Defensoría del Pueblo denuncia ante la ONU obstáculos en el acceso a detenidos en bloqueos
El Mecanismo de Prevención de la Tortura, adscrito a la Defensoría del Pueblo, reportó a la ONU las dificultades para verificar condiciones de los detenidos en las manifestaciones y bloqueos recientes.
El jefe del Mecanismo de Prevención de la Tortura, Juan Ledezma, en conferencia de prensa.
Imagen: Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, mediante su Mecanismo de Prevención de la Tortura, envió una comunicación al Subcomité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Prevención de la Tortura denunciando obstáculos en el acceso a instalaciones policiales para verificar el estado de personas detenidas durante los bloqueos en Parotani, Cochabamba.
El jefe del Mecanismo, Juan Ledezma, señaló que en este caso, se les restringió la entrada durante 12 horas. Posteriormente, solo se permitió el ingreso de un funcionario a pesar de la gran cantidad de detenidos (61 personas en total).
Ledezma explicó que, según tratados internacionales, el Estado boliviano tiene la obligación de facilitar el ingreso de estos mecanismos a cualquier centro de detención sin restricciones de horario y sin requerir autorización previa.
“El Estado se ha comprometido a permitir el acceso sin limitaciones, pero lo está incumpliendo”, cuestionó. En su criterio, esta falta de acceso afecta el seguimiento adecuado de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad.
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Bloqueos
Sin embargo, en relación a los detenidos, la Defensoría confirmó que no se encontraron signos de tortura ni denuncias en ese sentido.
“La verificación directa que hemos hecho de las personas detenidas en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) descarta que hayan sido torturados”, afirmó Ledezma.
Además, informó que algunos de los detenidos presentaban necesidades médicas menores y se gestionó el ingreso de alimentación, ropa y frazadas para mejorar su situación.
De todas formas, la Defensoría subrayó que este tipo de barreras va en contra de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en derechos humanos. Por ello, exhortó a las autoridades a respetar los acuerdos que garantizan la supervisión independiente en el resguardo de los derechos de los detenidos.
De los 61 aprehendidos, 52 ya se sometieron a audiencias de medidas cautelares, donde se determinó, en la mayoría de los casos, que los implicados deben cumplir detención preventiva. Otras nueve personas están a la espera de su audiencia.