Ante la destitución de Alan Lisperguer como ministro de Medio Ambiente y Agua, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, asumió de manera interina el cargo hasta que se designe a una nueva autoridad en esa cartera de Estado.

La designación de Prada se establece a través del Decreto Presidencial 5314 que fue publicado en la Gaceta del Estado.

“Desígnese ministra interina de Medio Ambiente y Agua, a la ciudadana María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia, mientras se designe al titular”, reza el artículo único del decreto presidencial.

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Luego de conocerse que el exministro es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, el presidente Luis Arce dispuso su “destitución inmediata”.

“Luego de haberse hecho público la admisión de una denuncia contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda”, escribió el mandatario.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó el miércoles que el exministro de Medio Ambiente y Agua registró ocho bienes inmuebles en 2021 que “llamó la atención” e hizo un movimiento de más de un millón de bolivianos.

Por este hecho, también es investigado el exdirector jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó este viernes que esta alta instancia del Órgano Judicial inicio de manera formal la transición del cargo para luego iniciar las auditorias respetivas de la gestión de los salientes consejeros de esa institución.

Para ello, dijo que se contrató a un Notario de Fe Pública que recibirá toda la documentación de las diferentes direcciones, jefaturas y direcciones departamentales del Consejo de la Magistratura. 

“Este proceso de transición es parte de la transparencia que quiere dar esta institución para saber en qué estado se han dejado las documentaciones por las anteriores autoridades y posteriormente a esta recepción analizar la asignación de tareas en cada una de las reparticiones de esta institución e inclusive proceder algunas auditorías jurídicas en los casos que sean necesarios”, dijo.

Baptista señaló que, en este proceso de transición, se pidió a los “todos” los funcionarios del Consejo de la Magistratura que colaboren con el trabajo de la Comisión de Transición, la cual estará a cargo de un representante de cada consejero de la Magistratura y del Notario de Fe Pública.

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En esta etapa de trabajo, dijo que se tomará un registro de toda la documentación que se dejó en cada una de las direcciones, unidades y jefaturas de esta institución, así como de los nueve departamentos en sus direcciones distritales.

Señaló que el trabajo de la anterior gestión debe ser transparente y una vez recibida documentación se procederá al análisis formal de cada documentación, a fin de dar inicio a las posibles auditorías.

“No nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura supervisa no solamente el trabajo de los jueces, sino también de oficinas muy importantes como son el REJAP (Registro de Antecedentes Penales), como son Derechos Reales y otras”, señaló.

Baptista aclaró que una auditoría se inicia en atención a alguna denuncia, alguna petición o intención de alguno de los consejeros en relación a una actividad en particular.       Indico que en 2024 “muchos” pidieron que se revise en atención a la “autoprórroga” de los magistrados.

“Este tipo de decisiones para el inicio de las auditorías van a realizarse una vez que en sala plena con los tres consejeros exista un acuerdo pertinente”.

La autoridad judicial señaló además que en “la brevedad posible” se dará una respuesta para saber en qué estado real se dejó la institución.

El juicio por el caso Golpe de Estado I, que estaba previsto instalarse el viernes 17 de enero contra el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari, fue reprogramado para el 10 de febrero.

La justicia había determinado que Pumari esté presente de manera virtual en la audiencia debido a que la notificación llegó a destiempo; sin embargo, con esta determinación judicial se prevé que el excívico participe de manera presencial.

Jorge Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, indicó que el juicio está en la fase de pruebas documentales del Ministerio de Gobierno.

Golpe de Estado I

“Se va a continuar en la etapa que se ha suspendido antes de las vacaciones judiciales. Es decir, en la producción de prueba documental. Después de esta producción de prueba, seguramente el tribunal va a sacar su resolución o determinando que pruebas se van a judicializar”, explicó.

Dijo que esa es la etapa en la que se está en la “última” fase de juicio oral contradictorio.

Camacho deberá ser trasladado desde el penal de Chonchocoro al Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se desarrolla las audiencias del juicio oral.

Investigación

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

El caso refiere a todos los hechos precedentes a la caída y renuncia del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Dos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y, luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin el quorum reglamentario ni la presencia de los legisladores del MAS, que entonces tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa.

Juicio

Camacho y Pumari, en Santa Cruz y Potosí, respectivamente, lideraron las protestas por un supuesto “fraude electoral”.

La movilización, replicada en varias regiones, cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales deje el cargo.

En este caso, el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz determinó apartar a la exmandataria del caso Golpe de Estado I, bajo el argumento de que no puede ser procesada dos veces por un mismo hecho, como en el caso Golpe de Estado II.

Tras un intenso debate, la Cámara de Senadores aprobó en su estación en grande el Proyecto de Ley de Distribución de Escaños parlamentarios e inició el debate en su estación en detalle.

La norma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y la remitió a la Cámara de Senadores para su análisis.

El proyecto de ley fue elaborado por el TSE, en función a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2024, que establece que Chuquisaca pierde una diputación plurinominal y Santa Cruz gana un escaño.

En caso de aprobarse la norma en la Cámara de Senadores, la distribución de escaños quedará de la siguiente manera: La Paz y Santa Cruz con 29 escaños cada uno, Cochabamba con 19, Potosí 13, Chuquisaca 9, Oruro 9, Tarija 9, Beni 8 y Pando con 5.

En desarrollo…

La viceministra de Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, reveló este miércoles que el exministro de Medio Ambiente y Agua, Alán Lisperguer, registró ocho bienes inmuebles en 2021 que “llamó la atención” e hizo un movimiento de más de un millón de bolivianos.

La autoridad informó que el 3 de enero se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por un presunto enriquecimiento ilícito y por falsedad en las declaraciones juradas contra el exministro de Medio Ambiente y el exdirector jurídico Gabriel Alejandro Delgado.

Indicó que la investigación surgió tras una denuncia presentada ante el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción donde se detallan “algunos cobros irregulares y movimientos inusuales” en el patrimonio de ambas personas.

«En la gestión 2021 se han observado, en el caso del ex ministro, un registro de ocho bienes inmuebles en el mismo periodo. En el caso del señor Delgado se ha identificado que en el periodo 2024 también ha habido un movimiento inusual de sus cuentas, de más de 600.000 bolivianos”, señaló Ríos.

En el caso de Lisperguer, aseveró también que existen unos movimientos de más de un millón de bolivianos que involucran depósitos y movimientos entre Delgado y Lisperguer, como otros depósitos con terceras personas, entre ellos, “algunos servidores públicos”.

La viceministra indicó además que “incluso” se verificó los consumos y compras de los cuales se determinó que son “desproporcionales” a su perfil patrimonial.

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“Una vez presentada la denuncia, el Ministerio Público ha admitido esta denuncia, se va a proceder a la investigación, se va a actuar con la mayor objetividad en el marco de nuestras competencias para determinar la verdad histórica de los hechos”

Ríos dijo que como Viceministerio van a actuar en todos los casos, ya sea como parte coadyuvante y también como víctimas de estos hechos poque “no se puede tolerar ningún hecho de corrupción”.

Ante los presuntos hechos de corrupción, el presidente Luis Arce dispuso este miércoles su “destitución inmediata” de Lizperguer del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

“Luego de haberse hecho público la admisión de una denuncia contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La exautoridad se pronunció sobre la denuncia y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones y negó cualquier irregularidad en sus bienes.

“Como funcionarios públicos, estamos sujetos a que investiguen nuestros bienes y movimientos bancarios. No hay razón para alarmarse, debemos estar preparados para ello”, señaló Lisperguer a la Red Uno.