El Gobierno y los productores de arroz pactaron una nueva reunión el 6 de febrero en la ciudad de Trinidad, departamento de Beni, con el objetivo de definir los precios del arroz para la gestión 2025, informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

Según la autoridad, en el último encuentro se determinó ingresar en un cuarto intermedio, ya que el tema de precios requiere un análisis técnico más profundo.

“Este es un asunto complejo que necesita un debate más amplio y un conocimiento detallado de los datos técnicos para fijar los costos del producto”, indicó el viceministro. 

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Arroz

Por otro lado, en relación con el abastecimiento de combustibles para el sector arrocero, se acordó que en la siguiente reunión participará el Ministerio de Hidrocarburos, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y presentará una propuesta concreta y acorde a las demandas del sector productivo. 

Una de las demandas del sector es que se logre abastecer de combustible, particularmente de diésel, a los arroceros de las comunidades más alejadas, que en 2024 se vieron desabastecidos, lo que afectó su producción y significó un incremento en los precios del arroz al consumidor final.

Por ello, los arroceros consideran que en cuanto el abastecimiento de combustible esté garantizado, los precios no deberían variar de manera considerable en comparación con la gestión pasada.

Además, tanto el Gobierno como el sector productor de arroz consideran que en 2025 se tendrá una cosecha considerable, para abastecer toda la demanda en el mercado interno de los diferentes departamentos.

Silva también afirmó que el Gobierno garantiza la seguridad jurídica para los productores, a fin de brindar estabilidad y respaldo en sus actividades. 

Sin embargo, el viceministro advirtió que en los casos en los que se evidencie acopio del producto para realizar su venta a precios más elevados, se tomarán las acciones legales correspondientes.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, exhortó a la Cámara de Senadores a aprobar el crédito de $us 75 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a financiar el “Programa de apoyo para la gestión de riesgos ante eventos adversos del clima para el Estado Plurinacional de Bolivia”. 

Cusicanqui realizó esta solicitud tras su participación en la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, donde explicó en detalle el uso que se dará a estos recursos.

“Hemos tenido la oportunidad de explicar ampliamente el proyecto de ley y esperamos que pueda ser tratado en los siguientes días dentro de la Cámara de Senadores”, declaró la autoridad en contacto con RTP.

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Crédito

El crédito fue firmado el 9 de septiembre de 2024, aprobado por la Cámara de Diputados el 3 de octubre de 2024, y recibió el visto bueno de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas del Senado el 16 de enero de 2025. 

El objetivo del programa es fortalecer la capacidad del Estado para la rehabilitación y respuesta ante eventos hidrometeorológicos adversos, cuyas consecuencias afectan a distintas regiones del país.

Cusicanqui destacó que los recursos permitirán que el Estado esté mejor preparado para hacer frente a emergencias climáticas que se atraviesan en la actualidad por el periodo de lluvias y a otras que se observaron el año pasado, como los incendios forestales.

Por su parte, la senadora Cecilia Requena, presidenta de la comisión, señaló que, si bien se recibió información valiosa sobre el proyecto, también existen preocupaciones respecto a la generación de deudas para solucionar problemas ambientales que, en algunos casos, fueron agravados por políticas estatales. 

La Comisión de Tierra y Territorio anunció que elaborará un informe técnico sobre el proyecto de ley antes de su consideración en el pleno del Senado.

A diferencia del Gobierno, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) considera que los créditos por $us 1.667 millones de financiamiento externo estancados en la Asamblea Legislativa no resolverán por sí solos la crisis económica que atraviesa el país.

“El país necesita ajustes macroeconómicos que llevan más allá de solo créditos. Si esos 1.600 (millones de dólares) solo están enfocados para un endeudamiento para financiar un año electoral, no vamos a solucionar los problemas de fondo”, explicó el presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo, en una conferencia de prensa en la que fue bastante crítico con el Gobierno.

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Créditos

De acuerdo con Antelo, lo que el país necesita es un cambio en su política económica, antes de la liberación de créditos que, en su criterio, solo endeudarán más al país.

En el análisis del presidente de la Cainco, algunos de esos proyectos podrían ser utilizados para hacer campaña, pero no resolverán el problema estructural que atraviesa la economía.

