El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista, Renán Cabezas, afirmó que el expresidente Evo Morales no saldrá del Trópico de Cochabamba por determinación de sus bases luego de que la justicia lo convocó para que declare como testigo en el caso Golpe de Estado I. 

“Por una determinación orgánica, Evo Morales se va a quedar en Lauca Ñ custodiado. Vamos a defender la soberanía del Estado, (porque) esas son intenciones extranjeras (de detenerlo). En realidad, es la embajada americana la que quiere que sea apresado”, señaló el legislador.

Además, argumentó que la aprehensión de Morales está dirigida a “intereses económicos” e indicó que por esa razón la justicia se presta “a ese juego” en coordinación con la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno.

Según el asambleísta, el comparendo judicial busca que Morales salga del Trópico para ser aprehendido con fines políticos. “Es una acción política”.

El martes se conoció el comparendo judicial que convoca al expresidente Morales, además del actual presidente Luis Arce, el exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro de Gobierno Carlos Romero para que se presenten a declarar el lunes 31 de marzo.

El juez advirtió que en caso de “incomparecencia” se emitirá la correspondiente orden de aprehensión “en su contra”.

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El abogado Martín Camacho, defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, aclaró que, ante la no presentación de un testigo sin justificativo, la justicia deberá librar un mandamiento de aprehensión con la única finalidad de que cumpla su deber de declarar y someterse al interrogatorio y luego puede retirarse a su domicilio.

“Como defensa del gobernador Camacho vamos a solicitar, en todo caso, que, habiendo sido notificado, si no se presentan los testigos pueda librarse el mandamiento de aprehensión, porque es sumamente importante para el esclarecimiento de los hechos”, mencionó. 

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

Dentro de este caso se encuentran imputados Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, además de exjefes militares.

Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El ministro de Justicia, César Siles, señaló este martes que el jueves se reunirá con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, para superar la crisis económica del Órgano Judicial, tras declararse en emergencia presupuestaria.

“Entendemos que a más tardar el jueves. Vamos a reuniros con el presidente del TSJ para superar la crisis, en una solución compartida entre ambas instituciones”, dijo la autoridad.

El 11 marzo, las altas autoridades del Órgano Judicial informaron sobre el abandono de la reunión de la Comisión conformada por la Ley 898 al no recibir una respuesta sobre la exigencia de una asignación presupuestaria que garantice la independencia judicial.

La autoridad judicial recordó que el Órgano Judicial se encuentra ante un riesgo presupuestario porque se tiene un desface, con relación al año pasado, de Bs 140 millones.

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Añadió que en realidad se necesita Bs 133 millones para funcionar, por lo que, indicó que el funcionamiento del Órgano Judicial está en peligro.

“El personal es mínimo con relación al año pasado y en cualquier rato puede colapsar el Órgano Judicial. Como tenemos filas por la gasolina, es probable que el día de mañana tengamos filas en los juzgados”, indicó entonces.

Siles indicó que “inmediatamente” se declaró en crisis el Órgano judicial, el Ejecutivo entabló uniones para buscar una solución.

“La anterior semana estaba la Viceministra de Justicia en Sucre, al finalizar la anterior semana han venido personeros de la DAF (Dirección Administrativa y Financiera) del Órgano Judicial, ya tenemos una propuesta de poder superar lo más urgente e importante esta crisis”, aseveró

Luego que se oficializará la encuesta del bloque opositor para elegir la “candidatura única”, el empresario y precandidato por Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina habló de conformar un “gobierno fuerte” y aseguró que no se habló de “pegas o de cuotas” de poder.

“Ni una sola vez hemos hablado de pegas o de cuotas. Este es un cambio fundamental para la política boliviana. No ha sido fácil, pero es necesario y seguramente permitirá conformar un gobierno fuerte, capaz de hacer las transformaciones que necesita el país”, escribió Doria Medina en su cuenta de X.

El empresario destacó el acuerdo alcanzado como “un hecho histórico”, debido a que en Bolivia se realizará unas primarias “efectivas” y se definirá con un mecanismo objetivo y verificable.

El Bloque de Unidad de la Oposición Democrática oficializó que la encuesta para elegir la “candidatura única” se realizará a finales de marzo y los resultados se conocerán en abril.

