Luego de un proceso de fiscalización, la Alcaldía de La Paz multó con Bs 12 millones a la empresa inmobiliaria Kantutani, por el movimiento irregular de tierras que derivó en la trágica mazamorra del 23 de noviembre de 2024 en la zona de Bajo Llojeta.

El subalcalde del macrodistrito Cotahuma, Gonzalo González, explicó que la fiscalización se inició por la ocupación indebida de los márgenes del río Pasajahuira, que atraviesa ese sector y que generó problemas en la parte baja de dicha zona.

“Evidentemente, una vez ocurrido el evento (de la mazamorra), la Subalcaldía de Cotahuma en el área que le corresponde ha iniciado un proceso de fiscalización por haber ocupado los márgenes del río y haber ocasionado estos problemas en la parte baja. Ya se ha emitido la resolución, su multa es de 12 millones de bolivianos”, aseguró González, citado en una nota de la Agencia Municipal de Noticias.

Por su parte, el subalcalde del macrodistrito Sur, Fabricio San Martín, aseguró que, como hizo su par de Cotahuma, fiscalizará a la cuestionada empresa.

“Tal como se ha mencionado, igual la Subalcaldía Sur tiene previsto iniciar el proceso de fiscalización, esto en torno a estabilizar la zona de forma segura e integral, toda vez que deben aplicarse medidas para lograr este hecho”, aseguró la autoridad edil este lunes.

El caso de la inmobiliaria sigue causando repercusiones, luego de la investigación abierta para esclarecer las causas del deslave que provocó el fallecimiento de una menor de cinco años y afectó a unas 60 familias y al menos 40 viviendas.

El expresidente Evo Morales insistió en que el Gobierno impidió su atención médica ante un supuesto cuadro de “bronquitis, hipertensión aguda y bradicardia” que sufre y con el que justificó su incomparecencia ante la Justicia de Tarija.

“El Gobierno impidió con amenazas a profesionales cardiólogos, neumólogos, entre otros, que revisen mi estado de salud, por la bronquitis, hipertensión aguda y bradicardia que me afecta en la actualidad”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.

Así, Morales volvió a referirse a una supuesta instrucción del Gobierno para impedir que acceda a un certificado médico que corrobore su estado de salud.

Evo Morales

“Esto es un verdadero abuso y una violación de derechos fundamentales como el acceso a la salud.  Ese nivel de indolencia y de impunidad que manejan”, agregó el expresidente.

Si bien Morales ya denunció el supuesto hecho la anterior semana, la ministra de Salud, María René Castro, desmintió la acusación.

“Es absolutamente falso que desde esta cartera de Estado se haya instruido la destitución de algún médico, ya que la emisión de certificados médicos no constituye causal de despido bajo ninguna circunstancia, y menos aún si se trata de un profesional del sistema privado de salud”, escribió la autoridad en su cuenta de X.

Morales justificó su incomparecencia a dos audiencias por un supuesto caso de trata de personas que lo involucra, con un supuesto cuadro grave de dichas enfermedades.

Estado de salud

“Estas prácticas no son aisladas. No olvidemos que el Gobierno organizó un atentado valiéndose de efectivos policiales e instalaciones militares para disparar contra los vehículos que me trasladaban”, insistió Morales.

Pese a su supuesta enfermedad, Morales participó, sin complicaciones, en su programa dominical de Kawsachun Coca.

En una de sus intervenciones, señaló: “Quiero decirle al pueblo boliviano que mi cuerpo puede caer, pero jamás se silenciará nuestra voz, porque si no es este movimiento político, qué movimiento político defenderá a la gente humilde”.

El expresidente Evo Morales afirmó este lunes que no saldrá del país ni “traicionará” a sus seguidores y que, al contrario, apostó por el “único proyecto nacional de izquierda” hacia las elecciones de 2025.

“No abandonaré Bolivia ni traicionaré al pueblo y al único proyecto nacional de izquierda que construimos para lograr una mejor vida de los bolivianos, defender nuestros recursos naturales y no permitir que sea pisoteada nuestra soberanía y dignidad”, escribió en sus redes sociales.

