El expresidente Evo Morales respondió formalmente al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, que convocó a las partes en conflicto a dialogar, y planteó instalar dos mesas de trabajo, una económica y otra política.
Morales dijo que su propuesta busca “contener” la violencia en los puntos de bloqueo liderada por sus seguidores y la “represión estatal”.
“Presentamos una respuesta formal al Defensor del Pueblo, valorando la disposición de habilitar un escenario de dialogo a fin de contener la escalada de violencia y represión estatal. Nuestra propuesta comprende dos ejes de trabajo: una mesa político-institucional y una segunda mesa de abordaje de temas económicos”, escribió en su cuenta de X.
En su publicación, el exmandatario expuso la misiva que envió a Callisaya, que lleva su firma. Señala que es “imprescindible” la participación del denominado Estado Mayor del Pueblo y del Pacto de Unidad evista.
El domingo, en su programa dominical, Morales se abrió al diálogo y pidió que organismos internacionales acudan al encuentro.
Por su parte, el Gobierno ratificó su intención de dialogar, aunque señaló que solo se abordarán temas competentes al Órgano Ejecutivo.
Es más, el domingo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, condicionó el diálogo previo levantamiento de los bloqueos que aislaron al departamento de Cochabamba del resto del país y que este lunes cumplen 22 días.
El bloqueo de caminos fue propiciado por el evismo del Movimiento Al Socialismo (MAS) y generó un daño económico de más de $us 2.000 millones.
Varios sectores, principalmente productivos, reclamaron al Gobierno para que despeje las carreteras afectadas por la protesta.
En ese sentido, un operativo policial-militar liberó los bloqueos en Mairana, Santa Cruz, y Parotani, Cochabamba, dos de los puntos más fuertes de la medida.
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Paul Franco reclamó la presidencia de ese órgano de control constitucional y descalificó la asunción de su colega Gonzalo Hurtado.
El martes, en una sesión de la Sala Plena del TCP, Hurtado fue designado en su lugar con el respaldo de cinco de los nueve miembros. La justificación era la inasistencia de Franco en tres sesiones consecutivas.
Sin embargo, Franco, en una carta dirigida al Gobierno, argumentó que cumple una agenda en un evento internacional referido al aniversario de la Carta Magna de Perú.
El ministro de Justicia, César Siles, confirmó la existencia de la carta de Franco.
“Lo cierto, también, es que nos ha llegado una nota firmada por el presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco, que hace conocer movimientos, dice la nota, extraños que se sucedieron entre el día jueves y el lunes pasado, el día de ayer, respecto a la designación de la decanatura y la designación de la presunta designación de la presidencia del Tribunal Constitucional”, dice parte de la misiva, citada por Unitel.
En esa línea, el titular de Justicia adelantó que se pedirá al TCP que información respecto de los hechos. “Seguramente revisaremos los documentos y tomaremos una posición también más específica sobre el tema”, dijo Siles en una improvisada rueda de prensa.
Asimismo, reconoció una “crisis institucional” en el TCP y dejó la resolución de las “dos presidencias” en manos de los nuevos miembros del TCP.
Resoluciones polémicas
Hurtado, junto con su colega Yván Espada formaban parte de la Sala Constitucional Cuarta del TCP, desde donde se emitieron polémicas resoluciones, entre ellas, la postergación de las elecciones judiciales y, las más recientes, la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que reconoció válido el congreso arcista del MAS en el que se eligió como presidente a Grover García en reemplazo, precisamente, de Morales.
Otra decisión que hizo tambalear la arena política fue relativa a la reelección presidencial continua o discontinua. El Auto Constitucional 0083/2024 ECA, del 1 de noviembre de 2024, prohíbe la reelección por segunda vez de autoridades electas los órganos Ejecutivo, Judiciales, Legislativo y Electoral. Así, Morales no podrá postularse a la presidencia nunca más.
Este lunes 25 de noviembre comienza la capacitación para los jurados seleccionados en las elecciones judiciales programadas para el 15 de diciembre.
