La ventanilla única para agilizar los trámites de importación de combustibles, ya sea para consumo propio o para comercialización en el mercado interno, está plenamente operativa en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz y Santa Cruz, se informó este jueves.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, dijo que estas ventanillas fueron implementadas en el marco de los decretos 5218 y 5271, con el objetivo de simplificar los procesos y reducir la burocracia para los sectores interesados en la importación de diésel y gasolina.

El ministro explicó que el trámite consta de cinco pasos principales: la solicitud, la validación por YPFB, la autorización de la ANH, la revisión por la Dirección General de Sustancias Controladas y el proceso en sí.

En el primer paso, los usuarios deben identificar a su proveedor y presentar los certificados de calidad correspondientes. En el segundo, la petrolera estatal emite la no objeción o establece el contrato para la importación.

En el tercer paso, la Agencia Nacional de Hidrocarburos verifica y aprueba el proceso. En el cuarto, se incluye la supervisión necesaria para garantizar el cumplimiento normativo.

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‘REDUCIR LA BUROCRACIA’

Y el último paso puede demorar entre cinco y diez días dependiendo de la documentación y observaciones, fue diseñado para ser eficiente y brindar asesoramiento constante a los usuarios. La oficina de Santa Cruz, ubicada en el Distrito Comercial de YPFB, y la de La Paz, fueron verificadas por gremios de los empresarios privados y otras organizaciones productivas.

“Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de reducir la burocracia y facilitar los trámites, incentivando a los sectores privados para que puedan importar combustibles de manera eficiente”, destacó el Ministro de Hidrocarburos, según una nota de prensa.

El uso de las ventanillas únicas permite no solo simplificar los trámites de importación, sino también optimizar la liberación de combustibles subvencionados, reduciendo la carga fiscal asociada al subsidio. Esto dependerá del volumen y el interés de los sectores privados en importar para consumo propio o comercialización.

El Gobierno reitera la invitación a todos los interesados a acercarse a las ventanillas únicas de YPFB para acceder a este servicio, que forma parte de las acciones para fomentar la competitividad y el dinamismo del sector energético en Bolivia.

La Fiscalía Departamental de La Paz presentó una acusación formal contra Harold Lora Seoane, propietario de la inmobiliaria Las Loritas, por el delito de estafa con agravante de víctimas múltiples.

El empresario está acusado de defraudar a 24 personas que pagaron por departamentos y garzoniers en dos edificios ubicados en Calacoto y Obrajes, pero nunca recibieron las propiedades ni el reembolso de su dinero.

Según el fiscal Departamental, Luis Carlos Torrez, la acusación se basa en 34 pruebas documentales y 29 testimonios recabados durante la investigación, incluyendo documentos firmados por las víctimas, inspecciones técnicas y respuestas a requerimientos fiscales.

Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2023, cuando Harold Lora ofreció inmuebles con precios entre $us 30.000 y $us 57.000, formalizando las ventas mediante documentos protocolizados por notarios.

Sin embargo, las propiedades nunca fueron entregadas, lo que llevó a las víctimas a denunciar el caso ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la zona Sur.

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ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

El fiscal asignado al caso, Romualdo Almonte, confirmó a Éxito Noticias que se solicitó la pena máxima de 10 años de prisión para el acusado. La investigación concluyó con suficientes pruebas para respaldar la acusación formal y avanzar hacia un juicio.

Lora fue aprehendido el 27 de mayo de 2024 por los presuntos delitos de estafa múltiple, estelionato, trata y tráfico de personas, violencia familiar.

También es investigado por el delito de uso indebido de influencias, por lo que la Fiscalía emitió la imputación formal el 2 de mayo. Por este delito también se le investiga al concejal de La Paz Pierre Chaín.

Ambos son acusados por la emisión de la Ordenanza Municipal 046/2022. Esta norma “presuntamente” pretendía favorecer al empresario al permitirle la construcción del edificio Las Loritas 10, ubicado en Calacoto, en la zona Sur de La Paz.

La empresa Kantutani desmintió este martes las declaraciones del alcalde de La Paz, Iván Arias, en sentido de que la inmobiliaria habría “vendido lotes” en Bajo Llojeta, zona afectada por un deslave el pasado 23 de noviembre.

“Kantutani no ha vendido terrenos a ninguna de las personas afectadas, ni tampoco lo hizo en el lecho del río. No existe evidencia alguna que respalde la acusación del Alcalde”, declaró la empresa a través de una comunicación.

Arias afirmó este lunes que la empresa Kantutani sería responsable de la venta de los terrenos afectados en la zona de Bajo Llojeta, donde el 23 de noviembre un alud de lodo dejó una niña fallecida, varias viviendas destruidas y decenas de familias damnificadas.

“Estamos descubriendo, por ejemplo, que la empresa que ha loteado ese sector, que ha vendido lotes y, por lo tanto, ha construido, es la empresa Kantutani”, declaró a los medios.

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‘PAPELES DE ACHOCALLA’

Señaló que muchas de las personas afectadas presentaron documentos emitidos desde el municipio de Achocalla para justificar sus construcciones, pese a que estas estaban observadas por la Alcaldía de La Paz.

“La empresa Kantutani les ha vendido con papeles de Achocalla a la gente”, denunció.

La autoridad edil informó que se está levantando una lista de aproximadamente 40 viviendas y sus supuestos propietarios en la zona afectada.

“Estamos entrando al detalle para ver este problema. Es un caso complejo”, agregó.

Según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, el 90% de los vecinos afectados por la mazamorra no tiene el título de propiedad de su casa.

