El empresario boliviano Marcelo Claure hizo un comentario sobre la investigación por trata de personas que pesa sobre el expresidente boliviano Evo Morales en Argentina.

“La vida me ha enseñado que todo lo que uno hace en esta vida eventualmente lo paga. A veces, tarda en llegar, pero la justicia llega. Se llama karma”, publicó el además presidente del Club Bolívar, de La Paz, en su cuenta de X.

Acompañó su publicación con el tuit de Erick Foronda, exasesor de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), que señala: “Hoy la ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, explicó que el proceso contra Evo Morales sobre abuso sexual a menores, ya se encuentra en plena etapa de investigación y seguirá avanzando. Él que la hace, la paga”.

La fotografía de Foronda, acompañado de la ministra argentina, fue tomada en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), inaugurada el miércoles en Buenos Aires.

Durante su discurso en el acto, Bullrich no emitió un mensaje específico sobre Morales, sin embargo, lanzó el lema que maneja el gobierno argentino para su acción contra los delincuentes.

“Nosotros somos un gobierno con una consigna muy clara. En la Argentina, hoy, el que las hace, las paga”, dijo la autoridad argentina en la inauguración.

Precisamente, ese mismo eslogan usó Bullrich al anunciar las investigaciones contra Morales. “Morales denunciado. El delito en suelo argentino se paga”, escribió el 2 de noviembre.

Considerado el foro conservador más importante del mundo, la CPAC congrega a líderes políticos, empresarios y académicos reunidos en el Hotel Hilton, ubicado en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en Argentina.

En dicho encuentro, también participó el anunciado candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones de Branko Marinkovic.

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Claure

El caso al que aludió Foronda y lo secundóa Claure fue abierto por presuntas relaciones de Morales con adolescentes mientras estuvo asilado en Buenos Aires entre el 11 de diciembre de 2020 y el 9 de noviembre de 2020.

Ese caso se abrió a instancias de la Fundación Apolo, que el 12 de noviembre pidió a la Fiscalía argentina incluir a un exmilitar boliviano y a un primo del exmandatario, a quienes se les atribuye el traslado de menores de edad desde Bolivia a Argentina, en el tiempo en que Morales se encontraba asilado en ese país.

La información fue confirmada por José Magioncalda, jefe del Equipo Legal de la Fundación Apolo. Se trata de Rurig River Covarrubias, un exmilitar boliviano, y Hernán Solís Morales, primo del exmandatario.

Actualmente, Morales está envuelto en un escándalo por ata de personas y estupro, por el que incumplió una citación para declarar ante la Fiscalía Departamental de Tarija el de octubre.

Aparte de ese caso, hay otros abiertos contra Morales, por lo que denunció una supuesta persecución jurídica en su contra. Incluso, apuntó al presidente Luis Arce y su equipo de ministros de buscar “eliminarlo” políticamente para inhabilitar su candidatura en las elecciones presidenciales de 2025.

El legislador chuquisaqueño Marcelo Pedrazas pidió a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados la eliminación la renta vitalicia a expresidentes del país en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

“Me dirijo a usted con el fin de solicitar la inclusión de una disposición en el Proyecto de Ley 003/2024-2025 del Presupuesto General del Estado-Gestión 2025 que elimine la renta vitalicia otorgada a los expresidentes y exvicepresidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, abrogando la Ley 376, del 15 de mayo de 2013, que la instituyó”, dice parte de la misiva dirigida al presidente de dicha comisión, Andrés Flores Condori.

Marcelo Pedrazas

En su carta, Pedrazas también consideró que dicho beneficio para exmandatarios es un “privilegio inmerecido para un grupúsculo de exempleados públicos en edad de jubilación”.

Criticó, además, que algunos expresidentes accedieron a la Presidencia del Estado por sucesión para ejercerla de forma “efímera e intrascendente”.

Aludió a los expresidentes Jorge Quiroga, que en 2001 sucedió a Hugo Banzer (+); Carlos Mesa, que en 2003 reemplazó al dimisionario Gonzalo Sánchez de Lozada, y Eduardo Rodríguez, que en 2005 sucedió al también renunciante Mesa.

Cobran también ese beneficio los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Jaime Paz Zamora (1989-1993). Jeanine Áñez (2019-2020) no logró su propósito de cobrarlo.

Expresidentes

La ley invocada por Pedrazas señala que los exvicepresidentes también son beneficiarios de la “suma equivalente a diez (10) salarios mínimos nacionales mensualmente”.

“Su existencia como gasto inútil perpetúa inequidades en el uso de los recursos públicos que podrían ser destinados a sectores de mayor necesidad y urgencia en tiempos de crisis y necesidad de austeridad”, justificó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) en su misiva.

Finalmente, consideró que la discusión y aprobación PGE 2025 se constituye en una oportunidad “propicia para materializar esta demanda ciudadana”, incorporando una disposición de abrogación de este privilegio en el marco de la política presupuestaria del país.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó este jueves que se activó una alerta migratoria contra el exministro Juan Ramón Quintana, investigado por los 24 días de bloqueo evista.