Según el acuerdo, los precandidatos acordaron realizar simultáneamente tres encuestas idénticas en cuanto a sus preguntas, metodología, su alcance, su marco, muestra y su margen de error.

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Las declaraciones del empresario surgen luego que el jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Jhonny Torrez, reveló la semana pasada una negociación a cambio de senadurías y diputaciones en el Órgano Legislativo.

Entonces, Torrez señaló que la propuesta del grupo de Doria Medina, “con cargo a ajustar”, es que el MNR sea cabeza y cocabeza de campaña en Tarija, Santa Cruz y Beni, pero que también ganaría un senador en Tarija.

“En el Beni y Santa Cruz, lo que se nos dijo, es que puede ser un segundo senador”, informó.

El jefe nacional del MNR advirtió que en la política se “promete de todo” y al final “solo vales por lo que tienes y si no, no vales nada”.

“Lo único que puede hacer valer los tratos, es la presencia de parlamentarios nuestros, tanto senadores como diputados, que eso haga presumir que el gobierno al necesitar gobernabilidad, tiene que dar un espacio en el Ejecutivo al MNR y en todo tipo de nivel, que puede ser servicio exterior, gobierno nacional, lo que se quiera llamar gobierno nacional”, mencionó Torrez.

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer convocó para el 31 de marzo al presidente Luis Arce, al exmandatario Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro Carlos Romero como testigos en el caso Golpe de Estado I.

“Por el presente mandamiento de comparendo ordena (…) cite a los ciudadanos Juan Evo Morales, Luis Arce Catacora, Álvaro García Linera y Carlos Romero Bonifaz con el objeto de que se presenten ante este tribunal a presentar su declaración en calidad de testigo de descargo ofrecido por Luis Fernando Camacho”, señala parte de mandamiento de comparendo judicial.

Añade que la audiencia de juicio oral se realizará el lunes 31 de marzo a horas 14.00, de forma presencial durante toda la jornada, “debiendo los testigos portar su cédula de identidad y apersonarse al Salón Rosado” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

El juez advierte que en caso de “incomparecencia” se expedirá la correspondiente “orden de aprehensión en su contra”.

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A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

Dentro de este caso se encuentran imputados Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, además de exjefes militares.

El hecho fue denunciado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty a finales de 2020.

Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Cámara de Senadores, Luis Adolfo Flores (evista), observó este martes la existencia de una protección por parte del Gobierno hacia el diputado Juan José Jáuregui, a quien consideró “su diputado estrella”, luego que el caso fue declarado en reserva, por el presunto hecho de violación contra una menor.

“Estamos viendo que los ministerios de Justicia y de Gobierno no van a activar absolutamente nada sobre esta investigación que necesita aclararse. No es una sola denuncia, ya existía otras denuncias y había voces grabadas. Esta es una nueva agresión, de noviembre de 2024”, indicó el asambleísta.

El lunes, la Fiscalía inició la investigación contra el diputado Jáuregui por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente.

Según la denuncia de la Defensoría de la Niñez de Oruro, el legislador arcista transó por Bs 300 para mantener relaciones sexuales con una menor en noviembre de 2024, sin embargo, “la misma en el interior del motel habría negado, pero éste le habría golpeado para consumar el hecho (sic)”.

El senador reiteró que es “repetitivo” las denuncias contra Jáuregui, aunque —afirmó— “lamentablemente” el Gobierno no va a activar “nada” sobre la investigación y, por el contrario, activará la protección porque es uno de los “diputados estrella».

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“Vemos que ese diputado estrella del Gobierno, comete delitos contra nuestros niñas y niños en el país y el presidente (Luis Arce) lo protege”, aseveró.

Flores le recordó al mandatario que en “algún” momento afirmaba que protegerá al “mayor tesoro” que son los niños y niñas y que “no se tocan”.

“Queremos ver ahora que procesen al diputado Jáuregui. Queremos ver que la Comisión de Ética lo suspenda hasta que se investigue esta situación”, dijo.

Respecto a la denuncia contra Jáuregui, el ministro de Justicia, César Siles, indicó que la posición de este ministerio es el “respeto” a los niños, niñas y adolescentes, pero que el caso está en reserva.

No es la primera vez que el diputado Jáuregui es cuestionado por este tipo de hechos. En 2023, el legislador también fue acusado por abuso sexual; sin embargo, meses después la Fiscalía rechazó la denuncia.