Evo Morales

Las declaraciones del exjefe de Estado coinciden con una alerta migratoria que le impide dejar el país, por una investigación de trata de personas en su contra. Por ese ilícito, Morales fue declarado rebelde, luego de su incomparecencia ante la Fiscalía Departamental de Tarija, en dos ocasiones.

En su justificación, la defensa jurídica del exmandatario presentó un certificado médico por el supuesto padecimiento bronconeumonía.

Actualmente, Morales se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba, donde dirigentes, comunarios y simpatizantes lo protegen ante una eventual captura.

Su entorno defiende la “inocencia” de Morales, por eso, los responsables de su seguridad advirtieron al Gobierno que su captura “no será sencilla”.

Denuncia

Incluso, Teresa Morales, otrora ministra de Desarrollo Productivo en la gestión Evo Morales, denunció el sábado que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, instruyó el acuartelamiento de las tropas militares en el Chapare de Cochabamba para “acosar y amenazar” al expresidente.

También indicó que Novillo instruyó que especialistas de Inteligencia se internen en el Chapare para “dañar” a Morales y “perseguir” a los dirigentes afines al exmandatario.

Sin embargo, el titular de Defensa desmintió la denuncia y dijo que tal isntrucción no existe.

La exministra indicó que el expresidente seguirá donde siempre ha estado y no se moverá del Trópico de Cochabamba.

En ocasión de los 100 años de la Ley de Imprenta, el senador de alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz Pereira presentará un proyecto de ley para que la propaganda del Estado sea distribuida de forma “equitativa” entre los medios de comunicación.

“En el primer Centenario de la Ley de Imprenta propondremos una norma que permita la distribución equitativa de la pauta de difusión de propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación del país, ya sea con líneas editoriales afines o contrarias al gobierno de turno”, escribió en su cuenta de X.

Para el líder de primero la Gente, citado en una nota de prensa, “una norma con ese espíritu contribuirá a eliminar la presión ejercida desde el Gobierno contra determinados medios de comunicación y periodistas”.

La nota explica que el equipo jurídico prepara el contenido de la propuesta de norma que, según consideró, “la pluralidad de la información y de sus fuentes en favor de la sociedad boliviana en su conjunto”.

La iniciativa del legislador opositor responde al reclamo de varios medios de comunicación que reclamaron supuesto “favorecimiento” del Gobierno hacia algunos medios de “su línea”, en desmedro de los denominados “independientes”.

Según ellos, el Estado destina montos “millonarios” para la difusión de información institucional y de propaganda.

“Garantizaremos la pluralidad de la información para beneficio de la gente”, complementó Paz Pereira.

La Fiscalía aún no emitió ninguna citación para el exministro de Medio Ambiente y Agua Alana Lisperger, envuelto en un escándalo por supuesta corrupción en esa cartera de Estado.

La información fue confirmada por el director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gabriel Neme.

Asimismo, no se conoció de alguna citación para el asesor jurídico de la exautoridad, Gabriel Alejandro Delgado, que también está involucrado en ese presunto ilícito.

Alan Lisperger

“No, no llegó nada ni la citación ni la orden de aprehensión”, respondió la autoridad policial, ante la consulta sobre si les llegó alguna orden de aprehensión desde la Fiscalía.

Lisperger y Delgado son investigados por la supuesta comisión de los delitos de corrupción y falsedad en la declaración jurada de bienes. La investigación se abrió a instancias del Viceministerio de Transparencia, luego de una denuncia.

Por ese hecho, el presidente Luis Arce destituyó a Lispeger para que éste asuma su defensa legal.

Investigación

El miércoles, el denunciado negó la comisión de delito por el que se le investiga y afirmó que colaborará en la investigación.

“Como funcionarios públicos, estamos sujetos a que investiguen nuestros bienes y movimientos bancarios. No hay razón para alarmarse, debemos estar preparados para ello”, señaló Lisperguer en entrevista con Red Uno y dejó en claro que asumirá su defensa legal. 

Según las investigaciones preliminares, La exautoridad se benefició con “depósitos millonarios” desde su posesión el 5 de marzo de 2024.