Según informó José Miguel Callejas, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, se han diseñado 36 rutas para capacitar a los jurados de 53 municipios en las provincias. En la ciudad capital, la capacitación se llevará a cabo el 1 de diciembre, al igual que en los demás departamentos.
El sorteo designó a 52.746 jurados, 26.374 hombres y 26.372 mujeres, y se cumple con el principio de paridad de género.
Esa cantidad de ciudadanos será la encargada de administrar las 8.791 mesas de sufragio habilitadas en el departamento, en el marco de la Elección de Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Durante las capacitaciones, se abordarán las funciones y atribuciones de las y los jurados electorales, actores fundamentales en el proceso electoral.
Ellos serán responsables de instalar las mesas de sufragio, garantizar la transparencia del voto, registrar correctamente los resultados en las actas electorales, realizar el escrutinio y plasmar los resultados en el acta que será computada por el TED.
El Órgano Electoral destacó la importancia de su labor para asegurar la integridad del proceso. Sin embargo, debido a una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), las elecciones se desarrollarán parcialmente.
El fallo establece la suspensión de los comicios para elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, así como de autoridades del Tribunal Constitucional en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Por otro lado, las elecciones para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental se realizarán sin restricciones en los nueve departamentos.
Liderada por el Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), una marcha en apoyo a la movilización del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista llegó al centro de La Paz desde la zona de Chuquiaguillo.
Centenares de personas recorrieron las principales avenidas de ese sector, arengando el apoyo al exmandatario Evo Morales y reclamando “solución” a la crisis del país.
Ondeando banderas del MAS y la wiphala, los movilizados se sumaron a la columna que partió de Caracollo, Oruro, la anterior semana y que recorrió la autopista que une los municipios de La Paz y El Alto hasta llegar a la altura de las oficinas de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN).
La anterior semana, Morales anunció que su movilización ingresaría a La Paz “por los cuatro puntos cardinales”: Villa Fátima, Río Abajo, el sector del lago Titicaca y la carretera a Oruro.
Ante la llegada de las movilizaciones, la Policía Boliviana reforzó la seguridad en puntos estratégicos. Por ejemplo, cerró el paso a la plaza Murillo y sus alrededores, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y la Casa Grande del Pueblo.
Otro de los puntos donde dedicó más vigilancia es la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), ubicado en la calle Pisagua, cerca de la avenida Montes.
Hace dos semanas, organizaciones sociales afines a Morales intentaron con violencia tomar la sede de los trabajadores. Cuestionaron al líder de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi, por haber organizado una marcha en apoyo al Gobierno.
Por su parte, Huarachi denunció ese hecho como un intento de golpe sindical.
Pese a la tensión del domingo en la zona de Ventilla, en El Alto, el presidente Luis Arce dijo que “no caerá en provocaciones” de una guerra civil, como algunos dirigentes evistas del MAS lo anunciaron.
“Para que haya guerra civil se necesitan dos frentes antagónicos, y ése es un gusto que no te daremos”, dijo el mandatario en un nuevo duro mensaje a Morales.
Asimismo, Arce apostó por el diálogo y la resolución de ese conflicto.
Con la mira puesta en el 1 de diciembre para, por fin, organizar las esperadas elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se planteó un calendario electoral de 110 días sin preclusión y con un padrón “seguro”.
La convocatoria a los comicios, conocida el 13 de agosto, marcó el inicio de las 36 actividades hasta el día en que los bolivianos acudan a las urnas a elegir las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En una entrevista con La Razón, el vocal electoral Gustavo Ávila explicó que las fechas definidas en “este calendario electoral ya no se pueden modificar ni sustituir. Son actividades que debemos cumplirlas como Órgano Electoral”.
De hecho, el principio de preclusión de dicho calendario de actividades está definido en el inciso K del artículo 2 de la Ley 026, de Régimen Electoral, y señala: “Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato no se revisarán ni se repetirán”.
PLAZOS. Así, los plazos del proceso fijados en el calendario de las elecciones judiciales quedan “sellados” y sin opción a modificación “de ninguna manera”.
