Cuando un ciudadano acude a las urnas para participar en una decisión colectiva, se suele hablar de una “fiesta democrática”, porque el soberano tiene la posibilidad de influir en el rumbo del país. Sin embargo, las elecciones judiciales de 2024 están lejos de merecer ese calificativo; son, más bien, un desastre.

En primer lugar, estas elecciones carecen de los elementos esenciales de una democracia informada. La mayoría de los ciudadanos desconoce a los candidatos que postulan y, lo que es más preocupante, no tiene claridad sobre la composición y funciones del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Este desconocimiento no es casual; es el resultado de un proceso electoral opaco, que no fomenta el acceso a la información ni la transparencia, aspectos sumamente importantes para una decisión consciente y responsable.

Por decisión de un suprapoder injerencista, estas elecciones no solo son confusas para el ciudadano, sino que violan principios fundamentales de la Constitución. La fragmentación y deterioro de los procesos electorales, impuestos por decisiones del TCP, han sentado un precedente peligroso y nefasto para la democracia.

En lugar de elecciones integrales y únicas, como lo establece la Ley de Elecciones Judiciales, se ha optado por un proceso fraccionado que debilita la institucionalidad y la legitimidad de los resultados.

El domingo 15 de diciembre, solo 19 de los 26 miembros de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura serán elegidos, incluyendo titulares y suplentes. Este hecho no solo refleja la fragmentación del proceso, sino también la incapacidad del sistema político para garantizar elecciones completas e integrales.

Desde su origen, en la Asamblea Legislativa, estas elecciones enfrentaron múltiples tropiezos. Los parlamentarios fracasaron en la tarea de conformar las listas de precandidatos, debido a la división interna de las bancadas y a la injerencia del TCP, que impuso decisiones que obstaculizaron el desempeño de los órganos Legislativo y Electoral.

Esta dinámica de subordinación y desorden institucional evidencia la urgente necesidad de reformar el sistema y fortalecer la institucionalidad. La Constitución de 2009, que en su momento fue vista como un avance significativo para la democracia, hoy muestra sus limitaciones y exige una estricta revisión.

Abrir la Carta Magna será una tarea crucial para el próximo o próximos gobiernos, ya que es la única forma de frenar el poder excesivo de un TCP controlado por magistrados prorrogados, quienes actúan como presidentes de un cuasipoder.

Especialmente preocupantes son los casos de los prorrogados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Yván Espada Navia, quienes, con sus polémicos fallos, han marcado negativamente las elecciones judiciales.

Las elecciones de este 2024 no son una fiesta democrática, sino un recordatorio de las profundas fallas estructurales de nuestro sistema político. La falta de transparencia, la manipulación institucional y el desconocimiento ciudadano no pueden seguir siendo la norma.

El verdadero desafío está en recuperar la confianza en la democracia, reformar las instituciones y garantizar procesos inclusivos y participativos. Solo así podremos hablar, con propiedad, de una auténtica fiesta democrática.

Andrea Condori es periodista de La Razón Plus

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, anunció una estrategia bilateral entre Bolivia y Argentina para frenar el contrabando de alimentos básicos que afecta al mercado interno boliviano.

El 5 de diciembre, el Gobierno determinó suspender temporalmente la exportación de aceite comestible con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y la normalización del abastecimiento a precio justo del producto.

En criterio de las autoridades del Gobierno, la escasez del insumo de debe al contrabando a la inversa de distintos productos, como arroz, azúcar, diésel, gasolina y aceite, entre otros.

En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el viceministro Silva aseguró que el contrabando no es un problema exclusivo de Bolivia, sino un delito internacional que requiere la cooperación de los países vecinos.

El funcionario mencionó que existen 190 puntos fronterizos identificados, de los cuales 150 son clandestinos, y enfatizó que la salida de productos bolivianos a precios considerablemente más bajos que en Argentina está desangrando al país.

Indicó que la lucha contra el contrabando debe involucrar tanto a Bolivia como a Argentina, y reconoció iniciativas positivas del gobierno argentino en este ámbito. “La medida que ha asumido el gobierno argentino, a mí me parece sensacional”.

“Ha habido acercamientos de uniones entre viceministros de lucha contra el contrabando, con la ministra de Economía de la Argentina (Silvina Batakis). Hay trabajo coordinado que se está haciendo. Ojalá que prospere”, adelantó.

En su criterio, la lucha contra el contrabando no la puede cargar solo el país. “Tiene que ser una lucha bilateral con las autoridades de los otros países, porque el contrabando es dejar entrar y dejar salir. Entonces, si ahí tienes el apoyo del otro vecino”.

Además, Silva informó sobre la reunión que sostendrá con el sector industrial para abordar la escasez de productos esenciales, como el aceite, en el mercado interno. “Primero debemos garantizar el abastecimiento en Bolivia, y luego permitir la exportación del excedente”, afirmó.

En los últimos días, el aceite fue un producto escaso en el mercado. Incluso, las tiendas dejaron venderlo con el argumento que no les llega nuevos lotes.

Lea: El Gobierno suspende temporalmente la exportación de aceite

El asesor de la Alcaldía de La Paz Óscar Navarro responsabilizó a la inmobiliaria Kantutani y a la Alcaldía de Achocalla por el deslave en la zona de Bajo Llojeta.

El 23 de noviembre bajó una mazamorra cuyo origen aparente fue el Cementerio Jardín Los Andes, que causó el incidente y afectó a 40 viviendas en las urbanizaciones Santa Cecilia y El Prado en la zona de Bajo Llojeta.

