La Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia cierra con broche de oro su temporada 2024 los días jueves 19 y viernes 20 de diciembre con un concierto que promete ser inolvidable.

En el Centro Sinfónico Nacional, ubicado en la calle Ayacucho casi esquina Potosí, La Paz, se presentará un programa que combina obras clásicas, estrenos y música navideña, bajo la dirección del maestro Cergio Prudencio y con la participación especial del guitarrista de renombre internacional, Piraí Vaca.

El evento tendrá como pieza central el estreno mundial del “Concierto a Tarija” del compositor boliviano Fernando Arduz, un homenaje musical que representa las distintas geografías de la región de Tarija.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Prudencio afirmó que el repertorio incluye también la célebre Séptima Sinfonía de Beethoven, considerada una de las obras más emblemáticas del compositor alemán, así como un segmento especial de música navideña con villancicos tradicionales.

 “Es un privilegio dirigir a la Sinfónica Nacional en este evento tan significativo, donde rendimos homenaje a Fernando Arduz y trabajamos junto a un talento de la talla de Piraí Vaca. Es un programa que busca conmover al público y cerrar el año con un mensaje de esperanza y emoción”, dijo.

Por su parte, Piraí Vaca expresó su entusiasmo por el estreno de esta obra. “El ‘Concierto a Tarija’ es una creación especial que combina el folklore y la grandiosidad de la música sinfónica. Estoy emocionado de interpretar esta pieza que resalta nuestras raíces y muestra la riqueza cultural de Bolivia al mundo”.

Ambos artistas adelantaron la posibilidad de llevar este concierto a otras ciudades del país, como Santa Cruz y Tarija, para compartir esta obra maestra con un público más amplio.

A dos días de las elecciones judiciales, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, confirmó que se iniciarán procesos sumarios y disciplinarios contra los funcionarios públicos que promovieron campañas en el marco de las elecciones judiciales.

Pese a la prohibición, en algunos departamentos se han evidenciado campañas electorales, donde vehículos y pancartas promovían abiertamente a ciertos postulantes.

Incluso, la diputada suplente de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero hizo pública una lista con los nombres de varios juristas, supuestamente vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) para evitar que la población vote por ellos.

La legisladora informó, a través de sus redes sociales, que “se logró” culminar la elaboración de un listado denominado “listas azules”, en las que se revelan y denuncian supuestos nexos y cercanía de varios candidatos participantes de las judiciales.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Vargas, explicó que, según la normativa vigente, estas acciones contravienen los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regir durante un proceso electoral.

“El Órgano Electoral es el garante de la democracia y no puede permitir que se vulneren las normas. Hemos identificado casos de promoción indebida y tomaremos medidas contundentes para sancionar a los responsables”, aseguró Vargas.

Además de las acciones disciplinarias contra funcionarios, Vargas reiteró que los ciudadanos que incumplan sus deberes electorales también enfrentarán sanciones económicas y restricciones administrativas.

Recordó que quienes no voten deberán pagar una multa de Bs 500, equivalente al 20% del salario mínimo nacional, y estarán impedidos de realizar trámites en entidades financieras, obtener pasaportes o acceder a cargos públicos.

El vicepresidente aseguró que el TSE ha trabajado “incansablemente” para garantizar un proceso electoral transparente, a pesar de las dificultades y los retrasos que han afectado la organización de estas elecciones judiciales.

Señaló que cualquier intento de manipulación o sesgo en el proceso será investigado y sancionado conforme a la ley.

Lea: Campañas prohibidas y sanciones a candidatos: la advertencia del Tribunal Electoral

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, expresó su preocupación por el retraso en la aprobación de la Ley de Redistribución de Escaños, un instrumento esencial para el proceso electoral de 2025.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Vargas, aseguró que la Asamblea Legislativa debe tratar el proyecto de ley hasta la primera quincena de enero.

En su criterio, el retraso parlamentario podría impactar negativamente el cronograma del Órgano Electoral y reducir los plazos técnicos necesarios para la delimitación de circunscripciones uninominales.

Vargas recordó que el crecimiento poblacional reflejado en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2023 exige al TSE redibujar las circunscripciones. Este trabajo requiere no solo los resultados georreferenciados del Censo, sino también el marco legal que define la redistribución de escaños.

“Esperamos que este proyecto sea aprobado en diciembre o a más tardar en la primera quincena de enero. Sin la ley, los plazos técnicos se reducen, afectando el trabajo de campo que deben realizar nuestros equipos técnicos y los tribunales departamentales”, advirtió.

El vicepresidente aseguró que el proceso de delimitación está programado para el primer trimestre de 2025, pero la falta de aprobación legislativa podría poner en riesgo la planificación electoral.