La fase previa a la organización de los comicios a cargo del TSE fue la preselección de postulantes que llevó la Asamblea Legislativa. El camino fue accidentado y se cumplió luego de atravesar varios escollos, entre recursos judiciales y cuestionamientos que demandaron acuerdos políticos y hasta la intervención del mismo Órgano Electoral.
Por iniciativa de los vocales electorales, el TSE propició un encuentro multipartidario e interinstitucional que, con la participación de líderes de 11 partidos políticos, definió priorizar las judiciales respecto de las elecciones primarias que, por el mismo acuerdo, serán suspendidas una vez promulgada la ley sancionada en la Cámara de Senadores.
“Decidimos convocar ese diálogo y ha tenido esos resultados, (porque) ahora ya tenemos una elección (judicial) cierta, porque, antes del diálogo, era una elección incierta; no sabíamos si se iba a realizar o no”, dijo Ávila.
PADRÓN. Mientras se resolvía, primero, la preselección de postulantes y, luego, el calendario electoral surgió cuestionamientos sobre la seguridad o no del Padrón Electoral vigente.
Sobre eso, el vocal electoral, designado por el presidente Luis Arce a principios de abril, aseguró que el Padrón “ya fue sometido a varias auditorías” cuyos resultados lo calificaron como “seguro”
Tomando en cuenta que el calendario electoral prevé 10 días — del 21 al 30 de agosto— para el empadronamiento masivo, Ávila aseguró que el Padrón Electoral “está abierto” para su revisión.
Incluso recordó que el quinto punto del Acuerdo por la Democracia del 10 de julio establece “una completa transparencia” del proceso a cargo del TSE.
“Cualquier ciudadano, cualquier representante de la organización política, una organización social, una plataforma, puede asistir a los diferentes tribunales electorales y revisar el padrón electoral. Estamos abiertos a que los revise”, dijo.
Los dólares desaparecieron y en las calles se vende a precios altos. Foto: Archivo
La actividad más “amplia” del calendario es la recepción de demandas de inhabilitaciones, para la que el TSE dispuso 95 días —del 14 de agosto al 16 de noviembre— sin impedir el avance de las otras.
Otra de las fases a las que se le asignó más tiempo es la difusión de méritos de los postulantes, durante 42 días, desde el 17 de octubre al 27 de noviembre.
Sobre esta última fase descrita, el vocal Ávila enfatizó que solo el Órgano Electoral puede difundir información de los profesionales. Para eso, describió que se utilizan los tradicionales medios de comunicación: prensa, radio y televisión, y “todas las redes sociales”.
En caso de que algún postulante promueva su candidatura por su parte, explicó Ávila, expone su continuidad en el proceso. Pero la sanción, que es la inhabilitación total, no solo será para él, sino para el medio que difunda la información, aunque, en ese caso, es pecuniaria.
Los bolivianos elegirán por tercera vez a las altas autoridades de los tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ) y Agroambiental, y del Consejo de la Magistratura. Se trata de 23 magistrados y tres consejeros —titulares y suplentes en ambos casos— cuyo mandato constitucional es de seis años.
La primera vez que Bolivia celebró las elecciones judiciales fue el 16 de octubre de 2011; la segunda ocurrió el 3 de diciembre de 2017. En el último caso, los magistrados y consejeros resultaron prorrogados a través de la Declaración Constitucional 049/2023.
Hay causales para repetir la votación
El calendario electoral de las elecciones judiciales publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispone una repetición de votación en el caso de “contratiempos” con las mesas de sufragio dispuestas para esos comicios.
En un eventual caso de anulación de las mesas electorales, las actividades tienen prevista la repetición de la votación para el 15 de diciembre.
¿Cuáles son las causales para la anulación de las mesas de sufragio que llevaría a una eventual nueva votación? En una entrevista con La Razón, el vocal electoral Gustavo Ávila describió cinco posibles causales.
La primera está referida a los jurados electorales, pues la norma manda a que sean tres por cada mesa de sufragio, y en el caso de que no se cumpla esa condición, la votación se repetirá. Tendrá el mismo efecto si las actas electorales no cuentan con la firma o huella de los jurados de mesa
Los asistentes al encuentro multipartidario del 10 de julio.
