El presidente de la Federación de Empresarios de La Paz (FEPLP), Rolando Kempff, y el presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Pablo Camacho, pidieron al gobierno que se lleve a cabo una Cumbre Nacional Económica.

“No podemos seguir soportando más presión sobre el sector formal. La presión debe dirigirse hacia el sector informal de la economía”, sentenció Camacho.

Kempff coincidió con esta postura, sugiriendo que los cooperativistas mineros también deberían importar su combustible, tal como lo hacen las grandes empresas mineras del país.

Camacho alertó que la crisis económica y energética podría desencadenar en un conflicto alimentario. Además, informó que el “30% de los pequeños productores arroceros de Trinidad ya ha perdido su cosecha”.

Kempff afirmó que el país generó 60 mil millones de dólares por las exportaciones de gas, pero lamentó que no se haya abierto la puerta al sector privado para que pueda explotar los hidrocarburos. Aseguró que Bolivia tiene un gran potencial de inversión, pero es necesario rectificar el rumbo para atraer a los inversionistas.

Por su parte, Camacho advirtió que el país «no tiene tiempo para la toma de decisiones». En este sentido, informó que la CNI ha propuesto la realización de una Cumbre Económica que permita debatir sobre la posibilidad de atraer inversiones extranjeras.

Sobre las diez medidas anunciadas por el presidente Arce el miércoles pasado, aseguraron que no son soluciones al largo plazo. «El parque automotor alcanza los 2.470.000 vehículos, de los cuales solo el 1.56% corresponde al gobierno. (…) La incidencia será cero», reclamó Camacho sobre la primera medida del gobierno, que consiste en reducir al 50% el parque automotor del servicio público.

Kempff pidió controlar la venta de carburantes a vehículos indocumentados, que, según los dirigentes empresariales, superan el medio millón de unidades. Incluso aseguraron que circulan por vías interdepartamentales sin ningún tipo de restricción o control.

Respecto al horario continuo, los empresarios coincidieron en que esta medida debe continuar, no solamente por la coyuntura.

Sobre la educación a distancia, Kempff aseguró que el país no está preparado para “llevar las clases por internet”.

Camacho calificó al tipo de cambio oficial de Bs 6.96 como “un recuerdo de la juventud”, porque no es real.

A propósito del pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) de incrementar 15% al salario mínimo nacional y 20% al haber básico, Kempff aseguró que eso “sería echarle gasolina al fuego”, haciendo referencia a la inflación.

Por su parte, Camacho criticó que no se busque incrementar la cantidad de empleos formales en el país que, según él, alcanza apenas al 20% de la economía.

Concluyeron asegurando que la devaluación de la moneda ha encarecido los costos, y a eso sumarle ese incremento salarial, sería insostenible para el sector formal de la economía nacional.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, aseguró que las medidas implementadas buscan reducir la demanda de combustibles y superar de manera paulatina la distribución normal de diésel y gasolina en el país.

«Creo que, dentro de las diez medidas, la más importante y la que tiene un impacto directo para retornar a la normalidad es el incremento de la provisión de combustibles, que a partir de hoy pasó de un 50% en los días anteriores a un 80%», dijo Cusicanqui en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

Cuando se le consultó sobre cómo se logró este incremento en la cantidad de combustible, el ministro explicó que tanto Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como el sector de hidrocarburos gestionaron diversos mecanismos para la obtención de divisas, lo que permitió comenzar con la descarga de las cisternas varadas en la planta de Palmasola, en Santa Cruz.

Cusicanqui lamentó que, desde hace más de un mes, la Cámara de Senadores no haya agendado el tratamiento de los créditos externos. Sin embargo, en la Cámara Baja, donde aún están pendientes diez proyectos de ley relacionados con créditos, el ministro aseguró que «está avanzando», mientras que en la cámara alta el proceso está estancado, a pesar de que solo seis proyectos están pendientes.

Respecto al crédito de 100 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), rechazado por el Senado, Cusicanqui explicó: “No podemos referirnos a creencias; lamentablemente, este crédito estuvo vinculado a una sesión que fue declarada sin efecto (…) por lo tanto, ese crédito sigue pendiente en la Cámara de Senadores”.

Por otro lado, en febrero pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, mencionó que este crédito debe ser tratado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por lo que la convocatoria debe ser realizada por el vicepresidente, David Choquehuanca.

En cuanto al tiempo de desembolso de los créditos una vez aprobados y promulgados, Cusicanqui aseguró que algunos financiamientos se desembolsan de manera inmediata, como el crédito de JICA o el préstamo de 75 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que también está pendiente de tratamiento en la Cámara Alta.

