Luego que la Cámara de Senadores sancionara el Proyecto de Ley de “Selección y Designación del Fiscal General del Estado”, con la modificación realizada por Diputados y fuera remitida al Ejecutivo, el presidente Luis Arce promulgó este viernes la norma.

“Informamos al pueblo boliviano que hoy recibimos la Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado, y la promulgamos sin demoras para que se prosiga con los procesos que corresponde”, escribió el mandatario desde sus redes sociales.

Añadió que la norma establece los plazos para llevar a cabo las 13 etapas de selección de los postulantes, y también contempla el periodo para convocar a sesión de la Asamblea en la que se designará al próximo fiscal general.

La ley contempla la conformación de una comisión mixta en la Asamblea que tendrá 45 días para realizar el proceso de preselección de postulantes.

Las etapas incluyen la publicación de la convocatoria (un día); presentación de postulantes (15 días); verificación de requisitos (tres días); publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (un día); impugnaciones (dos días); resolución de impugnaciones (cuatro días); y publicación de la lista de postulantes habilitados (un día).

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Habiendo cursado esta fase, la comisión realizará la evaluación de méritos (cuatro días); recursos de revisión de méritos (dos días); resolución del recurso de revisión de méritos (cuatro días); respuesta del recurso de revisión de méritos (un día); exámenes orales y exposición de plan de trabajo (cinco días); y aprobación de los informes finales y remisión a la Asamblea (dos días).

Posteriormente, la Asamblea Legislativa designará por dos tercios de los votos al próximo fiscal general del Estado, máxima autoridad del Ministerio Publico, quien ocupará su cargo por seis años, sin posibilidad de reelección, como establece la Constitución.

El actual fiscal general, Juan Lanchipa, concluye su gestión el próximo 23 de octubre, por lo que el proyecto plantea la designación de uno nuevo, como fecha límite, el 22 de ese mes.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, señaló este miércoles que el postulante inhabilitado que presentó una acción de amparo para frenar las judiciales retiró esta medida judicial.

“Entiendo que ese recurso fue retirado en su tratamiento, no existe un recurso constitucional que esté pendiente de resolución. En consecuencia, siendo que no se ha siquiera considerado y se ha retirado por parte del impetrante este recurso, no habría materia que tenga que ser discutida, por tanto, este proceso no tiene ningún tipo de impedimento, ni óbice”, dijo.

Jauregui agregó que, tras el retiro de esta acción, la renovación de las altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial está garantizada.

El lunes, se conoció que el postulante inhabilitado Charles Mejía presentó un amparo constitucional contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, esto en razón que se vulneró sus derechos como postulante para el TCP.

“Hemos presentado un amparo constitucional… y el pedido es simple. Ambas comisiones han realizado un cúmulo de irregularidades y no solamente en el caso del suscrito abogado, sino en el caso de muchos candidatos. Mi intención no es perjudicar a la elección de magistrados, pero mi intención es que no exista un abuso de los diputados y senadores de estas comisiones”, dijo Mejía a la red DTV.

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Añadió que como medida cautelar “hemos solicitado la paralización de la preselección de candidatos y el calendario (de esta fase). Este tiene un motivo lógico, yo como candidato inhabilitado en resguardo de mis derechos no puedo permitir que la convocatoria continue porque aquello conllevaría a un daño irreparable a mis derechos constitucionales”. 

Tras conocerse este hecho, asambleítas de las fuerzas políticas temen que esta acción judicial condicione el proceso de las judiciales.

“Cuando existe un proceso de revisión, lastimosamente nos paralizan (…), entendemos que hay muchos actores que intentan obstaculizar el avance del proceso de preselección (…), pareciera que hay una mano negra ahí, buscando paralizar todo para acusar al Gobierno”, criticó la diputada arcista del Movimiento al Socialismo (MAS), Deysi Choque, el martes.

Luis Adolfo Flores, senador evista del MAS, criticó el tema del amparo y señaló que el Gobierno está detrás. “Es la intención de este postulante, que no ama a Bolivia (…), es un funcionario del Órgano judicial, entiendo, ha coordinado para que sus colegas le den favorable. Ojalá que no paralicen el proceso (…), este postulante está buscando paralizar el proceso”, denunció en entrevista con Radio Kawsachun Coca.

Por su parte, Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), consideró que el Gobierno utiliza mecanismos jurídicos para perseguir sus intereses políticos.

Cuando se conoció el amparo, el lunes, el jefe de bancada del MAS y miembro de una de las comisiones, Jerges Mercado, expresó que se hará lo “humanamente posible” para continuar con el proceso.

Asimismo, Froilán Mamani, diputado del MAS y presidente de la Comisión Mixta de Justicia, informó que, debido a que el proceso ya pasó por una revisión constitucional, un amparo no podría poner en riesgo su realización.