Tras la entrega del pliego petitorio de 12 puntos al Gobierno, el Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales determinó este jueves ingresar en un cuarto intermedio y esperar una respuesta hasta el 22 de enero.

Pedro Llanque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) paralelo, señaló que la determinación se debe a que el Gobierno tiene “unas intenciones oscuras” de querer sembrar pruebas y detener a los que están en la vigilia.

“Como dirigentes no podemos arriesgar a nuestros hermanos que van a entrar a la vigilia, tampoco a los dirigentes que realmente arriesgan. Por eso, hemos tomado la decisión de dar un plazo al Gobierno hasta el 22 de enero para que nos atienda”, dijo del dirigente campesino.

Indicó que el 22 de enero en el coliseo de La Coronilla de Cochabamba se tendrá una concentración a nivel nacional para hacer una evaluación de la marcha y se determinará fututas acciones en beneficio del país.

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La marcha que partió el 10 de enero desde la localidad de Patacamaya arribó a la ciudad de La Paz el lunes 13 con el objetivo de ingresar a la plaza Murillo para entregar el pliego de demandas al Gobierno.

Sin embargo, contingentes de policías impidieron este objetivo y gasificaron a los marchistas, por lo que los movilizados iniciaron una vigilia en cercanías de la plaza Murillo hasta entregar sus demandas.

Enrique Mamani, dirigente intercultural, indicó que la “Marcha por la vida” desde su inicio hasta llegar a la sede de Gobierno “fue pacífica”, pero que el Gobierno una vez más demostró el lunes 13 y martes 14 la “represión indiscriminada” y el secuestro de los marchitas.

“Lo único que han venido es a pedir que sean escuchados ante el alza de la canasta familiar, el combustible que está generando largas colas y la escasez del dólar. También hemos venido exigiendo al Gobierno central dentro del pliego petitorio liberar a nuestros detenidos injustamente”, señaló el dirigente intercultural.

Mamani aseveró que la lucha continúa y seguirá adelante hasta conseguir sus demandas y que “no piense que el Gobierno que al recibir el pliego van a dejar de luchar”.

El lunes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, indicó que varios puntos de su pliego ya fueron atendidos y que algunos solo buscan “impunidad” para su líder, que enfrenta un proceso por trata de personas.

La Justicia determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva contra 12 personas aprehendidas durante la movilización evista que llegó el lunes 13 de enero a la ciudad de La Paz.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Gabriel Neme, informó este jueves que estas personas fueron aprehendidas en posesión y tenencia de explosivos.

“Se pretendía utilizar (estos explosivos) para agredir a los servidores policiales que se encontraban en funciones de seguridad en la plaza Murillo. Ha sido la autoridad jurisdiccional, quien ha definido otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva”, señaló el jefe policial.

Dieter Mendoza, secretario general de la Federación Mamoré Bulo Bulo, informó sobre la liberación de los aprehendidos y señaló que “son inocentes” y que el Gobierno no logró “sembrar las pruebas” para encarcelarlos. 

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“Ellos estaban detenidos injustamente, solamente estaban circulando alrededor de la plaza Murillo. En ningún momento hubo ningún tipo de agresión, como acusó el Gobierno y la Policía”, dijo el dirigente cocalero.

La marcha del Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales, a su arribo a la ciudad de La Paz, intentó ingresar al kilómetro cero, plaza Murillo, para entregar un pliego petitorio al Gobierno.

Sin embargo, grupos de contingentes policías impidieron este objetivo y gasificaron a los marchistas. El Gobierno reportó la aprehensión de 12 personas y el arresto de otras 29 por el ataque con petardos y cachorros de dinamita, entre otros explosivos. 

Mendoza denunció que en instalaciones de la FELCC los marchistas aprehendidos sufrieron agresiones físicas y psicológicas.

La marcha evista determinó también levantar la medida de presión, tras la entrega del pliego petitorio al Gobierno y conminó a dar respuesta hasta el 22 de enero, caso contrario asumirán otras medias de presión.

Ante la destitución de Alan Lisperguer como ministro de Medio Ambiente y Agua, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, asumió de manera interina el cargo hasta que se designe a una nueva autoridad en esa cartera de Estado.

La designación de Prada se establece a través del Decreto Presidencial 5314 que fue publicado en la Gaceta del Estado.

