Opinión

miércoles 23 jun 2021 | Actualizado a 14:23

En memoria de Sandra Aliaga

En Bolivia y más allá hay muchas personas indignadas por el ataque que ha recibido y contra quienes lo han producido; es señal de que los mezquinos no prevalecen cuando intentan arañar la piel de los grandes espíritus.

Por La Razón

/ 24 de julio de 2020 / 07:30

En las últimas semanas, este diario y la empresa que lo edita han estado bajo asedio de un coro de oficiosos comentaristas que no solo desconocen los alcances y límites de la libertad de expresión, sino también los márgenes que dictan la ética periodística y la decencia. En su sostenido ataque han mellado la memoria de Sandra Aliaga Bruch, comunicadora, periodista y gran amiga de La Razón.

Quienes conocieron a Sandra coinciden en señalar que habría sido la primera en reír de las absurdas e injuriosas palabras que le dedicaron a ella y a otros miembros del Directorio de la empresa editora de este diario y Extra; lamentablemente ya no puede hacerlo, pues nos dejó inesperadamente a fin de 2019; esta situación agrava los contornos delictivos de las temerarias falsedades que se dijeron sobre ella.

A diferencia de quienes han pretendido mancillar su memoria, Sandra actuaba con claridad, equilibrio y un dominio de la sindéresis que cualquiera envidiaría; de ahí que era una de las piezas incuestionables en el Tribunal Nacional de Ética Periodística, donde sobre todo ayudó a orientar el trabajo de periodistas y medios que caían en falta. Demostró su integridad al apartarse del tratamiento de aquellos casos que involucraban a La Razón o Extra. Sostener que usó su posición para favorecer a este diario es apenas una canallada más entre las muchas que se han dicho sobre este medio en los últimos años.

Tenía un enorme sentido de justicia social. Fue militante de izquierda y nunca traicionó sus principios. Era incapaz de callar ante lo que ella consideraba una injusticia, un abuso o un privilegio inmerecido. Suponerla cómplice de aquello que no hubiera tolerado solo por granjearse simpatías o algún beneficio es tan ridículo como atribuirle responsabilidad sobre decisiones tomadas luego de su prematuro deceso.

El buen humor y una risa contagiosa eran las más dulces características de Sandra; era experta en romper la más aguda tensión con una salida ingeniosa y animar en segundos las reuniones más difíciles. Se informó de los pormenores de la vida de esta empresa y se implicó al minuto en los desafíos. Habló con aguda inteligencia y admirable franqueza a Carlos Gill. Su aporte fue notable en las decisiones sobre nuestra tarea periodística y sin duda trajo ideas frescas y prometedoras sobre los terrenos administrativo o financiero. Era crítica, analítica, propositiva, sencilla, amigable, frontal, solidaria, muy firme en sus convicciones y generosa en sus aprecios. Tenerla como miembro del Directorio fue un honor. Tenerla como amiga de la empresa, un regalo de la vida.

Sandra Aliaga Bruch vive en su huella profunda como periodista, comunicadora y científica social, pero sobre todo en los recuerdos y el corazón de quienes la conocieron y gozaron de su amistad. En Bolivia y más allá hay muchas personas indignadas por el ataque que ha recibido y contra quienes lo han producido; es señal de que los mezquinos no prevalecen cuando intentan arañar la piel de los grandes espíritus. Sandra solo merece respeto, gratitud y cariño.

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El video de Evo

La irresoluble disputa ‘fraude’ versus ‘golpe’ tuvo un nuevo y curioso episodio.

Por La Razón

/ 23 de junio de 2021 / 01:34

La irresoluble disputa “fraude” versus “golpe” tuvo un nuevo y curioso episodio con la difusión de un video. En la grabación, Evo Morales justifica ante sus seguidores la opción por “cuidar” la presidencia de Áñez para garantizar las elecciones de 2020, que finalmente se realizaron en octubre con victoria del MAS. El video atizó el debate salpicado con manipulación informativa.

Como gran “revelación”, un portal digital opositor hizo público el video de una conversación del expresidente Morales con un grupo de adherentes. En la ocasión, Evo relata las opciones que se barajaron —o le propusieron— ante el planteamiento de “fuera Áñez”. Si la presidenta del régimen provisorio renunciaba o era derrocada, ¿quién asumiría ese cargo? El jefe del MAS comenta tres caminos: un militar, Eva Copa (entonces presidenta del Senado) o el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Tras mencionar las citadas sugerencias presidenciales, Morales expone sus razones para descartarlas. ¿Entonces qué hacer? “Hay que cuidar a Áñez con tal de que garantice las elecciones”. El contexto de la charla era el proceso electoral del año pasado, cuando había incertidumbre sobre la fecha de los comicios. Dicho contexto fue crítico en especial en agosto, con un paro y bloqueo de caminos que exigía la votación en septiembre —como estaba prevista— y escaló a la demanda de renuncia de Áñez.

