En la antesala a la participación de Bolivia en la cumbre del Mercosur, el presidente Luis Arce se reunió con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y el mandatario electo de Uruguay,  Yamandu Orsi.

El jefe de Estado participó de la 65 Cumbre de los jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur) que marcó el fin de la presidencia pro tempore de Uruguay y su traspaso a Argentina. Bolivia participó por primera vez como miembro pleno de este bloque.

El primer encuentro fue con el presidente de Brasil, el jueves, luego de aterrizar en suelo uruguayo. Según Arce, abordaron una agenda estratégica integral en beneficio de ambos pueblos.

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“Conversamos sobre cooperación económica, industrialización, comercialización del gas, energía eléctrica, producción de urea, inversiones, entre otros. Este diálogo refuerza nuestros lazos de amistad, abre nuevas oportunidades para el desarrollo conjunto y mayores oportunidades para nuestros pueblos”, escribió Arce desde su cuenta de X.

Este viernes, el mandatario informó de un encuentro “importante” con el electo presidente uruguayo, con quien coincidió en la necesidad de fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

“Le ratificamos nuestra felicitación y mejores deseos en el nuevo reto que emprende al mando de su país. No tenemos la menor duda de que continuará con gran capacidad y compromiso social, el enorme legado del hermano Pepe Mujica”.

Además, indicó que “juntos” en el Mercosur fortalecerán las economías para enfrentar los desafíos globales e impulsarán una activa agenda social en beneficio de los pueblos.

Con la inclusión de Bolivia, el bloque del Mercosur abarca el 73% del territorio de América del Sur y representa alrededor del 65% de la población.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció las faltas y sanciones de entre los Bs 120 y Bs 1.200 a quienes no voten en las elecciones judiciales del 15 de diciembre.

De acuerdo con la resolución TSE 0428/2024, del 20 de noviembre, los bolivianos que no logren emitir su voto no podrán acceder a cargos públicos ni realizar trámites en entidades financiera u obtener su pasaporte.

Para ser eximidos de la sanción, el Órgano Electoral estableció una multa de Bs 500, que es el equivalente al 20% del salario mínimo nacional.

Asimismo, el TSE estableció faltas y sanciones que regirán en todo este proceso y alcanzan a jurados, notarios electorales, servidores públicos, entidades financieras y personas particulares.

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El día de la votación, 7,3 millones ciudadanos habilitados acudirán a las urnas para la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de manera parcial, tal como estableció la Sentencia Constitucional 0770/2024 del 4 de noviembre.

Elecciones parciales

Declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando, y del TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Al contrario, la Sala Cuarta del TCP dispuso la continuidad del proceso electoral para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y TSJ en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

Y para magistrados del TCP en Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

Las principales disposiciones sancionatorias para el desarrollo del mencionado proceso electoral son:

Para jurados electorales:

– 5% (Bs 125) para quienes no asistan a las juntas de jurados

– 30% (Bs 750) para aquellos que se ausenten temporalmente de su mesa de sufragio

– 30% (Bs 750) para aquellos que no devuelvan el material electoral       

– 30% (Bs 750) para aquellos que no cumplan con los horarios de apertura y cierre

– 50% (Bs 1.250) para quienes se nieguen a firma el acto electoral o consignar los resultados

– 50% (Bs 1.250) para quienes omitan información sobre violaciones a normas electorales

– 50% (Bs 1.250) para quienes no asistan o abandonen injustamente su mesa de sufragio

Para notarios electorales:

– 50% (Bs 1.250) para aquellos que no asistan a la organización de los jurados de mesa

– 50% (Bs 1.250) para aquellos que no apoyen en la capacitación de jurados o no brinden apoyo a las autoridades de la mesa de sufragio el día de la votación

– 50% (Bs 1.250) para aquellos que omitan realizar reportes y acciones en el monitoreo asignado.