Por último, reiteró la necesidad de actuar con celeridad para garantizar un proceso electoral que cumpla con las disposiciones de la Constitución Política del Estado y responda a las demandas de la población.

Con el receso legislativo programado para el 22 de diciembre, el tiempo se convierte en un factor crítico para evitar posibles inconvenientes en la organización de las elecciones presidenciales de 2025.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, se enfrenta a un panorama judicial complejo con más de 38 procesos en su contra e, incluso, una imputación por violencia política.

Acusado por el delito de violencia política, Arias, en 2023, fue imputado por la Fiscalía y deberá enfrentar a la Justicia en una audiencia cautelar. El caso fue interpuesto por una exfuncionaria, por hechos de 2021.

Su última denuncia es por el deslave del 23 de noviembre, cuyo origen aparente fue el Cementerio Jardín Los Andes, que causó una mazamorra y afectó a 40 viviendas en las urbanizaciones Santa Cecilia y El Prado en la zona de Bajo Llojeta. El hecho dejó como saldo a seis familias damnificadas, además del fallecimiento de la niña Camila, de cinco años.

En entrevista con La Razón Radio, el concejal de La Paz, Jorge Dulón expresó su preocupación por la situación que atraviesa el alcalde. Recordó que Arias pasó de ser denunciante a ser investigado por el Ministerio Público.

Aunque el alcalde no ha sido detenido y enfrenta las investigaciones en libertad, el concejal advirtió sobre intentos de desestabilización que calificó como un “presunto golpe municipal”.

En cuanto a la imputación por violencia política, Dulón aseguró que el alcalde está colaborando con la justicia para defenderse de este y otros procesos. También criticó la judicialización de la política en Bolivia, destacando que “estar en política parece sinónimo de estar procesado por todo y por nada”.

Con este complejo panorama, el alcalde Arias enfrenta una lucha en múltiples frentes: no solo en el ámbito judicial, sino también en el político y social.

El concejal de La Paz Jorge Dulón denunció intentos de “diputadillos” nacionales de gestar un golpe municipal a la gestión del alcalde Iván Arias.

En entrevista con La Razón Radio, el concejal denunció que estas acciones habrían sido “orquestadas” por algunos diputados nacionales y concejales locales que buscan desestabilizar la gestión de Arias, quien actualmente enfrenta múltiples procesos judiciales, incluido el caso de Bajo Llojeta.

El 23 de noviembre, ocurrió un deslave cuyo origen aparente fue el Cementerio Jardín Los Andes, que causó una mazamorra y afectó a 40 viviendas en las urbanizaciones Santa Cecilia y El Prado en la zona de Bajo Llojeta. El hecho dejó como saldo a seis familias damnificadas, además del fallecimiento de la niña Camila, de cinco años.

Aunque Dulón evitó mencionar nombres de diputados, criticó la actitud de ciertos legisladores nacionales que, en su opinión, priorizan el protagonismo mediático por encima de su labor legislativa.

“Hay diputados que se dedican a criticar la gestión, pero no hacen nada por resolver problemas estructurales como los límites municipales, que están en sus competencias. Solo buscan cámaras y generar conflictos”, señaló.

Afirmó que las alertas sobre un golpe municipal fueron confirmadas por diversas fuentes; no obstante, admitió que, hasta el momento, no cuentan con pruebas concretas para iniciar acciones legales.

“Hemos cruzado información y tomado precauciones con las organizaciones sociales. Si alguien tiene evidencia que pueda sustentar esta denuncia, estamos abiertos a recibirla”, añadió.

El concejal urgió la necesidad de defender la institucionalidad democrática y pidió a la ciudadanía mantenerse alerta. “La Paz no puede ser un botín político. Debemos garantizar que el alcalde complete su gestión y que los intereses del pueblo prevalezcan sobre las ambiciones individuales”, concluyó.

Caso Bajo Llojeta

Dulón lamentó que el alcalde Arias pasó de ser denunciante a investigado en este caso, lo que calificó como “una situación inusual y preocupante”. En su criterio, estas acciones serían parte de una estrategia más amplia para interrumpir la institucionalidad democrática en el municipio.

“El alcalde fue el primero en pedir que se investigue lo sucedido en Bajo Llojeta, pero ahora lo acusan. Esto nos preocupa, porque hemos recibido advertencias de un posible golpe municipal por parte de ciertas autoridades nacionales. Es un intento de romper el orden institucional y aprovecharse políticamente”, afirmó.

El concejal mencionó que organizaciones sociales como gremiales, transportistas y juntas vecinales han respaldado al alcalde Arias en sus comparecencias ante el Ministerio Público, lo que permitió que enfrente las investigaciones en libertad.