El TSE garantiza las judiciales y otro amparo amenaza la votación en La Paz
Este sábado, a instancias de la expostulante Betty Sánchez, se desarrolla una audiencia sobre un aparo que busca frenar la votación en La Paz.
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Elecciones Judiciales de 2017
Imagen: archivo
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila garantizó las elecciones judiciales fijadas para este domingo y que cualquier sentencia constitucional que busque paralizar los comicios será de “imposible cumplimiento”.
“El proceso está garantizado. Las y los (más de 7,3 millones) de ciudadanos habilitados (pueden votar) a partir de las 08.00. (…) Cualquier tipo de sentencia constitucional, nosotros consideramos que (alguna) resolución que se tome en las últimas horas va a ser de imposible cumplimiento, teniendo en cuenta que toda la logística ya ha sido desplegada”, dijo a los periodistas en La Paz.
Así respondió el vocal a una consulta de un periodista que abordó el tema.
Las elecciones judiciales se realizarán este 15 de diciembre, un año después de lo previsto por la Asamblea Legislativa y otro año de un accidentado intento. Ese órgano enfrentó una serie de problemas, cuya resolución demandó de acuerdos políticos y el mismo TSE.
Amparos, recursos y acciones populares fueron presentados para frenar su realización. Incluso, por disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4, los comicios serán parciales en el caso de los magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional.
Pero no es todo, este sábado, a las 10.30 comenzó una audiencia por el amparo constitucional que presentó la expostulante Betty Sánchez contra la comisión mixta de Constitución porque vulneró sus derechos durante la evaluación.
La accionante planteó una acción de amparo constitucional, el 4 de diciembre, en el que alega que, pese a que obtuvo una nota de 178 puntos como candidata a magistrada al TCP de La Paz, solo le calificaron 90 puntos.
El acto judicial obedece a una orden del TCP, que instruyó a sala constitucional admitir amparo que busca paralizar judiciales en La Paz.