“Desígnese ministra interina de Medio Ambiente y Agua, a la ciudadana María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia, mientras se designe al titular”, reza el artículo único del decreto presidencial.

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Luego de conocerse que el exministro es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, el presidente Luis Arce dispuso su “destitución inmediata”.

“Luego de haberse hecho público la admisión de una denuncia contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda”, escribió el mandatario.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó el miércoles que el exministro de Medio Ambiente y Agua registró ocho bienes inmuebles en 2021 que “llamó la atención” e hizo un movimiento de más de un millón de bolivianos.

Por este hecho, también es investigado el exdirector jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó este viernes que esta alta instancia del Órgano Judicial inicio de manera formal la transición del cargo para luego iniciar las auditorias respetivas de la gestión de los salientes consejeros de esa institución.

Para ello, dijo que se contrató a un Notario de Fe Pública que recibirá toda la documentación de las diferentes direcciones, jefaturas y direcciones departamentales del Consejo de la Magistratura. 

“Este proceso de transición es parte de la transparencia que quiere dar esta institución para saber en qué estado se han dejado las documentaciones por las anteriores autoridades y posteriormente a esta recepción analizar la asignación de tareas en cada una de las reparticiones de esta institución e inclusive proceder algunas auditorías jurídicas en los casos que sean necesarios”, dijo.

Baptista señaló que, en este proceso de transición, se pidió a los “todos” los funcionarios del Consejo de la Magistratura que colaboren con el trabajo de la Comisión de Transición, la cual estará a cargo de un representante de cada consejero de la Magistratura y del Notario de Fe Pública.

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En esta etapa de trabajo, dijo que se tomará un registro de toda la documentación que se dejó en cada una de las direcciones, unidades y jefaturas de esta institución, así como de los nueve departamentos en sus direcciones distritales.

Señaló que el trabajo de la anterior gestión debe ser transparente y una vez recibida documentación se procederá al análisis formal de cada documentación, a fin de dar inicio a las posibles auditorías.

“No nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura supervisa no solamente el trabajo de los jueces, sino también de oficinas muy importantes como son el REJAP (Registro de Antecedentes Penales), como son Derechos Reales y otras”, señaló.

Baptista aclaró que una auditoría se inicia en atención a alguna denuncia, alguna petición o intención de alguno de los consejeros en relación a una actividad en particular.       Indico que en 2024 “muchos” pidieron que se revise en atención a la “autoprórroga” de los magistrados.

“Este tipo de decisiones para el inicio de las auditorías van a realizarse una vez que en sala plena con los tres consejeros exista un acuerdo pertinente”.

La autoridad judicial señaló además que en “la brevedad posible” se dará una respuesta para saber en qué estado real se dejó la institución.

El juicio por el caso Golpe de Estado I, que estaba previsto instalarse el viernes 17 de enero contra el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari, fue reprogramado para el 10 de febrero.

La justicia había determinado que Pumari esté presente de manera virtual en la audiencia debido a que la notificación llegó a destiempo; sin embargo, con esta determinación judicial se prevé que el excívico participe de manera presencial.

Jorge Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, indicó que el juicio está en la fase de pruebas documentales del Ministerio de Gobierno.

Golpe de Estado I

“Se va a continuar en la etapa que se ha suspendido antes de las vacaciones judiciales. Es decir, en la producción de prueba documental. Después de esta producción de prueba, seguramente el tribunal va a sacar su resolución o determinando que pruebas se van a judicializar”, explicó.

Dijo que esa es la etapa en la que se está en la “última” fase de juicio oral contradictorio.

Camacho deberá ser trasladado desde el penal de Chonchocoro al Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se desarrolla las audiencias del juicio oral.

Investigación

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

El caso refiere a todos los hechos precedentes a la caída y renuncia del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Dos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y, luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin el quorum reglamentario ni la presencia de los legisladores del MAS, que entonces tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa.

Juicio

Camacho y Pumari, en Santa Cruz y Potosí, respectivamente, lideraron las protestas por un supuesto “fraude electoral”.

La movilización, replicada en varias regiones, cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales deje el cargo.

En este caso, el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz determinó apartar a la exmandataria del caso Golpe de Estado I, bajo el argumento de que no puede ser procesada dos veces por un mismo hecho, como en el caso Golpe de Estado II.