El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, informó que se pidió a la Policía Boliviana investigar los supuestos hechos de proxenetismo en ese órgano camaral, luego de denuncias hechas por sus colegas evistas.

“Precisamente, a raíz de esa denuncia, estamos pidiendo que se investigue, a través de los policías que tienen desguardo, cuál es la persona o las personas que se están dedicando a esto, pero principalmente quién está autorizando el ingreso de este tipo de personas”, dijo en conferencia de prensa.

El legislador del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) respondió así a una consulta específica sobre el tema.

El miércoles, el diputado Rolando Cuéllar denunció que una mujer, supuestamente, ofrece servicios sexuales de menores de edad a los legisladores.

“Nosotros fuimos víctimas, pero rechazamos las llamadas. Vamos a mostrar al país las fotografías, el nombre de esta proxeneta y coordinar con la Cámara de Diputados para que sea aprehendida (esa persona) en la puerta del Parlamento”, dijo el legislador también arcista en rueda de prensa.

Cámara de Diputados

Las declaraciones de Cuéllar no quedaron ahí y las repercusiones surgieron de inmediato.

Por ejemplo, la diputada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Samantha Nogales, se estrelló contra Cuéllar, porque consideró que, luego de recibir esa supuesta llamada, lo debió denunciar.

“El hecho de que él haya recibido llamadas de una proxeneta y no la hubiera denunciado, lo hace encubridor de este delito. Espero que se haga responsable de sus declaraciones”, reclamó en conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que presentará una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

Por su parte, y en la misma línea, la diputada Elena Pachacute, también de CC, se declaró “avergonzada” e “indignada” que, conociendo el caso, Cuéllar y otros diputados no hayan denunciado lo ocurrido.

La canciller Celinda Sosa informó este jueves que, hasta ahora, unas 50 personas se encuentran a la espera de su trámite para ser repatriados desde Estados Unidos.

Eso, luego de que el gobierno de Donal Trump determinara la expulsión de cualquier ciudadano que no radique legalmente en ese país.  

“Hay 50 personas que van a ser repatriadas. Estamos haciendo las gestiones porque están saliendo de dos en dos; entonces estamos haciendo las gestiones para que salgan de 15 personas”, informó Sosa en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa.

“Hemos hecho las gestiones con BoA para que puedan llegar y estamos analizando la situación de cada uno, si tienen familiares, hijos y seguir brindando la asistencia”, adelantó.

Cancillería

Dijo que se llevan adelante conversaciones con autoridades estadounidenses, además con oenegés para evitar que se vulnere los derechos humanos de los connacionales.

EL 19 de febrero de este año, el gobierno de Estados Unidos aprehendió a 127 bolivianos en ese territorio, según confirmó el encargado de negocios de la embajada de Bolivia en Estados Unidos, Henry Valdelomar.

Eso, en el marco del plan puesto en marcha por el recientemente posesionado presidente Trump.

Repatriación

Explicó que los connacionales se encontraban “indocumentados” en ese país y que no iniciaron el trámite para regular su estadía. Por lo tanto, están expuestos a una posible deportación en las “próximas semanas”.

Asimismo, dijo que los bolivianos aprehendidos en Los Ángeles se someterán a un proceso judicial denominado en ese país como “caso de corte”. En dicha acción, un juez estadounidense decidirá una eventual expulsión de esas 127 personas.

El mismo funcionario explicó, luego, que los bolivianos serán trasladados en vuelos comerciales.

El expresidente Evo Morales pidió este jueves una investigación internacional para esclarecer el caso del supuesto “intento de magnicidio” en su contra ocurrido el 27 de octubre de 2024.

Volvió a apuntar al Gobierno como el “responsable” de ese hecho y afirmó que ese “crimen” tiene que ver con el “robo” de la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) y su inhabilitación como candidato a las elecciones de este año.

“Exigimos una investigación internacional de este crimen que está, íntimamente, ligado al robo de la sigla de nuestro Instrumento Político y de inhabilitarnos, en complicidad con la derecha boliviana, magistrados de facto del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) y el imperio norteamericano”, escribió en sus redes sociales.

Evo Morales

El 27 de octubre, Morales denunció un intento de asesinato por parte de miembros de la Policías Boliviana,

Según la denuncia del exmandatario, el hecho ocurrió en la entrada del cuartel de la Novena División de las Fuerzas Armadas, en el municipio de Villa Tunari. En su relato, dijo que los efectivos portaban armas largas, que estaban vestidos de negro y que dispararon al menos 14 veces contra los vehículos en los que se trasladaba Evo Morales desde su domicilio en Villa Tunari hasta la localidad de Lauca Ñ, donde se encuentra la radio Kawsachun Coca, desde donde se transmite su programa dominical.

El hecho causó revuelo, principalmente entre los seguidores de Morales, que inmediatamente se organizaron para respaldar y “proteger” a su líder.

Incluso, el presidente Luis Arce, el mismo día del hecho, ordenó una investigación.

