Tras el encuentro con la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Luis Arce reafirmó el compromiso del Estado de proporcionar “todas” las garantías necesarias para que la misión lleve a cabo su trabajo “con éxito y sin inconvenientes”.

“Hoy recibimos en Casa Grande del Pueblo a Edison Lanza, jefe de la misión de la OEA que observará las elecciones judiciales programadas para el próximo 15 de diciembre. Como Estado Plurinacional de Bolivia reafirmamos nuestro compromiso de proporcionar todas las garantías necesarias para que su trabajo se lleve a cabo con éxito y sin inconvenientes”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El jefe de Estado convocó también a los bolivianos a “demostrar” al mundo que “somos un pueblo que siempre apostará por la democracia y el respeto mutuo”.

Sin dar mayores detalles del encuentro, la misión de la OEA abandonó la Casa Grande del Pueblo y solo se limitaron a señalar que son 17 observadores.

Misión

La misión que está compuesta por 17 especialistas y observadores de 10 países inició el lunes su trabajo en el país de cara a los comicios del domingo 15 de diciembre.

Durante el proceso analizarán temas relacionados con organización y tecnología electoral, justicia electoral, judicatura, y participación política de las mujeres.

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Además del Gobierno, la misión se reunirá con autoridades electorales nacionales y departamentales, candidaturas a los cuatro órganos judiciales, miembros de la academia y de la sociedad civil, así como líderes políticos, para conocer sobre el proceso electoral en el país.

La misión está encabezada por el exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Edison Lanza.

Observación

Al término de su observación, la misión presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones de cara al fortalecimiento de los procesos electorales en Bolivia.

Esta es la tercera elección de Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional observada por la OEA, y la vigésima segunda elección que la Organización observa en Bolivia.

El domingo 15, más de 7,3 millones habilitados acudirán a las urnas para elegirán a los magistrados y consejeros del Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

También se elegirán a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) evista, Leonado Loza, indicó este martes que detrás de la extradición del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila “existen” intereses políticos para desprestigiar al expresidente Evo Morales.

También indicó que entre el jueves, viernes o fin de semana está llegando un avión desde Estados Unidos para la entrega de Dávila. Este hecho fue calificado por el senador evista como una “violación” a la soberanía del país.

“Vengo a denunciar ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que entre jueves, viernes o fin de semana va a llegar un avión de Estados Unidos al territorio (boliviano) para que el gobierno entregue a Dávila a Estados Unidos. Este hecho viola la soberanía jurídica y dignidad del pueblo”.

Añadió que detrás de esta entrega habrá un ataque a Morales, al instrumento político y al movimiento indígena campesino.

La Justicia boliviana autorizó la extradición de “manera inmediata” de Dávila en cumplimiento al tratado de extradición suscrito entre Estado Unidos y Bolivia.

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El exjefe policial se enfrenta a una condena de entre 20 años y cadena perpetua por uno de los dos delitos por el que se le acusa en ese país. Dávila está acusado por los delitos de asociación delictuosa por importar sustancias controladas y por el manejo de armas para el narcotráfico.

Sobre la entrega a un país extranjero, Loza cuestionó que se “viole” la independencia jurídica y la “dignidad” del país.

“Un presidente de izquierda no haría esto con ningún ciudadano. Un presidente si practicaría la soberanía y dignidad en temas de justicia, no entregaría a ningún ciudadano a manos extranjeras”, dijo.

Agregó que el Gobierno solo demuestra que “no hay capacidad” de hacer justicia en el país y que como “cualquier otro chitaco” se somete al imperio y entrega a un ciudadano boliviano.

El fin de semana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que el trámite para la extradición Dávila “ha concluido” y solo resta que Estados Unidos envíe un avión para su trasladarlo al país de Norteamérica.

Luego que el presidente de Diputados posesionara a los nuevos vocales electorales de Beni y Tarija, a días de las elecciones judiciales, legisladores de oposición consideran que se vulneró los procedimientos para estas designaciones “inconstitucionales”.

La diputada de Comunidad Ciudadana, Yanira Román, recordó que la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Electoral establecen que el presidente Luis Arce solo puede elegir a un vocal del Tribunal Supremo Electoral y a un vocal por cada Tribunal Electoral Departamental, más no así, “como es el caso del departamento de Beni”.

“(La ley) indica que es la Asamblea, a través de la Cámara de Diputados (es) quien debe elegir a los tres vocales que representarían una de las ternas que fue elegida ya por la Asamblea Legislativa Departamental de Beni. En este caso, a través de la justicia servil al masismo el presidente (Luis) Arce se atribuye la informalidad de elegir mediante decretazo a estas autoridades”, cuestionó la legisladora.

Román señaló que como CC exigió “constantemente” al expresidente de esa instancia legislativa Israel Huaytari que realice la elección de estos vocales. “No hizo caso y siguió dilatando”.

Nombramiento

En tanto, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gladys Quispe calificó de inconstitucional todos los nombramientos. En criterio de la parlamentaria, no se llamó a sesión plenaria y no se aprobó por dos tercios conforme manda la normativa.

“La misma normativa del Órgano Electoral establece que tiene que ser mediante el procedimiento de la Cámara de Diputados. ¿Cuándo se ha llevado (a cabo) una sesión? ¿Cuándo hemos aprobado por dos tercios? Omar Yujra ha omitido este paso y tendrá que asumir responsabilidades por haber cometido un acto ilegal”, dijo Quispe. 

