa Cruz le pidieron que sea “nuevamente” presidente de la Cámara Baja.

Señaló que la designación está en manos de sus colegas y que si confían en él, “va a ir con mucho gusto” y si no, también lo entenderá.

“Eso dependerá de mis compañeros. Varios diputados han venido a pedirme que yo nuevamente sea presidente de la Cámara de Diputados. Sectores del Pacto de Unidad, de Santa Cruz lo han pedido”, dijo el diputado.

El legislador añadió que es “un soldado” del proceso de cambio y este proceso donde le mande “ahí estará”. “Siempre voy a poner mi máximo esfuerzo para hacer la máxima gestión posible, hemos hecho creo la mejor que hemos tenido durante la época que fui presidente”.

Sin especificar si eran legisladores o la población, Mercado indicó que “muchos” consideran que fue la mejor gestión a cargo de la jefatura de bancada del MAS en la Cámara de Diputados.

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“Soy persona del diálogo (y) de consenso. Soy uno de los primeros que dialogó con todos los diputados. Fui el primero que abrió la Presidencia a moros y cristianos porque eso es lo que corresponde en política, estar por encima de todo el país, poner por encima al proceso de cambio”, manifestó.

Tras las declaraciones de Mercado, la diputada por el MAS evista Gladys Quispe indicó que el jueves se tenía que llevar una reunión en la Casa Grande del Pueblo entre el presidente Luis Arce y los diputados arcistas para definir las postulaciones a las ternas, misma que no se concretó debió a que sesión de Diputados se prolongó.

“Seguramente se reprogramó la sesión y Luis Arce será quien marque la línea para decir quién va a ser su próximo presidente. Aquí no les va a hacer elegir a los arcitas… y en los próximo días Luis Arce definirá quien va a ser su presidente”.  

La gestión legislativa 2023-2024, presidida por el diputado Israel Huaytar (MAS) arcista, culminará a fin de mes, por lo que las fuerzas políticas en esa instancia legislativa bajaran nombres para la nueva directiva.

Incluso, la primera secretaria de Diputados, Rosario García (MAS), planteó el martes que la nueva cabeza de esta instancia camaral debería ser una mujer, esto debido a que los varones ocuparon el cargo en cuatro años de gestión, tanto de la Cámara Baja, como del Senado.   

“Como actual directiva, me gustaría que ocupe la Presidencia una mujer, porque han sido cuatro años de gestión de un varón. Sería oportuno que se dé oportunidad a las mujeres, también en el Senado (ojalá) sea una mujer la que pueda llevar a cabo la Presidencia”, indicó la legisladora.