El hecho dejó como saldo a seis familias damnificadas y el fallecimiento de la niña Camila, de cinco años de edad.

De ese modo, la Fiscalía abrió una investigación de oficio para encontrar a los responsables. Sin embargo, la Justicia determinó que el alcalde de La Paz, Iván Arias, acusado por el deslave, se defenderá en libertad.

La comisión de fiscales que investiga el caso definió no emitir la orden de aprehensión.

Lo opuesto ocurrió con el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, quien cumplirá detención preventiva en la cárcel de Patacamaya. La semana pasada, el Ministerio Público presentó la imputación por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones leves y graves.

En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Navarro aseguró que el principal culpable del hecho es la empresa y, posteriormente, la Alcaldía de Achocalla por los permisos que otorgó a la inmobiliaria.

“Desde un primer momento, la responsable es la empresa que hizo los movimientos de tierra sin obras de seguridad, no hicieron muros de contención, ni gaviones (…). Luego, (el segundo responsable es) Achocalla que dio la autorización, pero no definió obras de estabilización que debería hacer”, dijo en la entrevista.

El funcionario contó que existe un informe que data de junio de 2023, documento que se encuentra en la imputación de Condori, en el que establece que ya en esa fecha existían rajaduras y aguas están mal conducidas en el predio.

“La Alcaldía de Achocalla podía tomar medidas adicionales. Cuando existe un movimiento tan grande de tierras deben hacer un estudio topográfico”, añadió.

No obstante, Navarro calificó de “injusta” la detención preventiva de Condori. “No creo que el alcalde de Achocalla se vaya a fugar”. 

El lunes, el alcalde Arias salió de la Fiscalía en medio del respaldo de funcionarios ediles y vecinos que realizaron una vigilia mientras declaraba.

Lea: El alcalde Arias se defenderá en libertad por caso Bajo Llojeta

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscar Ajata, destacó la relevancia del Corredor Ferroviario Bioceánico como un proyecto histórico y estratégico para Bolivia, destinado a convertirse en el eje de integración entre los océanos Pacífico y Atlántico.

En entrevista con La Razón Radio, el viceministro aseguró que la reactivación de este ambicioso plan avanza gracias a la buena relación bilateral con Brasil y al interés mostrado por otros actores internacionales como China y Perú.

El tren bioceánico, que conectaría el puerto brasileño de Santos en el Atlántico con el puerto peruano de Ilo en el Pacífico, es considerado por el Gobierno como clave para potenciar la infraestructura logística de la región.

Así lo anunció el presidente Luis Arce al retorna de la cumbre de Mercosur, la semana pasada en Montevideo, Uruguay.

Según Ajata, si bien este tipo de proyectos requieren largos períodos de maduración, los avances en las negociaciones son prometedores. “Estamos trabajando en la formulación del proyecto y, lo más importante, en buscar fuentes de financiamiento que lo hagan viable”, señaló.

El viceministro también insistió en la necesidad de una infraestructura robusta que permita manejar los crecientes volúmenes de comercio provenientes de países como China. Para ello, Bolivia coordina con Perú el aprovechamiento del puerto de Chancay, que podría convertirse en un punto clave para las exportaciones e importaciones bolivianas.

Entre los avances recientes, Ajata mencionó el fortalecimiento de las relaciones con Brasil y Perú, así como el interés expresado por el presidente chino Xi Jinping en los corredores bioceánicos durante la inauguración del puerto de Chancay. Sin embargo, reconoció que aún falta una articulación más profunda con Perú para consolidar el proyecto y establecer plazos concretos.

“El tren bioceánico no solo es un proyecto comercial, sino también un esfuerzo de integración regional. Es fundamental que se mantenga como una política de Estado, más allá de los gobiernos de turno”, indicó.

El tren bioceánico no solo facilitaría el comercio entre los países del Mercosur, sino que también conectaría los mercados de América del Sur con Asia.

El proyecto fue encaminado en el pasado gobierno del presidente Evo Morales y el de sus colegas de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rosusseff.

Lea: Bolivia enfrenta el reto de equilibrar su balanza comercial como miembro pleno del Mercosur

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscar Ajata, destacó los avances, retos y oportunidades que representa para Bolivia su reciente incorporación como miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Durante la 65ª Cumbre de Presidentes del bloque, realizada en Montevideo, Bolivia consolidó su lugar en el organismo, marcando un hito en su política comercial y diplomática.

En entrevista con La Razón Radio, Ajata aseguró que el Mercosur, siendo la quinta economía más grande del mundo, ofrece una plataforma significativa para diversificar y potenciar las exportaciones bolivianas.

Actualmente, un cuarto de las exportaciones nacionales ya se destina a este bloque, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, reconoció que la balanza comercial históricamente ha sido desfavorable para Bolivia debido a su dependencia de la exportación de gas y la importación de productos manufacturados y maquinaria.

“El objetivo ahora es diversificar nuestra canasta exportadora, incluyendo productos como banano, fertilizantes y ganado, y aprovechar las condiciones preferenciales que ofrece el bloque”, señaló.

El gobierno ha proyectado un plan dinámico para mejorar su balanza comercial y fortalecer su posición en el Mercosur. Entre las iniciativas está la organización de ruedas de negocios con empresarios de la región, como la prevista en Santa Cruz en 2024.

Además, Bolivia busca desarrollar productos industrializados que permitan diversificar su oferta y consolidar relaciones comerciales con nuevos mercados dentro y fuera del bloque.

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