La asambleísta departamental de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su preocupación sobre la incertidumbre que rodea la realización de las elecciones generales previstas para agosto.

Consultada en La Razón Radio sobre cómo ve el panorama rumbo a estas elecciones, la legisladora respondió que no existen garantías de que el proceso electoral se lleve a cabo en la fecha establecida, debido a la prórroga inconstitucional de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la falta de seguridad jurídica en el país.

“El año pasado, cuando de manera simultánea se emitieron dos sentencias constitucionales, una que permitió a Mario Aguilera asumir el cargo de gobernador y otra que prorrogó a los magistrados del TCP y otros tribunales de justicia”, nosotros advertimos que esto rompía el orden constitucional del Estado, señaló Aguirre.

El 29 de diciembre de 2023, a través de la sentencia 1021/2023, el TCP ordenó que Mario Aguilera dirija la Gobernación de Santa Cruz mientras Camacho esté detenido. El 29 de enero el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, posesionó a Aguilera como titular de la Gobernación cruceña en «suplencia temporal» de Camacho.

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El 12 de diciembre de 2023, el TCP prorrogó temporalmente el mandato de las autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional hasta la elección de nuevos magistrados. Las elecciones judiciales del año pasado se celebraron, por primera vez, de manera parcial. Por esa razón conviven cuatro magistrados electos y cinco prorrogados en el TCP y siete electos y dos prorrogados en el TSJ.

Para la asambleísta, la permanencia de los magistrados prorrogados en el TCP representa una amenaza latente a la democracia y abre la posibilidad de que otros órganos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo, sigan el mismo camino. “Si un órgano del Estado ha decidido autoprorrogarse sin invocar motivos válidos, no nos puede sorprender que Luis Arce también lo haga”, advirtió.

Aguirre también criticó el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que considera una instancia que debería velar por la realización de las elecciones y denunciar estas irregularidades.

Finalmente, la asambleísta reiteró que, mientras los magistrados prorrogados sigan en el cargo, los bolivianos carecen de garantías para un proceso electoral transparente y legítimo.

La asambleísta departamental de Santa Cruz, Paola Aguirre, afirmó que las recientes declaraciones del exministro de Justicia, Iván Lima, sobre un posible indulto para Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, responden a cálculos políticos personales en un intento por congraciarse tanto con el ala “evista” como con el oficialismo de Luis Arce.

“Creo que el exministro Lima pretende congraciarse con ambas alas del Movimiento Al Socialismo (MAS). Primero con el ala evista dándole insumos para alimentar ese discurso de que entre la derecha y el gobierno de Luis Arce existiría algún tipo de acuerdo. Y, segundo también trata de darles cierto vestigio de verosimilitud a este discurso absolutamente cínico por parte de Luis Arce que llamaría a un tipo de acuerdo en virtud del bicentenario”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Aguirre señaló que Lima es plenamente consciente de la crisis que enfrenta el gobierno de Arce, “el cual ha perdido cualquier vestigio de legitimidad incluso en las propias filas del MAS”. Y busca asegurar su futuro político haciendo “cálculos de supervivencia por política”.

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Según Aguirre, Lima “saltó del barco pocos días antes” de que la crisis económica del país se tornara más evidente con problemas como el desabastecimiento de combustible, la inflación y el encarecimiento de productos básicos.

El lunes, el exministro de Justicia Iván Lima, sugirió indulto para la expresidenta Jeanine Áñez y los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

Actualmente, Áñez cumple una condena de 10 años por el caso «Golpe de Estado II». En el caso «Golpe de Estado I», Camacho y Pumari enfrentan juicio por los hechos previos a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

El caso Golpe II se refiere a la proclamación de Áñez como presidenta transitoria del Estado, el 12 de noviembre de 2019.

Las recientes declaraciones del exministro de Justicia, Iván Lima, sobre la posibilidad de un indulto para la expresidenta Jeanine Áñez y los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, confirmaron, para la oposición, la existencia de presos políticos en Bolivia.

En entrevista con La Razón Radio, la asambleísta departamental de Santa Cruz, Paola Aguirre, criticó duramente las declaraciones de Lima, calificándolo como un personaje “incoherente” y “uno de los personajes más nefastos” del gobierno de Luis Arce.

Estas declaraciones demuestran, “primero, la existencia de presos políticos en nuestro país, ese es un hecho irrefutable que ni el propio Lima puede negar”. Y, segundo, su falta de coherencia, ya que fue él quien orquestó los procesos judiciales particularmente contra Camacho, afirmó.

Aguirre acusó a Lima de ser el “autor intelectual” de la persecución judicial contra opositores y cuestionó por qué, si realmente existía la intención de conceder un indulto, no se hizo cuando aún era ministro. “Me parece a una estrategia o especie de ensayo político para calibrar la reacción ciudadana”, señaló.

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La legisladora recordó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rechazó en reiteradas ocasiones cualquier negociación con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Y Aseguró que aceptar un indulto implicaría reconocer la comisión de un delito que no cometió.

Actualmente, Áñez cumple una condena de 10 años por el caso «Golpe de Estado II», que se trató en la jurisdicción ordinaria. En el caso «Golpe de Estado I», Camacho y Pumari enfrentan juicio por los hechos previos a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, está detenido en Chonchocoro, mientras que Pumari está en el penal de Santo Domingo de Cantumarca en Potosí.

