La Justicia de Tarija dispuso este viernes la búsqueda y orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, tras declararle en rebeldía, luego que no se presentara a su audiencia de medidas cautelares.

“El juez de Instrucción Penal Quinto, en virtud de los antecedentes anotados y normas legales citadas, en aplicación de lo que establece el artículo 87 y el 89 del Código de Procedimiento Penal declara rebelde al imputado Juan Evo Morales Ayma”, señaló el juez en su resolución.

Además, indicó que se “dispone” las siguientes medidas para “búsqueda y orden de aprehensión”, como el arraigo nacional que debe ser tramitado ante las autoridades competentes.

La autoridad libró el mandamiento de aprehensión, el cual se deberá ser remitido al Ministerio Público y se oficie al Organismo de Tránsito, Derechos Reales y la autoridad financiera la retención de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas.

El juez también designó un abogado de oficio, quien deberá asumir la representación de Morales, con todas las facultades, poderes y recursos conocidos a “dicho ciudadano”.

El líder cocalero es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. El Ministerio Público lo imputó en octubre de 2024 por el presunto delito de trata agravada de personas.

El 14 de enero, el juez suspendió la audiencia y la reprogramó para este viernes, debido a que el líder cocalero presentó un certificado médico forense con el cuadro clínico de bronconeumonía y debía realizar reposo.

Entonces, la autoridad le dio 48 horas para que el exmandatario presente las pruebas médicas que certifiquen que está enfermo y también se someta a otros análisis a través de Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público.

Al respecto, la autoridad jurisdiccional indicó este viernes que en la audiencia del 14 se enero se estableció que dentro de las 24 horas se someta a exámenes específicos de sangre y a una radiográfica de tórax que “fueron incumplidas”.

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“No se ha sometido el ahora imputado a estos exámenes que se han solicitado”, aseveró.

El juez dijo que en audiencia se presentó efectivamente un examen de laboratorio de sangre que se dispuso el 12 de enero y se presento el reporte el 13 de enero. “Es decir, fecha anterior donde se hubiese llegado a establecer que este ciudadano pueda ser sometido a exámenes complementarios”, indicó.

En relación a la radiografía de tórax, la autoridad judicial dijo que se presentó una imagen de la placa radiográfica, pero que no se sabe si la placa corresponde a Morales y más aún no se sabe en qué fecha se practicó esa radiografía.

“También se incumple esa disposición asumida por el suscrito juzgador de que se pueda realizar exámenes y estudios complementarios para descartar o ratificar la afectación en este caso, en su momento, fue alegada por una médico general”, mencionó.

El juez afirmó que estas dos circunstancias que dispuso el suscrito juzgador fueron incumplidas por Morales en la forma disputa.

“No podemos dejar de lado que efectivamente existen certificados de una médico internistas que establecen ciertas patologías, pero no olvidemos que en este caso el fundamento principal para suspender la audiencia del 14 de enero ha sido que este ciudadano tenía una bronconeumonía y que esa patología afectaba su salud y que impidió constituirse ante estados judiciales”, recordó.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahichi, rechazó cualquier acuerdo con autoridades prorrogadas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) e indicó que solo se busca su legitimidad a costa del Órgano Electoral.

El jueves, el TSE y el TCP firmaron un acuerdo de colaboración para garantizar las elecciones presidenciales prevista para agosto de este año.

“Me causó sorpresa estando allá, me noticio que se produjo un comunicado interinstitucional entre el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. Tengo que señalar a título muy personal que rechazo categóricamente cualquier acuerdo del Tribunal Supremo (0:51) Electoral con autoridades prorrogadas”, dijo el vocal el electoral a DTV.

Indicó que no puede ser que las autoridades prorrogadas puedan valerse y quieran reconstruir su legitimidad a costa del Órgano Electoral. “No voy a estar de acuerdo”.

Aseveró que el ente electoral es un órgano independiente, autónomo y que no recibe ninguna presión “venga de donde venga”.

Tahuichi dijo además que “no es posible” sentarse entre el victimario y la víctima y que “no se puede embargar la democracia a un comunicado”.

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“Lo que ha ocurrido el año pasado en la en la elección judicial fue un funesto precedente, fue una violación al sistema electoral boliviano. Esa sentencia constitucional 770, dice que es una excepción la preclusión”, señaló.

Argumentó que esa “excepción” echó por la “borda y a la basura” la preclusión. Señaló que eso no puede suceder y por el contrario, esta determinación debe ser denunciada nacional e internacionalmente.

Enfatizó que es imperativo que se restablezca y se restituya la democracia, y para ello, dijo que es imperativo que la Asamblea Legislativa les incorpore a la Ley 044.

Alegó que incorporarlos en Ley 044 que “va a garantizar” la independencia del Órgano Electoral y romper “los hilos del titiritero” y blindar la elección presidencial 2025, desde el 10 de abril hasta el próximo 08 de noviembre, fecha en que tiene que producirse la transición con el futuro mandatario.

Sobre la firma de los demás vocales, Tahuichi dijo serán ellos quienes tendrán que explicar y defender ese documento que suscribieron con el TCP.

“De mi parte, tomo una distancia prudente y lo sostengo. Jamás me sentaría con autoridades prorrogadas y menos podría suscribir ningún tipo de documento”.

Agregó que será la sociedad y el pueblo quien juzgará la actuación de los vocales del TSE.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, aseguró que ambos tribunales se reunirán las veces que sean necesarias porque consideran que el país requiere certezas.

Humberto Claros, dirigente campesino que está con detención preventiva, celebró desde la cárcel de Patacamaya la liberación de 21 personas en Cochabamba y de otras 45 en La Paz.

