El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón calificó como engañosa la gestión del gobierno sobre a la subvención de combustibles.

En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, recordó que en 2022 el presidente Luis Arce justificó la necesidad de un referéndum para limitar o eliminar la subvención, afirmando que, sin estas medidas, el Tesoro General de la Nación (TGN) enfrentaría un colapso debido al gasto anual de $us 2.000 millones en subsidios y al contrabando de Bs 600 millones en combustibles.

Alarcón denunció que el discurso oficial cambió drásticamente. “Pasamos de un presidente que advertía un desastre económico si no se restringía la subvención, a un candidato que asegura que todo está bajo control”.

Según el diputado, esta contradicción demuestra un manejo “oportunista” del tema, diseñado para favorecer intereses electorales del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Además, Alarcón alertó que la “falta de coherencia” refleja un mal manejo de la economía, donde el gasto en subvenciones no ha sido acompañado por estrategias efectivas para combatir el contrabando ni por un debate serio en la Asamblea Legislativa.

“El gobierno evade su responsabilidad y traslada el peso de sus errores a la población, con medidas que encarecen la vida de los bolivianos”, concluyó.

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El diputado Carlos Alarcón, representante de Comunidad Ciudadana, criticó el Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y lo calificó como un “latrocinio y un terrorismo de Estado”.

En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Alarcón expuso varias observaciones y advirtió sobre los riesgos de las disposiciones contenidas en el documento.

Según Alarcón, una de las principales preocupaciones recae en el artículo adicional 13 del proyecto, que otorga al Ministerio de Economía la potestad de contraer deuda externa por hasta $us 3.000 millones sin pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.

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“Esto es un cheque en blanco al ministro de Economía, quien podrá disponer de estos recursos en rubros de libre disponibilidad, como apoyo presupuestario o pago de pasivos”, señaló.

Alarcón cuestionó la legalidad de esta disposición, señalando que vulnera el artículo 322 de la Constitución, que establece la obligación de que cada préstamo sea autorizado por la Asamblea y se demuestren las condiciones más ventajosas para el país.

“Esto no solo desplaza a la Asamblea Legislativa de su rol fiscalizador, sino que además abre la puerta al derroche y al uso indebido de recursos públicos en el marco de la campaña electoral del MAS”, afirmó.

Sin embargo, Bolivia efectuó la primera emisión de bonos por $us 500 millones en 2012. La segunda colocación se la hizo en 2013 por otros $us 500. La tercera colocación se registró en marzo de 2017, cuando se emitieron $us 1.000 millones. En 2022 Bolivia colocó $us 850 millones al 7,5% anual.

Las tres primeras colocaciones son a 10 años plazo y las tasas de interés son variables. En la primera emisión la tasa fue de 4,875%, en la segunda de 5,95% y en la última, 4,5%. La última colocación es a un plazo de ocho años.

Bolivia ya cumplió con el pago de la primera y la segunda emisión de los bonos soberanos a los acreedores privados. La tercera colocación vence en 2027 y la última en 2032. La emisión de un bono soberano es un instrumento de deuda emitido por un Estado con el objeto de acceder a recursos a través del mercado de capital.

Otro aspecto preocupante para Alarcón es la inclusión de disposiciones que permiten la confiscación de bienes de comerciantes e industriales bajo la sospecha de alza de precios en productos básicos. Según el diputado, esta medida, que no guarda relación directa con el presupuesto, constituye un acto de “terrorismo de Estado” y busca trasladar al sector privado la responsabilidad de la crisis económica del país.

“Pretenden decomisar bienes legalmente comercializados sin la intervención de jueces ni fiscales competentes. Esto es inconstitucional y generará mayor incertidumbre económica”, denunció.

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El abogado de un sector de damnificados del deslave en Bajo Llojeta Gabriel Justiniano afirmó que los vecinos exigen, mediante una acción popular, informes de prevención e inversión a las alcaldías de Achocalla y La Paz.

El 23 de noviembre, ocurrió un deslave cuyo origen aparente fue el Cementerio Jardín Los Andes, que causó una mazamorra y afectó a 40 viviendas en las urbanizaciones Santa Cecilia y El Prado en la zona de Bajo Llojeta. El hecho dejó como saldo a seis familias damnificadas, además del fallecimiento de la niña Camila, de cinco años.

En entrevista con La Razón Radio, el jurista afirmó que los alcaldes Manuel Condori (Achocalla) e Iván Arias (La Paz) tienen responsabilidad, debido a que ambos tenían tuición de tomar decisiones sobre los movimientos de tierra en el predio del cementerio Los Andes.

