Luego de que el empresario Marcelo Claure se refiriera a la situación económica del país como una de las peores y criticara al presidente Luis Arce, ministros del Gobierno salieron a responder y cuestionar al dueño del Club Bolívar, quien afirmó que su objetivo es ayudar a sacar adelante a Bolivia.

“Esa opinión para nosotros obviamente queda ahí nomás, porque no vamos a estar serviles a ningún empresario”, afirmó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.

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Claure

“Invertir en el fútbol es otra cosa, pero invertir en el tema productivo tiene mucho riesgo, en algunos casos depende mucho del clima, depende de muchos factores y obviamente ahí queremos pues que inviertan en la producción”, añadió.

Claure señaló que su objetivo no es lucrar con los recursos del país, pero sí señalar el camino al Gobierno para beneficiar a toda la población.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, también se refirió a las declaraciones del empresario y lo acusó de hacer política.

“Señor Claure, si usted no puede manejar un club deportivo como es el Bolívar, ¿cómo va a poder opinar sobre un municipio, una gobernación, y peor aún sobre el Estado Plurinacional de Bolivia?”, desafío en conferencia de prensa.

En criterio de Montaño, Claure es el peor presidente del Club Bolívar, debido a que, pese a la millonaria inversión, el club sufrió derrotas y fracasos a nivel local contra competidores sin el mismo presupuesto.

Tanto el titular de Obras Públicas como Flores cuestionaron que el empresario brinde declaraciones desde el extranjero, sin conocer la realidad boliviana y sin estar presente en el país.

Claure, por su parte, señaló que la falta de seguridad jurídica y las detenciones arbitrarias lo frenan de regresar al país.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó que este domingo no habrá difusión de resultados preliminares de las elecciones judiciales, debido a que el sistema está diseñado para la totalidad del proceso electoral.

“No habrá transmisión de resultados preliminares, porque nuestro Direpre (de Difusión de Resultados Preliminares) estaba pensado para el total de la elección judicial. La paramétrica de nuestro sistema no da para aquello. Vamos a generar al país un ahorro de 10 millones de bolivianos”, aseveró el vocal electoral.

Tahuichi prevé que los resultados finales se conozcan a más tardar el martes 17, dos días después del día de la votación.

“Vamos a agilizar que los resultados finales sean lo más antes posible, ocurre esto entre el 16 (o) 17 a más tardar de este mes”, enfatizó.

Transparencia

Añadió que la “transparencia” de este proceso electoral radicará en la publicación, una vez empiece el conteo público, de las actas en la página web de la institución.

“Se va a poder constatar que esa acta ha sido contada conforme a los resultados que se ha dado en esa mesa. Hay que recordar que, en las actas, una copia se lo lleva el presidente de mesa, otra copia se lo queda el notario y hay otra copia que tenemos el Órgano Electoral. Con eso estamos garantizando transparencia”, dijo. 

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El 15 de diciembre, 7.333.933 de habilitados acudirán a las urnas a emitir su voto a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de manera parcial.

Para este proceso electoral, el Órgano Electoral habilitó 5.597 recintos electorales a nivel nacional, en las que funcionar funcionarán 33.019 mesas de sufragio.

Para ello se designaron 8.084 notarios electorales, quienes cumplen la función de notificar, capacitar a los jurados electorales y verificar que los recintos de votación funcionen el día de la elección.

Además, se sortearon 198.114 jurados electorales a nivel nacional, quienes tiene la obligación de estar el día de la elección a las 07.00 para garantizar que las mesas de sufragio vayan a funcionar.

Elección parcial

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó la realización del proceso electoral judicial de manera parcial, por lo que, en los departamentos Beni y Pando sólo se votará para elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.

En Cochabamba, Tarija y Santa Cruz se votará para elegir a las autoridades de tres instancias: Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia.

La elección será completa en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, y Chuquisaca, donde se votará para elegir a las autoridades de las cuatro instancias: Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional

Tras el encuentro con la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Luis Arce reafirmó el compromiso del Estado de proporcionar “todas” las garantías necesarias para que la misión lleve a cabo su trabajo “con éxito y sin inconvenientes”.

“Hoy recibimos en Casa Grande del Pueblo a Edison Lanza, jefe de la misión de la OEA que observará las elecciones judiciales programadas para el próximo 15 de diciembre. Como Estado Plurinacional de Bolivia reafirmamos nuestro compromiso de proporcionar todas las garantías necesarias para que su trabajo se lleve a cabo con éxito y sin inconvenientes”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El jefe de Estado convocó también a los bolivianos a “demostrar” al mundo que “somos un pueblo que siempre apostará por la democracia y el respeto mutuo”.

Sin dar mayores detalles del encuentro, la misión de la OEA abandonó la Casa Grande del Pueblo y solo se limitaron a señalar que son 17 observadores.

Misión

La misión que está compuesta por 17 especialistas y observadores de 10 países inició el lunes su trabajo en el país de cara a los comicios del domingo 15 de diciembre.

Durante el proceso analizarán temas relacionados con organización y tecnología electoral, justicia electoral, judicatura, y participación política de las mujeres.

