La ministra interina de Medio Ambiente y Agua, María Nela Prada, destituyó este jueves al director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Jhonson Jiménez, tras una denuncia por uso indebido de bienes del Estado.

A través de la Resolución Ministerial 005, del 16 de enero de 2025, la titular del Ministerio de Medio Ambiente abrogó la Resolución Ministerial 396, del 30 de agosto de 2023, que designaba a Jiménez como director ejecutivo del Sernap.

El exfuncionario es acusado de utilizar vehículos oficiales con fines privados, como compra de productos y obligar a su personal a realizar tareas fuera de sus funciones.

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En pasados días, Jhonson también fue cuestionado por la destitución injustificada de guardaparques, entre ellos, Marcos Uzquiano, quien también cuestionó la gestión del exdirector del Sernap.

El Sernap es una institución del Estado que encargada de salvaguardar las 23 áreas protegidas del país. Al interior de las áreas protegidas se concentra la mayor biodiversidad del país.

Prada asumió el Ministerio de Medio Ambiente de forma interina, luego que el presidente Luis Arce destituyera a Alán Lisperguer ante denuncias de enriquecimiento ilícito y falsedad en su declaración jurada.

Representantes del partido Alianza de Movimiento de Acción Republicana (AMAR), liderado por el precandidato Chi Hyun Chung, recibieron el aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para iniciar la recolección de firmas a nivel nacional y constituir su partido con personería jurídica.

Sun Hyun Chung, Hermano de Chi, se encargó de recibir la resolución del TSE. Indicó que estes jueves que se iniciará con la recolección de las firmas y concretar la participación de Chi en las elecciones generales 2025.

“Hemos obtenido aprobación de nuestro partido AMAR para recolectar firmas y que nuestra sigla se convierta en un partido político consolidado, y participe de las elecciones generales 2025”, dijo Hyun Chung.

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Señaló además que se tiene un plazo de 120 días para la recolección de 110.000 las firmas a nivel nacional.

Entre sus propuestas, dijo que está la implementación de un modelo similar al de Corea con el fin de apuntar a la industrialización, donde todos los empresarios puedan venir a invertir.

“Queremos un modelo de democracia y no socialista en favor del pueblo. Estamos apuntando más que la autonomía al federalismo. No es lo mismo La Paz que Santa Cruz o Beni que Oruro. Cada región es diferente geográficamente y culturalmente”.

Añadió que se busca que cada región tenga su propio liderazgo y no se centralice el poder solamente en el departamento de La Paz. “Queremos cambiar totalmente el país”.

Carolina Aponte, secretaria de AMAR, señaló que la población pidió a Chi Hyun Chung que conforme su partido, porque es uno de los liderazgos emergentes.

Tras la destitución del cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua, Alán Lispeguer señaló este jueves que no puede “fugarse del país” porque no ha robado “ni un centavo de nadie” e indicó que existe “toda la justificación” para demostrar el movimiento de Bs 1 millón.

“Todo lo que tengo, ha sido gracias a mi esfuerzo. Hacen mención a nueve bienes que en menos de tres años (tuve). He construido un edificio multifamiliar hace bastantes años atrás. Todo el mundo sabe que cuando va a ser (una construcción) tiene que regularizar con la propiedad horizontal para sacar los folios reales de cada departamento, eso es lo que ha pasado”, afirmó.

La exautoridad es investigada por un presunto enriquecimiento ilícito y por falsedad en su declaración jurada.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó el miércoles que llama la atención que Lisperguer haya registrado ocho bienes inmuebles en 2021 e hiciera un movimiento de más de un millón de bolivianos.

De acuerdo con la autoridad, la investigación surgió tras una denuncia presentada ante el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción donde se detallan “algunos cobros irregulares y movimientos inusuales” contra el exministro y otro exfuncionario. 

“Se hace ver como si fuera parte de un enriquecimiento ilícito. Y, obviamente, las gestiones donde no fungía como servidor público, he tenido que dedicarme también a otras actividades para poder sobrevivir. Y en ese sentido, justamente con esos bienes inmuebles”, dijo el exministro en una entrevista con Erbol.

Indicó además que el millón bolivianos si se lo divide por cuatro años da Bs 250.000, suma que, en su criterio, no es una suma para “enriquecerse”.  “Todo esto lo vamos a ir descargando con todo lo que tenemos”.

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Reiteró que no hay “por qué fugarse del país” debido a que aquí no se habla de “miles de millones de dólares o bolivianos que llamarían la atención”.

También aclaró que desde que asumió como ministro en marzo del año pasado a la fecha no tiene un “movimiento extraordinario” en sus cuentas.