Sin embargo, al día siguiente, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno desmintió la versión del líder cocalero. Explicó que Morales y su comitiva eludieron un punto de control antinarcóticos y preguntó “qué llevaba el exmandatario en su vehículo para haber realizado esa acción”. Incluso, pidió que se entregue el vehículo con impactos de bala para que sea sometido a pericias.

Investigación

“Hace más de cinco meses intentaron matarnos disparando contra los vehículos en los que nos encontrábamos. Luis Arce, en lugar de instruir una investigación, encubrió e intentó enterrar el tema permitiendo que uno de los principales responsables del atentado se investigara a sí mismo”, agregó Morales en su reciente publicación.

Entretanto, no se conoció más datos respecto de los avances de las indagaciones; sin embargo, se sabe que el caso sigue en investigación.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que, si los notificadores de la justicia solicitan el apoyo de la Policía Boliviana para notificar a Evo Morales y garantizar su asistencia al juicio en el caso Golpe de Estado I, las fuerzas del orden los acompañarán.

“Es un tema de la Justicia boliviana, no es un tema del Ministerio de Gobierno realizar las notificaciones”, explicó la autoridad, que dejó en claro que su despacho no es la encargada de este procedimiento.

Sin embargo, destacó que, si se requiere respaldo policial, estará dispuestos a colaborar. “Si piden el auxilio, el acompañamiento de la fuerza pública, en este caso la Policía Boliviana, ahí va a estar una vez más cumpliendo las normas vigentes de nuestro país”, afirmó en una entrevista con Unitel.

Eduardo Del Castillo

El tribunal de La Paz emitió una citación para que Morales comparezca este lunes como testigo en el proceso que investiga los acontecimientos que lo llevaron a renunciar a la Presidencia en 2019. A pesar de ello, su equipo legal ya adelantó que no asistirá, argumentando que la notificación no fue entregada en su residencia oficial en Lauca Ñ, donde opera la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Mientras tanto, Martín Camacho, abogado de Luis Fernando Camacho, advirtió que, si los citados no se presentan, pedirá al juez que ordene su aprehensión. En este caso, además del gobernador cruceño, también está procesado el exlíder cívico potosino Marco Pumari.

Por su parte, Morales sigue refugiado en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, donde evita una orden de aprehensión en su contra por una denuncia de trata relacionada con una menor de edad, con quien se le atribuye haber tenido una hija mientras era presidente.

Evo Morales

Del Castillo reiteró que “la Policía Boliviana se encuentra en la región del Trópico de Cochabamba y si hay que realizar una notificación, la Policía Boliviana se encuentra en este momento realizando distintas funciones y servicios en esta región”.

Además de Morales, también fueron convocados a declarar el presidente Luis Arce, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el exministro de Gobierno Carlos Romero.

Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que Arce presentará su declaración “como debe ser” ante una convocatoria de la Justicia.

Caso Golpe de Estado I

El juicio oral por ese caso está en la etapa de presentación de testigos de descargo y se reanudará este lunes.

El caso Golpe de Estado I está referido a los hechos que motivaron la caída de Morales en 2019, cuando Camacho y Pumari, entre otros, propiciaron protestas contras las luego anuladas elecciones generales.

Las movilizaciones cobraron vigor con un motín policial y el pedido de renuncia presidencial planteado por las Fuerzas Armadas, cuyos jefes se habían reunido con el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz.

Los hechos derivaron en la proclamación presidencial, el 12 de noviembre, de Jeanine Áñez, por encima la línea de sucesión constitucional.

El Movimiento Al Socilaismo (MAS) alista su congreso nacional en el que se prevé la modificación de su estatuto y la apertura de espacios a liderazgos jóvenes. El encuentro se celebrará este sábado y domingo.

“Estamos convocando a la militancia de los nueve departamentos, a la cabeza de las organizaciones sociales fundadoras, para tener estatutos y reglamentos amplios e incluyentes que abran la participación de las nuevas generaciones”, dijo el presidente de ese partido, Grover García.

El encuentro del 29 y 30 de marzo se llevará a cabo en el campo ferial Chuquiago Marka, ubicado en la avenida Costanera, en la zona de Següencoma de La Paz, a partir de las 09.00.

Por otro lado, García señaló que el estatuto vigente, elaborado bajo la gestión del expresidente del Estado y del MAS Evo Morales limitó la participación de organizaciones sociales y jóvenes líderes. En este sentido, el nuevo congreso evaluará la reducción de los años de militancia exigidos para postular a cargos públicos.

MAS

“Uno de los aspectos a modificar es el tiempo de militancia requerido, actualmente establecido en 10 años, lo que impedía que nuevos líderes accedieran a posiciones de dirigencia nacional o cargos electivos. Por ello, reduciremos los años de inscripción o antigüedad”, explicó García.

Al encuentro asistirán militantes de los nueve departamentos, así como representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, organizaciones fundadoras del MAS-IPSP.