– 50% (Bs 1.250) para aquellos que no distribuyan oportunamente el material electoral

Para servidores públicos

– 20% (Bs 500) para aquellos que no exijan el certificado de sufragio dentro los 90 días después de la votación

– 20% (Bs 500) para aquellos que circulen en vehículos públicos sin autorización.

Para personas particulares:

– 20% (Bs 500) para aquellos que no voten o exhiban el certificado de sufragio

– 20% (Bs 500) para aquellos que incumplan resoluciones electorales

– 20% (Bs 250) para quien no se inscriban en el padrón electoral

– 20% (Bs 500) para aquellos que circulen en vehículos no autorizados el día de la votación

– 20% (Bs 500) para aquellos funcionarios bancarios que no exijan el certificado de sufragio       

Ante la preocupación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de que aún no se aprueba la ley de escaños en la Asamblea Legislativa, el primer secretario de la Cámara de Diputados, Delfor Burgos (MAS), señaló este viernes que existe el tiempo para su tratamiento.

Además, pidió al Órgano Electoral volver a presentar el proyecto de ley, debido a que existe una nueva directiva en esta instancia legislativa. 

“El tema de escaños lo necesitamos recién para el 17 de agosto del próximo año y hay (los) tiempos. No olvidemos que el 17 de agosto son las elecciones nacionales y el Órgano Electoral necesita 90 días para convocar a elecciones. Entonces, podemos a aprobar en enero o febrero, porque recién a partir mayo estaríamos cerrando lo que va a ser la elección nacional”, indicó.

En criterio de Burgos, no existen circunscripciones que deben ser modificadas, “únicamente” aumentarse unos municipios más a Chuquisaca porque perdió un escaño, y “mejorar en algunos municipios que tienen grandes sus circunscripciones”.

“No es que se va a modificar en los nueve departamentos”, enfatizó.

El jueves, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, expresó su “preocupación” porque la Asamblea aún no aprueba el proyecto de ley de redistribución de escaños parlamentarios.

“Debiera ser tratado y aprobado hasta el mes de diciembre, toda vez que el Órgano Electoral requiere el primer trimestre para realizar la nueva delimitación de circunscripciones”, dijo.

En octubre, el TSE envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de escaños para las elecciones presidenciales de 2025, luego de conocerse los resultados del Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo de este año.

Escaños

La propuesta señala que Santa Cruz gana un escaño legislativo en desmedro de Chuquisaca. El proyecto había causado protestas en la brigada y dirigencia cruceñas, que creen que a esa región le corresponden más curules.

Sobre el trámite, Burgos indicó que, si bien el proyecto de ley se envió en la anterior legislación, antes del 8 de noviembre, éste debe volverse a presentar a través de un nuevo memorial.

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“Tiene que hacerlo obligatoriamente a través de un nuevo memorial a cada presidencia o presidencia de la Asamblea y la presidencia de la Asamblea mandar con otro memorial a cualquiera de las presidencias de las cámaras. Eso es lo que tiene que hacer (porque) son proyectos de leyes que se han quedado sin tratarlos la anterior legislación”, explicó.

Indicó que, como directiva, se preguntó si el proyecto de ley está en esa instancia legislativa y reiteró que “en las comisiones no está”. Sin embargo, el diputado Juan José Jáuregui (MAS) informó el jueves que el proyecto de ley para la redistribución de escaño se encuentra en la Comisión de Constitución para la reanudación de su tratamiento.

Dijo que el Tribunal Electoral no formalizó el 31 de diciembre como fecha límite ante la Asamblea Legislativa, por lo que el tema podría ser abordado en enero o febrero.

Conminatoria

“En aquella oportunidad, la palabra de los técnicos del TSE ha sido que la fecha límite sería el 31 de diciembre, pero esta conminatoria en tiempos de límites de fecha no ha sido formalizado ante la Asamblea. Esperemos que puedan iniciar o reanudar el trabajo”, explicó.