“Celebramos y festejamos la liberación de 21 hermanos campesinos, injustamente detenidos en la ciudad de Cochabamba por el simple hecho de exigir la devolución de su sede sindical”, escribió Claros, en una carta difundida por radio Kawsachun Coca.

También saludó la liberación de 45 detenidos en la ciudad de La Paz. En criterio del dirigente campesino son “víctimas del régimen de Luis Arce, en el marco de una persecución política que solo busca acallar las demandas de justicia y social”.

El dirigente evista fue detenido en noviembre de 2024 y enviado a la cárcel por cinco meses, esto en el marco de la investigación por el bloqueo de caminos de 24 días, entre los meses de octubre y noviembre del año pasado.

Claros, junto los dirigentes Ramiro Cucho y Ponciano Santos, además del exministro Juan Ramón Quintana, es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, instigación pública y otros.

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Además, el dirigente campesino indicó que está informado de que el Gobierno “hizo todo lo posible por imputarlos y meterlos como presos políticos”, pero, que “gracias” al esfuerza de sus abogados se permitió su liberación y trajo “alegría a sus familias y esperanza al pueblo”.

“Que este triunfo nos recuerde que el sentido humanitario y la solidaridad jamás deben abandonarnos a nuestra lucha. Seguiremos firmes, porque el pueblo boliviano merece justicia, libertad y dignidad”.

El jueves se conoció sobre la liberación de 12 personas aprehendidas durante la movilización el Pacto de Unidad evista que llegó el lunes 13 a la ciudad de La Paz, tras iniciar una marcha desde Patacamaya con una serie de demandas.

El objetivo de los movilizados era ingresar al kilómetro cero, plaza Murillo, para entregar un pliego petitorio al Gobierno.

Tal como lo anticiparon allegados al expresidente Evo Morales, el líder cocalero no se presentó a la audiencia de medidas cautelares programada para este viernes, en el marco de la investigación de trata agravada de personas.

El juez deberá analizar la situación jurídica del exmandatario sobre la declaratoria de rebeldía.

El líder cocalero es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

El 14 de enero, el juez Nelson Rocabado suspendió la audiencia y la reprogramó para este viernes debido a que el líder cocalero presentó un certificado médico forense con el cuadro clínico de bronconeumonía y debía realizar reposo.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió el miércoles que, si el exmandatario no se presenta a la audiencia o no justifica su inasistencia, se solicitará la declaratoria en rebeldía.

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Jorge Pérez, abogado de Morales, reiteró que este proceso es político e indicó que el expresidente es una persona inocente, pero perseguida políticamente.

“Por eso es que ven a autoridades políticas y políticos opinando sobre un doble proceso penal. Un proceso armado que ya debió cerrar cerrado. Eso se llama prevaricato cuando se emite resoluciones contrarias a la ley y la Constitución”, dijo.

Aseveró que ya se abrió una investigación que fue rechazada, pero que el mismo Ministerio Público abrió otro caso sobre el mismo hecho.

En criterio de Pérez, se está incurriendo en prevaricato porque no existe el doble juzgamiento.

“Este proceso es ilegal desde el primer momento. Nunca lo notificaron para que vaya a declarar el 16 de diciembre y nunca llegaron a su casa. Nunca prendieron una notificación en su casa por cédula. No existe eso, por eso es ilegal el acta de comparecencia”, señaló.      

Reiteró que por eso es ilegal la imputación del 16 de diciembre, porque nunca se lo notificó.

Cindy Vargas, presunta víctima del expresidente Evo Morales, presentó un memorial ante el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinto de Tarija desmintiendo que fuera víctima de trata de personas, estupro e indicó que “nadie la obligó a embarazarse”.

En el documento Vargas indicó que “jamás ha sido víctima de trata, ni por mis padres ni por ninguna persona, nunca nadie me pagó o medio nada a cambio de simpatías o favores sentimentales”.

Por este caso, el expresidente debe presentarse a una audiencia de medidas cautelares que fue suspendida el martes 14, debido a que presentó un certificado médico en el que señala tener un cuadro clínico de bronconeumonía.  

El líder cocalero es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. El Ministerio Público inició el proceso en el marco del presunto delito de trata agravada de personas.

Vargas reiteró que “nunca ha sido víctima de estupro por ninguna persona” y señaló que «incluso» le dijo al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo “que no le meta en sus líos” y la “usen en asuntos políticos”.

La joven también enfatizó que “nadie la obligó embarazarse”, por lo que señaló que es absolutamente “falso” e indicó que no sabe “de donde sacan esos que yo tuve un embarazo forzado, eso es mentira”.

El memorial fue presentado el 6 de enero de esta gestión en el Juzgado de Instrucción, sin embargo, el documento que presenta los sellos de la oficina de Gestora de Procesos y la auxiliar de ventanilla única del Tribunal Departamental de Justicia, tiene la fecha de registro del 16 de enero de 2025.

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Vargas aseveró en el documento que “no autorizar a nadie que difunda nada sobre su hija menor” e indicó que “únicamente (ella) conoce todo sobre ella” y no como están “hablando” o metiéndose en su vida privada o tergiversando las cosas.

“En un momento de instabilidad emocional a ciertas consultas respondí sin medir, pero no quise perjudicar a nadie, no hago las cosas de manera intencionada”, aclaró.

Además, reiteró que de lo “único” que es víctima es de la “persecución que le hace el Ministro Castillo y la fiscal, los cuales no me dejan vivir en paz”.

“No tengo nada que ver con los conflictos políticos entre distintos grupos, que lo único que hacen es dañar mi vida y la de mi hija”, señaló.