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Además del Gobierno, la misión se reunirá con autoridades electorales nacionales y departamentales, candidaturas a los cuatro órganos judiciales, miembros de la academia y de la sociedad civil, así como líderes políticos, para conocer sobre el proceso electoral en el país.

La misión está encabezada por el exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Edison Lanza.

Observación

Al término de su observación, la misión presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones de cara al fortalecimiento de los procesos electorales en Bolivia.

Esta es la tercera elección de Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional observada por la OEA, y la vigésima segunda elección que la Organización observa en Bolivia.

El domingo 15, más de 7,3 millones habilitados acudirán a las urnas para elegirán a los magistrados y consejeros del Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

También se elegirán a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) evista, Leonado Loza, indicó este martes que detrás de la extradición del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila “existen” intereses políticos para desprestigiar al expresidente Evo Morales.

También indicó que entre el jueves, viernes o fin de semana está llegando un avión desde Estados Unidos para la entrega de Dávila. Este hecho fue calificado por el senador evista como una “violación” a la soberanía del país.

“Vengo a denunciar ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que entre jueves, viernes o fin de semana va a llegar un avión de Estados Unidos al territorio (boliviano) para que el gobierno entregue a Dávila a Estados Unidos. Este hecho viola la soberanía jurídica y dignidad del pueblo”.

Añadió que detrás de esta entrega habrá un ataque a Morales, al instrumento político y al movimiento indígena campesino.

La Justicia boliviana autorizó la extradición de “manera inmediata” de Dávila en cumplimiento al tratado de extradición suscrito entre Estado Unidos y Bolivia.

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El exjefe policial se enfrenta a una condena de entre 20 años y cadena perpetua por uno de los dos delitos por el que se le acusa en ese país. Dávila está acusado por los delitos de asociación delictuosa por importar sustancias controladas y por el manejo de armas para el narcotráfico.

Sobre la entrega a un país extranjero, Loza cuestionó que se “viole” la independencia jurídica y la “dignidad” del país.

“Un presidente de izquierda no haría esto con ningún ciudadano. Un presidente si practicaría la soberanía y dignidad en temas de justicia, no entregaría a ningún ciudadano a manos extranjeras”, dijo.

Agregó que el Gobierno solo demuestra que “no hay capacidad” de hacer justicia en el país y que como “cualquier otro chitaco” se somete al imperio y entrega a un ciudadano boliviano.

El fin de semana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que el trámite para la extradición Dávila “ha concluido” y solo resta que Estados Unidos envíe un avión para su trasladarlo al país de Norteamérica.

Organizaciones de mujeres en Bolivia, lideradas por la Coordinadora de la Mujer, han solicitado al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) medidas urgentes para proteger los derechos políticos de las mujeres autoridades.

La petición surge ante el persistente acoso y violencia política, especialmente en el municipio de Sacaba, Cochabamba, donde concejalas han denunciado amenazas, presiones y el impago de salarios durante seis meses.

La práctica ilegal de los acuerdos de «gestión compartida», ampliamente utilizada en el ámbito político boliviano, obliga a concejalas a renunciar a sus cargos antes de finalizar su mandato para cederlos a sus suplentes. Estas acciones violan la Constitución, que garantizan un mandato de cinco años para las autoridades electas, y agravan la violencia política contra las mujeres.

“Esta imposición mina la democracia y vulnera los derechos de las autoridades electas, afectado principalmente a las mujeres”, señaló la Coordinadora de la Mujer en un comunicado.

Denuncias

En Sacaba, las concejalas María Amparo Acosta y Martina Rojas han acusado al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba de no actuar frente a las agresiones denunciadas. “El TED apoya la violencia política al no intervenir, politizando la situación”, afirmó Acosta.

Por su parte, Rojas criticó la falta de imparcialidad del organismo y lo acusó de favorecer al alcalde municipal.

Desde mayo, cuatro de las seis concejalas han denunciado acoso político, impulsado por sectores sociales que exigen su renuncia en cumplimiento de los acuerdos de «gestión compartida». Las denuncias permanecen pendientes ante la Fiscalía y el TED, mientras las autoridades afectadas esperan garantías para retomar sus funciones.

Las organizaciones de mujeres han entregado una carta al OEP cuyos puntos son:

—Rechazar públicamente las prácticas de «gestión compartida».

—Garantizar condiciones seguras para que las concejalas de Sacaba puedan ejercer sus funciones sin represalias.

—Sancionar de manera efectiva a quienes promueven el acoso y la violencia política.

Gabriela Murillo, representante de la Coordinadora de la Mujer, destacó que esta forma de violencia no solo vulnera derechos individuales, sino que también pone en riesgo la construcción de una democracia inclusiva.

Preocupación nacional

Se debe “garantizar los derechos políticos de las mujeres no es solo una obligación legal, es un paso esencial hacia una sociedad más equitativa”, afirmó Murillo.

En 2024, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) registró 83 casos de acoso y violencia política hacia mujeres, de los cuales el 74% está relacionado con la mal llamada “gestión compartida”.

La Defensoría del Pueblo ya había instado en mayo a las autoridades electorales de Cochabamba para cesar los discursos que perpetúan estas prácticas. Sin embargo, las organizaciones exigen acciones inmediatas para frenar la creciente violencia contra las mujeres en el ámbito político.