Asimismo, la votación se repetirá cuando una mesa sea instalada en un recinto diferente al que inicialmente se estableció o cuando la votación se haya iniciado antes del horario dispuesto para el sufragio, que es de 08.00 a 16.00, el domingo 1 de diciembre.
Incluida una eventual repetición de la votación, el calendario publicado el viernes por el Órgano Electoral cuenta 62 actividades hasta la remisión del informe final a la Asamblea Legislativa.
Las elecciones judiciales serán posibles luego de un largo camino de escollos, que demandó de acuerdos entre las tres fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa y hasta un encuentro multipartidario propiciado por el TSE, que logró un pacto para priorizar esos comicios.
Ahora, los actores políticos celebran que se hayan “allanado” las elecciones judiciales.
El 56% de los hogares en Bolivia cuenta con internet fijo
La mayoría de los usuarios, el 92% de un universo de 1.255.926, cuenta con la instalación de internet a través de fibra óptica, según un reporte de la ATT.
Una joven cumple sus actividades en la modalidad de teletrabajo desde su domicilio.
El 56% de los hogares en Bolivia cuenta con servicio de internet fijo, según el boletín de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), con datos cerrados hasta diciembre de 2023.
“La penetración del acceso a internet fijo en Bolivia alcanza a diciembre 2023 al 56%, lo que equivale a decir que, por cada 100 familias (con cinco integrantes), 56 tienen conexión a internet fijo. La penetración se ha incrementado desde un 8% en 2013 hasta un 56% en 2023, con un promedio de crecimiento del 24%”, señala el documento publicado en la página institucional de esa entidad.
En 2014, dicho fenómeno fue apenas 9%, en 2015 subió a 11%; en 2016, 13%; en 2017, 19%; en 2018, 27%; en 2019, 33%; en 2020, 40%; en 2021, 49%, y 2022, 55%.
El departamento con mayor presencia en el mercado de internet fijo es La Paz, con un 63,7%; seguido del departamento de Cochabamba. con un 63,6%. En tercer lugar se encuentra Tarija, con un 58,4%, y en cuarto lugar, Oruro, con un 57,3%.
Otro dato que llama la atención es que, a diciembre de 2023, la tecnología maìs empleada por los operadores para prestar el servicio de internet fijo, incluyendo tecnologías de última milla alámbrica e inalámbrica, es la FTTX ( fibra hasta el hogar), con el 92%.
Uno de los factores que impulsó la instalación del servicio de internet domiciliario fueron las restricciones que se implementaron en plena pandemia de COVID-19, que llegó a Bolivia el 10 de marzo de 2020, coincidente con el gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez.
Desde Argentina, en septiembre de ese año, el expresidente Evo Morales reivindicó la obra, cuyo proyecto fue consolidado en 2016. Recordó que el gobierno de entonces invirtió $us 66 millones para abaratar costos de telecomunicaciones, telefonía móvil e internet.
Si bien durante el régimen transitorio fue clausurado el año escolar (Resolución 050/2020, del 31 de julio de 2020), el uso de la tecnología comenzó a cobrar fuerza. Así, durante el gobierno de Luis Arce, en 2021, la educación virtual se acentuó y una nueva forma de impartir clases se posicionó en el país: la educación a distancia.
El nuevo gobierno dispuso modalidades a distancia con clases virtuales y, en lugares remotos, con ayuda de radio y televisión.
Hasta ese momento, pasar clases desde casa era algo prácticamente inexplorado en el país. El Ministerio de Educación se valió de plataformas gratuitas para salvar el calendario cerrado en 2020.
Aunque había opciones, la prioridad era que los niños vuelvan a las aulas debido a que la distancia impedía el desarrollo pleno de la educación. De a poco, con la implementación de protocolos y la apertura de la vacunación contra el COVID-19 para los niños a partir de los cinco años, y luego otros grupos etarios, la presencia en aulas se incrementó.
