Humberto Claros, dirigente campesino que está con detención preventiva, celebró desde la cárcel de Patacamaya la liberación de 21 personas en Cochabamba y de otras 45 en La Paz.

“Celebramos y festejamos la liberación de 21 hermanos campesinos, injustamente detenidos en la ciudad de Cochabamba por el simple hecho de exigir la devolución de su sede sindical”, escribió Claros, en una carta difundida por radio Kawsachun Coca.

También saludó la liberación de 45 detenidos en la ciudad de La Paz. En criterio del dirigente campesino son “víctimas del régimen de Luis Arce, en el marco de una persecución política que solo busca acallar las demandas de justicia y social”.

El dirigente evista fue detenido en noviembre de 2024 y enviado a la cárcel por cinco meses, esto en el marco de la investigación por el bloqueo de caminos de 24 días, entre los meses de octubre y noviembre del año pasado.

Claros, junto los dirigentes Ramiro Cucho y Ponciano Santos, además del exministro Juan Ramón Quintana, es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, instigación pública y otros.

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Además, el dirigente campesino indicó que está informado de que el Gobierno “hizo todo lo posible por imputarlos y meterlos como presos políticos”, pero, que “gracias” al esfuerza de sus abogados se permitió su liberación y trajo “alegría a sus familias y esperanza al pueblo”.

“Que este triunfo nos recuerde que el sentido humanitario y la solidaridad jamás deben abandonarnos a nuestra lucha. Seguiremos firmes, porque el pueblo boliviano merece justicia, libertad y dignidad”.

El jueves se conoció sobre la liberación de 12 personas aprehendidas durante la movilización el Pacto de Unidad evista que llegó el lunes 13 a la ciudad de La Paz, tras iniciar una marcha desde Patacamaya con una serie de demandas.

El objetivo de los movilizados era ingresar al kilómetro cero, plaza Murillo, para entregar un pliego petitorio al Gobierno.

Tal como lo anticiparon allegados al expresidente Evo Morales, el líder cocalero no se presentó a la audiencia de medidas cautelares programada para este viernes, en el marco de la investigación de trata agravada de personas.

El juez deberá analizar la situación jurídica del exmandatario sobre la declaratoria de rebeldía.

El líder cocalero es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

El 14 de enero, el juez Nelson Rocabado suspendió la audiencia y la reprogramó para este viernes debido a que el líder cocalero presentó un certificado médico forense con el cuadro clínico de bronconeumonía y debía realizar reposo.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió el miércoles que, si el exmandatario no se presenta a la audiencia o no justifica su inasistencia, se solicitará la declaratoria en rebeldía.

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Jorge Pérez, abogado de Morales, reiteró que este proceso es político e indicó que el expresidente es una persona inocente, pero perseguida políticamente.

“Por eso es que ven a autoridades políticas y políticos opinando sobre un doble proceso penal. Un proceso armado que ya debió cerrar cerrado. Eso se llama prevaricato cuando se emite resoluciones contrarias a la ley y la Constitución”, dijo.

Aseveró que ya se abrió una investigación que fue rechazada, pero que el mismo Ministerio Público abrió otro caso sobre el mismo hecho.

En criterio de Pérez, se está incurriendo en prevaricato porque no existe el doble juzgamiento.

“Este proceso es ilegal desde el primer momento. Nunca lo notificaron para que vaya a declarar el 16 de diciembre y nunca llegaron a su casa. Nunca prendieron una notificación en su casa por cédula. No existe eso, por eso es ilegal el acta de comparecencia”, señaló.      

Reiteró que por eso es ilegal la imputación del 16 de diciembre, porque nunca se lo notificó.

Cindy Vargas, presunta víctima del expresidente Evo Morales, presentó un memorial ante el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinto de Tarija desmintiendo que fuera víctima de trata de personas, estupro e indicó que “nadie la obligó a embarazarse”.

En el documento Vargas indicó que “jamás ha sido víctima de trata, ni por mis padres ni por ninguna persona, nunca nadie me pagó o medio nada a cambio de simpatías o favores sentimentales”.