“Antes de asumir el cargo, efectivamente sí tengo movimientos, como cualquier ciudadano, que para sobrevivir tiene que utilizar sus recursos.

Aseveró que respetará el procedimiento que tiene la Fiscalía para la notificación, para las declaraciones y presentación de todos los descargos,

“Estamos respetando eso, pero vemos que hay un apuro, querer forzar a una situación, querer hacer ver como que mi persona está escapando del país y que hay que aprehenderlo, creo que ya son extremos”, manifestó.

El director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gabriel Neme, señaló este jueves que la Fiscalía aún no emitió ninguna citación u orden de aprehensiónLa FELCC dice que el exministro Lisperger aún no fue citado por la Fiscalía para el exministro de Medio Ambiente.

Tras la entrega del pliego petitorio de 12 puntos al Gobierno, el Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales determinó este jueves ingresar en un cuarto intermedio y esperar una respuesta hasta el 22 de enero.

Pedro Llanque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) paralelo, señaló que la determinación se debe a que el Gobierno tiene “unas intenciones oscuras” de querer sembrar pruebas y detener a los que están en la vigilia.

“Como dirigentes no podemos arriesgar a nuestros hermanos que van a entrar a la vigilia, tampoco a los dirigentes que realmente arriesgan. Por eso, hemos tomado la decisión de dar un plazo al Gobierno hasta el 22 de enero para que nos atienda”, dijo del dirigente campesino.

Indicó que el 22 de enero en el coliseo de La Coronilla de Cochabamba se tendrá una concentración a nivel nacional para hacer una evaluación de la marcha y se determinará fututas acciones en beneficio del país.

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La marcha que partió el 10 de enero desde la localidad de Patacamaya arribó a la ciudad de La Paz el lunes 13 con el objetivo de ingresar a la plaza Murillo para entregar el pliego de demandas al Gobierno.

Sin embargo, contingentes de policías impidieron este objetivo y gasificaron a los marchistas, por lo que los movilizados iniciaron una vigilia en cercanías de la plaza Murillo hasta entregar sus demandas.

Enrique Mamani, dirigente intercultural, indicó que la “Marcha por la vida” desde su inicio hasta llegar a la sede de Gobierno “fue pacífica”, pero que el Gobierno una vez más demostró el lunes 13 y martes 14 la “represión indiscriminada” y el secuestro de los marchitas.

“Lo único que han venido es a pedir que sean escuchados ante el alza de la canasta familiar, el combustible que está generando largas colas y la escasez del dólar. También hemos venido exigiendo al Gobierno central dentro del pliego petitorio liberar a nuestros detenidos injustamente”, señaló el dirigente intercultural.

Mamani aseveró que la lucha continúa y seguirá adelante hasta conseguir sus demandas y que “no piense que el Gobierno que al recibir el pliego van a dejar de luchar”.

El lunes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, indicó que varios puntos de su pliego ya fueron atendidos y que algunos solo buscan “impunidad” para su líder, que enfrenta un proceso por trata de personas.

La Justicia determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva contra 12 personas aprehendidas durante la movilización evista que llegó el lunes 13 de enero a la ciudad de La Paz.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Gabriel Neme, informó este jueves que estas personas fueron aprehendidas en posesión y tenencia de explosivos.

“Se pretendía utilizar (estos explosivos) para agredir a los servidores policiales que se encontraban en funciones de seguridad en la plaza Murillo. Ha sido la autoridad jurisdiccional, quien ha definido otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva”, señaló el jefe policial.

Dieter Mendoza, secretario general de la Federación Mamoré Bulo Bulo, informó sobre la liberación de los aprehendidos y señaló que “son inocentes” y que el Gobierno no logró “sembrar las pruebas” para encarcelarlos. 

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“Ellos estaban detenidos injustamente, solamente estaban circulando alrededor de la plaza Murillo. En ningún momento hubo ningún tipo de agresión, como acusó el Gobierno y la Policía”, dijo el dirigente cocalero.

La marcha del Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales, a su arribo a la ciudad de La Paz, intentó ingresar al kilómetro cero, plaza Murillo, para entregar un pliego petitorio al Gobierno.

Sin embargo, grupos de contingentes policías impidieron este objetivo y gasificaron a los marchistas. El Gobierno reportó la aprehensión de 12 personas y el arresto de otras 29 por el ataque con petardos y cachorros de dinamita, entre otros explosivos. 

Mendoza denunció que en instalaciones de la FELCC los marchistas aprehendidos sufrieron agresiones físicas y psicológicas.

La marcha evista determinó también levantar la medida de presión, tras la entrega del pliego petitorio al Gobierno y conminó a dar respuesta hasta el 22 de enero, caso contrario asumirán otras medias de presión.