La filtración de información, el robo de datos y los ataques encabezados por expertos, mejor conocidos como “hackers”, se han incrementado en Latinoamérica: 15% en Argentina, 10% en Bolivia y 11,2% en Chile, según el informe de Kaspersky, empresa de ciberseguridad global. 

Más del 90% de los ciberataques por minuto (más de 2.000), se producen en países grandes, como México y Brasil, y menos del 10% (200) en países pequeños, como Bolivia.

Se conocen, al menos, siete tipos de ciberataques que generan preocupación en grandes empresas y entidades financieras. Entre los más destacados están el ransomware y el phishing, ambos categorizados como formas de software malicioso diseñadas principalmente para robar o destruir datos sensibles. Este tipo de amenazas puede infiltrarse a través de diversos canales, como correos electrónicos, redes sociales, descargas de archivos y dispositivos de almacenamiento.

En este entendido, la frase de Clive Humby que refiere a que “los datos son el nuevo petróleo”, resulta más que acertada, ya que el cibercrimen es una de las economías más grandes que, hasta 2023, movió un valor estimado de $us 8 billones.

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LEGISLACIÓN PENDIENTE

“En este Día Internacional de la Seguridad Informática, debemos volcar nuestros esfuerzos, como empresas y también como personas de a pie, entendiendo que lo que tenemos en frente es una amenaza real y empezar a motivar para que el anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales, presentado hace un año, se plasme en una Ley del Estado Plurinacional, que beneficie a empresas, al sector financiero, corporativo y doméstico, como debe ser”, declaró Julio De Bonadona, gerente general de Infocred, Buró de Información Crediticia.

Los artículos 131 y 132 de la Constitución Política del Estado de Bolivia regulan la protección de datos personales, pero claramente esto no es suficiente frente al incremento de las amenazas más importantes como son el Ransomware y el Phishing, por lo que se hace necesario apoyar la priorización de su promulgación.

Es importante mencionar que Bolivia no cuenta con un detalle oficial sobre ataques que se están materializando. Sin embargo, reportes de proveedores de seguridad aseguran que las principales víctimas son el sector financiero, así como los usuarios corporativos y domésticos. Frente a este panorama, los expertos llaman a las empresas a asumir acciones oportunas.

“En Infocred, Buró de Información Crediticia nos dedicamos a la gestión y provisión de información crediticia, por lo que los niveles de seguridad siguen estándares reconocidos y metodologías desarrolladas internamente para proteger el activo más importante: la información de terceros”, remarcó De Bonadona.

CONSEJOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS

La estrategia de seguridad en Infocred, está basada en un enfoque en riesgos que prioriza la protección de los activos de la información. Como resultado se viene realizando inversiones importantes en infraestructura de servidores y redes para proporcionar un servicio al 98% de disponibilidad para el cliente.

Con la experiencia en la protección de datos, Infocred da los siguientes consejos para la gestión de tu información:

• Usa contraseñas distintas para cada aplicación o servicio que lo requiera.
• Implementa factores de autenticación o mecanismos de verificación al ingreso de tus cuentas de correo o servicios más relevantes.
• Aplica las actualizaciones que te solicitan las aplicaciones en tu equipo móvil y computador.
• Antes de instalar un aplicativo, verifica los comentarios y valoraciones.
• Realiza respaldos de tu información.
• Usa tu sentido común: verifica con el remitente cuando un correo o mensaje puede parecer demasiado bueno o urgente.

Las vías más frecuentes para lograr un ataque informático son a través del correo electrónico, descargas de software, muchos pueden contener archivos dañinos para entrar al sistema; dispositivos de almacenamiento externo como USB o discos duros; redes sociales por donde se mandan enlaces maliciosos, creando estrategias de publicaciones que parecen confiables y por último, mediante dispositivos móviles.

La empresa Kantutani, propietaria del cementerio Los Andes, solicitó la realización de una auditoría técnica e independiente para determinar las responsabilidades que correspondan, públicas y privadas, en el caso de la mazamorra del sábado en la zona de Bajo Llojeta y que provocó la muerte de una menor, heridos y daños en viviendas.

La gerente general de Inmobiliaria Kantutani, Milenca Dávalos, afirmó que, por tratarse de un tema delicado, no se puede afirmar la culpabilidad de nadie sin que se audite, de manera imparcial, los aspectos técnicos que pudieron haber incidido en el desenlace.

Aclaró que los trabajos de estabilización fueron efectuados con el conocimiento de la alcaldía de Achocalla, que participó incluso en tareas previas de supervisión, de las que posteriormente también fue parte el municipio de La Paz.

Sobre la detención del arquitecto Luis Iturralde, propietario de la empresa, reveló que éste tenía prevista una cita médica en Santiago de Chile, debido a un accidente que sufrió el pasado martes 19 de noviembre, cuatro días antes de los hechos, y que, por lo tanto, de ninguna manera abandonó el país con fines de fuga.

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TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN

La empresa insistió en que solo una auditoría permitirá saber qué es lo que verdaderamente ocurrió y que esa respuesta, objetiva e independiente, es la que espera la población, en particular quienes sufrieron las consecuencias del desastre de Llojeta.

La aboga de la empresa, Nicol Gemio, añadió que la firma hizo trabajos de estabilización en la zona y que son de “pleno conocimiento” de la alcaldía de Achocalla. “Ellos nos han hecho las notificaciones pertinentes (y) nosotros hemos cumplido con las recomendaciones que nos han hecho”.

Papeles en mano, Gemio mostró el acta de conformidad suscrita el 5 de noviembre entre el propietario de la empresa inmobiliaria y los representantes de ese municipio.