El lunes, el diputado Omar Yujra, titular de la Cámara Baja, posesionó a los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Beni: Jaime Rodríguez, Rodolfo Coímbra, Rubens Quinteros y Mirna Vásquez.

El vocal Coímbra fue designado en representación del Órgano Ejecutivo y las demás vocales fueron nombrados de manera interina, con una duración máxima de 90 días o hasta que “se complete el procedimiento legislativo para la designación permanente de vocales”.

También se designó a Alicia Durán como vocal del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, en representación también del Ejecutivo.

Decretos

Según la Cámara de Diputados, esta ceremonia se realizó en cumplimiento del artículo 35 de la Ley 018 del Órgano Electoral y de los Decretos Presidenciales 5287 y 5288 que disponen la designación de autoridades para garantizar el correcto funcionamiento del sistema electoral en el país.

Con la designación y posesión de estos vocales, tribunales electorales de Beni y Tarija refuerzan su estructura institucional para continuar en los procesos democráticos del Estado.

En ese marco, Yujra destacó la importancia del fortalecimiento de la democracia a través de la consolidación de los tribunales electorales departamentales.

Tras la denuncia de supuestos cobros e intimidación a funcionarios en la urbe alteña, la Alcaldía de El Alto descartó estas denuncias y anunció acciones legales contra el exsubalcalde Joassi Calamani para que compruebe qué personeros ediles realizan campaña a favor del emergente partido Morena.

“Nosotros vamos a presentar las denuncias formales de acuerdo a lo que corresponde penalmente y él (Calamani) tiene que comprobar y también lo vamos a hacer citar de testigo para que nos diga quiénes son esos funcionarios utilizando chalecos de la institución y todavía nuevitos y si fueran funcionarios yo creo que deberían mostrar su cara”, explicó el secretario municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares.

En las últimas horas, circularon en redes sociales videos donde funcionarios ediles con el rostro cubierto denunciaron amedrentamiento desde el Ejecutivo municipal si no cumplen con el pedido de traer 10 personas para que se inscriban al partido Morena.

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Además, denunciaron que se los obliga a aportar Bs 100 y se implementó el descuento del 10% de sus salarios.

“Lo que a mí me preocupa es por qué van tapados, lo que deberían hacer si es que es verdad, es mostrar su cara y presentar su denuncia formalmente”, aseveró Balladares.

El funcionario se cuestionó de “¿cuál es el miedo que tienen, (para) que nazca un partido político (Morena) que integrará a toda Bolivia”.

Adhesión

La autoridad ratificó que invitaron a los funcionarios municipales a adherirse voluntariamente al nuevo proyecto político. “Hay muchos que sí quieren ser parte y otros no. Aquí se respeta la democracia, se respeta si son de un partido político, nosotros no tenemos ningún interés de obligar a la gente”, puntualizó.

También confirmó que a la fecha unas 40.000 personas se sumaron al nuevo proyecto político solo en la ciudad El Alto.

La concejal de E Alto, Wilma Alanoca, formalizó este martes su denuncia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra los candidatos de los tribunales Constitucional y Supremo, Israel Campero y Félix Rojas, respectivamente, por incumplir con la normativa de campaña electoral.

La concejal denunció que ambos postulantes realizaron una campaña orientada a solicitar el voto en la ciudad de El Alto, incumpliendo la normativa y reglamento vigentes de este proceso electoral judicial.

“He presentado la denuncia en el Tribunal Supremo Electoral, fundamentado con los afiches, con toda la propaganda abierta que han hecho en los predios municipales de la alcaldía alteña, como también en el espacio público”, dijo Alanoca.

El domingo 15, más de 7,3 millones habilitados acudirán a las urnas para elegirán a los magistrados y consejeros del Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

También se elegirán a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

Según el Reglamento de Difusión de Méritos del TSE, en su artículo 19, establece que los candidatos no podrán “efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda orientada a solicitar el voto, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, digitales o espacios públicos”.

La concejal lamentó que dos candidatos que conocen la normativa y quieran ocupar un alto cargo “empiecen tan mal” y transgredan la norma.

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Asimismo, cuestionó el trabajo del TSE que no difundió el reglamento de propaganda electoral. “Hoy la gente no conoce los candidatos y no sabe a qué va a ir el 15 de diciembre a votar. Peor aún desconoce este reglamento de qué es infracción y qué deben hacer o no los candidatos”.    

Añadió que los candidatos se aprovecharon de la falta de información y transgredieron la normativa. “Desde mi punto de vista esta es una falta gravísima y espero que el Tribunal Supremo actúe como corresponde e inhabilite a Israel Campero y Félix Rojas”.

La autoridad municipal acusó también de un pacto político con la Alcaldía de El Alto, debido a que se “encontró” su propaganda en subalcaldías de El Alto.

“Eso es un segundo delito, uso indebido de bienes y servicios. Serán investigados servidores públicos y nos digan, quién ha dado la orden para que ellos en horario laboral vayan a ferias a entregar la propaganda”.

El sábado se conoció la inhabilitación de cuatro candidatos al TSJ por los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, debido a que seguían ejerciendo funciones como jueces de materia y no renunciaron a su cargo, tal como establece la normativa.