Con una orden de aprehensión en su contra y «prófugo» de la Justicia, Quintana se declaró en la clandestinidad y dijo que no será un «objetivo fácil» para el Gobierno. Precisamente, acusó a la administración del presidente Luis Arce de tener intenciones «políticas» para capturarlo.

Por ese caso también es investigado Ponciano Santos, dirigente campesino de la fracción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), que también se encuentra en situación de clandestinidad.

Juan Ramón Quintana

Ambos son investigados por la supuesta comisión del delito de terrorismo e instigación pública a delinquir.

Otros dirigentes, Humberto Claros y Ramiro Cucho, guardan detención preventiva por el mismo caso.

Según informó el viceministro de Seguro Ciudadana, Roberto Ríos, Quintana y Santos, además de su líder, Evo Morales, se encuentran «atrincherados» en el Trópico cochabambino.

Consultado sobre el paradero de Quintana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que éste sigue en el país.

Sobre los antecedentes atribuidos a los investigados, el ministro cuestionó que, por ejemplo, Quintana haya “ordenado” a campesinos e indígenas a bloquear el país durante 24 días y, además, enfrentarse con los miembros de la Policía Boliviana, como ocurrió en las localidades de Parotani, Cochabamba, y Mariana, Santa Cruz, donde hubo varios efectivos heridos.

Bloqueo evista

Quintana causó repercusiones al señalar, en medio del conflicto, que los bloqueos “desafortunadamente, (los bloqueos) se alimentan a través de la sangre”.

Entretanto, Santos lanzó duras amenazas contra la Policía Boliviana, que despejaba los puntos de bloqueo en varios sectores.

El bloqueo evista, entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre, aisló a Cochabamba del resto de los departamentos; también generó un daño a la economía nacional que supero los $us 2.400 millones, según información del Gobierno.

El senador de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza afirmó este miércoles que hay varias organizaciones políticas dispuestas a prestar su sigla a Evo Morales para participar en las elecciones presidenciales de 2025.

“Como en alguna ocasión expresaba el hermano Evo Morales, hay distintas organizaciones políticas de carácter municipal, departamental y por supuesto nacional que se han acercado que podemos armar una alianza”, dijo a los periodistas el legislador formado políticamente por el expresidente del Estado y del MAS.

Las declaraciones del senador chapareño coinciden con las de su líder, que anunció que participará de las elecciones de 2025 con sigla “sigla prestada o regalada”.

Morales fue despojado de la presidencia del MAS con la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que fue cumplida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que registró ante el Órgano Electoral a Grover García como presidente de ese partido.

El bloque evista acusó al presidente Luis Arce y su entorno del “robo” de la sigla del MAS.

Al respecto, Loza también hizo su consideración y dijo que los miembros del ala arcista están “arrepentidos” por haber “robado la sigla” del MAS. “Están arrepentidos de haber robado de manera injusta la sigla del MAS”, sostuvo Loza.

“Sí o sí vamos a participar a la cabeza de Evo en las siguientes elecciones generales de nuestro país, algunos plantearán en base a una alianza, estoy seguro que la dirigencia nacional y el Pacto de Unidad están tomando las determinaciones correspondientes”, indicó Loza.

En criterio de Loza, ni Arce ni su entorno es “capaz” de gobernar, por lo que ve “difícil” una eventual candidatura del mandatario y sus seguidores.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, prevé que la extradición del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila se ejecute antes de Navidad.

“Ya ha culminado su proceso judicial en cuanto a la extradición. Ahora se están realizando las coordinaciones diplomáticas y esperemos que, en los próximos días, seguramente antes de Navidad, que el señor Dávila se encuentre en Estados Unidos”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa en puertas del Comando de la Policía Boliviana, en La Paz.

El jefe policial en el gobierno de Evo Morales es investigado en Bolivia por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, cuyo proceso sigue en curso.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio luz verde para la “extradición inmediata” el exjefe antidrogas. Eso a solicitud de las autoridades estadounidenses, por un caso vinculado al narcotráfico.

Maximiliano Dávila

Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ya comenzaron los trámites diplomáticos para cumplir con la extradición. Incluso habló de la posibilidad de que ese país envíe un avión para su traslado.

Dávila fue detenido el 22 de enero de 2022 mientras intentaba cruzar la frontera de Villazón hacia Argentina. Inicialmente, el Ministerio Público lo acusó de ganancias ilícitas y extendió la investigación hacia sus familiares y colaboradores cercanos. No obstante, no incluyó el delito de narcotráfico en el proceso, aunque tampoco lo descartó.

Por otro lado, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo señaló como uno de los principales líderes del narcotráfico en la región.

Investigaciones realizadas por la DEA desde 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificaron una red de narcotráfico que operaba en Bolivia. Esta organización se especializaba en la exportación de cocaína, aunque también traficaba otras sustancias hacia Estados Unidos.