El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó este jueves que se activó una alerta migratoria contra el exministro Juan Ramón Quintana, investigado por los 24 días de bloqueo evista.

Con una orden de aprehensión en su contra y «prófugo» de la Justicia, Quintana se declaró en la clandestinidad y dijo que no será un «objetivo fácil» para el Gobierno. Precisamente, acusó a la administración del presidente Luis Arce de tener intenciones «políticas» para capturarlo.

Por ese caso también es investigado Ponciano Santos, dirigente campesino de la fracción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), que también se encuentra en situación de clandestinidad.

Juan Ramón Quintana

Ambos son investigados por la supuesta comisión del delito de terrorismo e instigación pública a delinquir.

Otros dirigentes, Humberto Claros y Ramiro Cucho, guardan detención preventiva por el mismo caso.

Según informó el viceministro de Seguro Ciudadana, Roberto Ríos, Quintana y Santos, además de su líder, Evo Morales, se encuentran «atrincherados» en el Trópico cochabambino.

Consultado sobre el paradero de Quintana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que éste sigue en el país.

Sobre los antecedentes atribuidos a los investigados, el ministro cuestionó que, por ejemplo, Quintana haya “ordenado” a campesinos e indígenas a bloquear el país durante 24 días y, además, enfrentarse con los miembros de la Policía Boliviana, como ocurrió en las localidades de Parotani, Cochabamba, y Mariana, Santa Cruz, donde hubo varios efectivos heridos.

Bloqueo evista

Quintana causó repercusiones al señalar, en medio del conflicto, que los bloqueos “desafortunadamente, (los bloqueos) se alimentan a través de la sangre”.

Entretanto, Santos lanzó duras amenazas contra la Policía Boliviana, que despejaba los puntos de bloqueo en varios sectores.

El bloqueo evista, entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre, aisló a Cochabamba del resto de los departamentos; también generó un daño a la economía nacional que supero los $us 2.400 millones, según información del Gobierno.

El senador de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza afirmó este miércoles que hay varias organizaciones políticas dispuestas a prestar su sigla a Evo Morales para participar en las elecciones presidenciales de 2025.

“Como en alguna ocasión expresaba el hermano Evo Morales, hay distintas organizaciones políticas de carácter municipal, departamental y por supuesto nacional que se han acercado que podemos armar una alianza”, dijo a los periodistas el legislador formado políticamente por el expresidente del Estado y del MAS.

Las declaraciones del senador chapareño coinciden con las de su líder, que anunció que participará de las elecciones de 2025 con sigla “sigla prestada o regalada”.

Morales fue despojado de la presidencia del MAS con la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que fue cumplida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que registró ante el Órgano Electoral a Grover García como presidente de ese partido.

El bloque evista acusó al presidente Luis Arce y su entorno del “robo” de la sigla del MAS.

Al respecto, Loza también hizo su consideración y dijo que los miembros del ala arcista están “arrepentidos” por haber “robado la sigla” del MAS. “Están arrepentidos de haber robado de manera injusta la sigla del MAS”, sostuvo Loza.

“Sí o sí vamos a participar a la cabeza de Evo en las siguientes elecciones generales de nuestro país, algunos plantearán en base a una alianza, estoy seguro que la dirigencia nacional y el Pacto de Unidad están tomando las determinaciones correspondientes”, indicó Loza.

En criterio de Loza, ni Arce ni su entorno es “capaz” de gobernar, por lo que ve “difícil” una eventual candidatura del mandatario y sus seguidores.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, prevé que la extradición del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila se ejecute antes de Navidad.

“Ya ha culminado su proceso judicial en cuanto a la extradición. Ahora se están realizando las coordinaciones diplomáticas y esperemos que, en los próximos días, seguramente antes de Navidad, que el señor Dávila se encuentre en Estados Unidos”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa en puertas del Comando de la Policía Boliviana, en La Paz.

El jefe policial en el gobierno de Evo Morales es investigado en Bolivia por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, cuyo proceso sigue en curso.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio luz verde para la “extradición inmediata” el exjefe antidrogas. Eso a solicitud de las autoridades estadounidenses, por un caso vinculado al narcotráfico.

