Hace 40 años, un día como hoy, ocurrió la que hasta hace poco fue la última aventura golpista en la historia de Bolivia, con todas las características de una asonada iniciada en los cuarteles para suspender la democracia a través de la toma de sus poderes o el cierre de estos. Luis García Meza era el nombre del militar de Ejército que tomó el mando de una nave que no podía conducir.
Le acompañaba un gabinete de infame recuerdo, especialmente el que fuera su lugarteniente y ministro del Interior, Luis Arce Gómez, el mismo que en plena euforia de su poder advirtió a quienes no estuviesen de acuerdo con el régimen que anduviesen “con el testamento bajo el brazo”. Muchas personas perdieron la vida a manos de militares y paramilitares, centenas se vieron obligadas a huir del país, a buscar refugio en países amigos, como México, y no fueron pocas las que fueron desaparecidas.
Marcelo Quiroga Santa Cruz, el histórico líder del Partido Socialista 1 es, precisamente, el más emblemático de tales muertos y desaparecidos, lista trágica que se completa con los nombres de decenas de otros líderes políticos, parte de una generación que pretendía construir un nuevo país.
Además, la característica de tan nefasto gobierno de facto no fue solo la violencia desmedida y criminal que sirvió para asegurar “la pacificación” de un país en shock por la temeridad militar, sino sobre todo los apetitos que impulsaron a no pocos uniformados a tomar del Estado cuanto quisieron o pudieron, amén de los jugosos negocios con el narcotráfico que se produjeron al amparo del poder y beneficiaron a uniformados y civiles por igual.
Si el más de un año de abusos y excesos dejó enseñanzas para el ejercicio del poder y sobre todo la convicción democrática de una sociedad que con sufrimiento aprendió a decir “nunca más”, el largo y tortuoso juicio contra el dictador García Meza luego de su caída fue la siguiente enseñanza: ni el poder dura para siempre, no en democracia, ni se puede ser siempre impune, incluso si la pena de prisión se produce en medio de cuidados médicos negados a todas las víctimas y muchos otros privilegios impropios de un reo.
De ahí que la práctica de matanzas indiscriminadas como en octubre de 2003, o 16 años más tarde, tengan un ominoso tipo en el Código Penal; pero sobre todo que haya actitudes e imágenes que no son ni bien recibidas ni mucho menos toleradas en una parte importante de la población, que no ha olvidado lo sucedido ni mucho menos renunciado a la voluntad de evitar que suceda nuevamente.
40 años después, el país vive nuevamente un momento de inflexión en su historia democrática, si entonces significó una derrota, hoy puede significar un victoria para la democracia el llegar cuanto antes a la cita de las urnas y dejar que el pueblo, no los intereses oscuros y secretos de cierta política, sin chantajes ni trampas, elija a quien ha de gobernar el país.