Luego de una audiencia virtual, una sala constitucional de Sucre negó el amparo constitucional interpuesto por la expostulante Betty Sánchez que pretendía frenar las elecciones judiciales en La Paz.

La información fue confirmada por el abogado constitucionalista Israel Quino a través de sus redes sociales.

“(La) Sala Constitucional de Chuquisaca deniega amparo constitucional a postulante q pretendía suspender las elecciones judiciales para el Tribunal Constitucional Plurinacional en el departamento de La Paz, con lo q se garantiza el proceso eleccionario para el TCP este 15/12/24”, escribió el jurista.

Había expectativa por esa audiencia, pues, de ser contraria la decisión, se ponía en suspenso la votación para el TCP en La Paz e incluso en todo el país. Se trataba del último escollo del proceso electoral accidente desde cuando se lo concibió, en marzo de 2023.

¿En qué consiste la amenaza que tenía la votación? La accionante planteó una acción de amparo constitucional el 4 de diciembre, en el que alegó que, pese a que obtuvo una nota de 178 puntos como candidata a magistrada al TCP de La Paz, solo le calificaron 90 puntos.

El acto judicial respondió a una orden del TCP, que instruyó a sala constitucional admitir amparo que buscaba paralizar judiciales en La Paz.

La audiencia comenzó a las 10.30 de este sábado.

Los vocales de esa sala constitucional hicieron prevalecer el derecho de preclusión, pues observaron que la expostulante no presentó el recurso judicial en el plazo previsto para esa actividad. Dos votos definieron la negación.

Por la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4, la votación para los magistrados del TCP solo se cumplirá en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

Entretanto, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tendrá votación en siete departamentos, solo Beni y Pando mantendrán a sus autoridades electas en 2017.

La mañana de este sábado, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila garantizó las elecciones judiciales fijadas para este domingo y afirmó que cualquier sentencia constitucional que busque paralizar los comicios será de “imposible cumplimiento”.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Ávila garantizó las elecciones judiciales fijadas para este domingo y que cualquier sentencia constitucional que busque paralizar los comicios será de “imposible cumplimiento”.

“El proceso está garantizado. Las y los (más de 7,3 millones) de ciudadanos habilitados (pueden votar) a partir de las 08.00. (…) Cualquier tipo de sentencia constitucional, nosotros consideramos que (alguna) resolución que se tome en las últimas horas va a ser de imposible cumplimiento, teniendo en cuenta que toda la logística ya ha sido desplegada”, dijo a los periodistas en La Paz.

Así respondió el vocal a una consulta de un periodista que abordó el tema.

Las elecciones judiciales se realizarán este 15 de diciembre, un año después de lo previsto por la Asamblea Legislativa y otro año de un accidentado intento. Ese órgano enfrentó una serie de problemas, cuya resolución demandó de acuerdos políticos y el mismo TSE.

Amparos, recursos y acciones populares fueron presentados para frenar su realización. Incluso, por disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4, los comicios serán parciales en el caso de los magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional.

Pero no es todo, este sábado, a las 10.30 comenzó una audiencia por el amparo constitucional que presentó la expostulante Betty Sánchez contra la comisión mixta de Constitución porque vulneró sus derechos durante la evaluación.

La accionante planteó una acción de amparo constitucional, el 4 de diciembre, en el que alega que, pese a que obtuvo una nota de 178 puntos como candidata a magistrada al TCP de La Paz, solo le calificaron 90 puntos.

El acto judicial obedece a una orden del TCP, que instruyó a sala constitucional admitir amparo que busca paralizar judiciales en La Paz.

El presidente Luis Arce afirmó que su Gobierno “cumplió” con la realización de las elecciones judiciales al garantizar el presupuesto y, siendo parte de los diálogos convocados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), evitar su paralización.

“Como Gobierno Nacional cumplimos nuestra misión constitucional para la realización de las elecciones judiciales, garantizando el presupuesto y asistiendo a los diálogos que fuimos convocados, como el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia organizado por el Tribunal Supremo Electoral #TSE”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

Las elecciones judiciales debían llevarse a cabo en 2023, poro no se concretaron debido a una serie de escollos en la Asamblea Legislativa y en la fase de preselección de postulantes. Sumado a las deficiencias legislativas, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió los comicios y emitió la Declaración Constitucional 049/2023, el 11 de diciembre, que, además, prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017.

Elecciones Judiciales

Además, varios postulantes inhabilitados presentaron al menos 49 acciones judiciales, entre amparos constitucionales y otro tipo de obrados para frenar su avance, hasta que, finalmente, una acción popular, logró que los comicios se realicen de forma “parcial”.