El Gobierno, por su parte, considera que con la aprobación de algunos de esos créditos se logrará que un gran flujo de divisas ingrese al país, lo que en alguna manera permitirá atender la escasez de dólares que se atraviesa desde finales de 2023.

Asimismo, desde el oficialismo se insiste en que esos proyectos permitirán que se consolide el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, uno de los principales objetivos del Gobierno.

Sin embargo, Antelo señaló que el proceso de industrialización no beneficia a los pequeños empresarios y que los empresarios son marginados y dejados de lado.

Por ello, sugirió al Gobierno no buscar soluciones a corto plazo, sino resolver la crisis desde su seno, el cual, según la Cainco, está en un modelo económico que dejó de ser eficiente.

La Aduana Nacional comisó un total de 52,4 toneladas de harina de origen argentino, valuadas en más de 140.000 bolivianos, durante un operativo realizado en la ciudad de Santa Cruz, informó el gerente regional de la entidad, José Luis Mollinedo. 

“El vehículo transportaba 52,4 toneladas de harina de origen argentino, sin la documentación de importación que acredite su ingreso legal al país. El valor estimado de la mercadería asciende a 140.618 bolivianos”, explicó Mollinedo en un boletín institucional. 

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Harina

El operativo se llevó a cabo en la avenida Final Radial 17, luego de una denuncia ciudadana y un seguimiento por parte del equipo de inteligencia de la Aduana. Mollinedo destacó este accionar, pues facilita la lucha de las autoridades contra el contrabando.

Al inspeccionar el camión con acople, se constató que el producto no contaba con la documentación de importación ni con los estudios sanitarios exigidos por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), por lo que se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente. 

Hasta el momento, se desconoce hacia qué sector se pretendía destinar la gran cantidad de harina decomisada ni cuál era su destino final.

Por otra parte, Mollinedo denunció que, durante el fin de semana, en horas de la noche, grupos de choque atacaron a funcionarios aduaneros e intentaron impedir otro decomiso de mercadería ilegal, ocasionando daños a dos vehículos oficiales. 

Al final, los agresores lograron su objetivo, pues el camión se dio a la fuga.

Pese a los ataques, la Aduana Nacional ratificó su compromiso de lucha contra el contrabando y exhortó a la población a realizar sus denuncias mediante los canales oficiales para proteger la producción nacional y la salud pública.

Este lunes, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, recordó que 2024 fue una gestión “asediada”, por lo que la economía del país se vio ampliamente golpeada. Sin embargo, pese a ello, descartó que se viva un periodo de decrecimiento económico, sino solo una “desaceleración”.

“Bolivia no tiene un decrecimiento, tiene un crecimiento. Hay una desaceleración, evidentemente, y para ello precisamente se plantea un pacto social, para trabajar entre todos, tenemos mesas de trabajo, tenemos diálogo, acuerdos y estamos avanzando. El presidente (Luis Arce) lo ha mencionado, necesitamos y vamos a mostrar cuál es esa respuesta”, indicó Alcón en conferencia de prensa.

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Desaceleración

El sábado, el Presidente propuso realizar un “pacto social” para llegar al Bicentenario con paz y unidad, sin conflictos que afecten a la economía del país.

En criterio de Alcón, es a través del diálogo que el Gobierno lograra escuchar propuestas para superar la crisis económica. La desaceleración, a diferencia del decrecimiento, marca que el país todavía crece, pero a una velocidad más lenta en comparación a años anteriores.

Además, la viceministra señaló que la situación económica se debe a factores externos, como los bloqueos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), las cuestiones climáticas y otras variables que influyeron en el incremento del costo de vida.

“No podemos depender de factores externos y para ello necesitamos la consolidación de nuestros recursos. Me refiero a nuestro modelo económico, a la industrialización, a la sustitución de importaciones”, afirmó Alcón.

El Gobierno espera que, con la implementación de varias industrias, la subvención de alimentos y otras medidas se pueda proteger la economía de los bolivianos, para que en 2025 la inflación sea menor en comparación con la de 2024, que llegó a un acumulado de 9,97%.

Para ello, el Gobierno insiste en que todos los sectores deben dejar de lado los intereses políticos y electorales para preocuparse por el futuro del país.