Pronto el video fue viralizado en las redes sociales por actores de la oposición e interpretado por sus operadores mediáticos como la demostración de que Evo “avaló la sucesión de Áñez” (sic), ergo, “no hubo golpe”. Así, en el extremo de la manipulación informativa, un diario paceño sustituyó la palabra “cuidar” por la palabra “poner” (a Áñez). Y su par cruceño llegó a decir que Morales relató en el video “cómo se debatió la sucesión constitucional que tuvo lugar en 2019, tras su renuncia”.

Parece alejado de la ética periodística, o al menos poco profesional, forzar la interpretación de una charla en la que claramente se habla de una estrategia electoral —a la postre victoriosa, con mayoría absoluta de votos—, con la sucesión presidencial de Áñez, cuya constitucionalidad está en cuestión. Son dos lógicas no solo distintas, sino también temporalidades diferentes. El propio Evo aclaró que el video es de mayo de este año, reafirmando que “pedir la renuncia de Áñez que se caía solo era un error”.

Más allá del video de marras, la persistente pugna de relatos sobre los hechos de la coyuntura crítica 2019-2020 sigue distrayendo la atención público-política, que debiera estar concentrada en medidas y acuerdos para superar la crisis sanitaria y avanzar en la necesaria reactivación económica. No se trata de “dar vuelta la página” y olvidar con impunidad la violación de derechos humanos, sino de que la imprescindible exigencia de justicia siga su curso legal e institucional con debido proceso.  

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Ahorro para el futuro

Un experto consultado por este diario afirma que no es buena idea retirar los aportes.

Por La Razón

/ 21 de junio de 2021 / 01:54

Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la rentabilidad de los fondos de pensiones muestra una mejoría constante desde febrero de 2019, cuando alcanzó su punto más bajo desde 1997. Es difícil, sin embargo, crear confianza en el ahorro a largo plazo, sobre todo en un país donde solo uno de cada cuatro trabajadores puede aportar a su AFP.

Fue en enero de 2019 cuando los fondos de pensiones administrados por las empresas BBVA Previsión y Futuro de Bolivia, mejor conocidas por la sigla AFP, reportaron una rentabilidad promedio de apenas 1,48%; la misma fuente indica que, en abril de este año, esa rentabilidad había subido hasta 5,06%, muy lejos, sin embargo, de la obtenida en el momento cumbre: 18,6% en diciembre de 2002; desde entonces. hubo un repunte similar.

La importancia de la rentabilidad de los fondos de pensiones estriba no solo en que de ella depende la expectativa de una renta de vejez digna para quienes hoy son parte de la población económicamente activa, sino también, en parte, el funcionamiento del sistema financiero, pues apenas el 4% de los casi $us 21.000 millones que son administrados por las AFP son invertidos en el extranjero.

Irónicamente, la crisis derivada de la pandemia por el COVID- 19 ha provocado que las tasas de interés suban en el mercado financiero, lo cual explica el incremento de la rentabilidad y, al mismo tiempo, que gran parte de las personas que han aportado al fondo estén movilizadas desde hace al menos un año demandando la devolución de sus aportes, o al menos un porcentaje de éstos.

Fue cuando estaba recién posesionado en el cargo que el Presidente del Estado remitió a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley disponiendo la posibilidad de que quienes tuviesen Bs 100.000 o menos en sus cuentas individuales de las AFP retiren hasta el 15% de sus ahorros; la pugna política logró que el porcentaje que se puede retirar subiese a 20, pero también significó que desde entonces hasta ahora el trámite no haya avanzado nada.

Aunque en Chile y Perú ya se ha puesto a prueba idénticas medidas, un experto consultado por este diario afirma que no es buena idea retirar los aportes, pues quienes lo hagan perderían, por un lado, la fracción solidaria, que mejora las rentas más bajas, y por el otro no podrían gozar del seguro médico asociado con la condición de rentista; quienes exigen la devolución del dinero aportado sostienen que actualmente solo pueden aspirar a una renta de Bs 300.