Asimismo, nuevas modalidades se implementaron en diferentes actividades; por ejemplo, el uso de la banca digital para transacciones, la compraventa de productos y servicios, y otro tipo de usos cotidianos.
LABORAL. Lo mismo ocurrió en el ámbito laboral, luego de que el Ministerio de Trabajo también decidiera el trabajo a distancia con el fin de evitar contagios masivos, que implementaron medidas que permitió que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades desde sus domicilios.
“Casi todos teníamos que trabajar desde casa, salir y exponerse era demasiado riesgoso y, como no había las vacunas (contra el COVID-19). Más bien que el internet nos permitía eso. Lo mejor era cuidarse y laburar a distancia. Todo en las noticias tenía que ver con muertes por ese virus, a toda hora: mañana, tarde y noche; lo mejor era cuidarse en casa y así cuidar, también, a nuestras familias”, dijo a La Razón David Quenta, docente de una universidad privada en La Paz.
Se tiene previsto mayor crecimiento de líneas móviles con acceso a internet, considerando que, al 31 de diciembre de 2023, que es el lapso analizado por la ATT, se registra cerca de un millón de líneas móviles con tecnología GSM que “podrían ser sustituidas por líneas con acceso a internet”.
“La penetración del servicio de internet móvil calculada para diciembre de 2023 alcanza al 91%; es decir que, por cada 100 habitantes, 91 tienen activas líneas con el servicio de internet móvil”, añade el documento.
La diferencia con la penetración del número de líneas móviles totales (99%) se debe a que todavía en el país existe terminales con tecnología GSM; es decir que no cuentan con acceso a internet móvil, solo llamadas.
También hay usuarios que, teniendo líneas móviles con acceso a internet, usan solo voz.
Existen 20.430 kilómetros (km) de tendido de fibra óptica en el país, de los cuales 12.433 son de distribución del servicio y 7.997 km de acceso para internet.
Medio millón y más de hogares tienen televisión por cable
A diciembre de 2023, 570.581 hogares del país contaban con servicio de televisión por cable, 315.165 más que en 2013; la mayoría, en el eje del país, según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
La información está contenida en un reporte publicado en su página institucional.
“Por cada 100 familias (con cinco integrantes), 23 cuentan con el servicio de Tv Cable”, señala el informe.
Según ese cuadro, se observa crecimiento hasta 2019, pero en 2020 se produjo una reducción en ese tipo de servicio; sin embargo, y en gran medida “por las ofertas empaquetadas”, la cantidad de conexiones a diciembre 2021 se incrementó; a diciembre 2022 se registró una reducción de 25.276 conexiones. Mientras que, en 2023, la caída fue de 24.304 conexiones, o sea, 11,51% menos que en 2022.
La Razón intentó comunicarse con las tres operadoras autorizadas para brindar ese servicio, pero no logró la comunicación. Sin embargo, varios usuarios advirtieron “un mar de ofertas” de plataformas digitales que brindan “de manera gratuita” el acceso a ese tipo de beneficio comercial.
“Hay plataforma gratis, como Magis y el mismo internet, que ya hace que los servicios de Tigo, Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) y Cotel (Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz) se vean caros. Porque, en realidad es más accesible. Con Bs 30 puedes ver más canales e incluso series y películas”, dijo Álvaro P. a este medio.
“Se tienen los servicios de streaming de contenidos bajo demanda como Disney Plus, Star Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus, entre otros, donde el usuario puede decidir qué ver y bajo qué circunstancias; son tantas opciones para elegir que se tiene menor interés en lo que son los canales tradicionales de televisión, con paquetes que incluyen los canales que interesan y los que no también”, señaló en su reporte.
Si bien hay usuarios que optaron por las plataformas “gratuitas”, algunos como Iver D. defienden “lo seguro” de los operadores”. “Cuando las plataformas se caen, no tienes a quién reclamar”.
El uso de esas plataformas no está restringido, pero tampoco existe una norma que delimite condiciones para su uso o que den seguridad a los usuarios que acceden a ellas.
Un router que distribuye señal de internet a dispositivos. Foto RRSS
