La Procuraduría se suma al proceso iniciado por la Fiscalía contra bloqueadores de Mairana
La Procuraduría exhortó a la población movilizada a respetar los derechos humanos a la vida e integridad personal de los agentes estatales, salud y sociedad civil.
Varios policía resultaron heridos durante el desbloqueo en Mairana. Foto: RRSS
La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles que se sumó al proceso penal iniciado por la Fiscalía por el “ataque” a la Policía Boliviana en el municipio de Mairana, en el departamento de Santa Cruz.
“La Procuraduría General del Estado formalizó su apersonamiento como sujeto procesal de pleno derecho en el proceso penal promovido por el Ministerio Público contra los presuntos autores, destrucción o deterioro de los bienes del Estado, robo agravado y asociación delictuosa, ante el Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal de Samaipata”, señala el comunicado de esta instrucción.
El lunes, organizaciones afines al expresidente Evo Morales tomaron el Comando de la Policía Boliviana, cuando los agentes policiales estaban despejando la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba.
Destrozos
Tras la toma de la unidad policial, estar personas realizaron destrozos y el robo de objetos personales y equipos policiales como chalecos antibalas, armas y gases lacrimógenos.
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El martes también se registró un conflicto un violente enfrentamiento entre la Policía y organizaciones evistas, cuando agentes de orden intentaban bloquear la carretera la vía que une a los valles cruceños.
En un primer momento, la Policía logró despejar la vía, sin embargo, los bloqueadores se reagruparon y empezaron a agredir a los uniformados.
Por estos hechos, el Gobierno registro 29 personas heridas, de las cuales 27 son policías, un manifestante y un periodista. También, varios medios de comunicación reportaron que los bloqueadores despojaron a los periodistas de sus equipos de trabajo, como cámaras, micrófonos y hasta celulares.
Respetar
La Procuraduría exhortó a la población movilizada a respetar los derechos humanos a la vida e integridad personal de los agentes estatales, salud y sociedad civil.
Recordó que es obligación del Estado velar porque ninguna “acción u omisión” de terceros afecte los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.