Es evidente que la administración de ahorros de largo plazo tiene muchos matices que escapan a la comprensión de una persona común, lo cual no significa que sea aceptable dejar el debate únicamente en manos de “expertos”, pues incluso si éstos tienen razón, serán las mayorías movilizadas quienes provoquen la decisión final. Asegurar que más bolivianas y bolivianos accedan a una renta de vejez es el otro problema a resolver.

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El relato de la Iglesia

Claro que se trata de la versión de un actor interesado del 'proceso de pacificación'.

Por La Razón

/ 20 de junio de 2021 / 00:20

Con más de un año de retraso, la jerarquía de la Iglesia Católica decidió elaborar y difundir su Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia. El documento, basado en el “intercambio de remembranzas” de los obispos, está hoy en el centro del debate político. Algunos lo celebran y suscriben sin matices; otros lo descalifican por su sintonía plena con el discurso opositor.

En general, la Memoria de los obispos es un insumo valioso para seguir reconstruyendo la coyuntura crítica desarrollada en el país entre octubre de 2019 y enero 2020. El documento, de 25 páginas, detalla de manera cronológica acciones, noticias e interpretaciones de aquel muy difícil e incierto periodo, buscando reivindicar el papel del clero en la “facilitación del diálogo”. Claro que se trata de la versión de un actor interesado del “proceso de pacificación”, lo cual no equivale a “la verdad”.

El tardío relato de los obispos, lejos de contribuir a mitigar la polarización, se situó pronto y de mal modo en el centro de la persistente disputa política. Así, el bloque opositor, incluidos sus activos operadores mediáticos, asumió la Memoria casi como palabra divina y reafirmó, al pie de la letra, el recuento contenido en ella. La versión de la jerarquía católica sería la demostración de que la sucesión presidencial de Áñez y su régimen fueron constitucionales. Y, claro, que “no hubo golpe de Estado”.

En el campo del oficialismo, en tanto, se denunció que el documento eclesiástico contiene falsedades y omisiones. Entienden el relato de la Memoria no como el testimonio de una instancia facilitadora o mediadora, sino como parte del posicionamiento de la oposición. Las dos mujeres del MAS que estuvieron en la línea de sucesión presidencial: Salvatierra y Rivero, aseguran que los obispos mienten al respecto. Así, la versión de la Iglesia expresaría la visión política de quienes “fueron parte del golpe”.

A reserva del irresoluble debate sobre los hechos de 2019, así como las afinidades y discrepancias con la palabra oficial de la Iglesia Católica, resaltan y son discutibles dos cuestiones esenciales. La primera es la afirmación de que, en los espacios propiciados por la Iglesia, en especial las develadas reuniones en la Universidad Católica, “no se tomaron decisiones”. El mismo relato de la Memoria expone lo contrario: el 10 de noviembre ya estaba decidida la opción por Áñez.

La otra cuestión es más sensible y tiene que ver con las masacres de Sacaba y Senkata. En el recuento de los obispos, ambos hechos, que costaron más de una treintena de vidas, son una suerte de daño colateral de la “pacificación”. Con relación a Sacaba, la Memoria habla de “enfrentamientos” (sic). Y respecto a Senkata, cita una noticia con la versión del exministro López en sentido de que “el ataque violento contra la planta de gas pudo haber producido una catástrofe”, hecho ampliamente desmentido.

La Memoria de la Iglesia Católica, y ella misma, no están al medio de la polarización política, sino en primera línea de uno de los extremos.  

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¿A dónde vamos?

El país parece atrapado entre las angustias del día y las heridas no cicatrizadas del pasado reciente.

Por La Razón

/ 19 de junio de 2021 / 01:46

Las urgencias de la pandemia y la polarización política parecen monopolizar todas las discusiones públicas. Sin embargo el resto de la vida continúa y el tiempo pasa: hay necesidad de ir perfilando los contornos de los ineludibles cambios económicos y sociales que se deberán encarar una vez pasada esta terrible coyuntura.

El país está recién saliendo de casi dos años de crisis sucesivas que han modificado sustantivamente las orientaciones de la política, la vida social y las perspectivas económicas. La velocidad de los eventos que se han vivido en este tiempo dificulta una evaluación social serena de sus implicaciones y de los grandes retos que aparecen en el horizonte de la nación.

Un vistazo a las noticias más comentadas de esta semana revela que no se ha salido aún de la tiranía de las emergencias sanitarias cotidianas que agobian a todas las familias y de la tarea ingrata de aclarar y resolver los agudos conflictos políticos que dividieron y enfrentaron a la sociedad desde mediados de 2019. El país parece atrapado entre las angustias del día y las heridas no cicatrizadas del pasado reciente. El futuro aparece muy poco en las conversaciones cotidianas.