Trasladado el problema al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), éste emitió la sentencia 0776/2024-S4, que suspendió la votación para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP).

Así, con los comicios fijados para este domingo 15 de diciembre, la población solo elegirá a los magistrados del TCP en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Mientras que en el caso del TSJ Beni y Pando no elegirán nuevas autoridades.

Luis Arce

“Reafirmamos que ésta es la única salida constitucional y democrática que tenemos para contar con nuevas autoridades del Órgano Judicial. Por tanto, nos corresponde como bolivianas y bolivianos cumplir con nuestro deber ciudadano este domingo 15 de diciembre, participando activamente en la elección del candidato o candidata que consideremos más idóneo para la administración de la justicia”, exhortó el mandatario.

Varios sectores cuestionaron que, en su criterio, el TSE no haya difundido de manera clara los méritos de los postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial y del TCP.

“Es lo que hay”, dijo el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel respecto de las cuestionadas elecciones judiciales instituidas en la Constitución.

El presidente Luis Arce entregó al vicepresidente David Choquehuanca el bastón de mando presidencial debido a un viaje que realizará a Venezuela.

El mandatario asistirá a la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en aquel país.

“Entregamos el bastón de mando a nuestro jilata vicepresidente, David Choquehuanca, antes de partir rumbo a Venezuela para participar en la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en el 20 aniversario de su fundación”, informó en un mensaje en sus redes sociales.

El bloque regional fue creado el 14 de diciembre de 2004 por los expresidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez, respectivamente.

Actualmente, los países que componen el ALBA son Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía.

Bolivia ingresó al grupo de países en 2006, complementa los principios de la Alianza, al incorporarse el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), donde se propone un comercio basado en la complementariedad, solidaridad y cooperación, según cita ABI.

Mientras Arce esté fuera del país, Choquehuanca ejercerá la presidencia interina del Estado.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que el exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila ofrecía a narcotraficantes protección armada de esa unidad para envíos de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

En contacto con los medios en El Alto, explicó algunos detalles sobre el caso.

“El sello rojo de Interpol, precisamente, establecía que Maximiliano Dávila había ofrecido protección con armamento de la FELCN para envíos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, y ya habría realizado un envío, como una muestra del producto, de más de siete kilogramos hacia Nueva York, producto de ello se le han abierto los procesos judiciales en Estados Unidos”, explicó la autoridad.

Maximiliano Dávila

Agregó que Dávila ofrecía “custodia a los narcotraficantes para enviar droga, no solamente desde Bolivia, sino desde el Perú, vía Bolivia, hacia Estados Unidos”.

Según las indagaciones, el exjefe antidroga en el Gobierno de Evo Morales ofrecía uniformados con armas M16. Se trata de un rifle de asalto que son de uso de la FELCN.

“Son armas que pretendían ser utilizadas; no obstante, recién se ha iniciado el proceso investigativo en Estados Unidos. Vamos a esperar los avances investigativos”, sostuvo.

El jueves 12 de diciembre, por solicitud de las autoridades estadounidense, Dávila fue extraditado para enfrentar un juicio en su contra por “conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y conspirar para usar y portar ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína”.

Extradición

El Departamento de Justicia el Distrito Sur de Nueva York recordó que “en julio de 2019, cuando Dávila todavía era director de la FELCN, (él) y sus coconspiradores fueron grabados mientras discutían un complot para enviar más de una tonelada de cocaína a los EEUU por avión desde Bolivia”.

Por su parte, el fiscal del caso, Damian Williams, citado por ABI, señaló que Dávila abusó de su posición como jefe antinarcóticos para ayudar a los “mismos” narcotraficantes que se le había encomendado investigar y arrestar.

“En el camino, trató de utilizar a los agentes de la ley bolivianos para proteger y transportar cargamentos de cocaína y participar en el envío de cantidades masivas de cocaína. Si bien esta conducta es aborrecible, lamentablemente no es impactante; en cambio, éste es el último ejemplo de nuestro trabajo con la División de Operaciones Especiales de la DEA para erradicar este tipo de corrupción alimentada por la cocaína en todo el mundo”, indicó.

Audiencia

En su primera audiencia, ante la jueza Robyn F. Tarnofsky, Dávila se declaró “no culpable” de esos delitos. Luego, su abogado defensor aceptó la detención mientras avance la investigación, por lo que la jueza determinó concluir la audiencia.

Por su parte, Del Castillo dijo que Dávila está expuesto a “una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión; y una pena máxima de cadena perpetua por el cargo uno, y una pena máxima de cadena perpetua por el cargo dos”.

Dávila está imputado por el delito de legitimación de ganancias en Bolivia, por ese caso, estaba detenido preventivamente en el penal de San Pedro.