Según Aguirre, existe una lista oficial de más de 200 personas que da cuenta de la existencia de presos, perseguidos y exiliados políticos en el gobierno de Luis Arce.

La agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (Sol.bo) cuestionó la rápida y aparentemente sencilla obtención de la personería jurídica nacional por parte de Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB-Súmate), la alianza liderada por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

El vocero de Sol.bo, José Luis Bedregal, expresó su sorpresa ante la celeridad con la que el partido político de Reyes Villa consiguió su registro ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a pesar de que no se observaron brigadas de recolección de firmas en ciudades clave del país.

“En La Paz, no hemos visto ningún esfuerzo por conseguir firmas. Nos llama la atención de que esto sí haya tenido el resultado que ha tenido sin estar en las principales ciudades. Tampoco se los vio en Santa Cruz, no se los vio en La Paz”, denunció en La Razón Radio.

El 13 de diciembre, Manfred Reyes Villa recibió la personería jurídica de APB-Súmate, la alianza que lidera y con la que busca participar en las elecciones presidenciales de 2025.

Bedregal recordó que Sol.bo presentó más de 127 mil firmas en su intento por obtener el registro nacional, sin embargo, su solicitud fue rechazada.

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“Hoy vemos con mucha sorpresa como otras organizaciones casualmente afines al Gobierno consiguen muy rápida y fácilmente la personería nacional, a pesar de que no se los ve recolectando firmas ni mucho menos”, afirmó.

El dirigente criticó la aparente falta de transparencia en el proceso y sugirió que la obtención de la personería jurídica por parte de Reyes Villa responde a su cercanía con el Gobierno nacional.

“El alcalde de Cochabamba, que se ha convertido no solo en un defensor de las políticas de Luis Arce, sino en el vocero de Luis Arce”, enfatizó.

Bedregal ratificó que Sol.bo seguirá en la lucha por la legalización nacional de la agrupación.

El vocero de la agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (Sol.bo), José Luis Bedregal, aseguró que el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, volverá al país y a la política municipal, afirmando que la ciudadanía paceña “extraña” su gestión y los programas implementados durante su mandato.

“En las últimas horas hemos lamentado las declaraciones desacertadas e inoportunas del actual alcalde Arias, pero en algo tiene razón, Sol.bo y Luis Revilla van a volver en hombros a la ciudad de La Paz”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Las declaraciones del alcalde de La Paz, Iván Arias, respondieron al acuerdo entre el bloque de unidad opositora y la agrupación Sol.bo, que respaldó a Samuel Doria Medina como precandidato presidencial.

Arias dijo: “Soy abierto a todas las alianzas, pero hay soles que calientan y hay soles que queman”. Además, dijo que lo que falta es que el exalcalde, Luis Revilla, quien actualmente se encuentra prófugo, “entre (al país) en brazos, entre en hombros”.

Bedregal destacó que la administración de Revilla, que duró 10 años, dejó huella con proyectos como el sistema de transporte PumaKatari, el programa de educación ciudadana Cebras, el plan de gestión de riesgos y la modernización digital del gobierno municipal. “La Paz llegó a ser reconocida como Ciudad Maravilla bajo su liderazgo, y hoy muchos paceños sienten la ausencia de ese tipo de políticas”, sostuvo.

En 2010, Luis Revilla fue electo alcalde con 38,5%, ocho puntos por encima del segundo puesto (Elizabeth Salguero del Movimiento Al Socialismo, MAS). En abril de 2021, tras 11 años de mandato, concluyó la gestión de Revilla con la presentación de los informes finales a Arias, actual alcalde de La Paz.

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El retorno de Revilla

Consultado sobre la situación de Revilla, Bedregal informó que el exalcalde sigue siendo el líder de Sol.bo y que su regreso depende de la recuperación de una justicia independiente en Bolivia.

 “Él es víctima de una persecución sañuda, no solamente por parte del Gobierno Nacional, sino por los personeros del actual gobierno municipal”, afirmó, en referencia a los procesos judiciales abiertos en su contra.

Revilla enfrenta cargos por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, relacionados con un supuesto sobreprecio en la compra de 61 buses PumaKatari entre 2012 y 2013. Actualmente, se encuentra en la clandestinidad tras recibir información sobre una posible orden de aprehensión en su contra.

“Estamos confiados, sabemos que tarde o temprano la justicia se va a imponer (…). Y él estará nuevamente en el retorno de nuestro país porque es una personalidad muy importante del ambiente político, tiene mucho para dar todavía Bolivia”, agregó Bedregal, remarcando que la organización política lo mantiene como su principal dirigente y referente.

Estrategia electoral

Sobre el futuro de Sol.bo en las próximas elecciones, Bedregal reconoció errores en la campaña de 2020, cuando la agrupación selló una alianza con Jeanine Áñez, decisión que, según él, no fue la más adecuada. Sin embargo, afirmó que ahora están trabajando con más tiempo y planificación para las elecciones nacionales y subnacionales.

Revilla fue aliado de Comunidad Ciudadana (CC) en las elecciones de octubre de 2019, empero, para las del 18 de octubre de 2020 selló una alianza con Juntos, que postuló a Áñez. La expresidenta decidió dar un paso al costado, tras su caída en las encuestas y, según dijo, con la idea de evitar un triunfo de Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien lideraba los estudios de preferencia electoral.

“Hoy la realidad es muy distinta, estamos trabajando con el suficiente tiempo para encarar no sólo las elecciones nacionales, sino también las subnacionales”, concluyó.