Por este caso, el expresidente debe presentarse a una audiencia de medidas cautelares que fue suspendida el martes 14, debido a que presentó un certificado médico en el que señala tener un cuadro clínico de bronconeumonía.  

El líder cocalero es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. El Ministerio Público inició el proceso en el marco del presunto delito de trata agravada de personas.

Vargas reiteró que “nunca ha sido víctima de estupro por ninguna persona” y señaló que «incluso» le dijo al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo “que no le meta en sus líos” y la “usen en asuntos políticos”.

La joven también enfatizó que “nadie la obligó embarazarse”, por lo que señaló que es absolutamente “falso” e indicó que no sabe “de donde sacan esos que yo tuve un embarazo forzado, eso es mentira”.

El memorial fue presentado el 6 de enero de esta gestión en el Juzgado de Instrucción, sin embargo, el documento que presenta los sellos de la oficina de Gestora de Procesos y la auxiliar de ventanilla única del Tribunal Departamental de Justicia, tiene la fecha de registro del 16 de enero de 2025.

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Vargas aseveró en el documento que “no autorizar a nadie que difunda nada sobre su hija menor” e indicó que “únicamente (ella) conoce todo sobre ella” y no como están “hablando” o metiéndose en su vida privada o tergiversando las cosas.

“En un momento de instabilidad emocional a ciertas consultas respondí sin medir, pero no quise perjudicar a nadie, no hago las cosas de manera intencionada”, aclaró.

Además, reiteró que de lo “único” que es víctima es de la “persecución que le hace el Ministro Castillo y la fiscal, los cuales no me dejan vivir en paz”.

“No tengo nada que ver con los conflictos políticos entre distintos grupos, que lo único que hacen es dañar mi vida y la de mi hija”, señaló.

El expresidente Evo Morales debe comparecer este viernes a las 09.30 ante el juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 5 de Tarija y si no presenta se enfrenta que el juez dicte la declaratoria de rebeldía.   

El líder cocalero es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. El Ministerio Público inició el proceso en el marco del presunto delito de trata agravada de personas.

El 14 de enero, el juez Nelson Rocabado suspendió la audiencia y la reprogramó para este viernes debido a que el líder cocalero presentó un certificado médico forense con el cuadro clínico de bronconemonía y debía realizar reposo.

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Asimismo, el juez ordenó que Morales debe realizarse exámenes complementarios y presentar los informes en 48 horas, plazo que venció el jueves.

Allegados al expresidente adelantaron que no asistirá a la audiencia de este viernes e incluso la defensa de Morales, Nelson Cox, indicó a El Deber que “de momento hay imposibilidad por su estado de salud”.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió el miércoles que, si el exmandatario no se presenta a la audiencia o no justifica su inasistencia, se solicitará la declaratoria en rebeldía.

La ministra interina de Medio Ambiente y Agua, María Nela Prada, destituyó este jueves al director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Jhonson Jiménez, tras una denuncia por uso indebido de bienes del Estado.

A través de la Resolución Ministerial 005, del 16 de enero de 2025, la titular del Ministerio de Medio Ambiente abrogó la Resolución Ministerial 396, del 30 de agosto de 2023, que designaba a Jiménez como director ejecutivo del Sernap.

El exfuncionario es acusado de utilizar vehículos oficiales con fines privados, como compra de productos y obligar a su personal a realizar tareas fuera de sus funciones.

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En pasados días, Jhonson también fue cuestionado por la destitución injustificada de guardaparques, entre ellos, Marcos Uzquiano, quien también cuestionó la gestión del exdirector del Sernap.

El Sernap es una institución del Estado que encargada de salvaguardar las 23 áreas protegidas del país. Al interior de las áreas protegidas se concentra la mayor biodiversidad del país.

Prada asumió el Ministerio de Medio Ambiente de forma interina, luego que el presidente Luis Arce destituyera a Alán Lisperguer ante denuncias de enriquecimiento ilícito y falsedad en su declaración jurada.