 “Vamos a exigir que el alcalde responda si hay un plan de gestión de riesgo. Y (la Justicia) medirá el grado de responsabilidad, pero ninguno de los alcaldes puede decir que no tiene responsabilidad”, dijo.

Destalló que la acción va contra las autoridades que hagan cometido ciertos actos u omisiones y ponen en riesgo derechos públicos. “Estamos demandando a ambos alcaldes y tienen que darnos esos informes”.

El abogado indicó que ambas autoridades deben informar si había un presupuesto, un plan de riesgos y, en caso de tenerlo, si se ha ejecutado de manera correcta.

Un grupo de abogados presentó, el martes, ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una acción popular por el deslave en Bajo Llojeta que dejó una niña fallecida y más de 40 viviendas anegadas por lodo.

Los juristas afirmaron que con el proceso buscan garantizar que las autoridades municipales sean responsables en la protección de la ciudadanía.

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Con la llegada de la temporada de lluvias, las zonas de Bajo Llojeta e Irpavi II se constituyen como las más vulnerables de La Paz debido al alto riesgo de deslizamientos y afectaciones por la acumulación de agua.

En entrevista con La Razón Radio, el coronel Wilson Lupa, comandante de Incidentes en Bajo Llojeta, afirmó que las precipitaciones han generado deslizamientos que afectan tanto a viviendas como a vías principales, incrementando la necesidad de medidas preventivas y de mitigación.

A pesar de las acciones preventivas, el comandante advirtió que existe riesgo de nuevos deslizamientos, especialmente si las precipitaciones superan los 6.5 milímetros por metro cuadrado.

“No solo Bajo Llojeta está en riesgo, también Irpavi II enfrenta problemas similares. Estas dos zonas son las más críticas en esta temporada”, señaló.

Desde el pasado 23 de noviembre, el Comando Conjunto de Respuesta Ante Eventos Adversos se activó para liderar los trabajos de mitigación en Bajo Llojeta. Más de 300 efectivos de las Fuerzas Armadas, incluyendo el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, están participando en las operaciones.

Entre las principales tareas se encuentra el llenado de bolsas de contención y la construcción de gaviones para canalizar el agua y reforzar las áreas más vulnerables.

“Diariamente llenamos entre 850 y 1.200 bolsas para construir los gaviones, lo que permitirá reducir el impacto del flujo de agua en zonas críticas como la avenida Los Argentos, que presenta una inclinación pronunciada”, explicó Lupa.

El trabajo de las Fuerzas Armadas es preventivo, mientras que las soluciones definitivas, como estudios y obras de ingeniería más avanzadas, recaen en el municipio. No obstante, el apoyo coordinado busca mitigar el impacto inmediato de las lluvias en la población.

El municipio de Colcapirhua, en Cochabamba, enfrentó una de las peores tragedias climáticas en los últimos años tras el desborde del río Chijllawiri el lunes por la noche.

El desastre se originó debido al taponamiento del Puente Cajón, causado por raíces y lodo que bloquearon el flujo del agua, lo que desató una inundación que afectó gravemente varias zonas, incluyendo el mercado central y las avenidas Blanco Galindo y El Prado.

En entrevista con La Razón Radio, el alcalde de Colcapirhua, José Gallinate, afirmó que esta es la primera vez desde 2009 que un evento de esta naturaleza impacta de manera tan severa. Aunque no se reportaron lluvias intensas en su municipio, las precipitaciones en las zonas altas arrastraron grandes cantidades de lodo y residuos hacia el municipio.

A pesar de haber realizado trabajos preventivos como el dragado del río, la magnitud del deslizamiento desde las alturas superó las previsiones del municipio.

Según el alcalde, aún no se tiene una cifra exacta de familias damnificadas, pero las pérdidas materiales son significativas. Comercios, especialmente en el mercado, sufrieron daños severos, con productos perecederos y bienes destrozados.

En algunos sectores, el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura, y provocó daños estructurales y lesiones leves en algunos ciudadanos. La pared de un comercio colapsó, dejando a una persona con fracturas, mientras que otra fue golpeada por piedras arrastradas por el agua.

El alcalde destacó el apoyo del Viceministerio de Defensa Civil, que movilizó más de 400 efectivos militares para las labores de limpieza y rescate. Asimismo, los municipios vecinos, como Quillacollo, Tiquipaya, Sacaba y Vinto, contribuyeron con personal y maquinaria. En total, unas 550 personas trabajan en la remoción del lodo y la apertura de vías afectadas.

“Estamos ejecutando nuestro plan de contingencia en siete etapas. Actualmente, nos encontramos en la limpieza de vías principales, esperando finalizar esta fase hasta el viernes”, señaló.

También aseguró que se continuará con la limpieza de ductos y canales intermedios, que aún están bloqueados por el lodo.

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