Maximiliano Dávila

Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ya comenzaron los trámites diplomáticos para cumplir con la extradición. Incluso habló de la posibilidad de que ese país envíe un avión para su traslado.

Dávila fue detenido el 22 de enero de 2022 mientras intentaba cruzar la frontera de Villazón hacia Argentina. Inicialmente, el Ministerio Público lo acusó de ganancias ilícitas y extendió la investigación hacia sus familiares y colaboradores cercanos. No obstante, no incluyó el delito de narcotráfico en el proceso, aunque tampoco lo descartó.

Por otro lado, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo señaló como uno de los principales líderes del narcotráfico en la región.

Investigaciones realizadas por la DEA desde 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificaron una red de narcotráfico que operaba en Bolivia. Esta organización se especializaba en la exportación de cocaína, aunque también traficaba otras sustancias hacia Estados Unidos.

Dirigentes y militantes evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) resguardan la sede de ese partido en la zona de Miraflores, en La Paz, para que los afines al presidente de ese partido, Grover García, no tomen posesión del edificio.

Lo evistas instalaron la vigilia en el inmueble que —aseguran— “es privado” y que no pertenece al partido ahora liderado por García.

“El Órgano Electoral está interpretando lo que le ha obligado el Tribunal Constitucional de facto. Simplemente, ellos están cumpliendo eso. No es autoprorrogado, es de facto”, dijo el dirigente evista Rodolfo Machaca en entrevista con DTV.

La sede “está muy bien resguardada, porque los militantes tienen cariño a Evo; están acá presentes, están cuidado la sede”, agregó el dirigente campesino.

Los evistas instalaron hasta alambre de púas en los muros para impedir que ajenos a su organización ingresen por ellos.

El sector liderado por el expresidente del Estado y del MAS, Evo Morales, se niega a reconocer la presidencia de García, como lo establece la sentencia 0776/2024-S4 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que validó el congreso de El Alto, encuentro en que las organizaciones asistentes lo eligieron en reemplazo de Morales.

SI bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró a García como titular del MAS ante el Órgano Electoral, no reconoció como tal su jefatura sino por determinación del TCP.

Para Morales y su facción “no cuentan” las resoluciones del TCP, a cuyos miembros consideran “autoprorrogados” e “ilegales”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Misael Nállar fue sentenciado a 15 años de prisión por su participación en el asesinato de dos policías.

El condenado, según informó la autoridad, reconoció su participación y, ahora, deberá purgar su condena en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

“Nadie puede tocar a un efectivo del orden (…). Quien se atreva a tocar, herir o quitarle la vida a un miembro de la Policía Boliviana, va a tener la sanción conforme establezca el ordenamiento jurídico de nuestro país”, advirtió el ministro ante periodistas en La Paz.

El caso fue abierto luego del asesinato de los sargentos Eustaquio Alanes y Alfonso Chávez, además del voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), David Candia, en un confuso incidente ocurrido el 21 de junio de 2022 en Porongo, en las afueras de Santa Cruz.

La muerte de los uniformados se produjo cuando la patrulla, con los dos efectivos policiales y el voluntario del Gacip, se dirigía a la comunidad Los Cuchis para realizar un patrullaje de rutina, pero en el camino se encontraron con una vagoneta Toyota Rush, de la que descendieron varias personas armadas que los atacaron y les causaron la muerte.

Las investigaciones señalan que, el día de los hechos, Misael Nállar V., junto a otras personas se encontraban en la zona del Urubó consumiendo bebidas alcohólicas. Los dos efectivos policiales y el miembro del Gacip habrían cuestionado su actuación y, producto de una discusión, gasificaron a Nállar y se retiraron del lugar. El acusado, enfurecido, fue a buscar a los efectivos policiales y, al encontrarlos, les disparó hasta la muerte.

“No es la sentencia que hubiéramos querido, de 30 años, pero con 15 años ya damos un paso hacia adelante y (mostrar) que nadie puede tocar a un policía en nuestro país”, remarcó Del Castillo.

Conocida la sentencia, el ministro aclaró que es “imposible” trasladar a Nállar desde el penal de Chonchocoro —donde cumplía detención preventiva— hasta el recinto penitenciario de Palmasola.