Jáuregui aclaró que, en la primera instancia de tratamiento en la Comisión de Constitución, los vocales del TSE no asistieron, lo que llevó a los miembros de la Comisión a declarar un cuarto intermedio hasta que las autoridades electorales se presenten y expliquen el proyecto de ley.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, designó al exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza como jefe de la misión de observación electoral de las elecciones judiciales del 15 de diciembre.

“He designado al exrelator Especial para la Libertad de Expresión de la @CIDH @EdisonLanza como jefe de la Misión Electoral de la OEA en Bolivia que observará las Elecciones Judiciales 2024 del 15 de diciembre” escribió Almagro desde su cuenta de X.

Además, el Secretario General de la OEA deseó “éxitos” al equipo oficial que visitará el país.

Veedor

Ante el anuncio de Almagro, Lanza, desde su cuenta de X también escribió: “Asumo con responsabilidad haber sido designado jefe de la Misión Electoral de @OEA_oficial para elecciones de altas autoridades de justicia en Bolivia”.

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Agradeció también a Almagro y el equipo de la OEA por la “confianza depositada” e indicó que trabajará con el equipo de expertos durante los comicios del domingo 15 de diciembre.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila anunció este viernes la participación de 14 misiones internacionales que observarán las elecciones judiciales.

Habilitados

El día de la votación, más de 7,3 millones ciudadanos habilitados acudirán a las urnas para la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de manera parcial, tal como estableció la Sentencia Constitucional 0770/2024 del 4 de noviembre. 

Además, la Sentencia Constitucional 0777/2024-S4, del 20 de noviembre, ratificó y blindó la realización de las elecciones judiciales parciales para este 15 de diciembre.

Esta sentencia se conoció el recién el miércoles y en ella advierte que cualquier acción constitucional contraria a este dictamen del Constitucional se dispondrá la “remisión” ante el Ministerio Público y la instancia disciplinaria correspondiente para su procesamiento.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, señaló que la Asamblea Legislativa es el órgano del Estado que debe asumir una postura para emitir una nueva convocatoria a las elecciones judiciales restantes o en su defecto asumir una decisión para regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Le daría la palabra a la Asamblea Legislativa para que asuma una postura como órgano del Estado y asuma una decisión si va a poder emitir una nueva convocatoria (para las judiciales) o en su defecto va a asumir alguna decisión que tenga que ver con regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional”, señaló la autoridad electoral.

Vargas aclaró que el Órgano Electoral para administrar el proceso judicial restante depende de una primera fase que es la preselección que está a cargo del Legislativo.

Responsabilidad

“Quienes tienen que responderle al país son los miembros de la Asamblea sobre el rumbo que debe tener el Tribunal Constitucional”.  

Dijo que el Órgano Electoral está abocado en llevar adelante la elección de las judiciales en los “términos y condiciones” que dispuso el TCP, respetando el estado de derecho y las sentencias constitucionales que son de cumplimento “obligatorio vinculante”.

La sentencia 0770/2024-S4 de 4 de noviembre declaró desierta la convocatoria a elecciones de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando.

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En tanto, para el TCP, en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

El miércoles se conoció la Sentencia Constitucional 0777/2024-S4 que ratificó y blindó la realización de las elecciones judiciales parciales para este 15 de diciembre, tal como lo estableció con el fallo 0770/2024.

También, la Sala Cuarta del TCP advirtió que cualquier acción constitucional contraria a este dictamen del Constitucional.

Debate

La decisión cierra todo debate y toda posibilidad de modificar la determinación de las judiciales parciales, pese a que candidatos y pueblos indígenas presentaron acciones de cumplimiento en busca de la realización de los comicios de manera total.

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi señaló en noviembre que el proceso judicial tendrá un costo de al menos Bs 183 millones y las restantes tendrán otro costo y no se tiene la claridad de cuando serán.

“(Esas) están desfasadas y en el tema económico debería pronunciarse la Contraloría General del Estado y sobre cuándo será se tendrá que preguntar a la Asamblea”, dijo el vocal entonces.