El ministro concluyó manifestando que seis proyectos de ley  de créditos están pendientes en Senado, y 10 en Diputados.

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“La madre del cordero es la escasez de dólares, que se arrastra desde 2015, cuando comenzaron a caer las reservas”, señaló el economista Alberto Bonadona en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

Planteó que existen diversos productos que podrían aprovecharse para mejorar las exportaciones y, de esta manera, obtener más divisas para la adquisición de combustibles, entre otros.

Sobre la libre importación de carburantes, destacó la necesidad de gestionar créditos, pero aclaró que no se trata de los que actualmente están siendo considerados en la Asamblea, sino de otros como el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La verdad es que la Asamblea (Legislativa Plurinacional), en la forma en que actúa, no está operando de manera democrática ni en beneficio de la población. Más bien, es una situación de boicot a lo que pretende hacer el gobierno”, sentenció.

Respecto al FMI, Bonadona aseguró que es la única entidad capaz de prestar a Bolivia los 9.600 millones de dólares que, según su cálculo, se necesitan para pagar a los proveedores, importar combustibles, saldar la deuda externa e incluso cubrir parte del déficit fiscal. También mencionó al FLAR como otra opción viable. “El Banco Mundial, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la CAF no son fondos como el del FMI; si nos prestan, será solo para proyectos específicos”, concluyó.

El expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, lamentó que, a partir de una fotografía, tres periodistas hayan especulado sobre su supuesta candidatura, algo que el exmandatario reiteró como falso.

En la imagen en cuestión, Rodríguez Veltzé aparece en una mesa de un café en La Paz, acompañado por el embajador boliviano en Venezuela, Sebastián Michel, y el exembajador ante Naciones Unidas, Diego Pary.

Los periodistas que fueron cuestionados por Rodríguez Veltzé son Rafael Archondo y Edwin “Cacho” Herrera, quienes participaron en el programa de Tuffi Aré. En ese espacio, ambos afirmaron que en “esa reunión” se estaban concretando las candidaturas del Movimiento al Socialismo (MAS), y señalaron que la fórmula electoral sería Andrónico Rodríguez acompañado por Rodríguez Veltzé. El jurista insistió en que esta información es completamente falsa.

Tras expresar su postura sobre el trabajo periodístico, el expresidente mencionó que el Código de Ética de la profesión no permite especular sobre una fotografía anónima y sin autorización.

A las declaraciones de Rodríguez Veltzé, Archondo respondió asegurando que solo había emitido un comentario y que el expresidente “no estaba en su casa (…) estaba en un lugar público”. A esto, el exmandatario replicó en el Piedra, Papel y Tinta de La Razón, que tal opinión era “tan poca cosa” que prefería no responderla.

El gerente de la Cámara de Industria Farmacéutica Boliviana, Josip Lino, aseguró que su sector se ve afectado por la escasez y el encarecimiento del dólar, lo que repercute en los precios de los medicamentos en Bolivia.

“Lamentablemente, más del 90% de las materias primas necesarias para la producción de medicamentos provienen del exterior, principalmente de China e India, y todos los pagos deben realizarse a los proveedores en dólares”, explicó Lino en una entrevista en La Razón Radio.

Al no poder acceder a la divisa estadounidense a través del sistema financiero nacional, Lino indicó que se ven obligados a recurrir al mercado informal, donde la cotización paralela supera los 11,5 bolivianos e incluso llega a los 12, según señaló.

En ese sentido, Lino afirmó que la industria farmacéutica nacional ha tenido que incrementar los precios de sus productos entre un 50% y un 70%.

En cuanto al acceso a dólares, destacó que el sector requiere 45 millones de dólares cada trimestre para garantizar la producción. Sin embargo, lamentó que no se hayan cumplido los acuerdos alcanzados con el gobierno.

“El acceso a dólares a través del Banco Unión no ha llegado a cubrir ni siquiera el 10% de lo que se necesita”, informó Lino. Además, señaló que solo recibieron la divisa en junio de 2024 y en febrero pasado, lo que no asegura el monto mínimo necesario para la importación de insumos utilizados en la fabricación de medicamentos.

Lino aseguró que los efectos de los “sobrecostos” ya están afectando la producción nacional, lo que ha reducido la participación en el mercado, tanto público-institucional, que alcanza el 60%, como en el privado, a través de las farmacias, donde representa el 40%.

Respecto al uso de otras divisas, explicó que intentaron utilizar el yuan chino, “pero el propio Banco Unión no dispone de la divisa”.

Lino concluyó señalando que más de 7.000 familias trabajan directamente con la industria farmacéutica, y alrededor de 11.000 lo hacen de manera indirecta.