Así las cosas, es poco probable que este estado de situación pueda durar mucho tiempo más sin generar malestar social pues cualquier sociedad precisa contar con algún horizonte plausible de su futuro para tranquilizarse, una idea de hacia dónde se está transitando, una luz en el horizonte grande. Esta perspectiva debería además estar enraizada en los escombros de un pasado violento al cual no se volverá y ojalá en los imprescindibles aprendizajes de los meses convulsos y dramáticos que vivieron y siguen experimentando muchos bolivianos y bolivianas.

Se intuye que el principal contenido de ese futuro es socioeconómico dado que la crisis ha desnudado brutalmente las falencias de nuestros sistemas sanitarios, educativos y de protección social, y porque las pérdidas de bienestar e ingresos han sido tan significativas y masivas que sería insensato pensar que se repararán naturalmente.

Es de estas cuestiones que como país deberíamos estar hablando y discutiendo con pasión: ¿cómo será la normalidad que pueda congregar los esfuerzos de toda la nación? ¿Qué debemos modificar en nuestra política social? ¿Cuáles serán los motores de la recuperación económica?

Hay que tener cuidado, los psicólogos sociales observan que mientras la gente está en medio de la crisis, tiende a concentrarse en lo inmediato, que es lo básico, casi de sobrevivencia, dejando pasar los elementos más estructurales. La complicación puede llegar después, cuando se piense y se pida sin postergaciones que la normalidad retorne, algo que ya se sabemos que no responderá a los esquemas anteriores a la pandemia. Los gobernantes y la clase política están ampliamente advertidos.     

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Contrabando de alimentos

La CAO registra una pérdida de $us 400 millones a causa de esta desleal competencia.

Por La Razón

/ 18 de junio de 2021 / 01:24

Días atrás, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ha advertido que el contrabando de alimentos está produciendo un costo multimillonario a sus afiliados, una gran proporción de los grandes, medianos y pequeños productores agropecuarios de Santa Cruz y Beni. El gremio no solo reclama más esfuerzos de la Aduana, sino también propone algunas otras medidas.

Según el presidente de la CAO, a través de un comunicado divulgado el martes último, el sector al que representa en el oriente del país registra una pérdida aproximada de $us 400 millones a causa de la desleal competencia que representa la importación ilegal de alimentos. Agrega que el contrabando “está matando a miles de unidades productivas”, principalmente a los pequeños productores que son el 75% de los asociados a la CAO. No es difícil imaginar que la situación es igual en el occidente del país.

En respuesta a esta crítica situación, los agropecuarios del oriente proponen, entre otras medidas, ampliar las facultades de interdicción contra el contrabando, adecuando la normativa para que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Aduana Nacional puedan ingresar en cualquier momento a los mercados y centros de expendio de productos en las zonas urbanas, pues no solo se trata de evitar la internación de esa mercadería, sino también que sea exitosamente comercializada en el país.

También plantean los agropecuarios que los gobiernos municipales y departamentales realicen controles estrictos y permanentes en lugares de expendio para que no se comercialicen productos de contrabando riesgosos para la salud de la población y que el delito sea tratado como atentado a la salud pública. Finalmente, proponen modificar la cuantía sancionadora de tributos omitidos para calificación del ilícito y establecer como delito de contrabando la mercadería valuada a partir de las 5.000 Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), y que todo el proceso sea acompañado por la Oficina de Defensa del Consumidor.

Coincidiendo con el comunicado, el mismo día, el Ministro de Defensa anunció que el Gobierno decidió fortalecer la lucha contra el contrabando de productos agrícolas. Y anunció que se creará el Comando Especial de Lucha Contra el Contrabando Agrícola, subirá los aranceles a la importación de productos agrícolas, reducirá cupos de importación y regulará la internación de estos productos de los productores en zonas de frontera.

Sin embargo, ninguna de esas medidas será suficiente mientras haya en las ciudades gente dispuesta a comprar alimentos de contrabando, lo cual debe evitarse con comunicación y educación, pues la interdicción en los mercados urbanos es poco efectiva, además de estar fuera del alcance de las fuerzas del orden.

En un país que hace años se propuso garantizar su seguridad alimentaria y hasta ser exportador de alimentos, y cuyo Presidente hace poco anunció la decisión de promover la sustitución de importaciones, es inaceptable que el contrabando siga dominando en los mercados.

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