Ante creciente conflictividad, CIDH alerta impacto en derechos humanos y gobernabilidad
La entidad detalla que recibió denuncias sobre agresiones y pide al Estado redoblar sus esfuerzos para un diálogo genuino.
Policías heridos durante el desbloqueo de carreteras.
Ante la creciente conflictividad en Bolivia, “el Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de protestas, y fortalecer los espacios democráticos para la resolución de las controversias a través del diálogo”, exhortó este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mediante sus relatorías Especiales para la Libertad Expresión (RELE) y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), la CIDH advierte impacto a los derechos humanos y la gobernabilidad derivados de la conflictividad social.
La entidad recuerda que desde septiembre una facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) inició protestas exigiendo el reconocimiento del liderazgo del expresidente Evo Morales, entre otras demandas. Ellas se ahondaron en octubre e inicios de noviembre con bloqueos en las carreteras.
Y recuerda que, desde el inicio del conflicto, la RELE ha recibido denuncias de al menos 30 agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa que cubrían los hechos, tanto de medios públicos como privados.
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CIDH
Estas agresiones incluyen retenciones, ataques físicos, robo y destrucción de equipos, amenazas y restricciones a la cobertura periodística; así como señalamientos estigmatizantes que buscarían deslegitimar su labor. De acuerdo con información pública, la mayoría de estas agresiones habrían sido cometidas por particulares; involucrados en los bloqueos.
“El Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y facilitar las manifestaciones públicas, lo que incluye agotar todas las medidas para la resolución pacífica de los conflictos; fomentar un diálogo amplio e inclusivo con todas las partes interesadas; y asegurar que las tareas de seguridad ciudadana estén reservadas a las fuerzas estatales constitucionalmente autorizadas”, dice mediante una nota.
Y agrega que los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta. Asimismo, remarca que el Estado debe facilitar el trabajo de periodistas; garantizar su protección en la cobertura de eventos de interés público, como las protestas sociales; investigar y sancionar cualquier acto de violencia que amenace su integridad; ya sea por agentes públicos o particulares.
La CIDH y la Redesca destacan la importancia de que las personas manifestantes que acudan a modalidades como bloqueos no pongan en riesgo la vida de las demás personas; y permitan la circulación de insumos, servicios y provisiones esenciales.
Diálogo
En la nota, exhortan, además, que altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos que se pronuncian sobre los hechos en cuestión contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la deliberación publica, abierta y plural.
“La CIDH observa con extrema preocupación la agudización de la conflictividad social. En el pasado reciente, en este tipo de contextos se han registrado graves violaciones a derechos humanos en Bolivia”.
Pide al Estado observar sus obligaciones internacionales para prevenir la repetición de hechos del pasado. Asimismo, redoblar sus esfuerzos dirigidos a generar espacios de diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana; en toda su pluralidad, con la participación de todos los sectores dentro del espectro político. “Al respecto, toma nota de que el Ejecutivo ha realizado al menos siete convocatorias públicas para el diálogo”.
La CIDH reitera que continuará observando la situación y acompañará la implementación de las recomendaciones de su informe país; que incluye lineamientos prácticos para reducir los efectos de la polarización política.
